Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

La Gran Coalición lo ha vuelto a hacer. No por esperado resulta menos doloroso: el PSOE ha engañado a sus votantes, se ha plegado a los intereses del Partido Popular, la banca y de los poderes europeos y se ha abstenido en la votación para derogar la LRSAL, la Ley Montoro, presentada en el Congreso.

Esta Ley, entre muchas otras cosas, impone importantes recortes a las competencias municipales y es un retroceso en los servicios que presta. Además, supone una pérdida de la soberanía municipal y del poder de acción de los ayuntamientos que ven como su principal herramienta, su presupuesto, se ve subyugada a una Ley que no tiene en cuenta la situación de los municipios ni las necesidades de su ciudadanía.

La Ley Montoro se aprobó junto otras leyes que vinieron en cascada tras la modificación del artículo 135 de la constitución (último servicio de Zapatero a la causa). Esta legislación consagra la estabilidad presupuestaria como un dogma imperante por encima de todo y antepone el pago de las deudas a cualquier otra cosa. Si bien es cierto que algunos municipios han estado especialmente endeudados por una gestión lamentable y una corrupción galopante, lo cierto es que la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. de los gobiernos locales apenas asciende al 5% del total de la deuda de las administraciones públicas. Es más, las cuentas de las corporaciones locales llevan cerrando en superávit los años 2014 y 2015 y a la espera del cierre presupuestario del 2016, nada hace presagiar que esto vaya a ser diferente en un gran número de municipios del Estado.

Como conocen de primera mano las fuerzas del cambio que, desde lo local y lo municipal intentan recuperar los servicios privatizados, la Ley Montoro también dificulta la remunicipalización de estos. De igual modo, imposibilita la ampliación de la plantilla municipal o el desarrollo o mejora de servicios básicos y sociales aunque sean necesarios y el municipio tenga los recursos económicos para hacerlo.

El PSOE vuelve a apoyar a PP y Ciudadanos en contra de sus promesas

La propuesta para derogar la LRSAL, presentada por Unidos Podemos, En Marea y En Comú Podem, votada el 14 de febrero en el Congreso, fue denegada al obtener 171 votos en contra y sólo 86 a favor. El PSOE, con su abstención, ayudó a PP y Ciudadanos a que los municipios sigan sufriendo “la fatídica Ley Montoro” , tal y como la llamaban en campaña electoral cuando prometían a sus votantes que la derogarían en caso de llegar al Gobierno.

La derogación de la Ley Montoro, impulsada por las fuerzas del cambio de todos los ámbitos y una de las principales metas de la recientemente creada Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, hubiera supuesto un vuelco a la grave situación por la que pasan muchos municipios y devuelto la capacidad de hacer política mediante el libre uso de sus recursos. Supondría devolver a las instituciones más cercanas a la ciudadanía la gestión de sus propios recursos y la capacidad de influir directamente en las economías locales. Pero el PSOE ha decidido seguir siendo leal a la Gran Coalición dejando bastante claro que tendrán que ser los municipios, desde abajo, los que combatan o desobedezcan dicha Ley y al Ministro que la impuso.