Estado español

El cambio constitucional del PSOE que nos somete a la esclavitud de la deuda es ilegal

25 de septiembre de 2015 por Jérôme Duval , Fátima Martín

«Lo que pasa actualmente es una revolución silenciosa, a pequeños pasos, hacia una gobernanza económica más fuerte. Los Estados miembros han aceptado - y yo espero que lo hayan comprendido bien - otorgar a las instituciones europeas importantes poderes en materia de vigilancia». José Manuel Durâo Barroso, expresidente de la Comisión Europea. Discurso en el Instituto Europeo de Florencia. 18 de junio de 2010. |1|

En contra tanto del derecho internacional como estatal, el Gobierno de Zapatero, con el acuerdo del PP, cambia en septiembre de 2011 la Constitución Española, dando “prioridad absoluta” al reembolso de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
(artículo 135.3) ante cualquier otra necesidad. Este cambio de la Constitución Española promulgada por el Rey, que entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de septiembre de 2011, especifica en una disposición adicional que la Ley Orgánica prevista en el artículo 135 “contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3 de la Constitución Española.” |2| No puede ser más claro: la prioridad al servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. , es decir, la esclavitud de la deuda, es la clave de la reforma.

Esta modificación, hecha a toda prisa en un mes, permite reducir los gastos en Educación y Sanidad, precarizando aún más al pueblo español, todo ello para reforzar las garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). a los acreedores de la deuda española. Se trata de una concesión inédita a los acreedores, un paso más para garantizar su supremacía y satisfacer sus prerrogativas en el edificio constitucional. El acuerdo entre PSOE y PP endurece aún más los gravosos límites al déficit y al endeudamiento público fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE de 1997. De hecho, constitucionalizar la “prioridad absoluta” del pago de los intereses y del capital de la deuda sobre otras inversiones es muy grave, ya que con ello se sacrifican otros objetivos constitucionales como la satisfacción de derechos sociales. Introducirlo en la Constitución enseña el carácter cerrado de la ideología neoliberal vigente excluyendo modelos alternativos y alejándonos del alcance democrático que esperamos encontrar inscrito en la Carta Magna. Vivimos en una democracia liberal donde la Constitución blinda la Monarquía y se aleja cada vez más de una democracia de los pueblos. Dicha Constitución de 1978, fuertemente tutelada por sectores vinculados al franquismo durante su elaboración, pone al ejército como guardián del orden constitucional en su artículo 8.

Artículo 8 de la Constitución española:

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Por haber reformado de manera unilateral y sin consulta popular ni debate público la Carta Magna, el Gobierno viola también la propia Constitución Española de 1978, que recoge en su artículo primero (en los artículos de la Constitución que siguen subrayamos nosotros):

Artículo primero de la Constitución española:

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

El cambio constitucional choca también con el Artículo 158 de la Constitución, que especifica la importancia de la garantía de los servicios públicos, lo que va en dirección opuesta a los recortes que afectan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para priorizar el pago de la deuda.


Artículo 158 de la Constitución española:
:

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

También, recordamos que el Artículo 128, abriendo el Título VII de la Constitución rotulado «Economía y Hacienda», subordina al interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. general toda la riqueza del país, de forma que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social. Por cierto, la riqueza producida por el país que va hacia fuera para llenar los bolsillos de los acreedores debería subordinarse al interés general y el Estado no debería recortar en gastos sociales para el servicio de la deuda.

Artículo 128 de la Constitución española::

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

De igual forma, el artículo 131 aboga por una distribución justa de la riqueza para atender a las necesidades colectivas:

Artículo 131 de la Constitución española::

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

Veamos ahora lo que se cambió del artículo 135 vigente de la Constitución Española.

Articulo 135 antes del cambio |3|:

REDACCIÓN ORIGINARIA.
Vigente de 29 de diciembre de 1978 a 26 de septiembre de 2011.
Artículo 135.

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

Y lo modificado por la reforma. Nótese el punto 3 en el cual subrayamos el gran cambio añadido con bisturís: Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Desgraciadamente el hecho de cambiar su Constitución para imponer retrocesos sociales no es inédito. Cabe mencionar el caso de México, décimo país en producción petrolífera donde se tramitó en 2013 un proyecto de reforma energética que preveía modificaciones constitucionales de los artículos 25, 26 y 27 de la Carta Magna para entregar el petróleo a empresas transnacionales y así privatizar la mayor empresa de México, Pemex |4| (Petróleos Mexicanos). Pero también, se cambian las Cartas Magnas de países para imponer un techo de déficit, un equilibrio presupuestario o un techo de gasto público. Estos principios van en dirección opuesta a otras constituciones en el mundo como la de Ecuador, que pone de relieve la prohibición de socializar deudas privadas |5| - lo que justamente está ocurriendo en España – o que prevé que el Estado sólo puede recurrir “al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes” (artículo 290, párrafo 1). Cabe destacar que la Constitución vigente de Bolivia prohíbe la privatización del agua, o que la de Costa Rica obliga a que el gasto público en educación no sea inferior, en ningún caso al 8% del PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
. Estos logros han sido posibles gracias a movilizaciones sociales o también gracias a una asamblea constituyente, como en el caso de Ecuador y Bolivia. Al contrario, el cambio constitucional del Estado español impone la obligación de pagar deudas aunque sean ilegítimas. Por si fuera poco se prevé multar al Estado si no cumple con los compromisos de déficit o endeudamiento.

Este cambio constitucional representa un duro golpe contra la democracia, ya que además de chocar con la propia Carta Magna, contraviene a las leyes internacionales. El Artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas (que constituye el orden público internacional), expresa con claridad la supremacía de la Carta sobre cualquier otro compromiso.

Artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas:

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.

Como dice el jurista Renaud Vivien: “Recordemos que los estados tienen la obligación de respetar los textos internacionales que protegen los derechos humanos y que esta obligación de respetar, proteger y promover los DDHH prevalece sobre cualquier otro acuerdo. (…) O sea, un acuerdo cuya aplicación conlleva una violación de los DDHH y de la soberanía de un Estado es nulo. La deuda contraída en el marco de este acuerdo es por lo tanto ilegítima. Esta deuda no ha de ser reembolsada y las condiciones ligadas al préstamo han de ser rechazadas por los poderes públicos.” |6|

La Constitución del Estado español debe respetar la Carta de las Naciones Unidas que especifica en su artículo primero: “En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia”. Por lo tanto, el cambio de la Constitución antepone claramente el interés de los acreedores al de la ciudadanía a la vez que se vulneran las reglas más elementales de todo Estado democrático. La Constitución de cualquier Estado miembro de la ONU no puede defender una violación generalizada de los DDHH como consecuencia de políticas impuestas por los acreedores extranjeros priorizando el reembolso como especifica dicho artículo 135.3 de la Constitución española. Las deudas contraídas en el marco de acuerdos cuyo objeto es limitar la soberanía de los Estados y cuya aplicación conlleva la violación de los DDHH son ilegítimas. Según la Declaración Universal de los DDHH, es “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Según el artículo 1-2 de la Carta de la ONU y en el artículo primero, común a los dos Pactos de 1966 sobre los DDHH, “Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de sí mismos. En virtud de este derecho, éstos determinan libremente su estatus político y aseguran libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para conseguir sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones inherentes a la cooperación económica internacional, basada sobre el principio del interés mutuo y del derecho internacional. En ningún caso un pueblo podrá ser privado de sus propios medios de subsistencia”.

También el artículo 2.3 de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo de 1986 es incompatible con los planes de austeridad: “Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.”

Estas obligaciones legitiman al Estado para que ponga fin a las condiciones impuestas por el FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : https://www.imf.org
o la Comisión Europea. La violación del derecho es algo habitual por parte de los acreedores, pero tenemos argumentos jurídicos sólidos para enfrentarla.


Notas

|1| « Ce qui se passe actuellement, est une révolution silencieuse, à petits pas, vers une gouvernance économique plus forte. Les Etats membres ont accepté — et j’espère qu’ils l’ont bien compris — d’octroyer aux institutions européennes d’importants pouvoirs en matière de surveillance. » M. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. Discours à l’Institut européen de Florence, 18 juin 2010. http://www.monde-diplomatique.fr/2012/02/DUFRESNE/47427#nb3

|2| Ver el Boletín Oficial del Estado (BOE), 27 de septiembre de 2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15210.pdf

|3| Ver: http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/30531/constitucion-espanola-aprobada-por-las-cortes-el-31-de-octubre-de-1978-ratificada-el-6-de-diciembre#A0135_00

|4| Cabe recordar que esta empresa es pública desde que el Presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de 17 compañías petroleras a favor de la Nación en 1938.

|5| La Constitución ecuatoriana prohíbe la “estatalización de las deudas privadas”. (artículo 290, párrafo 7) y prevé que el Estado solo puede recurrir “al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes” (artículo 290, párrafo 1).

|6| Leer Renaud Vivien, “Algunas pistas jurídicas para calificar una deuda pública de ilegítima”, 25 de abril de 2013. http://cadtm.org/Algunas-pistas-juridicas-para. Lo que sigue a continuación, y que se refiere al derecho internacional, se inspira en este texto.

Autor

Jérôme Duval

es miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en la Feria del libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.


Autor

Fátima Martín

es periodista, miembro del CADTM y de la PACD del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.


http://www.femeninorural.com/

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Traduccion(es)

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