Combatir el coronavirus: La urgente necesidad de invertir en salud pública universal

26 de marzo de 2020 por Isabel Ortiz , Thomas Stubbs


Profesionales sanitarios atienden casos de covid-19 en un hospital público de España. Foto Francisco Àvia/Hospital Clinic-Flickr

A medida que los sistemas de salud de Asia del Este, Europa y América están desbordados intentando contener la crisis del coronavirus, se espera que la covid-19 va a golpear mucho más fuerte a los países en desarrollo.

Décadas de recortes de austeridad promovidos por las instituciones financieras internacionales (IFIs) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, han debilitado a los sistemas de salud pública, impidiendo la capacidad de los gobiernos para responder a la pandemia.



El FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

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prometió un billón de dólares y el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

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otros 12 000 millones de dólares en fondos inmediatos para ayudar a los países a amortiguar el impacto de covid-19. Sin embargo, estas organizaciones están implicadas en décadas de brutal austeridad y privatizaciones que dañaron los sistemas de salud pública en primer lugar. Y es en los países con sistemas públicos de salud frágiles donde las epidemias se propagan más rápido, como sucedió durante el brote de ébola en 2014 en África occidental.

Desde la década de 1980, la mayoría de los gobiernos han implementado recortes presupuestarios y comercializado sus servicios de salud, asesorados por las IFIs durante misiones regulares de vigilancia o como parte de sus programas.

Las políticas de austeridad son criticadas por priorizar objetivos fiscales a corto plazo por encima de inversiones sociales de largo plazo como la salud. Por ejemplo, bajo la orientación del FMI, muchos gobiernos redujeron los presupuestos de salud, recortaron o limitaron los salarios del sector público y limitaron el número de médicos, enfermeras y otro personal trabajando en la salud pública.

En nombre de la eficiencia, los gobiernos –frecuentemente asesorados por los bancos de «desarrollo»– redujeron el número de camas de hospitales, cerraron los servicios públicos y cortaron la inversión en investigación y equipos médicos. Todo ello ha socavado la capacidad de los sistemas de salud, dejando a miles de millones de personas altamente vulnerables durante las pandemias.

Lo que es peor, se dijo a los gobiernos que no se alarmaran por el impacto negativo de la escasez de fondos debilitando la salud pública. Con la publicación de «De miles de millones a billones: Transformar el financiamiento para el desarrollo después de 2015» y documentos posteriores, las IFIs aseguraron que los gobiernos disponían de una solución simple para lidiar con la disminución de los presupuestos públicos: el sector privado.

Se dio este consejo a pesar de los múltiples fracasos documentados sobre asociaciones público-privadas y privatizaciones durante las últimas décadas; por ejemplo, el modelo de salud privado de Estados Unidos, el sistema de salud más caro del mundo y muy poco efectivo, que deja a millones de estadounidenses sin cobertura médica.

Desde Lesoto hasta Suecia, las asociaciones público-privadas en salud han sido muy costosas para los ciudadanos y han resultado en una prestación de servicios más deficiente que los sistemas de salud pública.

¿Quién se beneficia de estas políticas? Las IFIs no han priorizado la salud pública, sino objetivos fiscales o del sector privado. Los intereses macroeconómicos o comerciales a menudo se han superpuesto al bien público, dejando el bienestar de las personas como una segunda prioridad. Esto ya ha resultado en una mayor morbilidad y en millones de muertes evitables, y muchas más están por venir con el coronavirus.

Un informe reciente muestra cómo los recortes de austeridad inducidos por el FMI están afectando negativamente a aproximadamente 75 por ciento de la población mundial, un total de 113 países en 2020, a pesar de las muy urgentes necesidades de salud y de desarrollo. Estos recortes del gasto público se aplican a 72 países en desarrollo y 41 países de altos ingresos, muchos de los cuales ya han sufrido décadas de ajustes.

Otro estudio muestra cómo 46 países priorizaron el servicio de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
sobre los servicios de salud pública a principios de 2020, cuando se estaba extendiendo el coronavirus.

A pesar de contribuir a la crisis sanitaria, las IFIs ahora aspiran a formar parte de la solución poniendo a disposición nuevos fondos.

Si bien es loable, el paquete financiero de 12 000 millones de dólares del Banco Mundial representa una cortina de humo para el desastre de relaciones públicas relacionado con sus bonos de Financiamiento de Emergencia Pandémica (PEF).

Los bonos PEF se diseñaron con criterios de pago muy estrictos para reducir el riesgo de pérdidas para los inversores privados, que hasta ahora han obtenido rendimientos anuales de hasta el 14 por ciento, financiados por los presupuestos de ayuda al desarrollo de Alemania, Japón y Australia. En ultima instancia, estos bonos han desviado la ayuda de inversiones cruciales en los sistemas de salud pública de los países en desarrollo.

Las acciones imprudentes de las IFIs existen por la ausencia de una gobernabilidad global efectiva para la salud. Décadas de influencia de las IFIs socavando los sistemas de salud pública resaltan cuán desesperadamente el mundo necesita de liderazgo y de una respuesta global coordinada.

Con ese fin, el Grupo de los 20 (G20 G20 El Grupo de los Veinte (G20) está compuesto por diecinueve países más la Unión Europea, en el que los ministros, gobernadores de bancos centrales y jefes de Estado se reúnen regularmente. Fue creado en 1999, tras la sucesión de crisis financieras de los años noventa. Pretende favorecer la cooperación internacional, integrando el principio de un diálogo ampliado ante el creciente peso económico adquirido por un grupo de países. Sus miembros son: Alemania, Sudáfrica, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía y la Unión Europea (representada por el Presidente del Consejo y el gobernador del Banco Central Europeo). ) ha programado una Cumbre virtual sobre covid-19. Pero ¿tendrán los líderes del G20 la visión de abandonar permanentemente las políticas obsoletas de austeridad, e invertir urgentemente en sistemas universales de salud pública?

Dada la emergencia del coronavirus, incluso el FMI está recomendando a los gobiernos incrementar los gastos de salud pública.

Sin embargo, esto no puede ser una medida a corto plazo, para luego retornar a la situación actual en la que millones de personas están excluidas de la sanidad. Los componentes básicos de la seguridad sanitaria mundial deberían basarse en la prevención y en sistemas universales de salud pública, especialmente en países con una asistencia sanitaria poco desarrollada.

Las Naciones Unidas, en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más capaces que las IFIs de coordinar los sistemas universales de salud pública; sin embargo, actualmente la OMS carece de recursos para ir más allá del monitoreo y la vigilancia.

La Administración de Donald Trump de Estados Unidos recientemente recortó las contribuciones a la organización, y sin embargo canalizó billones de dólares para restaurar la confianza en los mercados.

Los países europeos podrían haber brindado una ayuda significativa solidaria a Asia y los países en desarrollo, donde miles están infectados con covid-19. Pero, desde el comienzo de la crisis, se enfocaron en respuestas nacionales, que a menudo han afianzado o intensificado los nacionalismos autoritarios y populistas.

¿Cuántas personas más han de morir? Si bien ahora estamos viviendo las consecuencias de las políticas de austeridad impuestas por todo el mundo, la pandemia de coronavirus también ofrece la oportunidad de corregir las brechas en la salud pública y hacer las cosas de manera diferente.

La intervención estatal es necesaria para abordar la magnitud de la pandemia de covid-19, desarrollar la salud pública a largo plazo y hacer realidad el derecho a la salud de las poblaciones en el mundo. Es hora de que los líderes mundiales abandonen las políticas miopes de austeridad y, en cambio, se centren en construir sistemas de salud pública para todos.


Fuente: IPS

Isabel Ortiz

is Director of the Global Social Justice Program at the Initiative for Policy Dialogue, Columbia University, and former director of the International Labour Organization (ILO) and UNICEF.

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Thomas Stubbs


[es] es profesor titular de Relaciones Internacionales en Royal Holloway, de la Universidad de Londres, e investigador asociado en economía política en el Centro de Investigación Empresarial de la Universidad de Cambridge.
[en] Credit: Mohamed Fofanah/IPS

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