Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En el marco del programa, falsamente llamado de rescate, la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo impuso medidas de gobierno que tuvieron un impacto directo sobre las condiciones de vida de la población, violando así derechos humanos legalmente protegidos en el nivel local, europeo e internacional. [2] De acuerdo con el Defensor del pueblo griego «los drásticos ajustes impuestos sobre la economía y la sociedad griega en general tuvieron dramáticas consecuencias sobre los ciudadanos, mientras los grupos vulnerables se multiplicaban». [3] De forma similar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observó un «rápido deterioro de los estándares de vida acompañado del desmantelamiento del estado de bienestar y de la adopción de medidas incompatibles con la justicia social que socavaron la cohesión social y la democracia». [4] La carga de los ajustes se repartió de forma injusta; [5] siendo su impacto particularmente severo para los más vulnerables: los pobres, los pensionistas, las mujeres, los niños, la gente con diversidad funcional y los inmigrantes.

1. Medidas que afectan el Derecho al Trabajo

Las reformas posteriores a2010 reducen los costes laborales, derogan subsidios y prestaciones, acortan los períodos de aviso de despido, derogan o delimitan la negociación colectiva, precarizan el empleo y reducen abruptamente los salarios mínimos. La nueva legislación del sector privado disminuyó la protección de los trabajadores, facilitó la extensión de las horas laborales y recortó las remuneraciones. En el sector público, la legislación redujo los salarios y el número de empleados. [6] El decreto gubernamental sobre el trabajo obligatorio golpeó a ambos sectores. [7]

Impacto de las medidas

Las reformas del mercado del trabajo impuestas por los Memorandos socavaron severamente el ejercicio del derecho al trabajo, causando una grave ruptura institucional. Destruir el sistema de los convenios negociados colectivamente y el arbitraje laboral resucitó el contrato individual como primer factor determinante de las condiciones del empleo [8] Los sucesivos recortes salariales y aumentos de impuestos llevaron a despidos masivos, erosión de los estándares laborales, incremento de la inseguridad laboral y una amplia y extendida precariedad con unos empleos demasiado flexibles y mal pagados, en los que predominan las mujeres y los jóvenes. El salario mínimo llegó a estar por debajo del umbral de la pobreza. [9]

El desempleo se disparó del 7,3 % al 27.9 % (2008-2013). [10] El empleo en el sector público decreció desde 942.625 a 675.530 trabajadores entre 2009 y 2013, [11] con los salarios reducidos en más de un 25%. Los salarios en el sector privado cayeron como mínimo un 15% hasta 2013. El desempleo juvenil alcanzó el 64,9 % en mayo de 2013, [12] diezmando las perspectivas de acceder al mercado de trabajo.

La crisis golpeó en forma desproporcionada a mujeres y a migrantes, incrementando de forma involuntaria su trabajo a tiempo parcial [13] y los despidos injustos debidos al embarazo. [14] Las tensiones aumentaron en el sector del empleo informal, con unas condiciones de explotación y sin protección social para muchos de los aproximadamente 470.000 migrantes irregulares. [15]

Violación del Derecho al Trabajo

El derecho al trabajo es reconocido en los instrumentos jurídicos regionales e internacionales ratificados por Grecia, [16] y también protegido por su Constitución, [17] y se puede argumentar que es el derecho más afectado por la reciente legislación y cambios administrativos. El derecho al trabajo implica para el Estado el deber de garantizar un acceso igualitario al empleo y de proteger a los trabajadores de ser injustamente privados del mismo. El Estado no puede destruir la oportunidad de una persona de ganarse la vida («obligación de respetar»); impedir que esa oportunidad sea destruida por terceros («obligación de proteger») y, en cambio, debe proveer de esa oportunidad de ganarse la vida a cualquier persona que no la tenga («obligación de realizar/satisfacer»). Los dos Programas de Ajuste Económico (Memorandos), sin embargo, impusieron una «intensiva política de devaluación Devaluación Modificación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente a otras divisas. interna, animada por la reducción de los salarios y los costes no salariales» [18] mediante «reformas laborales y salariales que ayudarían a frenar las presiones salariales indebidas». [19] Las reformas posteriores a 2010 violaban las normas dispuestas en los tratados de los que Grecia forma parte. [20]

2. Medidas que afectan el Derecho a la Salud

El primer Programa de Ajuste Económico (mayo 2010) limitó el gasto en la sanidad pública al 6% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. ; [21] el segundo (marzo de 2012) demandó la reducción de los costes de la gestión hospitalaria en un 8%, y la disminución del gasto farmacéutico equivalente a un 1% del PIB. [22]

El gasto griego en sanidad caía de forma significativa por debajo de la media de la UE desde 2010, [23] restringiendo la atención médica. [24] Medidas drásticas que «fueron adoptadas en muy corto tiempo y bajo una extremada presión para asegurar el pago del siguiente tramo del préstamo». [25] Naturalmente estas medidas «se focalizaron principalmente en aspectos estructurales, financieros y de gestión del Sistema Nacional de Salud (NHS), no así en las necesidades de los pacientes». [26]

Impacto de las medidas

La disponibilidad y el acceso a una sanidad de calidad fueron socavados, particularmente para los más pobres, con recortes en el gasto sanitario, despidos en el sector público, incrementos de los honorarios y del co-pago, cierres y fusiones de hospitales y centros de salud, eliminación de camas hospitalarias y un seguro sanitario cada vez más restringido. [27] En 2015, más de 2,5 millones de personas, una cuarta parte del total de la población, estaban sin seguro médico. [28] Hospitales y farmacias experimentaron una escasez generalizada mientras intentaban reducir el gasto farmacéutico de 4.370 millones de euros en 2010 a 2.000 millones de euros en 2014. [29]-28-. Es así como aumentó la incidencia de algunas enfermedades como la tuberculosis, la malaria o el SIDA; el desempleo y la precariedad condujeron a muchos jóvenes hacia las drogas, los problemas mentales se dispararon, incluyendo suicidios, que en gran medida se atribuyeron a la tensa situación impuesta por la crisis.

Violación del Derecho a la Salud

Este derecho está recogido en el artículo 25 de la DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos), en el artículo 12 del PIDESC (Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) , en el artículo 12 de la CEDAW (Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), en al artículo 5 de la CERD (Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial), en el artículo 25 de la CRPD (Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad), en el artículo 24 de CDN (Convención sobre los Derechos del Niño) y artículo 11 tanto de la CSE (Carta Social Europea) y de la CSER Carta Social Europea Revisada). El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) contiene disposiciones relacionadas con la salud, así como existen también en la Constitución griega (artículos 21 (2) y 21 (3)).

El derecho a la salud incluye el derecho a un sistema de protección sanitaria que proporcione igual oportunidad a toda la población para disfrutar de un estándar de salud lo más alto nivel posible, así como el derecho de acceso a los servicios sanitarios. Las medidas aplicadas para satisfacer los condicionantes de los programas de ajuste violan este derecho.

3. Medidas que afectan al Derecho a la Educación

Los condicionantes de los Memorandos atacaron directamente al sistema educativo. Las medidas especificas incluyen reducciones en la contratación de profesorado, transferencia forzada de profesores a la reserva laboral y mecanismos de movilidad laboral, reducción en el salario de los profesores, fusión y cierre de escuelas, más estudiantes por clase e incremento de las horas de trabajo docente. [30] Para llegar a los objetivos de déficit de 2012, el ministerio de Educación redujo la asignación de plantillas y el gasto de funcionamiento de los institutos de secundaria. [31] Como resultado de la combinación de estas medidas, los salarios de los profesores se redujeron en una media del 40 %, [32] llegando a ser el 60% de la media de los otros países de la UE. [33]

Impacto de las medidas

«Estas reducciones crearon dificultades en asegurar que se satisfagan las necesidades básicas de los estudiantes»: [34] Quedaban sin cubrir puestos docentes (12.000 en la enseñanza primaria y secundaria para 2014-15), cerraron 1.053 escuelas y 1.933 se fusionaron entre 2008 y 2012. [35] La reducción de los costes de funcionamiento dejó a numerosas escuelas sin calefacción. [36] Un programa inadecuado de transporte escolar discriminaba a los niños que vivían en áreas aisladas, a los niños gitanos y a los que tenían alguna discapacidad. [37] En resumen, muchos niños y niñas quedaban excluidos del acceso a la educación. [38]

Violación del derecho a la Educación

Los condicionantes, mencionados más arriba, violan el derecho a la educación, un derecho humano fundamental garantizado por instrumentos jurídicos europeos e internacionales, incluyendo especialmente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 14), el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26), El PIDESC (artículos 13 y 14) , la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (artículos 10 y 14), la Convención sobre los derechos del niño (artículos 28, 29y 40), la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (artículo 5), la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y el artículo 16 (2) de la Constitución griega.

4. Medidas que afectan al derecho a la Seguridad Social

Los recortes de gasto impuestos por los Memorandos redujeron las prestaciones sociales, incluyendo pensiones, subsidios por desempleo y ayudas familiares. El carácter del sistema de pensiones cambió; los fondos de pensiones fueron devastados por el PSI, que les hizo perder alrededor de 14.500 millones de euros; [39] las pensiones se recortaron; [40]; se restringió la financiación estatal y las garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). ; diversas ayudas familiares fueron reemplazadas por una única prestación de acuerdo a los ingresos familiares; las contribuciones y los límites de edad aumentaron. Los subsidios por desempleo, pagados sólo a una pequeña fracción de los desempleados, también se redujeron. [41] Un criterio estricto de elección excluye a la mayoría de personas migrantes y jóvenes.

Impacto de las medidas que afectan al derecho a la seguridad social

El programa de ajuste destruyó las medidas existentes de protección social, situando a muchas personas en riesgo de pobreza. [42] Las pensiones fueron reducidas en una media del 40 %, cayendo por debajo del umbral de pobreza para el 45 % de los pensionistas. [43] En 2015, se encontró que el 8,14 % de los trabajadores no estaban ni declarados ni asegurados. [44]

Violación del derecho a la seguridad social

El derecho a la seguridad social otorga protección a los miembros más vulnerables de la sociedad, garantizando a todos un mínimo de bienes y servicios necesarios para una vida digna. Este derecho, que queda garantizado en la Constitución (artículo 22 §5), en la DUDH (artículos 22, 25), PIDESC (artículos 9, 10), la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) (artículos 11, 13, 14), la Convención sobre los derechos del niño (artículos 18, 23 y 26), la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (artículos 2 y 5) y la Carta Social Europea (artículos 8(1), 12, 14, 16 y 17), es violado por los recortes en las pensiones que implican «una significativa degradación del estándar de vida y las condiciones de vida de los pensionistas afectados». [45].

5. Medidas que afectan al Derecho a la Vivienda

Los condicionantes del Programa y la aplicación de leyes por parte del gobierno griego violaron el derecho a la vivienda. Se abolió la vivienda social en 2012 como una «medida prioritaria» para obtener el pago del préstamo de la Troika, [46] así como el subsidio de alquiler para 120.000 inquilinos, y las ayudas para la vivienda para las personas mayores. [47] Nuevas leyes y regulaciones facilitaron los procedimientos de desahucios urgentes, sin juicio. [48] Los sin techo en la región del Ática pasaron de unos pocos a dispararse hasta la cifra de 17.700. [49].

Impacto de las medidas

En 2014, más de 500.000 personas vivían en la calle o en viviendas inseguras o inadecuadas. [50] La morosidad hipotecaria ascendió al 26,1 % en 2013; [51] las ejecuciones hipotecarias y los desahucios se incrementaron. [52] A pesar de la drástica caída en los precios de la vivienda, [53] el aumento de los impuestos y tasas la hizo inasequible. [54] Las tasas de hacinamiento en los hogares pobres alcanzaron el 42% en 2013, y el 60% entre los migrantes de fuera de la UE. [55]. En 2012, el 73.3% de los jóvenes entre 20 y 29 años vivían con sus padres, [56] 18.902 personas no tenían instalación de saneamiento y 142.000 carecían de ningún sistema de calefacción. [57]

Violación del Derecho a la Vivienda

La vivienda es indispensable para la dignidad humana. Los condicionantes del programa mencionados más arriba violaron el derecho a la vivienda como se reconoce en varias instituciones incluidas la DUDH (Artículo 25 (1)), el PIDESC (Artículo 11(1)), la CERD, la CEDAW y CRC. La Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE contienen ambas disposiciones urgentes y referencias al derecho a una vivienda decente y adecuada, así como lo recoge la Constitución, en sus artículos 4 y 21 (4).

6. Medidas que afectan al Derecho a la Autodeterminación

La privatización al por mayor de la propiedad del estado a través del TAIPED, [58], especialmente a través de procedimientos de «vía rápida», viola derechos y disposiciones constitucionales, concretamente los artículos 1.2 y 1.3 que garantizan el principio de la soberanía popular. Ningún gobierno puede legalmente proceder a una alienación de la propiedad pública tan extendida, constituyendo una violación directa del interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. general y socavando el crecimiento económico. [59] El Consejo de Estado griego decidió que los bienes comunes Bienes comunes En economía los bienes comunes se caracterizan por un modo de propiedad colectiva, que se diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública. En filosofía hacen referencia a aquello que comparten los miembros de una misma comunidad, ciudad o la propia humanidad, desde un punto de vista jurídico, político o moral. (agua, energía, comunicaciones, etc.) debían permanecer estrictamente bajo propiedad estatal. [60]. El TAIPED también viola el derecho constitucional a la propiedad (artículo 18 de la Constitución) y a la protección del medio ambiente (artículo 24 de la Constitución). [61].

Violación del derecho a la Autodeterminación

El derecho está recogido en varios instrumentos de derechos humanos, notablemente en el PIDESC (Artículo1), PIDCP (Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (Artículo 1), Declaración de las Naciones Unidas de los Principios de la Ley Internacional relativas a las Relaciones Amistosas y Cooperación entre Estados de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (1970) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, GV No 12.

7. Medidas que afectan al Derecho a la Justicia

Las medidas impuestas por los acreedores especificaban compromisos para reformar el sistema judicial que incluían un substancial incremento de las tasas. [62]. El Gobierno legisló para reducir la plantilla contratada con el fin de alcanzar los objetivos especificados en los Memorandos.  [63] La asistencia legal y los cuerpos públicos de rendición de cuentas fueron insuficientemente financiados.  [64]

Impacto de las medidas

El acceso a los tribunales de justicia resultó económicamente no asumible para los ciudadanos tras sucesivos y drásticos recortes en salarios y pensiones. Los prolongados procedimientos, ante el completo deterioro y la sobrecarga de los tribunales civiles y administrativos, rayaban en la denegación de justicia. Hacer frente a las debilidades inherentes del sistema judicial como la falta de personal y de infraestructura se hizo imposible debido a los recortes presupuestarios.

Violación del Derecho a la Justicia

El acceso a la justicia debe proporcionar una reparación judicial rápida y efectiva, recogida, entre otros, en la Constitución griega (artículo. 20. 1). Este derecho ha sido violado por los drásticos recortes en la financiación, como resultado de la imposición de una asfixiante austeridad.

Otra repercusión de las medidas draconianas de austeridad fue el fuerte movimiento de oposición y resistencia a los cambios impuestos. El esfuerzo del gobierno para sofocarlo condujo a una serie de violaciones de derechos humanos examinados a continuación..

8. Pobreza y exclusión social

Los condicionantes produjeron un empobrecimiento, indigencia y exclusión social generalizados. Las medidas impuestas por los acreedores negaban su anunciado compromiso de un programa que protegería a los grupos sociales vulnerables y a los pobres. Aún así, tras cinco años de impactos perjudiciales, los acreedores insisten en más medidas del mismo tenor.

En la actualidad, el 23,1% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, [65] con una proporción de pobreza relativa duplicada entre 2009 y 2012, [66] y un 63,3 % se empobreció debido solamente a las políticas de austeridad. [67] Una severa penuria en bienes aumentó su afectación desde el 11 % hasta el 21, 5 % de la población en el período 2009-2014. [68] Más del 34% de los niños estaban en riesgo de pobreza o de exclusión social en 2013. [69]. El dispar impacto de las medidas empeoró dramáticamente la desigualdad, [70], con el 10% más pobre de la población perdiendo un alarmante 56,5% de sus ingresos. [71]

9. Medidas que afectan a la libertad de expresión y de reunión

Desde 2010 las medidas legislativas y administrativas restringieron las libertades de expresión y de reunión; [72] el derecho a la libertad de expresión fue «sistemáticamente y efectivamente desafiado»; [73] la libertad de reunión fue violada. Las autoridades impidieron protestas legítimas contra los Memorandos, impulsando políticas para prohibir encuentros públicos, reprimiendo con fuerza excesiva a manifestaciones pacíficas, realizando arrestos preventivos, interrogando a menores y torturando manifestantes antifascistas, a menudo en colaboración con Amanecer Dorado. [74]

Impacto de las medidas

La respuesta desproporcionada de las autoridades a las protestas públicas contra la austeridad, socavó severamente las libertades de expresión y de reunión. Entre 2009 y 2015 Grecia se deslizó desde el puesto 35 al 91 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa. [75] La represión contra las protestas anti-memorandos impidió el pacífico ejercicio de los derechos constitucionales. Las libertades se deterioraron aún más por la impunidad de la que disfrutó Amanecer Dorado hasta septiembre de 2013. Estos procesos constituyeron una amenaza real para las instituciones democráticas.

Violación de las libertades de expresión y de reunión

Las libertades de expresión y de reunión, garantizadas por acuerdos internacionales y convenciones de derechos humanos (DUDH, artículos. 20, 23; PIDCP, artículos 21, 22; PIDESC, artículo 8; CEDH, artículos. 10, 11; CSE Revisada, artículo. 5; Carta de la UE, artículos. 11, 12; y otros), también están protegidas por la Constitución griega (artículos 11 y 14). Estas libertadas fueron violadas para reprimir la ola de legítimas y masivas protestas contra las políticas impuestas por la Troika.

10. Medidas que afectan a la protección contra la discriminación

Las leyes impuestas por los acreedores implementadas en los Memorandos, discriminan grandes sectores de la población, por ejemplo, empleados y pensionistas. [76] Los trabajadores por debajo de 25 años fueron excluidos de la protección legal del salario mínimo. [77] Los trabajadores perdieron su derecho a negociar libremente sus acuerdos de forma colectiva o individual. [78] Se agravó la discriminación contra los gitanos, los positivos por VIH, y las personas mayores [79]. También creció la política del acoso policial, [80] y la detención sistemática de todos los migrantes irregulares se convirtió en política oficial. [81] Los crímenes de odio aumentaron; como también lo hizo la xenofobia contra los migrantes, a menudo tomados como chivos expiatorios de la crisis. [82] La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados registró un aumento excesivo de los crímenes violentos resultantes de la discriminación basada en el género y la orientación sexual. [83] La policía falla en la protección a las víctimas, en la respuesta a esos ataques o en su investigación profunda y diligente. [84] Las prisiones de máxima seguridad permitían «un trato penal extremadamente discriminatorio y desigual en casos similares». [85]

Impactos de género de la crisis

Los recortes en los servicios sociales debido a las políticas de austeridad impuestas por los Memorandos tuvieron un «efecto perjudicial en las mujeres en todas las esferas de la vida», [86] impactando particularmente en la discriminación en el trabajo, la autonomía económica, los derechos sexuales y reproductivos, [87] y en la protección contra la violencia. Las agresiones se incrementaron en un 47 %, [88] mientras la protección disponible no estaba a la altura de las demandas y las mujeres carecían de acceso adecuado a la justicia. [89]

Violación de la Protección contra la Discriminación

El impacto de los Memorandos abarcó toda la vida social y dio lugar a violaciones de la Constitución (artículos 4 y 21 (1)). El derecho a la participación y al acceso a la información en procesos clave de toma de decisiones, que afectan a la vida de cada persona y a su bienestar, es un principio fundamental de los derechos humanos reflejado en instrumentos internacionales que incluyen el PIDESC, el PIDCP (artículo 25), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 12) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (artículo 7).

Traducido por Griselda Pinero