Puerto Rico

El acuerdo de COFINA, la porción más grande de todas las deudas del gobierno (I)

3 de diciembre por Abner Dennis , Kevin Connor


Primero de una serie sobre el acuerdo de reestructuración de deuda de COFINA.

Un importante acuerdo en torno a la reestructuración de la mayor parte de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
de Puerto Rico superó un importante obstáculo legislativo este mes. Tal como está, el acuerdo otorgará ganancias masivas para los fondos buitre Fondos buitre Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos. a expensas directas de los puertorriqueños.

Según nuestras estimados, el pequeño grupo de fondos de cobertura que impulsa el acuerdo generará más de $1 mil millones en ganancias. Mientras tanto, los puertorriqueños continúan sufriendo el deterioro de las condiciones de vida, con cientos de escuelas públicas cerradas y miles de familias en peligro de ver sus hipotecas ejecutadas.

Esta serie de dos artículos ofrece información general sobre el acuerdo de reestructuración de deuda, incluyendo las ganancias que el mismo representa para los especuladores sobre la deuda.

El acuerdo logró recientemente aprobación por parte de la legislatura mediante el Proyecto de la Cámara 1837, que facilita la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. Apremiante (comúnmente conocida como COFINA). El proyecto de ley fue aprobado sin vistas públicas o discusión. Esta aprobación es otro paso en el proceso de certificación del plan de ajuste de COFINA, la primera reestructuración de deuda lograda a través del Título III de PROMESA (y la segunda reestructuración lograda después del BGF).

Este acuerdo reestructurará alrededor de $17.5 mil millones, o aproximadamente el 23.8% de la deuda total. Esta es la porción más grande de todas las deudas del gobierno de Puerto Rico.


¿Qué es COFINA?

COFINA fue creada en el 2006 durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá en conjunto con la legislatura dominada por el PNP. Se trata de una corporación pública cuyo único propósito era emitir bonos para refinanciar la llamada deuda extra-constitucional.

La fuente de repago para estos bonos es el IVU, que comenzó en un 7% pero eventualmente lo aumentaron a un 11.5%, el impuesto a las ventas más alto en todo Estados Unidos. Su objetivo original también fue enmendado para incluir el financiamiento de los gastos operacionales de las diversas agencias gubernamentales.

COFINA le generó ingresos necesarios al gobierno de Puerto Rico al momento de entrar en el primer año de su continua crisis económica, pero al costo de préstamos insostenibles que a la larga resultaron desastrosos. Bancos como Santander, y los oficiales de estos bancos envueltos en puertas giratorias, impulsaron la creación y expansión de esta deuda, enriqueciéndose mediante las ventas y las comisiones generadas por los bonos.


¿En qué consiste la reestructuración?

COFINA es una de las cinco entidades que la Junta de Control Fiscal radicó su quiebra a través del Título III de PROMESA, siendo las otras la Autoridad de Energía Eléctrica, el Sistema de Retiro, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Gobierno Central. Una reestructuración consiste en un acuerdo con los bonistas que establece cómo será la nueva estructura de pagos. El último paso para salir de un proceso de quiebra es la aprobación de un plan de ajuste, documento que contiene todos los detalles del nuevo acuerdo.

La base del plan de ajuste de COFINA es la división de los recaudos generados por el IVU.

Del impuesto de 11.5%, un 5.5% le pertenecía a COFINA. Desde el comienzo del proceso de quiebra en el Tribunal Federal los diferentes grupos de acreedores y fondos buitres batallaron sobre a quién le pertenecían estos recaudos.

Los bonistas del Gobierno Central y el Comité de Acreedores No Asegurados (el comité que representa los acreedores no asegurados del gobierno, como las uniones y ciertas empresas) atacaron la constitucionalidad de COFINA, reclamando los recaudos del IVU. La sección 8 del artículo VI de la constitución del ELA dice:

Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley. (énfasis nuestro)

Los recursos disponibles, ¿incluyen los recaudos del IVU que pasan a COFINA? Esta pregunta nunca ha sido respondida por un tribunal en Puerto Rico. Recortar los pagos de COFINA a sus bonistas hubiera significado más dinero tanto para el gobierno central (por ejemplo, para financiar servicios esenciales para la población) como para sus acreedores.

La Junta de Control Fiscal y la jueza Laura Taylor Swain, que preside los casos de Título III en la corte, evitaron decidir sobre este asunto, prefiriendo abrir un proceso de mediación que culminó con el siguiente acuerdo que forma la base del plan de ajuste recién aprobado: Del 5.5% del IVU, 53.65% serán preservados para los bonistas de COFINA y el resto será para el gobierno central.

Mediante la ley de reestructuración recientemente aprobada, el gobierno de Puerto Rico renuncia a su derecho que cuestionar la constitucionalidad de COFINA en un futuro.

El plan de ajuste de COFINA será efectivo por los próximos 40 años. Una vez aprobada ni la Asamblea Legislativa ni el gobernador podrán eliminar el IVU en todo ese tiempo, a menos que cumplan con unas condiciones muy restrictivas establecidas en el acuerdo. (Véase la página 286, la sección “Substitution of Collateral” de la declaración del plan de ajuste).

La Junta de Control Fiscal y la administración de Ricardo Rosselló lo están vendiendo como una victoria, como un paso adelante para restaurar el crédito del país. En particular resaltan los recortes al valor nominal de los bonos (“haircuts”) efectuados a través del acuerdo, de aproximadamente $17.6 a $11.9 mil millones, o una reducción de 32%. La pregunta es, ¿son suficientes estos recortes?

Para comprender los recortes es necesario entender la jerarquía de los bonos de COFINA. Por un lado, están los bonos senior, aquellos cuya deuda está más asegurada y que son los primeros en la fila para cobrar. Luego están los subordinados o juniors, que son los próximos en la fila. Los bonos senior totalizan $7.7 mil millones (44% de la deuda total), mientras que los juniors totalizan $9.8 mil millones (56%). (Véase la página 138 del plan fiscal de COFINA,)

A los bonos seniors solo les recortaron un 7%, es decir, podrán recuperar el 93% del valor nominal de los bonos, mientras que a los subordinados les recortaron un 46.1%, permitiendo un recobro de 53.9% del valor nominal de los bonos. Evidentemente el peso de los recortes recayó sobre los dueños de bonos subordinados. Cabe destacar que hay un número significativo de inversionistas puertorriqueños con bonos subordinados.

La sostenibilidad de este plan de ajuste es bastante cuestionable. Después de todo, Puerto Rico lleva en una depresión económica desde el 2005. No solamente la economía continúa contrayéndose, tal como lo reconocen los mismos planes fiscales de la Junta, sino que la emigración de puertorriqueños a los Estados Unidos, principalmente hacia la Florida, continuará en los próximos años, según las mismas proyecciones. El único crecimiento previsto será a causa del impacto de miles de millones de dólares en fondos federales, primordialmente a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y los fondos provenientes del Community Development Block Grant (CDBG). Una vez esos fondos culminen se proyecta que la economía vuelva a caer.

En una economía que lleva en depresión por los pasados 13 años y que se proyecta continúe cayendo, ¿cómo se puede aprobar un acuerdo que regirá al país por los próximos 40 años y que incrementa los pagos de la deuda anualmente?

Al examinar el primer plan de ajuste surgido a través de PROMESA queda sin duda que la Junta de Control Fiscal está al servicio de los fondos buitres y otros grandes inversionistas cuyas ganancias están en relación directa con el detrimento de los servicios y la calidad de vida de la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Lo que representa un desastre para la isla es bonanza para Wall Street.


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