Uruguay

La Deuda Social que nos dejó el crecimiento

26 de octubre por Gabriela Núñez Barbosa

Tras doce años de crecimiento económico ininterrumpido, que habían sido precedidos por una crisis económica y social que supo dejar a la cuarta parte de la población viviendo en situación de pobreza o indigencia, el período de bonanza económica que acarreó el crecimiento ininterrumpido del PBI se ha terminado. El crecimiento económico se detuvo, más allá de que los portavoces del tercer gobierno de izquierda pretendan transmitir algún otro panorama. Esta situación comienza a apreciarse entre otras cosas, en el recorrido inverso que comienzan a transitar algunos indicadores económicos y sociales que habían mejorado paulatinamente y que ya no lo hacen. Siendo que en muchos de estos casos lo hecho fue claramente insuficiente, quizás con la ingenua esperanza de que el crecimiento continuara y se encargara por el efecto “derrame” de beneficiar a los más vulnerables, para quienes la pobreza ya es un asunto estructural. Es así como las desigualdades pendientes para “después” ya no tienen un después tan alentador como el que se presagió. Tal es el caso de indicadores relativos a la calidad del empleo, la educación, la pobreza infantil y a la desigualdad. Ahora comienzan a encenderse luces de alerta. Se terminó el período de bonanza, ¿y ahora qué?

Si bien es cierto que comparando la situación actual del país con aquella que dejó la crisis del año 2002, los indicadores sociales han mejorado, también es cierto que realizar comparaciones históricas entre períodos de crisis y períodos de crecimiento es un error metodológico imperdonable.

Además de un prolongado y dinámico crecimiento del PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
, también crecieron los niveles de Gasto Público Social (aprox. en 100%) en este período, así como el endeudamiento contraído por el Estado con los organismos financieros internacionales (la Deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
Externa Pública Bruta registra un crecimiento aprox. un 300 por ciento). Es posible afirmar que mientras el Gasto Público Social destinado a Salud, Educación, Seguridad Social, Vivienda, y distintos Programas Sociales pesa en total un 25 % del PIB, lo que se destina al pago de Deuda tiene un peso aprox. del 40% de la riqueza producida anualmente en Uruguay. En este sentido, destacaremos algunas cuestiones que atañen al cumplimiento de los derechos humanos de la ciudadanía. Cuestiones como procesos de exclusión y de vulneración de derechos en la población, que permanecen de forma estructural en el tiempo y dan cuenta de que la Deuda Social y los gastos inherentes al cumplimiento de los derechos humanos deben ser prioritarios y éstos no deben programarse como gastos marginales con respecto al pago de la Deuda.

A continuación se analizan algunos indicadores que dan cuenta de estos procesos.

Pobreza

Si bien la pobreza en Uruguay se redujo a la mitad desde el año 2004 -donde alcanzó su pico más alto-, cierto es que a la fecha, y luego de doce años de crecimiento económico dinámico e ininterrumpido, uno de cada cuatro niños en la capital (27%) continúa siendo pobre. Por otra parte, nótese que la brecha entre la pobreza infantil y la pobreza en la población mayor es cada vez más pronunciada, ya que por cada adulto mayor pobre hay 10 niños pobres. Esto habla claramente de la persistencia de un fenómeno bien conocido en América Latina toda: la infantilización de la pobreza como fenómeno estructural.

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Fuente: Encuesta Continua de Hogares. Instituto Nacional de Estadística 2015.

En todo el país son vulnerados diariamente los derechos de 115 mil niños de un total de 573 mil existentes. Los cuales no tienen lo necesario para vivir con dignidad. Aclárese que en Uruguay nacen menos de 48 mil niños al año y según la línea de pobreza establecida por el gobierno, una persona deja de ser pobre si percibe 250 dólares de salario al mes. Aún así, investigaciones recientes de organismos como UNICEF y CEPAL en nuestro país muestran que el 36% de los niños es vulnerado en al menos uno de sus derechos (educación, vivienda, salud, comfort). Esta situación se hace difícil de entender en este contexto de crecimiento económico y de bono demográfico.

El hecho de que Uruguay no haya logrado sacar de la pobreza a su población infantil implica que no sólo se vulneran diariamente los derechos de los más vulnerables, sino que se compromete el desarrollo a futuro de esas generaciones. Infancias en situación de privación y vulnerabilidad devienen en problemas de aprendizaje, fracaso y deserción escolar, adolescentes con problemas de adicciones, violencia doméstica, trabajadores con empleos de baja calidad, y sistemas carcelarios desbordados. Y éstos son sólo algunos ejemplos.

Educación

Es ya conocida la temprana universalización de la educación primaria y la reciente extensión de la educación inicial en Uruguay. Sin embargo, estos logros se ven opacados con el estancamiento estructural que presenta el Uruguay en materia de educación media. Si bien es obligatoria, ésta actúa como un embudo donde se estanca la mayor parte de los estudiantes de clase media y baja, especialmente aquellos que pertenecen a hogares pobres.

Los estudiantes de hogares de mayores ingresos, acuden a institutos privados y también aquellos que perteneciendo a las capas medias de la sociedad hacen un esfuerzo económico para evitar tener que enviar a sus hijos a estudiar a una secundaria pública. Aún así, casi dos tercios de los jóvenes no logran culminar la enseñanza media obligatoria en Uruguay. Dentro de la tercera parte que si lo hace, 9 de cada diez pertenecen al quintil más rico, y sólo 1 de cada diez pertenece al quintil más pobre. Por otra parte, el sistema
educativo en enseñanza media no garantiza el acceso (8000 jóvenes quedaron fuera del sistema este año por no haber cupos) ni la permanencia de la población más joven en el sistema educativo lo cual implica que no garantiza el cumplimiento del derecho a una educación de calidad, derecho establecido en el Art.28 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 20
de Noviembre de 1989.

Todo lo anteriormente expuesto conlleva la profundización de las desigualdades sociales a través de las desigualdades educativas. Conlleva a problemas para conseguir empleos de calidad, lo que a su vez determina el nivel de ingresos y con ello la calidad de vida de las generaciones más jóvenes con respecto a las mayores.

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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Juventud 2014.

Desigualdad

El tercer indicador que debemos tomar en cuenta es el que mide la concentración del ingreso al interior de una población. El descenso de la desigualdad en la concentración del ingreso ciudadano, acompañó el crecimiento del PIB durante los años de crecimiento económico. Desde el año 2012 en adelante, este índice comenzó a aumentar paulatinamente, y desde entonces la tendencia es hacia un aumento lento pero sostenido de la desigualdad. Para la capital del país, el Índice de Gini pasó de 0.385 a casi 0.397, en una tendencia opuesta a la disminución de la desigualdad del último decenio. Si bien estos números aún no son alarmantes, si lo es el hecho de que la tendencia haya comenzado a cambiar de signo hacia una mayor desigualdad, lo cual conlleva a un aumento progresivo de la misma desde el año 2012 hasta la fecha.

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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.

Reflexiones finales

Ni las políticas inspiradas en la “mano invisible del mercado, así como tampoco aquellas que reivindicaban la “fuerza reguladora del Estado” han logrado generar el tan esperado efecto “derrame” de bienestar sobre los mercados de trabajo y sobre la población en su conjunto. A pesar de doce años de crecimiento económico y de la mejora de la mayoría de los indicadores sociales, persisten las inequidades al interior de los grupos vulnerados de siempre, y léase que digo vulnerados y no vulnerables. Porque, contrariamente a lo que se espera de un país con una larga trayectoria en cuestiones de bienestar social de sus ciudadanos, aún existen grupos que ven sus derechos vulnerados dentro de un contexto económico favorable. A lo largo de este decenio, Uruguay no sólo ha visto crecer su PIB, también ha visto crecer su endeudamiento. Portavoces gubernamentales muestran orgullosos un crecimiento de casi 100% del Gasto Público Social, pero por alguna razón, no muestran el crecimiento del endeudamiento que se generó en el mismo período de tiempo.

Hoy en día aprox. un 40% del PIB se destina al pago de este endeudamiento, y un 25% a todo el Gasto Público Social. En cuanto a este punto, se estiman las siguientes consideraciones:
a) El incumplimiento del derecho de los jóvenes a una educación de calidad en educación media –derecho establecido en el Art. 28 de la CDN |1| - se da entre otros motivos, por no contar con planes de estudio adecuados a sus intereses y necesidades, por problemas graves en la infraestructura edilicia y en otros casos, por no contar con los centros de estudio necesarios para cubrir la demanda educativa. En este sentido, 8000 jóvenes no pudieron acceder a un centro educativo este año por no haber lugar en los centros ya existentes.

Actualmente, con un solo punto del PIB destinado al pago del endeudamiento, podrían construirse aproximadamente 270 centros educativos de enseñanza media. |2|

b) El costo de sacar a un niño de la pobreza y educarlo es ampliamente superado por el costo de no hacerlo |3|. Además de retornos de inversión económica que superan la relación = 8 dólares ahorrado por el Estado por cada dólar invertido en la infancia, el hecho de saldar el endeudamiento financiero no puede tener por costo el postergar la deuda social con la infancia. El Estado debe garantizar ante todo el cumplimiento de los Derechos Humanos y dentro de estos, el de los más vulnerables, que son aquellos establecidos y ratificados por la Convención de los Derechos del Niño.

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Fuente: Heckman Equation.org

c) Los actuales niveles de desempleo (8%) y empleo informal en ascenso (23.4%) forman parte de esta cadena. Salarios sumergidos provienen de empleos de escasa especialización, que son producto de bajos niveles educativos. Esto redunda en bajos ingresos y afecta la calidad de vida del individuo y de su núcleo familiar. Los más afectados dentro de la distribución de ingresos al interior del hogar son las mujeres y los niños, por ser quienes perciben proporcionalmente una parte menor de los ingresos. Y allí es donde comienza nuevamente el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza.

Con este panorama, tratar los gastos inherentes a garantizar el cumplimiento de los derechos de la población como gastos marginales con respecto al pago de los compromisos con los organismos financieros internacionales, es anteponer los mismos a las necesidades básicas de la misma población que sustenta esos recursos. Por otra parte, atar los gastos inherentes al cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas al crecimiento económico del país tiene como desventaja que en épocas de recesión, el producto decrece y por ende también lo hacen la inversión en salud, educación, vivienda e infancia en el momento en el que más se necesita. La privación de los derechos de las personas implica una Deuda Social de mayor magnitud que las obligaciones financieras que se han sabido cumplir con prontitud y sin embargo, no es tratada de la misma manera. Sería bueno que la inversión en Gasto Público dejara de estar atada a los vaivenes de la economía, así como tampoco lo está el pago de la Deuda. Y de esta manera comenzar a pensar en saldar de una vez por todas, la Deuda Social con nuestros niños, jóvenes, trabajadores y trabajadoras sobre quienes se encuentra todo el peso del endeudamiento.


Lic. Soc. Gabriela Núñez Barboza. Especialista en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia. Universidad de la República (Uruguay).

Informe anual social 2016. Montevideo, abril 24 de 2016.

Notas

|1| http://www.unicef.org/argentina/spa...

|2| Un estudio de Cinve para el BID estimó en 2 millones de dólares la construcción de cada centro de
enseñanza media. Fuente: El País Digital, enero de 2013.

|3| http://heckmanequation.org/blog

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