Detrás de las crisis de la deuda en Puerto Rico

30 de julio de 2015 por Rafael Bernabe

Una economía dependiente

Puerto Rico se convirtió en colonia de Estados Unidos en 1898, como resultado de la Guerra Hispano-americana. Desde 1900 se estableció el «libre» comercio entre Puerto Rico y su nueva metrópoli. Esto colocó a la atrasada economía puertorriqueña a merced de la competencia de su más avanzada contraparte norteamericana. Desde entonces la actividad productiva en Puerto Rico se ha dirigido a lo que la presión de los productores y que las iniciativas del capital externo han promovido o permitido. De ahí se derivan varias constantes de la economía puertorriqueña desde 1900 hasta el presente. Entre esos aspectos se destacan los siguientes.

En primer lugar, la economía de Puerto Rico ha estado y está dominada por el capital externo, fundamentalmente estadounidense (a principios del siglo XX también tuvo presencia el capital canadiense). De hecho, el capital externo ha determinado cuáles, en diferentes momentos, han sido los sectores fundamentales de la economía puertorriqueña. Ese fue el caso de la industria del azúcar antes de la Segunda Guerra Mundial, de la llamada manufactura ligera en las décadas de 1950 y 1960 y de las empresas de más alta inversión de capital, como las farmacéuticas, desde la década del 1980 hasta el presente.

Esa especialización unilateral, orientada a la exportación, que podemos considerar el segundo aspecto de la economía colonial, ha conllevado que el país importe la mayor parte de sus medios de consumo, incluyendo los alimentos. Parte de ese desarrollo unilateral ha sido la progresiva destrucción de la agricultura, hasta el punto de que hoy se importa cerca del 85% de los alimentos que el país necesita.

La salida hacia el exterior de parte importante de las ganancias que se generan en Puerto Rico ha sido otra constante de su economía durante el Siglo XX y lo que va del siglo XXI. Esa fuga de ganancias, consecuencia del dominio del capital externo, en la actualidad alcanza la cifra de cerca de $35 mil millones anuales. Esto es cerca de 35% del PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
. Para que se tenga otro punto de referencia, lo recaudos anuales del gobierno de Puerto Rico por concepto de impuestos no alcanzan los $10 mil millones.
Sobra decir que esta cantidad de capital que se fuga no genera ni crecimiento ni empleo en Puerto Rico. Eso nos lleva a una cuarta dimensión de la situación de Puerto Rico: su economía unilateral y dominada por el capital externo nunca ha sido capaz de generar empleo ni lejanamente suficiente para su fuerza laboral. El desempleo masivo ha sido una constante de la experiencia puertorriqueña. Ese fue el caso incluso en los periodos de expansión económica. Para dar un ejemplo entre mediados de la década de 1950 y mediados de la década de 1960, es decir, durante el periodo de expansión de posguerra, cuando algunos llegaron a presentar a Puerto Rico como un modelo para el Tercer Mundo, el número de empleos en Puerto Rico se redujo en términos absolutos. La industria nunca pudo compensar los empleos que desaparecían en la agricultura y la industria a domicilio. Tan solo la emigración masiva de aquellos años permitió estabilizar los niveles de desempleo. En la actualidad Puerto Rico tiene una tasa de desempleo de 13%, pero más significativa aún es la tasa de participación laboral: tan solo 40% (La cifra correspondiente en Estados Unidos es cerca de 62%). Es decir, 60% de la población en la edad de trabajar está fuera del mercado laboral formal (no está ni empleada, ni buscando empleo). Durante los últimos diez años han desaparecido cerca de 250 mil, o una quinta parte, de los empleos. Desde 1996, hace casi dos décadas, han desaparecido cerca de la mitad de los empleos en la manufactura (de cerca de 160 mil a menos de 80 mil).
Dado el alto nivel de desempleo, la emigración ha sido otro aspecto de la realidad puertorriqueña. La emigración es casi enteramente hacia Estados Unidos, donde históricamente los migrantes han enfrentado formas particulares de sobreexplotación y discriminación. El movimiento de personas ha fluctuado según las coyunturas económicas y la facilidad del movimiento entre ambas regiones. La emigración alcanzó cifras masivas durante la década del 1950 y se ha acelerado una vez más en años recientes, según se agrava la crisis económica. Por primera vez en dos siglos, el censo de 2010 registró una caída de la población de Puerto Rico, de 3.7 a 3.5 millones.
Los altos niveles de desempleo ejercen una presión contra el aumento de los salarios, lo cual corresponde a una sexta dimensión de la realidad colonial: la perdurabilidad de las diferencias de salario, ingreso y niveles de pobreza entre Puerto Rico y Estados Unidos. Conviene destacar que el libre movimiento de capital y mercancías es según los dogmas neoliberales la condición ideal para la nivelación de las economías atrasadas con las desarrolladas. Esas condiciones se implantaron en Puerto Rico en 1900. En la actualidad, el ingreso per cápita en Puerto Rico es cerca de la mitad del estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi, a la vez que 45% de la población vive bajo el nivel de pobreza (la cifra en EUA ronda el 15%). Hace tiempo que la brecha no da indicaciones de reducirse. Como consecuencia de esta situación, cerca de mitad de la población se acoge a alguno de varios programas de compensación (welfare) financiados con fondos federales.
Estancamiento y crisis de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.

Desde 1947 el eje de la política económica del gobierno ha sido la atracción del capital externo a través de la llamada exención contributiva. La condición especial de Puerto Rico (no es estado de la Unión americana) permite que el Congreso exima del pago de contribuciones federales a las corporaciones que operan en la isla. Así a partir de 1947 las empresas que se establecían en Puerto Rico pagaban pocos o ningún impuestos insulares o federales, lo cual, combinado con los bajos salarios, les garantizaba ganancias extraordinarias. Por otro lado, el gobierno podía emitir deuda con relativa facilidad, pues los ingresos de bonos del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas también estaban, y están, exentos del pago de impuestos locales, estatales o federales.
Evidentemente, la política de exención contributiva supone una renuncia del gobierno a recaudos que de otro modo podría realizar. Se supone que dicha renuncia se compensaría con el impacto positivo generado por la inversión externa promovida por la política de exención contributiva. Lo que el gobierno dejaría de obtener como resultado de las exenciones sería compensado por el crecimiento general de la economía. Esta política funcionó en cierto grado entre 1950 y principios de la década del 1970; precariamente entre 1976 y 1996; decrecientemente entre 1996 y 2006. Después de esa fecha dejó de funcionar. El agotamiento de esa política se debió en parte a la eliminación de una de las dos patas de la política de exención contributiva. A partir de 1996 el Congreso federal decretó la eliminación gradual de la exención contributiva federal, proceso que culminó en 2006. Desde entonces subsiste un mecanismo que permite a algunas corporaciones descontar de sus obligaciones federales lo que pagan en contribuciones en Puerto Rico.
Los datos actuales son contundentes: la economía de Puerto Rico está sumida en una recesión desde hace una década. Ni el ingreso ni el empleo han crecido durante esos años. Según la economía se estancaba el gobierno debió reevaluar la política de exención contributiva y empezar a recuperar para la inversión interna parte de los $35 mil millones en ganancias que se fugan del país cada año. Pero este camino fue descartado reiteradamente en todas las coyunturas críticas: 1974-75, durante la primera recesión seria de posguerra; 1996 cuando se aprobó la eliminación gradual de la exención federal y 2006 cuando concluyó dicha eliminación y se dio el primer cierre gubernamental como resultado de la crisis fiscal.
Hasta poco de después de 1996, mientras la economía mantuvo un nivel de crecimiento moderado pero real, el gobierno estuvo menos tentado a sobreutilizar la facilidad de emitir deuda en Wall Street. Según la economía se estancaba y sus recaudos caían, el gobierno, poco dispuesto a colocar impuestos a las grandes empresas, recurrió cada vez más a la emisión de bonos para cubrir sus déficits recurrentes. Así, según la economía se estancaba, la deuda (del gobierno central y sus corporaciones) creció aceleradamente, hasta alcanzar la cifra de $73 mil millones en 2014. Mientras tanto, el flujo de ganancias continuaba a su nivel acostumbrado. Es decir, entre un gobierno incapaz de imponer impuestos al gran capital, de inversionistas deseosos de adquirir bonos triplemente exentos y de casas financieras felices de cobrar las comisiones correspondientes (cerca de $900 millones a partir de 2000) han endeudo el gobierno hasta el punto en que el mismo gobernador ha reconocido que la deuda es impagable.
Al menos desde 2006 el gobierno acompañó el aumento de la deuda con medidas de austeridad que incluyeron: en 2006, el IVU (Impuesto de Ventas y Uso, impuesto de consumo); en 2009, la ley 7 (despido de 20 mil empleados públicos); en 2014 la ley 66 (ataque a condiciones salario y empleo del sector público), golpe a las pensiones de los empleados del gobierno central y los maestros, impuestos al petróleo y, en 2015, aumento del IVU.
La triple mezcla de medidas de austeridad, insistencia en la política de exención contributiva y emisión de deuda han conducido a la situación actual de estancamiento y crisis de la deuda. En la actualidad el servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. exige cerca de $4.5 mil millones anuales.
Nada de esto debería ser motivo de sorpresa. No vamos a mencionar la crítica de la política de exención contributiva que diversos economistas y sectores de izquierda han formulado desde hace décadas como el Partido del Pueblo Trabajador. Limitémonos a indicar que desde principios de 2014 señalamos que la deuda de Puerto Rico era ya insostenible. No podía pagarse sin afectar los servicios que el país necesita. No podía pagarse sin afectar las acciones que el gobierno debía tomar para iniciar la recuperación económica. Por tanto, era imperativo renegociar la deuda, lo cual debía incluir una auditoría y la suspensión de pagos o una moratoria, cuando fuese necesario. En lugar de atender estos señalamientos del Partido del Pueblo Trabajador, el gobierno emitió $3.5 mil millones de deuda adicionales en marzo de 2014, lo cual presentó como una gran victoria. Advertimos que el servicio de esa deuda, emitida a un abusivo interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. de 8.5% tan solo agravaría el problema presupuestario que pretendía aliviar. La realidad nos ha dado la razón: quince meses después el gobierno ha reconocido que la deuda es impagable y que tendrá que renegociarse. La pregunta ahora es ¿cuál renegociación?

¿Cuál renegociación?

El gobierno ha reiterado que desea llegar a un acuerdo voluntario, a un plan consensuado con los acreedores. Se supone que el gobierno someta un plan de reestructuración de la deuda para finales de agosto. Se especula que el plan incluirá la oferta de canje de bonos, con condiciones que alivien la carga de la deuda. A la vez que se plantea la necesidad de renegociar la deuda, se hizo público un informe encargado a un equipo de economistas encabezado por Anne Krueger, exfuncionaria del FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : https://www.imf.org
, que incluye recomendaciones para promover la recuperación económica. La premisa del informe es que la atracción de inversión externa seguirá siendo el eje de la economía de Puerto Rico. Para lograr esa inversión se proponen nuevos recortes a los niveles de vida del pueblo trabajador como por ejemplo: suspender la aplicación del salario mínimo federal a Puerto Rico, salario mínimo especial para jóvenes y primeros empleos, redefinir y reducir paga por tiempo extra, facilitar los despidos, reducir derechos de vacaciones y el bono de fin de año, aumentar el costo de la universidad del estado, privatizar la generación de energía eléctrica, reducir las compensaciones a pobres y desempleados, entre otra medidas.
En el mejor de los casos, lo que se puede esperar de la orientación del gobierno es un alivio limitado e insuficiente de la carga de la deuda y medidas de austeridad que acentuarán la crisis económica, con una posible aceleración de la emigración. Se trata de imponer sacrificios al pueblo para perpetuar la estructura económica que hace tiempo dejó de funcionar. Pero ese es el mejor de los casos: nada asegura que el gobierno logre el acuerdo consensuado o voluntario en el pago de la deuda. Es más: la actitud de los acreedores, tanto del llamado grupo Ad Hoc, que incluye a casi cuarenta fondos de ubicación o fondos buitres como otras empresas de fondos mutuos, augura que el gobierno no encontrará mucha flexibilidad de dichos sectores.
El día en que redactamos estas líneas varios economistas contratados por el grupo Ad Hoc han publicado un informe en el que insisten que «el problema de Puerto Rico no es la deuda sino el déficit». Según ellos, Puerto Rico no tendría que reestructurar su deuda si se reduce el déficit y se combina con nueva deuda a corto plazo ($2.5 mil millones en 2016, según sus cálculos). Se trata de la mezcla ya ensayada en otros países, como Grecia desde 2010: deuda y más austeridad. Como bien señala el Financial Times (27 julio 2015), este es el primer disparo de los acreedores que se preparan para dar la batalla contra cualquier recorte de la deuda.
Por otro lado, el gobierno mantiene la esperanza de que el Congreso federal tome acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. y apruebe legislación para que Puerto Rico pueda acogerse a la ley de quiebras federal, o, más específicamente, a su Capítulo 9, el mismo que se utilizó para renegociar la deuda de Detroit. El gobierno, dado que Puerto Rico por ahora no está cubierto por la ley federal, aprobó una ley de quiebra municipal local en 2014, pero la misma fue paralizada tras un pleito sometido por algunas de las empresas acreedoras.

Auditoría, suspensión de pagos, movilización

¿Qué hará el gobierno si los bonistas no acceden a su plan o si el Congreso y Casa Blanca no toman acción? El Partido del Pueblo Trabajador ha señalado desde 2014 que la deuda es insostenible. Ahora que el gobierno lo ha reconocido, es necesario extraer las consecuencias de ese hecho. Ante la aguda crisis que vive el país hemos planteado un programa de emergencia que incluye la auditoría y la suspensión de pagos de la deuda, entre otros puntos. (Para más información puede verse comunicados y ponencias en pueblotrabajador.com) La realidad es que desde antes del mensaje del gobernador sobre la deuda, Puerto Rico, como dice el informe Krueger, ya estaba fuera de los llamados mercados: los únicos créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
disponibles, si algunos, serían a intereses exorbitantes. La auditoría de la deuda es necesaria, para empezar, para saber quiénes son los acreedores actuales, pues la deuda de Puerto Rico ha sido revendida abundantemente en los mercados secundarios. Una parte indeterminada ha sido adquirida a descuento por fondos buitres que muy buen pueden recibir un recorte en pagos sin sufrir pérdidas. El gobernador ha dicho que los acreedores que no entiendan la aguda necesidad de Puerto Rico tendrán que enfrentar a un pueblo unido. Es necesario poner dientes a tales declaraciones con una suspensión cuando sea pertinente y una auditoría. De igual forma, una negociación bajo el amparo del Capítulo 9 exigirá un pueblo movilizado para asegurar que las decisiones de un juez, en cuyas manos recaen las decisiones en tal proceso, tome en cuenta las necesidades del país. En lugar de atacar a las organizaciones obreras y al pueblo trabajador, el gobierno debería estar promoviendo su organización y coordinando con ellos la resistencia a las exigencias predecibles de los bonistas.
Por eso el Partido del Pueblo Trabajador insiste en que el pueblo trabajador debe exigir una reforma contributiva que coloque impuestos al gran capital. Debemos rechazar y combatir las medidas de austeridad propuestas, que son tanto injustas como contraproducentes, aumentan la desigualdad, la precariedad y profundizan la depresión. Y debemos exigir una verdadera renegociación de la deuda y no la rendición ante los bonistas que el gobierno no da muestras de querer o poder evitar.
Como parte de esa lucha es necesario enfrentar las explicaciones neoliberales de la crisis, que son a diario difundidas por analistas, columnistas y muchos periodistas. Esa explicación puede resumirse en tres pilares: la falta de inversión es resultado de los salarios demasiados altos que gozan los trabajadores; el desempleo es resultado de las compensaciones demasiado generosas que reciben los pobres; el déficit gubernamental es resultado de que el gobierno es demasiado grande. La solución es reducir los salarios, las compensaciones a los pobres y los servicios públicos. Pero tales medidas tan solo permiten acentuar la explotación del trabajo. El problema de nuestra economía es otro: el problema es la fuga de la riqueza que se genera en Puerto Rico. El problema de Puerto Rico no son los trabajadores ni los pobres, sino una economía que por décadas los ha maltratado y marginado. Ese es el problema que es necesario atender. Se empieza colocando impuestos a las ganancias que ahora se fugan y con una verdadera renegociación de la deuda.

Para entender la deuda del gobierno

El IVA en 10 minutos


Rafael Bernabe es portavoz del Partido del Pueblo Trabajador.

Autor

Rafael Bernabe

es investigador de historia, profesor de literatura en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y portavoz del Partido del Pueblo Trabajador.


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