Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En su página web [5], en una de sus últimas publicaciones, fechada el mismo día de la aprobación de la Ley Hipotecaria, el 20 de diciembre [6] , la PAH exige la retirada y rectificación de esta última reforma y una mayor contundencia en el decreto sobre los alquileres.

En su opinión, la Ley de Crédito Inmobiliario, que tras ser aprobada en el Congreso aún tendrá que ser tramitada en el Senado, no respeta el espíritu de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que sigue dándole a la banca beneficios frente al consumidor, no respetando el principio de proporcionalidad entre las partes; es un copia y pega de la redactada por el banquero Luis de Guindos; no recoge la responsabilidad limitada del bien, manteniendo como hasta ahora la responsabilidad del deudor; propicia unos intereses de demora por encima de los permitidos por el propio Supremo; legaliza las cláusulas abusivas en un nuevo gran favor a la banca; y no impide la venta vinculada a otros productos.

“Esta reforma no mejora en absoluto las condiciones de los deudores hipotecarios”

En definitiva, para la PAH, esta reforma “no solo no mejora en absoluto las condiciones de los deudores hipotecarios, deja fuera cualquier tipo de herramienta contra los desahucios. Se sigue obviando el Dictamen DESC de las Naciones Unidas y gracias al nuevo vencimiento anticipado que conlleva el archivo de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Tras el escándalo del Supremo en las cláusulas suelo y en el impuesto hipotecario, ahorrando miles de millones a la banca a costa de los consumidores, es ahora el legislativo, con el PSOE al frente, el que facilita que la banca siga estafando y desahuciando con sus políticas criminales”.

Con la votación de esta nueva Ley Hipotecaria en el Congreso, “avalada por toda la derecha conservadora española (Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, PDeCAT, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias y Nueva Canaria), el PSOE de Pedro Sánchez lo único que demuestra son sus verdaderos colores más allá de los falsos titulares que han usado para lavar su imagen desde que entraron de nuevo en el Gobierno”, valoran los afectados por la hipoteca, que manifiestan no poder entender cómo el PSOE, después de poner en primera línea de su voluntad política el derecho a la vivienda [7], mantiene unas políticas continuistas con las del Partido Popular y lejos de solucionar las cláusulas abusivas las legaliza. “Para alimentar una política continuista a años de vejación de derechos fundamentales no era necesaria una moción de censura”, reflexionan. Y añaden: “Si realmente, Pedro Sánchez quería garantizar el derecho a la vivienda, nunca debería promover una ley hipotecaria como esta o un decreto para modificar la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), que también se queda corto y a medio gas [8]. Un decreto que no vale para pinchar la burbuja de alquiler que ya es la culpable del 65% de los desahucios a día de hoy”.

El decreto de los alquileres no ataca directamente los precios

En concreto, sobre el decreto aprobado por el Consejo de Ministros en relación con los alquileres, la PAH ha manifestado que confirma la falta de ambición por parte del Gobierno, al no atacar directamente los precios, ni intervenir directamente en el mercado; no tiene retroactividad, por lo que todos los contratos en vigor se regirán por la legislación actual; carece de medidas para movilizar millones de casas desocupadas, que sus propietarios mantienen fuera del mercado con el fin de encarecer los precios de alquiler y de compra, especialmente fondos buitre Fondos buitre Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos. , socimis y bancos; no permite a los ayuntamientos establecer índices de referencia de precios, para moderar y rebajar los abusivos actuales; no modifica la legislación para que las inquilinas demandadas por sus caseros puedan defenderse en el proceso judicial, en contra del dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas; y no incluye medida alguna para la generación del Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social, a pesar de que en España dicho parque apenas sobrepasa el 1% del total, mientras que en países como Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y otros se sitúa en torno al 20%.

Y mientras tanto, los desahucios siguen aumentando hasta niveles históricos

Y mientras tanto, los desahucios siguen aumentando hasta niveles históricos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) [9]. En el tercer trimestre de este año, se han producido en España 11.547 nuevos desahucios, de los cuales 3.404 son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, 7.518 de impagos de alquiler y 625 por otras causas.

“En total, de enero a septiembre de 2018, ambos incluidos, se han producido 44.606, y, dado que desde el Gobierno, y pese a su reiterada retórica al respecto, no se ha adoptado medida alguna, podríamos acabar el año en cifras cercanas a las mayores de los años en crisis, como las de 2013”, sostienen los afectados. [10]

Por todo ello, la PAH exige que se legisle en la línea marcada por la Ley Vivienda PAH, bloqueada semana tras semana por el PP y Ciudadanos y avanza que “pronto haremos una gran movilización por el Derecho a la Vivienda en España y en Europa; pronto, unidos los Movimientos sociales, haremos una gran movilización por todos Los Derechos Sociales”.