Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

La Iniciativa de los Paises Pobres Altamente Endeudados (PPEA), puesta en marcha en 1996 y reforzada en septiembre de 1999, está destinada a aliviar la deuda de los países muy pobres y muy endeudados, con el modesto objetivo de hacerla sostenible. Se desarrolla en cuatro etapas particularmente exigentes y complejas. En primer lugar, el país que solicita una ayuda en el marco de esta iniciativa debe llevar a cabo dócilmente, en general durante tres años, políticas económicas aprobadas por el FMI y el BM, bajo forma de programas de ajuste. Continúan entonces recibiendo la ayuda clásica de todos los proveedores de fondos concernidos. Durante ese tiempo, debe adoptar un Documento de Estrategia de Reducción de la pobreza (DERP), a veces solamente bajo una forma temporal, y haber obtenido resultados en la aplicación de esta estrategia durante al menos un año. Al cabo de estos tres años, llega el momento de decisión: el FMI analiza el carácter sostenible o no del endeudamiento del país candidato. Si el valor neto de la relación stock de la deuda externa/exportaciones es superior a 150% tras la aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda, el país puede ser declarado elegible. Sin embargo, los países de niveles de exportación elevados (relación exportaciones/PIB superior al 30%) son penalizados por la elección de ese criterio y se privilegia entonces sus ingresos presupuestarios más que sus exportaciones. En consecuencia, si su endeudamiento es manifiestamente muy elevado a pesar de una buena cobertura del impuesto (ingresos presupuestarios superiores al 15% del PIB, a fin de evitar todo laxismo en este terreno), el objetivo marcado es una relación valor neto del stock de la deuda/ingresos presupuestarios superior al 250%. En un tercer momento, si el país es declarado admisible, disfruta de unos primeros alivios por parte de los estados acreedores y de los bancos privados y debe proseguir con las políticas señaladas por el FMI y el BM. La duración de este período está determinada por la aplicación satisfactoria de las reformas clave convenidas en el momento de decisión, con el objetivo de mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. A la salida, llega el punto de terminación. Es entonces proporcionado el resto del alivio, para permitir al país volver a criterios de sustentabilidad (expuestos anteriormente) juzgados satisfactorios. El coste de esta iniciativa está estimado en 54 mil millones de dólares, es decir alrededor del 2,6% de la deuda externa del Tercer Mundo. Los PPAE son solamente 42, de ellos 35 en África subsahariana, a los que hay que añadir Honduras, Nicaragua, Bolivia, Guayana, Laos, Vietnam y Myanmar. El 31 de octubre de 2001, 23 países alcanzaron el momento de decisión, y sólo 3 llegaban al punto de terminación: Uganda, Bolivia y Mozambique.