Argentina: Deuda externa y Fondo Bicentenario, más privilegios para los acreedores, menos derechos para el pueblo

EL Gobierno Nacional mediante la creación del "Fondo Bicentenario para el Desendeudamiento y
la Estabilidad” opta nuevamente por privilegiar a los acreedores
internacionales en desmedro de los millones de pobres de nuestro país
que requieren políticas distributivas inmediatas.

Aunque se pretenda apartarla de la agenda pública, la deuda externa vuelve
sistemáticamente a escena y nos muestra su verdadero rostro. Se trata
de un instrumento financiero que utiliza el capital trasnacional para
sustraer los recursos económicos que el pueblo genera con su trabajo.

La deuda reaparece una y otra vez en la vida del país. Pese a los pagos
efectuados y a las innumerables renegociaciones que los sucesivos
gobiernos constitucionales llevaron a cabo con los acreedores
internacionales, la deuda sigue creciendo y condicionando el desarrollo
de la economía nacional. Cuanto más pagamos, más debemos, y cuanto más
debemos, más políticas de ajuste estructural se nos exigen para que
sigamos pagando y endeudándonos.

Desoyendo
la voz de la Justicia argentina |1|, que determinó el carácter
fraudulento de la deuda externa contraída durante la Dictadura Militar,
los gobiernos constitucionales, desde Alfonsín a Kirchner, no han
utilizado los fundamentos jurídicos y políticos a su disposición para
anular la deuda externa, o al menos para negociar con a los acreedores
en un plano de igualdad que permita cambiar sustancialmente las
condiciones de pago.

En esta oportunidad, paradójicamente, la deuda reaparece condicionando el
desarrollo nacional justo cuando el país está a punto de celebrar el
Bicentenario de la Revolución de Mayo.

El
"Fondo Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad” cuya
creación acaba de anunciar el Gobierno Nacional esta integrado por un
aporte de 6.600 millones de dólares provenientes de las reservas
internacionales del país, el Fondo tiene como objetivo garantizar a los
acreedores el pago de los vencimientos de deuda externa con vencimiento
en 2010 (unos 13 mil millones de dólares).
Con
esta medida, el Gobierno aspira a reinsertar al país en el sistema
financiero del capitalismo global, y acceder así a préstamos con tasas
de interés inferiores a las que actualmente pagan el Estado y el sector
privado. Pero el poder económico mundial exige que para ello el
Gobierno antes arregle con el FMI, revitalizado por el G20 a partir del
estallido de la crisis internacional. Cabe aclarar que como miembro del
G20, Argentina está nuevamente sometida a las recetas de ajuste y
controles del FMI |2|.
¿Qué
exige el FMI al país como paso previo al arreglo? Que Argentina acepte
las auditorías correspondientes y que profundice su voluntad de pagar
al Club de París (6,5 mil millones de dólares) y a los bonistas que no
ingresaron al canje de deuda del 2005 (unos 30 mil millones de dólares).
Al
anunciar la creación del Fondo del Bicentenario, la Presidenta Cristina
Kirchner dijo que la medida "apuntala una política que se da desde 2003
que es el desendeudamiento a partir de superávit fiscal y acumulación
de reservas". En otras palabras, el superávit fiscal, obtenido en base
a la postergación de los reclamos populares, es lo que permite pagar la
deuda.
Por
su parte, el Ministro de Economía Boudou destacó que "hoy tenemos más
de 47 mil millones de dólares, de las cuales 18 mil millones de dólares
son reservas de libre disponibilidad, es decir que están por encima de
la Base Monetaria, y de éstas estamos tomando sólo el 37%". Como la
base monetaria se cubre con 30.000 millones de dólares de las reservas
internacionales, el Gobierno considera que los restantes los 17.000
millones son "excedentes". Y de ese excedente, agregó, solo 1/3 se
destina al Fondo Bicentenario, lo que constituye un uso “razonable” de
las mismas.
Analizando
los argumentos del Ministro Boudou, surgen preguntas inevitables: ¿No
se pueden acaso utilizar las reservas "excedentes" para garantizar
proyectos productivos populares, de construcción de viviendas,
hospitales o escuelas? ¿O quizás destinarlas a la creación de un fondo
de desempleo universal, que garantice a millones de desocupados un
ingreso digno? Las preguntas pueden seguir. Pero cada una de ellas
chocará contra la misma realidad actual: no hay recursos, pues gran
parte de los que genera nuestro país se destinan prioritariamente a
pagar la deuda externa.
No
caben dudas: pagar la deuda externa implica seguir condenando a
millones de argentinos a vivir en la pobreza, sin trabajo, salud ni
educación.
En
2010 la Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda por 13 mil
millones de dólares. A ello hay que sumarle los 6,5 mil millones que
probablemente se cancelarán con el Club de París, y los 30 mil millones
que se reconocerán y canjearán a los bonistas. Por su parte, el Plan de
Asignación por Hijos |3|
, uno de los planes sociales más
ambiciosos creados por el Gobierno Nacional este año, tendrá un costo
anual de apenas 2,6 mil millones de dólares.

Esta simple comparación de cifras pone en evidencia, en primer lugar,
que el país cuenta con abundantes recursos. En segundo término,
demuestra que es falso que no sea posible por el momento reducir la
pobreza, la mortalidad infantil o que no existan recursos para invertir
en educación, por citar algunos ejemplos. Lo que falta es la decisión
política que ponga freno al drenaje constante de divisas a través del
mecanismo de la deuda, y que las redistribuya entre los sectores
populares de nuestro país.

La gravedad de la crisis social que vivimos hace imprescindible suspender
los pagos de la deuda, y la posterior realización de una Auditoria de
la misma que, examinando el proceso de contratación y/o renegociación
del endeudamiento público, el destino de los recursos y la ejecución de
los programas y proyectos con financiamiento externo, determine su
legalidad y legitimidad, o lo contrario.

Gran parte de la deuda actual tiene su origen en el proceso de
endeudamiento deliberado y fraudulento que acreedores externos,
Dictadura Militar y grupos económicos locales pergeñaron en los `70 en
perjuicio del país. Desde Attac – Cadtm Argentina consideramos que se
deben pagar sólo aquellas deudas contraídas por representantes
legítimos del país y cuyos fondos fueran utilizados en beneficio del
Pueblo |4|.Porque las estafas no son deudas, y las sucesivas
renegociaciones y canjes de la deuda posteriores a la Dictadura no
purgan ese vicio de origen.

La creación del Fondo del Bicentenario atenta contra la soberanía nacional
y los intereses populares, lo que, como se mencionó anteriormente, es
contradictorio con los principios que guiaron a los revolucionarios en
1810, cuando con el pueblo como protagonista, constituyeron un
verdadero movimiento democrático, reivindicatorio del esclavo y el
indio, defensor de los derechos del pueblo y forjador de una sociedad
donde imperen la libertad, la igualdad y la fraternidad, en el marco de
una Latinoamérica unida y libre de intromisiones extranjeras.

Ese mismo espíritu debe ser rescatado hoy, a 200 años de aquella gesta.
Debemos crear muchos Fondos Bicentenario, pero que, contrariamente al
creado por el Gobierno Nacional, utilicen los recursos financieros que
tiene el país, para garantizar la realización de proyectos populares y
solidarios, que tengan como prioridad la construcción de un país
soberano, justo y equitativo, en el marco de una Latinoamérica unida.