Europa: ¿Qué programa de urgencia frente a la crisis?

22 de junio de 2012 por Eric Toussaint , Damien Millet

De acuerdo con las exigencias del FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : https://www.imf.org
, los gobiernos de los países europeos han tomado la decisión de imponer a sus pueblos políticas de estricta austeridad, con recortes en los gastos públicos: despidos en la función pública, congelación o incluso bajada de los salarios de los funcionarios, reducción del acceso a ciertos servicios públicos vitales y de la protección social, retroceso de la edad de jubilación.... El coste de las prestaciones de los servicios públicos aumenta (transporte, agua, salud, educación...). El recurso a subidas de impuestos indirectos particularmente injustos, sobre todo el IVA, aumenta. Las empresas públicas del sector competitivo son masivamente privatizadas. Las políticas de rigor puestas en pie son llevadas a un nivel jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la crisis son así multiplicados por pretendidos remedios, que intentan sobre todo proteger los intereses de los poseedores de capitales. La austeridad agrava claramente la ralentización económica y ha desencadenado el efecto bola de nieve: dado el débil crecimiento, cuando existe, la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
pública crece de forma mecánica. Como ha escrito Jean-Marie Harribey, el tríptico Austeridad salarial+Austeridad monetaria+Austeridad presupuestaria da su fórmula de triple A.

Pero los pueblos soportan cada vez menos la injusticia de estas reformas marcadas por una regresión social de gran amplitud. En términos relativos, son los asalariados, los parados y los hogares más modestos los que más están obligados a contribuir para que los estados continúen engordando a los acreedores. Y entre las poblaciones más afectadas, las mujeres ocupan la primera fila, pues la organización actual de la economía y de la sociedad patriarcal hace recaer sobre ellas los efectos desastrosos de la precariedad, del trabajo parcial y subpagado |1|. Directamente concernidas por la degradación de los servicios públicos sociales, son las que más lo pagan. La lucha para imponer una lógica diferente es indisociable de la lucha por el respeto absoluto de los derechos de las mujeres. Esbozamos las grandes líneas de lo que planteamos para esta lógica diferente.

La reducción del déficit público no es un objetivo en sí mismo. En ciertas circunstancias, el déficit puede ser utilizado para relanzar la actividad económica y realizar gastos a fin de mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la crisis. Una vez relanzada la actividad económica, la reducción de los déficits públicos debe hacerse no reduciendo los gastos sociales públicos, sino mediante la subida de los ingresos fiscales, luchando contra el gran fraude fiscal y poniendo más impuestos al capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de las familias ricas. Para reducir el déficit, hay también que reducir radicalmente los gastos provocados por la devolución de la deuda pública cuya parte ilegítima debe ser anulada. La compresión de los gastos debe también afectar al presupuesto militar así como a otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. En cambio, es fundamental aumentar los gastos sociales, particularmente para paliar los efectos de la depresión económica. También hay que aumentar los gastos en las energías renovables y en ciertas infraestructuras como los transportes públicos, los establecimientos escolares, las instalaciones de salud pública. Una política de relanzamiento mediante la demanda pública y la demanda de la mayoría de las familias genera igualmente una mejor entrada de impuestos. Pero más allá, la crisis debe dar la posibilidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica a construir deberá dar la espalda al productivismo, integrar la situación ecológica, erradicar las diferentes formas de opresión (racial, patriarcal...) y promover los bienes comunes Bienes comunes En economía los bienes comunes se caracterizan por un modo de propiedad colectiva, que se diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública. En filosofía hacen referencia a aquello que comparten los miembros de una misma comunidad, ciudad o la propia humanidad, desde un punto de vista jurídico, político o moral. .

Para esto, hay que construir un amplio frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, a fin de reunir las energías para crear una correlación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática.

1.- Poner fin a los planes de austeridad, son injustos y profundizan la crisis

Poner fin a las medidas antisociales de austeridad constituye una prioridad absoluta. Mediante la movilización en la calle, en las plazas públicas, mediante la huelga, el rechazo de los impuestos y tasas impopulares, hay que forzar a los gobiernos a desobedecer a las autoridades europeas y a derogar los planes de austeridad.

2.- Anular la deuda pública ilegítima

La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano, combinada, en ciertos casos, con una suspensión unilateral y soberana del pago de la deuda pública permitirá llegar a una anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y reducir fuertemente el resto de la deuda.

En primer lugar, no se trata de apoyar las reducciones de deuda decididas por los acreedores, particularmente a causa de las severas contrapartidas que implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega puesto en práctica a partir de marzo de 2012 está ligado a la aplicación de una dosis suplementaria de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la población griega y la soberanía del país |2|. Según un estudio realizado por la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo , a pesar de la reducción de deuda concedida por los acreedores privados, ¡el endeudamiento público de Grecia alcanzará el 164% del PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
en 2013! |3| Hay pues que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal como ha sido realizada, y oponerla una alternativa: la anulación de deuda, es decir su repudio por el país deudor, es un acto soberano unilateral muy fuerte.

¿Porqué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? Primero por razones de justicia social, pero también por razones económicas que todo el mundo puede comprender y asumir. Para salir de la crisis por arriba, no hay que contentarse con relanzar la actividad económica gracias a la demanda pública y a la de las familias. Pues de contentarse con una política de relanzamiento así, combinada con una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de ingresos fiscales sería apropiado en gran medida por la devolución de la deuda pública. Las contribuciones que serían impuestas a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas serían en gran medida compensadas por la renta que sacarían de las obligaciones estatales de las que son de lejos sus principales tenedores y beneficiarios (razón por la que no quieren oír hablar de una anulación de deuda). Hay pues, claramente, que anular una muy gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a este nivel, la auditoría ciudadana juega un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas públicas y en los lugares de trabajo a través de las actuales movilizaciones y de las que vengan. En algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es una cuestión de la mayor actualidad. Para Francia, Bélgica, está a punto de serlo. Y, pronto, el tema será un punto central del debate político en el resto de Europa.

Para las naciones ya sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral de la devolución de la deuda pública. Esta propuesta se está haciendo popular en los países más afectados por la crisis. Tal moratoria unilateral debe estar combinada a la realización de una auditoría ciudadana de los empréstitos públicos, que debe permitir aportar a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para el repudio de la parte de la deuda identificada como ilegítima. Como ha mostrado el CADTM en numerosas publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para tal acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. soberana unilateral |4|.

La auditoría debe también permitir determinar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables tanto nacionales como internacionales rindan cuentas ante la justicia. En todos los casos, es legítimo que las instituciones privadas y los individuos de altas rentas que poseen títulos de esas deudas soporten el peso de la anulación de deudas soberanas ilegítimas pues tienen en gran medida la responsabilidad de la crisis, de la que además se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esta carga no es más que una justa vuelta hacia más justicia social. Es pues importante levantar un catastro de los poseedores de títulos a fin de indemnizar de entre ellos a los ciudadanos y ciudadanas de rentas bajas o medias.

Si la auditoría demuestra la existencia de delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser severamente condenados a pagar reparaciones y no deberán escapar a penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que demandar cuentas ante la justicia a las autoridades que hayan lanzado empréstitos ilegítimos.

En lo que se refiere a las deudas que no están manchadas de ilegitimidad según la auditoría, convendrá imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de las tasas de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. , así como un alargamiento del período de devolución. Aquí también, será útil realizar una discriminación positiva en favor de los pequeños poseedores de títulos de la deuda pública a quienes habrá que pagar normalmente. Por otra parte, a la parte del presupuesto del estado destinado a la devolución de la deuda deberá ponérsele un techo en función de la salud económica, de la capacidad de los poderes públicos para devolver y del carácter no reducible de los gastos sociales. Hay que inspirarse en lo que se hizo en el caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial: el acuerdo de Londres de 1953 que consistía particularmente en reducir un 62% el stock de la deuda Stock de la deuda Suma total de las deudas. alemana estipulaba que la relación entre servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. y rentas de exportaciones no debía superar el 5%. |5| Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada a la devolución de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del estado. Hay también que adoptar un marco legal a fin de evitar la repetición de la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos ligados al endeudamiento ilegítimo, nulidad de las deudas ilegítimas, adopción de una regla de oro que consiste en decir que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales no se pueden reducir y priman sobre los gastos relativos a la devolución de la deuda... Las pistas alternativas no faltan.

3.- Por una justa redistribución de la riqueza

Desde 1980, no han dejado de bajar los impuestos directos a las rentas más elevadas y a las grandes empresas. Centenares de miles de millones de euros de regalos fiscales han sido en lo esencial orientados hacia la especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. y la acumulación de riquezas por parte de los más ricos.

Hay que combinar una reforma en profundidad de la fiscalidad con un objetivo de justicia social (reducir a la vez las rentas y el patrimonio de los más ricos para aumentar los de la mayoría de la población) con su armonización en el plano europeo a fin de impedir el dumping fiscal.2 El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, particularmente vía el impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas más ricas (la tasa marginal del impuesto sobre la renta puede ser llevada por entero hasta el 90%) |6|, el impuesto sobre el patrimonio a partir de un cierto montante y el impuesto sobre las sociedades. Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una bajada rápida del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos de base, agua, electricidad, calefacción, trasportes públicos, material escolar...), particularmente por una reducción fuerte y bien dirigida del IVA sobre esos bienes y servicios vitales. Se trata también de adoptar una política fiscal que favorezca la protección del medio ambiente poniendo impuestos de forma disuasiva a las industrias contaminantes.

Varios países pueden asociarse para adoptar un impuesto sobre las transacciones financieras, particularmente en los mercados de cambios, a fin de aumentar los ingresos de los poderes públicos, de limitar la especulación y de favorecer la estabilidad de las tasas de cambio.

4.- Luchar contra los paraísos fiscales

Las diferentes cumbres del G20 G20 El Grupo de los Veinte (G20) está compuesto por diecinueve países más la Unión Europea, en el que los ministros, gobernadores de bancos centrales y jefes de Estado se reúnen regularmente. Fue creado en 1999, tras la sucesión de crisis financieras de los años noventa. Pretende favorecer la cooperación internacional, integrando el principio de un diálogo ampliado ante el creciente peso económico adquirido por un grupo de países. Sus miembros son: Alemania, Sudáfrica, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía y la Unión Europea (representada por el Presidente del Consejo y el gobernador del Banco Central Europeo). han rechazado, a pesar de sus declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Una medida sencilla a fin de luchar contra los paraísos fiscales (que hacen perder cada año a los países del Norte, pero también a los del Sur, recursos vitales para el desarrollo de las poblaciones) consiste para un Parlamento en prohibir a todas las personas físicas y a todas las empresas presentes en su territorio realizar cualquier tipo de transacción que pase por paraísos fiscales, bajo pena de una multa de un montante equivalente. Más allá, es preciso erradicar esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos criminales, de corrupción y de delincuencia de cuello blanco. Las grandes potencias, que les avalan desde hace años, tienen todos los medios precisos para hacerlo.

El gran fraude fiscal priva a la colectividad de medios considerables y juega contra el empleo. Medios públicos consecuentes deben ser asignados a los servicios de hacienda para luchar eficazmente y de forma prioritaria contra el fraude organizado por las grandes empresas y las familias más ricas. Los resultados deben ser hechos públicos y los culpables fuertemente sancionados.

5.- Meter en cintura a los mercados financieros

La especulación a escala mundial representa varias veces las riquezas producidas en el planeta. Los montajes sofisticados la hacen totalmente incontrolable. Los engranajes que suscita desestructuran la economía real. La opacidad sobre las transacciones financieras es la regla. Para tasar a los acreedores en la fuente, hay que identificarlos. La dictadura de los mercados financieros debe cesar. Conviene prohibir la especulación sobre los títulos de la deuda pública, sobre las monedas, sobre los alimentos. |7| Las ventas a descubierto |8| y los Credit Default Swaps deben ser igualmente prohibidos. Hay que cerrar los mercados de productos derivados que son verdaderos agujeros negros que escapan a toda reglamentación y a toda vigilancia.

El sector de las agencias de notación debe igualmente ser estrictamente reformado y encuadrado. Debe estar prohibido a las agencias de notación notar a los estados. Lejos de ser la herramienta de una estimación científica objetiva, esas agencias son estructuralmente parte interesada de la mundialización neoliberal y han desencadenado en numerosas ocasiones catástrofes sociales. En efecto, la degradación de la nota de un país puede implicar una subida de las tasas de interés que el estado debe pagar para lograr tomar prestado en los mercados financieros. Debido a esto, la situación económica del país concernido se deteriora. El comportamiento de rebaño de los especuladores multiplica las dificultades que pesarán aún con más fuerza sobre las poblaciones. La fuerte sumisión de las agencias de notación a los medios financieros hace de estas agencias un actor importante a nivel internacional, cuya responsabilidad en el desencadenamiento y la evolución de las crisis no está puesta a la luz de forma suficiente por los medios. La estabilidad económica de los países europeos ha sido colocada en sus manos, sin protección, sin medios de control serio por parte de los poderes públicos, por lo que hay que prohibirles continuar haciendo daño.

A fin de prohibir otras maniobras de desestabilización de los estados, hay que restaurar un control estricto de los movimientos de capitales.

6.- Transferir bajo control ciudadano los bancos y los seguros al sector público

A causa de las decisiones que han tomado, la mayor parte de los bancos hacen frente a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera de liquidez. La decisión de los bancos centrales de concederles un acceso ilimitado al crédito sin imponerles un cambio de las reglas del juego agrava el problema.

Hay que volver a lo fundamental. Los bancos deben ser considerados como servicios públicos, debido, precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. El oficio de la banca es demasiado serio para ser confiado a banqueros privados. Como utiliza dinero público, goza de garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). por parte del estado y hace un servicio de base fundamental a la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público.

Los estados deben encontrar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera. Deben igualmente disponer de instrumentos para realizar inversiones y financiar los gastos públicos reduciendo al mínimo el recurso al empréstito ante instituciones privadas. Para esto, hay que expropiar sin indemnización a los bancos para socializarlos transfiriéndoles al sector público bajo control ciudadano.

En ciertos casos, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste para el estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos tóxicos que han conservado. El coste en cuestión debe ser recuperado sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las sociedades privadas que son accionistas de los bancos y que les han llevado hacia el abismo a la vez que hacían jugosos beneficios tienen una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Hay pues que hacer una punción sobre el patrimonio general de los accionistas. Se trata de evitar al máximo socializar las pérdidas. El ejemplo irlandés es emblemático, la forma en que la nacionalización del Allied Irish Banks ha sido efectuada es inaceptable pues se ha hecho a costa de la población.

La opción que defendemos implica la eliminación del sector bancario capitalista, tanto en el crédito y el ahorro (bancos de depósito) como en el terreno de la inversión (bancos de negocios o de inversión). En esta opción, no quedarían más que dos tipos de bancos: bancos públicos con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano) y bancos cooperativas de talla moderada.

Incluso si su estado de salud está menos mediatizado, el sector de los seguros está también en el corazón de la crisis actual. Los grandes grupos de seguros han llevado a cabo operaciones tan arriesgadas como los bancos privados con los que numerosos de ellos están estrechamente ligados. Una gran parte de sus activos está constituida de títulos de la deuda soberana Deuda soberana Deuda de un Estado o garantizada por un Estado. y de productos derivados. A la búsqueda del máximo de beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. inmediato, han especulado peligrosamente con las primas pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguro de vida o de cotizaciones voluntarias con vistas a una jubilación complementaria. La expropiación de los seguros permitirá evitar una debacle en este sector y protegerá a ahorradores y asegurados. Esta expropiación de los seguros debe ir pareja con una consolidación del sistema de jubilaciones por reparto.

7.- Socializar las empresas privatizadas desde 1980

Una característica de estos treinta últimos años ha sido la privatización de numerosas empresas y servicios públicos. Desde los bancos del sector industrial pasando por correos, las telecomunicaciones, a la energía y los transportes, los gobiernos han entregado al sector privado sectores enteros de la economía, perdiendo de paso toda capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, salidos del trabajo colectivo, deben volver al dominio público. Se tratará de crear nuevas empresas públicas y adaptar los servicios públicos según las necesidades de la población, por ejemplo para responder a la problemática del cambio climático por la creación de un servicio público de aislamiento de las viviendas.

8.- Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para garantizar el pleno empleo y adoptar una política de rentas para realizar la justicia social

Repartir de otra forma las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte destinada a los asalariados en las riquezas producidas ha bajado claramente desde hace varios decenios, mientras que los acreedores y las empresas han aumentado sus ganancias para consagrarlas a la especulación. Aumentando los salarios, no solo se permite a las poblaciones vivir dignamente, sino que se refuerzan también los medios que sirven para la financiación de la protección social y de los regímenes de jubilación.

Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción de salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de los trabajadores, se proporciona un empleo a quienes tienen necesidad de él. La reducción radical del tiempo de trabajo ofrece también la posibilidad de poner en práctica otro ritmo de vida, una manera diferente de vivir en sociedad alejándose del consumismo. El tiempo ganado a favor del tiempo libre debe permitir el aumento de la participación activa de las personas en la vida política, en el refuerzo de las solidaridades, en las actividades benévolas y la creación cultural.

Hay igualmente que subir significativamente el montante del salario mínimo legal, de los salarios medios y de las asignaciones sociales. En cambio, hay que fijar un techo muy estricto para las remuneraciones de los dirigentes de las empresas, sean privadas o públicas, remuneraciones que alcanzan niveles absolutamente inaceptables. Se trata de prohibir los bonus, las stock-options, las jubilaciones “doradas” y demás ventajas injustificadas derogatorias. Conviene instaurar una renta máxima autorizada. Recomendamos un abanico máximo de 1 a 4 de las rentas (como recomendaba Platón hace ya 2400 años) con una globalización Globalización (ver también Mundialización)

Origen y sentido de este término anglosajón: en inglés, la palabra «global» se refiere tanto a fenómenos que interesan a la (o las) sociedad(es) humana(s) a nivel del globo como tal (es el caso de la expresión «global warming» que designa el efecto invernadero), como a procesos que poseen la característica de ser «globales» únicamente en la perspectiva estratégica de un «agente económico» o de un «actor social» preciso. En lo que estamos viendo, el término «globalización» nació en las bussiness schools norteamericanas y reviste el segundo sentido. Se refiere a los parámetros pertinentes de la acción estratégica del gran grupo industrial. Lo mismo sucede en la esfera financiera. A la capacidad estratégica del gran grupo de adoptar una aproximación y una conducta «globales». En un debate público, el patrón de uno de los mayores grupos europeos explicó, en sustancia, que la «globalización» representa «la libertad para su grupo de implantarse donde quiera, cuando quiera, para producir lo que quiera, aprovisionándose y vendiendo donde quiera, y en donde tenga que soportar las menores obligaciones posibles en materia de derechos laborales y convenciones sociales» (extraido de Chesnais, 1997[a]).
del conjunto de las rentas de una persona a fin de someterlas al impuesto.

9. Empréstitos públicos favorables a la mejora de las condiciones de vida, a la promoción de los bienes comunes y que rompan con la lógica de la destrucción medioambiental.

Un estado debe poder pedir prestado a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública e invirtiendo en las energías renovables. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a decisiones políticas afirmadas, pero empréstitos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar del “todo automóvil” a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, cerrar definitivamente las centrales nucleares y sustituirlas por energías renovables, crear o reabrir vías férreas de proximidad sobre todo el territorio comenzando por el territorio urbano y semi urbano, o también renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y poniéndoles comodidades de calidad.

Hay que definir con toda urgencia una política transparente de empréstito público. La propuesta que planteamos es la siguiente: 1. el destino del empréstito público debe garantizar una mejora de las condiciones de vida, rompiendo con la lógica de destrucción medioambiental; 2. el recurso al empréstito público debe contribuir a una voluntad redistributiva a fin de reducir las desigualdades. Es por lo que proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y las familias ricas sean obligadas por vía legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del estado al 0% de interés y no indexadas con la inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). ; el resto de la población podrá adquirir de forma voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo, el 3%) superior a la inflación. Así si la inflación anual se eleva al 3%, la tasa de interés efectivamente pagado por el estado para el año correspondiente será del 6%. Una medida así de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racial en los Estados Unidos, las castas en la India o las desigualdades hombre-mujer) permitirá avanzar hacia más justicia fiscal y hacia un reparto menos desigualitario de las riquezas.

10. Cuestionar el Euro

El debate sobre la salida del euro para una serie de países como Grecia es completamente necesario. Está claro que el euro es una camisa de fuerza para Grecia, Portugal y también para España. Si no le concedemos la misma atención que a las demás propuestas de alternativas, es porque el debate atraviesa y divide tanto a los movimientos sociales como a los partidos de izquierda. Nuestra preocupación central es reagrupar sobre el tema vital de la deuda dejando de lado temporalmente lo que nos divide.

11. Una Unión Europea diferente basada en la solidaridad

Numerosas disposiciones de los tratados que rigen la Unión Europea, la zona euro y el BCE BCE
Banco central europeo
El Banco Central Europeo es una institución radicada en Fráncfort, creada en 1998. Los países de la zona euro* le transfirieron sus competencias en materia monetaria y su funcióin oficial es el de asegurar la estabilidad de precios (luchar contra la inflación) en dicha zona. Sus tres órganos de decisión (El Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General) están compuestos por los gobernadores de los bancos centrales* de los países miembros y/o de “reconocidos” especialistas. Sus estatutos le hacen “independiente” políticamente pero está directamente influenciado por el mundo financiero.
deben ser derogadas. Por ejemplo, hay que suprimir los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa que prohíben todo control de los movimientos de capitales y toda ayuda a un estado en dificultades. Hay también que abandonar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. El MEE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) debe ser eliminado. Además, hay que reemplazar los actuales tratados por unos nuevos en el marco de un verdadero proceso constituyente democrático a fin de llegar a un pacto de solidaridad de los pueblos para el empleo y el medio ambiente.

Hay que revisar completamente la política monetaria así como el estatus y la práctica del BCE. La incapacidad del poder político para imponerle crear moneda es un hándicap muy pesado. Al crear este BCE por encima de los gobiernos y por tanto de los pueblos, la Unión Europea tomó una opción desastrosa, la de someter lo humano a las finanzas, en lugar de a la inversa.

Cuando numerosos movimientos sociales denunciaban estatutos demasiado rígidos y profundamente inadaptados, el BCE ha sido obligado a cambiar planteamientos en el momento más fuerte de la crisis modificando con urgencia el papel que le fue concedido. Desgraciadamente, ha aceptado hacerlo por malas razones: no para que los intereses de los pueblos sean tenidos en cuenta, sino para que los de los acreedores sean preservados. Es claramente la prueba de que las cartas deben ser barajadas de nuevo: el BCE y los bancos centrales de los estados deben poder financiar directamente a estados preocupados por alcanzar objetivos sociales y medioambientales que integren perfectamente las necesidades fundamentales de las poblaciones.

Hoy, actividades económicas muy diversas, como la inversión en la construcción de un establecimiento hospitalario o un proyecto puramente especulativo, son financiadas de forma similar. El poder político debe imponer costes muy diferentes a los unos y los otros: tasas bajas deben ser reservadas a las inversiones socialmente justas y ecológicamente sostenibles, tasas muy elevadas, incluso prohibitivas cuando la situación lo exija, para las operaciones de tipo especulativo, que es igualmente deseable prohibir pura y simplemente en ciertos terrenos.

Una Europa construida sobre la solidaridad y la cooperación debe permitir dar la espalda a la competencia y a la competición, que tiran “hacia abajo”. La lógica neoliberal ha conducido a la crisis y revelado su fracaso. Ha empujado los indicadores sociales a la baja: menos protección social, menos empleos, menos servicios públicos. El puñado de quienes se han beneficiado de esta crisis lo ha hecho pisoteando los derechos de la mayoría de los demás. ¡Los culpables han ganado, las víctimas pagan! Esta lógica, que está detrás de todos los textos fundadores de la Unión Europea, debe ser desmontada. Una Europa diferente, centrada en la cooperación entre estados y la solidaridad entre los pueblos, debe convertirse en el objetivo prioritario. Para ello, las políticas presupuestarias y fiscales deben ser no uniformizadas, pues las economías europeas presentan fuertes disparidades, sino coordinadas para que al fin emerja una solución “hacia arriba”. Políticas globales a escala europea, que comprendan inversiones públicas masivas para la creación de empleos públicos en terrenos esenciales (servicios de proximidad con energías renovables, lucha contra el cambio climático, sectores sociales de base), deben imponerse. Una política diferente pasa por un proceso coordinado por los pueblos a fin de adoptar una Constitución para construir una Europa diferente.

Esta Europa diferente democratizada debe trabajar para imponer principios no negociables: refuerzo de la justicia fiscal y social, decisiones dirigidas a la elevación del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, desarme y reducción radical de los gastos militares, opciones energéticas sostenibles sin recurso a lo nuclear, rechazo de los organismo genéticamente modificados (OGM Organismo geneticamente modificado
OGM
Ser vivo (vegetal o animal) que ha sufrido una manipulación genética con el fin de modificar ciertas propiedades, generalmente para hacerlo resistente a un herbicida o pesticida. En el 2.000, los OGM cubrían más de 40 millones de hectáreas, las tres cuartas partes de las cuales correspondían a soja y maíz. Los principales países productores eran los Estados Unidos, Argentina y Canadá. Las plantas genéticamente modificadas son, en general, cultivadas intensivamente para alimentar el ganado de los países ricos.
Su empleo plantea varios problemas.


- Problema sanitario. Aparte de la presencia de nuevos genes, cuyos efectos no siempre se conocen, la resistencia a un herbicida significa que el productor intensificará su empleo. Los productos OGM (en especial la soja americana) se encuentran saturados de un herbicida, cuyos efectos sobre la salud humana se ignora. Además, para incorporar el nuevo gen, se lo asocia a un gen resistente a un antibiótico, se bombardea con él células sanas y se cultiva todo en una solución que contiene el antibiótico para retener sólo las células efectivamente modificadas.

- Problema jurídico. Los OGM son desarrollados por iniciativa sólo de transnacionales de la agroquímica, como Monsanto, para cobrar royalties sobre las patentes asociadas. Proceden agresivamente para imponerlos aprovechando las lagunas legales sobre estos nuevos productos. Los agricultores quedan así a merced de estas firmas. Los Estados se defienden como pueden, aunque a menudo son cómplices, y se encuentran desarmados cuando se descubre una desafortunada presencia de OGM en simientes que se creía sanas: destrucción de colza transgénica en el norte de Francia en mayo del 2000 (Advanta Seeds), no destrucción de maíz transgénico en 2.600 hectáreas en Lot y Garonne en junio del 2.000 (Golden Harvest), retirada de la distribución de galletas de maíz Taco Bell en los Estados Unidos en octubre del 2.000 (Aventis). Por otra parte, cuando se votó en el Parlamento europeo la recomendación del 12 de abril del 2.000, la enmienda que definía la responsabilidad de los productores fue rechazada.

- Problema alimentario. Los OGM son inútiles en el Norte, donde hay superproducción y donde lo mejor sería promover una agricultura campesina y sana; inútiles en el Sur, donde no podrán costearse unas semillas caras y los pesticidas que la acompañan, o bien provocarán el desequilibrio de toda la producción tradicional. Está claro, según la FAO, que el hambre en el mundo no resulta de una producción insuficiente.

- Problema ambiental. El polen de las plantas OGM puede diseminarse a gran distancia y contaminar las plantas no OGM, lo que es particularmente grave en el caso de cultivos biológicos.

- Problema social. Los campesinos del Sur carecen de los medios para comprar cada año sus semillas.
). Debe también, resueltamente, poner fin a su política de fortaleza asediada hacia los candidatos a la inmigración, para convertirse en un socio equitativo y verdaderamente solidario de los pueblos del sur del planeta. El primer paso en este sentido debe consistir en anular la deuda del tercer mundo de forma incondicional. La anulación de la deuda es decididamente un denominador común a todas las luchas que es urgente llevar a cabo tanto en el Norte como en el Sur.

Traducido por Alberto Nadal


Damien Millet (profesor de matemáticas y portavoz del CADTM France) y Eric Toussaint (doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM Belgique, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La deuda o la vida, publicado en Icaria-Antrazyt, que recibió el Premio del libro político en la Feria del Libro Político de Lieja en 2011. Último libro publicado: Damien Millet et Éric Toussaint, AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, Paris, 2012.

Notas

|1| Christiane Marty, « Impacto de la crisis y la austeridad sobre las mujeres ».

|2| Denunciamos la campaña de desinformación sobre la deuda griega y el plan de rescate de los acreedores privados

|3| Ver Reuters, http://www.reuters.com/article/2012...

|4| Algunos fundamentos jurídicos para suspender el pago de deudas públicas

|5| Éric Toussaint, Banco Mundial, el golpe de Estado permanente, Viejo Topo, Barcelona, 2006, capitulo 4

|6| Pensemos en Irlanda que practica una tasa de solo el 12,5% sobre los beneficios de las sociedades. En Francia, la tasa real de imposición de las empresas del CAC 40 no es más que del 8%...

|7| Éric Toussaint, La Crisis Global, Viejo Topo, Bercelona, capitulo 4.

|8| Las ventas a descubierto permiten especular sobre la bajada de un título vendiendo a plazo ese título cuando ni siquiera se dispone de él. Las autoridades alemanas han prohibido las ventas a descubierto mientras que las autoridades francesas y las de otros países se han opuesto a esta medida.

Autor

Eric Toussaint

es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Procès d’un homme exemplaire, Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012. Este último libro ha recibido el premio Prix du livre politique, otorgado por la Feria del libro político de Lieja. Ultimo livro : Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015. Es coordinador de las publicaciones Comisión de la Verdad Sobre la Deuda.


Autor

Damien Millet

professeur de mathématiques en classes préparatoires scientifiques à Orléans, porte-parole du CADTM France (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde), auteur de L’Afrique sans dette (CADTM-Syllepse, 2005), co-auteur avec Frédéric Chauvreau des bandes dessinées Dette odieuse (CADTM-Syllepse, 2006) et Le système Dette (CADTM-Syllepse, 2009), co-auteur avec Eric Toussaint du livre Les tsunamis de la dette (CADTM-Syllepse, 2005), co-auteur avec François Mauger de La Jamaïque dans l’étau du FMI (L’esprit frappeur, 2004).


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