Fortalecimiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial: grave amenaza para los pueblos del Sur y del Norte

En un clima de represión concluyeron en Estambul las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial. Por segundo día consecutivo, los 10 000 policías turcos movilizados para la ocasión no dudaron en utilizar cañones de agua, gases lacrimógenos y vehículos blindados para dispersar a los manifestantes. La misma situación se produjo a finales de septiembre en la cumbre del G-20 en Pittsburgh, donde las protestas contra esta versión expandida del G8 también fueron suprimidas por la policía. El FMI y el Banco Mundial celebraron su reunión anual pocos días después de la controvertida decisión del G20 de modificar los derechos de voto en ambas instituciones: el 5% de las cuotas en el FMI y el 3% de derechos de voto en el Banco Mundial deben ser transferidos a los llamados países emergentes de aquí a enero de 2011. El sistema actual es cada vez más cuestionado, tanto por los países del Sur, como por los movimientos sociales. Dicho sistema se basa en la regla “1 dólar, un voto”, en oposición al sistema de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que cada país es representado por un solo voto.

Para el director del FMI, el socialista francés Dominique Strauss-Kahn, este hecho se trata de una "decisión histórica". Mas para el CADTM esto no es más que otra siniestra farsa. En efecto, esta transferencia no altera el equilibrio de poder dentro de las dos instituciones. Por ejemplo, China, que será un importante beneficiario, tiene hoy en día cerca del 3% de los derechos de voto, muy por detrás de los Estados Unidos, quien posee más del 16% de los votos, lo cual le garantiza de facto, un derecho de veto sobre todas las decisiones importantes. El grupo liderado por Rwanda, que incluye 24 países de África, y representa a 225 millones de personas, posee el 1,39% de los derechos de voto! No hace falta ser un matemático para entender que estas reformas anunciadas con bombos y platillos en los medios de comunicación no van a transformar al Banco Mundial o al FMI en organizaciones democráticas. Incluso se puede pensar que nunca van a ser transformadas ya que el actual sistema no puede ser cambiado sin el acuerdo de los Estados Unidos. Otro hecho agravante: desde 1944, el Presidente del Banco Mundial siempre ha sido un ciudadano de los Estados Unidos, mientras que el Director del FMI ha sido siempre un ciudadano de la UE en virtud de una regla no escrita. Esta división de poderes en combinación con la distribución profundamente anti-democrática de los derechos de voto demuestran que el FMI y el Banco Mundial son instrumentos en manos de las potencias occidentales para imponer al resto del mundo políticas que sirven a sus propios intereses.

Después de pasar por una grave crisis de legitimidad, el Banco Mundial y el FMI han encontrado un segundo aire a causa de la crisis mundial. Entre 2004 y 2008, el aumento significativo de los precios de los productos básicos ha aumentado las reservas de divisas de algunos países en desarrollo, quienes aprovecharon la oportunidad para pagar por adelantado sus deudas con sus acreedores, con tal de liberarse de su engorrosa tutela. Sin embargo, desde finales de 2008, el agravamiento de la crisis mundial ha cambiado radicalmente la situación. La lista de los países afectados por la crisis continúa creciendo y el G-20 ha puesto al FMI y al Banco Mundial en el centro del juego mundial. Así, bajo la presión del FMI, Rumania tuvo que poner en práctica políticas regresivas como la reducción brutal de un 15% de los salarios de funcionarios públicos a cambio de dinero para superar la crisis en el corto plazo. Desde 2008, quince países han sufrido la misma suerte. El Banco Mundial, mientras tanto, se ha beneficiado de la crisis ambiental a través de la creación de más fondos de inversión climática al mismo tiempo que sigue financiado proyectos mineros y de deforestación. También, durante el 2008, los recursos destinados para el desarrollo de energía limpia han sido 5 veces inferiores a los destinados para energías no renovables, los cuales crecieron en un 165% |1|.

Entonces, el G20, autoproclamado "órgano regulador global”, ha jugado un papel decisivo en el intento de relegitimación del FMI al triplicar sus recursos financieros en Londres en abril pasado y al ampliar su misión después de la cumbre Pittsburgh. El FMI está bien posicionado como vigilante en el corazón de la economía mundial "para promover la estabilidad financiera internacional y re-equilibrar el crecimiento”. En Estambul se acordó "revisar el mandato del FMI para abarcar todas las políticas macroeconómicas relacionadas con el sector financiero que afectan a la estabilidad de la economía mundial” |2|. Por lo tanto, "formulará recomendaciones de política a los países quienes deberán adoptar medidas correctivas adecuadas". No hace falta ser clarividente para saber de antemano cuáles serán estas recomendaciones. El FMI declaró, en junio de 2009, respecto a las políticas aplicadas en la zona euro, que "las medidas adoptadas para apoyar la reducción de horas de trabajo e incrementar las prestaciones sociales - si bien son importantes para aumentar los ingresos y mantener el funcionamiento del mercado de trabajo - deben ser intrínsecamente reversibles" |3|. El informe "Doing Business 2010" del Banco Mundial es aún más explícito, ya que desalienta a los países de adoptar programas de asistencia social al calificar a los gobiernos que los ejecutan de no “competitivos”. |4|A pesar de sus reiterados fracasos, el Consenso de Washington, suerte de manual del neoliberalismo, sigue siendo por lo tanto el orden prescrito por el FMI y el Banco Mundial a los países que buscan su "ayuda".

Sin embargo, el costo resultante del fracaso de las políticas de ajuste estructural impuestas a los países del Sur después de la crisis de la deuda de 1982 ha sido prohibitivo: la pobreza y la desigualdad se han agravado, mientras que el problema de la deuda sigue lejos de resolverse. Peor aún, una nueva crisis de la deuda se está gestando, lo cual aumentará aún más la proporción de los presupuestos nacionales destinada a reembolsar a los acreedores. Esto es a menos que los gobiernos decidan suspender el pago de la deuda para darle prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas humanas y lleven a cabo una auditoría para cancelar, de forma incondicional, la parte ilegítima de la deuda que no ha beneficiado a la población. Ello sería un primer golpe a las funestas políticas del FMI y el Banco Mundial, cuya abolición y reemplazo por instituciones que trabajen en beneficio de las personas deben seguir siendo reclamaciones sociales insoslayables.

Traducido por Daniel Munevar