Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

¿Qué es lo que dice dicha Ley Orgánica? En su artículocuarto está escrito que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad; además de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; y paralización de servicios públicos esenciales parala comunidad.

“Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza (…)”

Ley Orgánica 4/1981 que regula el estado de alarma

En su artículo once, esta Ley Orgánica que regula el estado de alarma dice literalmente:

“(…) el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.

El artículo doce añade: En los casos previstos de paralización de servicios públicos esenciales y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, “el Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento”.

Esta Ley Orgánica, cuyo contenido sorprendentemente no ha sido difundido por los medios de comunicación mainstream, también incluye que, finalizada la vigencia del estado de alarma, decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas corresponden a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes.

Asimismo, el artículo tercero añade que los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante el estado de alarma “serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes” y que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, deforma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho aser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”. Algo de lo que pueden tomar buena nota autónomos y pymes, tan castigados por la pandemia, que constituyen el 99,84% de los 2,8 millones de empresas que había en España en abril de 2019, según cálculos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social [5].

Naturgy, con la que está cayendo,sigue proponiendo repartir entre sus accionistas dividendos millonarios

Desde luego, la situación de pérdidas por el coronavirus no es el caso de gigantes tecnológicos como Amazon, cuyo accionista mayoritario, Jeff Bezos, “se ha hecho aún más rico gracias a la Covid-19, pero sigue sin proteger a sus trabajadores”, según un titular de ’The Guardian’ [6]. Ni de bancos como Santander, BBVA o CaixaBank; [7]ni de energéticas sucias como Naturgy, que con la que está cayendo han seguido proponiendo repartir entre sus accionistas el botín de unosdividendos milmillonarios, pese a las recomendaciones del Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo (BCE BCE
Banco central europeo El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero. ). [8] [9]Da la casualidad de que todas las señaladas tienen al oportunistamegagestor de fondos BlackRock, el señor del Ibex 35, como accionista. En 2020, año marcado por la pandemia, este quebrantahuesos financiero global ha ganado un 10% más, hasta los 4.068 millones de euros [10].

“Toda la riqueza del país está subordinada al interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. general”
Artículo 128 de la Constitución Española

De todos modos, no hace falta que se desate una pandemia global ni declarar el estado de alarma para que el autodenominado “Gobierno más progresista de lahistoria” gobierne a favor de los más desfavorecidos para, como presumen, “no dejar a nadie atrás” [11]cumpliendo estrictamente la Constitución. No ya haciendo cumplir los artículos 35, de derecho al trabajo [12]; ó 47, de derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada [13]. Sino el 128 [14], que reza: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. La segunda parte de este artículo contempla “la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general” [15].

Pero es que el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos(UP)ni siquiera cumple su “acuerdo de coalición progresista” [16], el contrato quePedro Sánchez y Pablo Iglesiasrubricaron ante el Congreso de los Diputados el30 de diciembre de 2019.

“Que no nos engañen: El Gobierno puede bajar la factura de la luz”
Rubén Sánchez, secretario general de FACUA

Así se hapuesto de manifiesto muy recientemente, con motivo del aumento desorbitado del precio de la luz en medio del peor temporal de nieve y frío en 50 años, que dejó a Madrid tiritando y colapsado. En la Cañada Real, el mayor asentamiento ilegal de Europa, a tan solo 14 kilómetros de la capital, hiela sobre nevado. Llevaban varios meses sin luz porque Naturgy se la había cortado, provocando incluso la alarma de la ONU, cuyos expertos advirtieron que “los cortes de electricidad ponen en peligro la vida de los niños en la Cañada Real” [17].

Ante este panorama, Rubén Sánchez, desde la asociación de consumidores FACUA, insiste: “Que no nos engañen: El Gobierno puede bajar la factura de la luz”. En Televisión Española, el secretario general de FACUA recordó que “el precio de la luz no subiría tanto si el Gobierno hubiese intervenido y cumplido compromisos que trasladó, no ya a nivel electoral, sino cuando PSOE y UP llegan al Gobierno y firman un acuerdo programático donde hablan de una serie de medidas en materiaeléctrica que de momento no estamos viendo” [18].

FACUA también reclama una bajada sustancial de los impuestos indirectos que se aplican a la factura eléctrica de las familias, que superan el 27%, al sumarse el IVA general del 21% con el impuesto especial sobre laelectricidad.La asociaciónde consumidoresadvierte de que la bajada del IVA que exige sería una medida complementaria a otras de mayor calado que deberían tener impacto en el margen de beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de las grandes eléctricas. En este sentido, frente a la afirmación realizada por la ministra de Hacienda,María Jesús Montero, de que bajar el IVA’es una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa’, FACUA recordóque ninguna norma comunitaria lo prohíbe y, de hecho, varios Estados miembrosde la Unión Europea aplican un IVA más bajo a la factura eléctrica de las familias o a una parte de la misma. En Portugal, el IVA general es del 23%, pero desde el pasado diciembre se aplica sólo un 13% los primeros 100 kWh mensuales de electricidadconsumidos por las familias. En Italia, los altos consumos tienen un IVA del 22%, pero a los bajos consumos domésticos se les aplica el 10%. Según refleja un informe del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, en Irlanda se aplica el 13,5%, en Croaciael 13% y en Grecia el 6% [19].