La Consejería de Sanidad de Madrid, denunciada por prevaricación y fraude en los contratos menores

9 de julio por Gladys Martínez López


Hospital La Paz David F. Sabadell

El colectivo Audita Sanidad ha presentado ante la Fiscalía contra la Corrupción una denuncia contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude por «fuertes evidencias» de fraccionamiento en la firma de contratos menores con diversas empresas.

Prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude. Son los presuntos delitos cometidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y los responsables de la mayor parte de los hospitales madrileños, según la denuncia presentada hoy por el colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
en Sanidad (Audita Sanidad) ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La denuncia hace referencia a los contratos adjudicados a empresas proveedoras de servicios y suministros en el año 2016, ya que, tras un análisis pormenorizado de los datos existentes, el colectivo ha hallado “fuertes evidencias” de fraccionamiento en muchos de esos contratos.

Las cifras hablan por sí solas. En 2016, la Consejería de Sanidad firmó 486.562 contratos. De ellos, solo 1.443 se adjudicaron por licitación pública. El resto, 485.119 (99,7%), fueron contratos menores, es decir, contratos por valor de menos de 18.000 euros (o 50.000 en caso de contratos de obra) que se adjudican directamente sin publicidad ni concurso. Además, el valor de los contratos menores fue de casi 699 millones de euros, un 49,8% del valor total de los contratos firmados (1.402 millones).

En 2016, la Consejería de Sanidad firmó 486.562 contratos. De ellos, solo 1.443 se adjudicaron por licitación pública

Aunque la denuncia presentada ante la Fiscalía hace referencia al año 2016, la relatoría realizada por el grupo contiene también los datos desgranados de 2017, unos hechos por los que interpondrán una denuncia separada en los próximos meses, mientras esperan conseguir también la información de 2018. De hecho, en 2017 se firmaron 571.726 contratos por valor de 1.414 millones de euros. De nuevo, un 99,7% de los mismos ―570.031― fueron menores, y su valor fue de más de 772.000 euros, el 54,6% del total. “Las cifras, tanto en volumen como en valor, parecen absolutamente desproporcionadas”, apuntan desde la organización.

Estas cifras, y otros datos encontrados durante la investigación, hacen sospechar a Audita Sanidad que muchos de ellos pudieron ser objeto de fraccionamiento, algo prohibido por la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Público, en vigor en ese año, que establece que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.

Así, según este colectivo, muchos contratos cuyo importe obligaría a la licitación pública han sido fraccionados y encadenados para no sacarlos a concurso y evitar la publicidad y la competencia. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, “la mayoría de dichos contratos menores se han realizado mediante un abuso de la naturaleza de los mismos, evitando así la contratación por licitación pública, que le es menos conveniente por no poder elegir a la empresa contratada”.


Las 20 empresas con más contratos a dedo

Un dato relevante es el de las empresas adjudicatarias. En el año 2016, 3.441 compañías firmaron contratos menores con la Consejería. De ellas, las 20 primeras se hacen con la mayor parte del pastel al recibir un 30,2% de los contratos por el 45,5% del importe total. Por importe destacan Gilead Sciences, Medtronic Ibérica, Novartis y Merck Sharp and Dohme, todas ellas con miles de contratos por valor de más de 20 millones de euros cada una.

El año 2017 no es muy diferente: de las 3.620 empresas con contratos menores, las 20 primeras reciben el 31% de los contratos y un 42,3% del importe total. Las mismas empresas citadas ocupan los cuatro primeros puestos, junto con Roche, Janssen-Cilag y Johnson & Johnson, que también superan los 20 millones en contratos menores cada una.


El Grupo Siemens

Siemens, que también se encuentra entre las 20 primeras adjudicatarias en ambos años, es la empresa elegida para un estudio pormenorizado de los contratos sospechosos a través de sus filiales Siemens SA y Siemens Healthcare.

De los 3.095 contratos menores adjudicados por la Consejería a Siemens Healthcare en el año 2016, por un importe de siete millones de euros, 2.044 son sospechosos de fraccionamiento. Se encuentran en este caso los 27 contratos de servicios firmados con el Hospital Ramón y Cajal por el mismo concepto a lo largo de tres meses, y que superan los 88.000 euros, o los cinco contratos de obra firmados con ese mismo hospital en un solo día y con el mismo concepto, y que superan los 237.000. Según el estudio realizado, el 100% de los contratos firmados entre el hospital y la empresa son sospechosos de fraccionamiento. Y, con el Gregorio Marañón, 364 (98%) de los 372 contratos firmados, con un valor de un millón de euros, son sospechosos. De los 15 hospitales analizados, no hay ninguno que no haya firmado con la empresa contratos menores cuando menos dudosos.

De los 3.095 contratos menores adjudicados por la Consejería a Siemens Healthcare en el año 2016, 2.044 son sospechosos de fraccionamiento

Si se tienen en cuenta los centros de gasto, en 2016 es el Hospital Central de la Cruz Roja el que despunta entre los demás, con 98.658 contratos menores firmados, 40.000 por encima del siguiente centro de gasto, el Hospital Dr. R. Lafora, y seguido por el Hospital Infanta Cristina (42.439 contratos) y el Hospital del Tajo (39.064). En 2017, son el Hospital Clínico San Carlos, con 90.071 contratos; el Gregorio Marañón, con casi 75.000, y el Ramón y Cajal, con 44.565, los que más han hecho uso de este tipo de contratación «excepcional».

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Elaboración Audita Sanidad.

Audita Sanidad indica que “lo que marca el espíritu de la ley es que los contratos menores sean la excepción en la contratación pública”, y no la norma, como es el caso en los dos años analizados, y ven claros índices de delito en la firma de estos contratos.

Por ello, interponen una denuncia por prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude “contra todos los cargos públicos que puedan resultar responsables, además de contra los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, del SERMAS y de los distintos hospitales identificados por los hechos descritos anteriormente”.

La denuncia, presentada ante la Fiscalía contra la Corrupción, se presentará posteriormente ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues “el uso indebido y repetido de contratación vía contrato menor conculca el derecho de competencia”. Y, asimismo, se llevará ante el Tribunal de Cuentas. De hecho, el 1 de junio, la Cámara de Cuentas de Madrid presentó su Informe de fiscalización de la contratación menor celebrada por las entidades del sector público madrileño en 2017, un informe que, según Audita Sanidad, “refuerza algunos de los motivos que sustentan esta denuncia”, pues, también tras un análisis de los datos de las contrataciones menores en Sanidad, ya se denunciaba el fraccionamiento, la “actuación en fraude de ley” por el encadenamiento de los contratos, que se haya convertido en “práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública”, la elusión de “los requisitos de publicidad” en la contratación y la violación de la Ley de Contratos del Sector Público.


Ver en línea : El Salto

Gladys Martínez López

Miembro del colectivo editor del periódico El Salto.

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