Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Ahora que el Presidente Zelaya ha regresado a Honduras, el gobierno
golpista -después de negar que estuviera allí- ha desatado una ola de
represión para evitar que la gente muestre su apoyo a su presidente
legítimo. Así es como la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary
Clinton, describió la primera fase de represión en una conferencia de
prensa:

"Creo que el gobierno impuso un toque de queda, para que la gente no
esté en las calles y que no ocurran sucesos imprevistos”.

Sin embargo, los sucesos que esta dictadura está tratando de reprimir
son muy previsibles. Una multitud completamente pacífica rodea la
embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde Zelaya se ha refugiado, para
saludar a su presidente. Los militares utilizaron el toque de queda como
una excusa para lanzar gas lacrimógeno, golpear y detener a la multitud
hasta no dejar nada. Hay informes de decenas de heridos y tres muertos.
La dictadura ha cortado la electricidad y el agua a la embajada y ha
dejado sin luz a los pocos medios de comunicación independientes que
quedan, así como a algunos barrios vecinos. Esta es la forma en que la
dictadura está operando. Utilizan una estrategia muy brutal y muy simple.

La estrategia es la siguiente: controlan los medios de comunicación
nacionales, que se han desplegado para convencer a casi el 30 ó 40 por
ciento de la población de que el presidente que eligieron es un agente
de un gobierno extranjero y pretende convertir el país en una prisión
socialista. Sin embargo, la mayoría ha logrado encontrar el acceso a
otra información.

La estrategia utilizada ha sido quitarles el poder por medio de miles de
detenciones, palizas, e incluso algunos asesinatos selectivos. Esto ha
sido documentado, informado y denunciado por las principales
organizaciones de derechos humanos en todo el mundo: Amnistía
Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional,
Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros.

Un actor importante, el único país importante para mantener un embajador
en Honduras durante la dictadura, ha mantenido un silencio atronador
sobre la represión: el gobierno de Estados Unidos. La administración de
Obama no ha pronunciado una palabra sobre las violaciones masivas de los
derechos en Honduras. Este silencio, por sí mismo, dice todo lo que hay
que saber sobre lo que esta administración ha estado realmente tratando
de lograr en los 87 días desde que la democracia de Honduras fue
aplastada militarmente. El equipo de Obama entiende exactamente cómo el
gobierno del golpe de Estado mantiene su control sobre el poder,
mediante la violencia y la represión. Y el presidente Obama, junto con
su secretaria de Estado, no ha mostrado ninguna intención de socavar
esta estrategia.

De hecho, el presidente Zelaya ha estado en Washington en seis ocasiones
desde que fue derrocado, pero ni una sola vez consiguió una reunión con
el presidente Obama. ¿Por qué ocurre esto? Lo más probable es que Obama
no desee enviar una señal “errónea” a la dictadura, es decir, que el
servicio pagado por la restauración de Zelaya debería tomarse en serio.

Estas señales son importantes porque la dictadura de Honduras está
cavando en sus talones la apuesta de no tener ningún tipo de presión
seria desde Washington. Ellos tienen miles de millones de dólares de
activos en Estados Unidos que podrían ser congelados o incautados. Pero
la dictadura, por ahora, confía en que el equipo de Obama no va a hacer
nada que dañe a sus aliados.

Luz Patricia Mejía, jefa de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), tiene una visión diferente de la de Hillary Clinton con
respecto al toque de queda de la dictadura. Mejía lo calificó como "una
clara violación de los derechos humanos y las normas jurídicas", y dijo
que quienes ordenaron estas medidas deben ser acusados en virtud de la
legislación penal internacional.

¿Qué excusa pueden tener los militares para romper este apoyo pacífico,
o la señora Clinton para apoyar la violencia del ejército? No había
manera de justificar que la gente fuese una amenaza para la embajada de
Brasil –todo lo contrario-, si algo hacían era proteger la embajada.
Esta es una razón para que los militares atacasen a la multitud.

El 11 de agosto, dieciséis miembros del Congreso de EE.UU. enviaron una
carta al Presidente Obama instándole a "denunciar públicamente el uso de
la violencia y la represión de manifestantes pacíficos, el asesinato de
pacíficos organizadores políticos y todas las formas de censura e
intimidación contra los medios de comunicación”.

Todavía están esperando una respuesta.

Algunos pueden recordar lo que sucedió con el presidente Bill Clinton
cuando su gobierno envió señales mixtas a la dictadura de Haití en 1994.
El residente Clinton había pedido al dictador Raúl Cedrás que dimitiese,
por lo que el presidente elegido democráticamente, Jean-Bertrand
Aristide, podría ser restaurado. Pero Cedrás estaba convencido -en parte
debido a las declaraciones contradictorias de funcionarios de la
administración como Brian Latell, de la CIA- de que Clinton no era un
problema grave. Incluso después de que Jimmy Carter, Colin Powell, y el
entonces senador Sam Nunn fueran enviados a Haití para tratar de
persuadir a Cedrás de que saliera antes de la invasión de EE.UU., el
dictador juraba que aún no se lo creía. En septiembre de 1994, el
presidente Clinton envió 20.000 soldados para derrocar la dictadura y
restaurar al presidente legítimo (que, irónicamente, fue derrocado de
nuevo en 2004, por un golpe de Estado instigado por Estados Unidos).

Por ahora, el gobierno golpista de Honduras tiene menos razones que la
dictadura haitiana de 1994 para creer que el equipo de Obama hará algo
serio para quitarle el poder.

Qué horrible mensaje el que la administración de Obama está enviando a
las democracias de América Latina, y a todas las personas que aspiran a
la democracia en todas partes.

Mark Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política en Washington, DC. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Michigan. Es coautor, con Dean Baker, de: Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos trabajos de investigación sobre política económica. También es presidente de Just Foreign Policy.

Fuente: Rebelión