Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Con ocasión de las elecciones generales del 26 de abril de 2009, los ecuatorianos otorgaron un nuevo mandato presidencial de cuatro años a Rafael Correa, que obtuvo el 55 % de los votos y superó en más de 20 puntos a su principal adversario, Lucio Gutiérrez, el ex presidente destituido en el año 2005 por una movilización popular.

Encabezando lo que él mismo llama un «proceso de revolución ciudadana», Rafael Correa ha ganado ya varias votaciones importantes. Elegido presidente en el 2006, en abril del año siguiente logró con el 82 % de sufragios la aprobación en referéndum de la convocatoria a elecciones generales para designar los miembros de una Asamblea Constituyente (con la oposición de todo el establishment y todos los mass media). En septiembre del mismo año, los electores dieron la mayoría en la Asamblea Constituyente a los candidatos del movimiento País, nuevo movimiento político de Correa, y a los partidos de izquierda que apoyaban su proyecto. El texto de la nueva Constitución fue aprobado por los «asambleístas» en julio del 2008, después de ocho meses de elaboración democrática, en el curso de la cual los opositores electos tuvieron la oportunidad de hacer proposiciones. El proyecto de Constitución, elaborado con una amplia participación de la sociedad civil, fue sometido a continuación a un referéndum, el 20 de septiembre de 2008, y aprobado por más del 60 % de los votantes. Las elecciones del 26 de abril de 2009 confirmaron el apoyo popular a Rafael Correa y a los partidos aliados.

El movimiento País no dispone de una mayoría propia en el seno de la nueva Asamblea Nacional, compuesta por 124 miembros. Para lograr la mayoría debe aliarse con otros movimientos y partidos políticos: Pachakutik (vinculado a la Confederación de naciones y pueblos indígenas de Ecuador-CONAIE), el MPD (ex maoísta), los municipalistas...

La nueva Constitución garantiza muchos más derechos culturales, económicos y sociales a la población. El carácter plurinacional del Estado se ha afirmado (lo que constituía una reivindicación esencial de las organizaciones que representan a los pueblos indígenas). Caso inédito en las Constituciones de todo el mundo, esta Constitución reconoce los derechos a la Naturaleza, lo que tiene en cuenta el aporte de los pueblos indígenas y su cosmovisión. En lo concerniente a los media, la Constitución prohíbe, de ahora en adelante, que los banqueros sean propietarios de periódicos, radios y cadenas de televisión.

Ha instaurado así mismo un mecanismo democrático que permite revocar a la mitad de su término el mandato de todos los cargos electos, incluido el presidente de la República (como también establecen las Constituciones boliviana y venezolana vigentes).

En materia de endeudamiento, la Constitución representa un gran avance que debería servir de ejemplo a otros países que deberían ponerlo en práctica (véase el recuadro). En efecto, los artículos 290 y 291 determinan y limitan estrictamente las condiciones en las cuales las autoridades del país pueden contraer deudas. Rechazan el empréstito para pagar antiguas deudas. Rechazan las deudas constituidas por la capitalización de los intereses por atrasos (lo que se denomina anatocismo), una práctica corriente de los acreedores del Club de París. Advierten a los prestamistas que si conceden préstamos en condiciones ilegítimas, éstos serán discutidos. Consideran imprescriptibles los delitos concernientes al endeudamiento público. Excluyen la posibilidad de que el Estado asuma la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. de los bancos y otras instituciones privadas. Prescriben la aplicación de un mecanismo de auditoría integral permanente de la deuda pública interna y externa.

Los resultados de la auditoría de la deuda

Ecuador realizó una obra pionera en cuanto a la deuda pública. Rafael Correa creó en julio de 2007 una comisión de auditoría integral de la deuda interna y externa (CAIC). Esta comisión estaba compuesta por doce miembros de los movimientos sociales (entre ellos la CONAIE) y de los movimientos que trabajan sobre el tema de la deuda de Ecuador (como la red Guayaquil Jubileo 2000 y el Grupo Nacional de Deuda), seis miembros de campañas internacionales por la anulación de la deuda del Tercer Mundo [2] y cuatro delegados del Estado (del Ministerio de Finanzas, del Tribunal de Cuentas, de la Comisión Anticorrupción y del Fiscal General). La idea de Correa y de un sector de su gobierno era actuar concretamente para poner fin al pago de una parte de la deuda identificada como fraudulenta e ilegítima.

A partir de noviembre de 2008, Ecuador suspendió el pago de una gran parte de su deuda comercial. [3] Sobre la base de los resultados de la auditoría, las autoridades ecuatorianas se negaron a seguir pagando una deuda identificada como fraudulenta y tachada de numerosas irregularidades. [4] La prensa financiera internacional puso el grito en el cielo porque Ecuador osaba negarse a pagar teniendo los medios para hacerlo. En junio de 2009, los tenedores del 91 % de los bonos en cuestión aceptaron la oferta de recompra al 35 % de su valor nominal. Correa declaró en su discurso de investidura, el 10 de agosto del 2009, que ello «significa un ahorro de más de 300 millones de dólares anuales durante los próximos veinte años, dinero que servirá ya no para los bolsillos de los acreedores, sino para el desarrollo nacional » [5]

Ecuador ofrece el ejemplo de un gobierno que toma la decisión soberana de investigar el proceso de endeudamiento a fin de identificar las deudas ilegítimas, para suspender a continuación el pago de los reembolsos. La suspensión de pagos de una gran parte de la deuda comercial seguida de su recompra a un valor menor demuestra que el gobierno no se ha limitado a los discursos de denuncia. ¿Irá más lejos? ¿Suspenderá también el pago de otras categorías de deuda? La CAIC, en sus recomendaciones, propuso poner fin al pago de otras sumas importantes de la deuda, [6] correspondientes a las acreencias reclamadas por el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas... y otras instituciones multilaterales, así como ciertas deudas bilaterales, en particular las reclamadas por Italia y Brasil.

En este último caso, el gobierno de Correa suspendió durante varios meses, a partir de septiembre del 2008, el pago de la deuda correspondiente a la construcción de una central hidroeléctrica (la central de San Francisco), realizada contra el sentido común por la transnacional brasileña Odebrecht, [7] la que, por otra parte, fue expulsada del país en la misma fecha. Más tarde, a causa de la presión de Brasil, Ecuador reanudó el pago y llevó el litigio con Odebrecht ante un tribunal de arbitraje en París (aún se espera el veredicto).
Por lo demás, siempre basándose en los trabajos de la CAIC, el Fiscal General de Ecuador encaró el examen de la culpabilidad de los altos funcionarios ecuatorianos que cometieron diversos tipos de delitos con motivo de la firma o la renegociación de contratos de endeudamiento en el curso de los años 90 y principios de los años 2000. El futuro dirá si los culpables fueron efectivamente llevados ante la justicia y condenados antes de que la prescripción juegue a su favor. Nada es seguro. Correa y su gobierno pueden dudar, como tantos otros gobiernos, y proseguir el pago del resto de la deuda o no enjuiciar a tiempo a los culpables. Hay que tener en cuenta que Ecuador está aislado en la cuestión de la deuda: los demás gobiernos (incluido el de Venezuela) prosiguen el pago y por el momento no realizan auditarías. Sea como fuere, Rafael Correa ha demostrado que es posible tomar medidas radicales en materia de deuda sin tener que rogar la justicia o la generosidad de los acreedores. Es una lección que tendría que ser tenida en cuenta por los otros gobiernos.

Avances y límites de la política en curso en Ecuador

Además de su actitud ejemplar en la tentativa de encontrar soluciones al endeudamiento legado por los gobiernos anteriores, también es positiva la política del presidente Correa para reducir al mínimo el recurso al subcontrato en el empleo asalariado. En su discurso de investidura para su nuevo mandato, Correa puso el acento en esta cuestión, así como en la del salario mínimo: «Una de las características más relevantes del socialismo del siglo XXI, doctrina a la que adhiere la revolución ciudadana, es precisamente la supremacía del ser humano sobre el capital. Para nosotros, el ser humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción. Lo que encontramos en este sentido fue verdaderamente aterrador: el ser humano convertido en un instrumento más de acumulación del capital. No cabe duda de que una de las principales víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue la clase trabajadora. Hoy, entre muchas cosas más, el Ecuador es un país libre de tercerización laboral. De igual forma, se subieron sustancialmente los sueldos de los maestros, trabajadoras remuneradas del hogar, artesanos, fuerza, policial y militar, etc., y por primera vez en la historia se redujeron los precios de los servicios públicos.» [8]

Declarar que el país se ha liberado del subcontrato es exagerado, pero por lo menos es una señal de que el gobierno hace un gran esfuerzo para obligar a los empleadores a contratar directamente los asalariados, que hasta ahora eran reclutados mediante la subcontratación en condiciones extremadamente precarias.

Así mismo hay que sumar al crédito del gobierno de Correa una política internacional progresista, que se aproxima a la de Venezuela y de Bolivia. Ecuador expulsó al representante permanente del Banco Mundial en abril de 2007, hizo propuestas muy avanzadas en términos de construcción del Banco del Sur, puso fin a la presencia militar de Estados Unidos en su territorio (no renovación del acuerdo sobre la base de Manta) y, más recientemente, anunció que se retiraba del CIADI CIADI Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.

Más , el tribunal del Banco Mundial en materia de litigios sobre inversiones, siguiendo el ejemplo dado por Bolivia en mayo de 2007.

Conflictos entre el gobierno de Correa y los movimientos sociales

En el debe del gobierno de Correa hay que deplorar su gran dificultad para tener en cuenta los aportes fundamentales de cierto número de organizaciones sociales de primer plano, comenzando por la CONAIE, lo que crea una situación de tensión permanente sobre cierto número de temas importantes. Entre los contenciosos más graves se encuentra en primer lugar la política de apertura de Correa a las inversiones privadas extranjeras en las industrias minera y petrolera. [9] Una vez más, la CONAIE, con ocasión de una asamblea extraordinaria, reunida los días 8 y 9 de septiembre en Quito, no se anduvo con paños calientes y fustigó la política del gobierno, al que calificó de neoliberal y capitalista: [10] la CONAIE exige «al Estado y al Gobierno Nacional la nacionalización de los recursos naturales y la puesta en práctica de la auditoria a las concesiones petroleras, mineras, aguas, hidroeléctricas, telefónicas, espectro radio eléctrico y servicios ambientales; la deuda externa, la recaudación de impuestos y los recursos del Seguro Social-IESS». La CONAIE agrega que exige «la suspensión de todo tipo de concesiones (extractivas petroleras, mineras, forestales, de agua y biodiversidad, hidroeléctricas)» [11] A partir del 30 de septiembre de 2009, la CONAIE pasó a la acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. y organizó encuentros y bloqueos de carreteras y puentes contra el proyecto de ley del agua. El conflicto estuvo a punto de degenerar en una verdadera conflagración, pues, en un primer momento, Correa adoptó una postura opuesta a la negociación, mientras que, en el campo de la movilización contra el gobierno, la derecha y en particular el ex presidente Lucio Gutiérrez trataba de hacer subir la oferta y alentaba el enfrentamiento. Finalmente, tuvo lugar una negociación en el nivel más alto y pública: 130 delegados de la CONAIE fueron recibidos en la sede del gobierno por el presidente y varios ministros. Después de cuatro horas de intensa negociación, la CONAIE logró que el gobierno diera marcha atrás en varios puntos: se acordó un diálogo permanente, la ley del agua sería modificada teniendo en cuenta las propuestas de la CONAIE, así como el proyecto de ley sobre las industrias extractivas, y otros temas tales como la enseñanza bilingüe. También estalló otro conflicto social: se trataba de la movilización de los docentes contra el gobierno conducida por la UNE, el principal sindicado del sector, vinculado al partido MPD, que al principio apoyaba a Correa, pero no aceptó la reforma en la educación que éste quería aplicar.

Un gobierno en disputa

Rafael Correa compuso su gobierno teniendo cuidado de hacer coexistir ministros de izquierda y ministros relacionados, más o menos directamente, a diversos sectores de la clase capitalista ecuatoriana. Lo cual lo obligaba a un constante arbitraje. Se puede hablar realmente de un gobierno en disputa permanente, en cuyo seno la derecha dispone de aliados de peso. Alberto Acosta da un ejemplo esclarecedor de las contradicciones en el seno del gobierno y del arbitraje que ejerce Correa: «Hay que anotar que inicialmente esta propuesta revolucionaria, [se refiere al proyecto ITT [12], nota del autor] sin ninguna duda, provocó un enfrentamiento dentro del gobierno del presidente Correa, quien inicialmente tuvo algunos reparos derivados de las urgencias económicas que tiene un país empobrecido como el Ecuador. Por un lado, la iniciativa la lideraba yo, como ministro de Energía y Minas. Era una decisión poco entendida ni comprendida por la lógica tradicional. Resultaba inconcebible que el propio ministro del ramo propusiera dejar el petróleo en el suelo, no explotar el petróleo. Por otro lado, el presidente de la empresa estatal Petroecuador, quien quería sacar el petróleo del lugar, presionaba dentro y fuera del gobierno para acelerar su explotación. Recuérdese que yo era el presidente del directorio de Petroecuador, el otro era presidente ejecutivo de dicha empresa. Teníamos una posición enfrentada. Mientras yo buscaba consolidar la no extracción de crudo, el presidente de la empresa estatal aceleraba los trámites para entregar este yacimiento hidrocarburífero a varias empresas petroleras. Tan es así, que él, sin informarme, negociaba con las empresas estatales de Chile (Enap), China (Sinopec) y Brasil (Petrobras). Conversaba también con la empresa estatal venezolana (PDVSA) para extraer el petróleo. Su meta era llegar a firmar un convenio para extraer rápidamente el petróleo.
»La situación era tensa. Tanto que fuimos a un directorio de Petroecuador, en el que nos reuníamos normalmente muy temprano por la mañana (a las seis de la mañana ya empezaban las sesiones), en la que participó el propio presidente de la República. El escuchó los argumentos de una y otra parte. Luego optó por apoyar la tesis de dejar el petróleo en tierra, siempre que se tenga una compensación financiera internacional, porque en esa época hablábamos de compensación... Si no había la compensación financiera, se explotaría el petróleo, dijo el presidente. El tema financiero, hay que reconocerlo, estuvo en el centro del debate desde entonces, y sirvió para bajar las tensiones alrededor de que el país perdería mucho si no se extraía el crudo.» [13]
En otra entrevista, Alberto Acosta critica «las incoherencias de un gobierno que todavía tiene unas políticas claramente inspiradas en el manejo neoliberal, que todavía representa intereses de los grupos económicos más tradicionales, como en el ámbito agrario. Y eso también se aplica en el sector de la minería.» [14]

Por otra parte, se podría mencionar la indecisión de Correa en cuanto a la dotación del Estado de instrumentos financieros Instrumentos financieros Los instrumentos financieros son los títulos y contratos financieros.
Los títulos financieros son: títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones (acciones, participaciones, certificados de inversión, etc.), los títulos de crédito, con excepción de papel comercial y certificados de depósito (obligaciones y títulos similares), las participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios).
Los contratos financieros, también denominados “instrumentos financieros a término” son los contratos a término sobre tipos de interés, los contratos de permutas (swaps), los contratos de futuros sobre todo tipo de mercancías, contratos de opciones de compra o venta de instrumentos financieros y todos los demás instrumentos de mercado de futuros. suficientemente fuertes para invertir y crear empleo. Los dos principales bancos públicos, el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Banco del Pacífico, están subcapitalizados. Es como si los ministros relacionados con los sectores privados lograsen convencer al presidente de dejar a los banqueros privados un máximo de libertad, que por lo demás no utilizan para un verdadero desarrollo de la inversión productiva.

Nada está escrito de antemano, Rafael Correa y su gobierno pueden vacilar, como tantos otros gobiernos, y no ser lo suficientemente audaces al momento de implementar cambios radicales a favor de l@s oprimid@s. Un elemento decisivo será la capacidad que tengan los movimientos sociales de transformarse en agente directo del cambio.

Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz