La auditoría ciudadana permanente

6 de diciembre de 2016 por Sònia Farré Fidalgo

El movimiento antideuda tiene una larga trayectoria. Si bien muchas de las experiencias que podemos evocar provienen del sur global, en el estado tenemos hitos significativos en este mismo cambio de siglo. Mobilizaciones como la generada por la “Plataforma 0,7” abrieron un período de debate interesante y necesario, no sólo sobre el endeudamiento de los estados, sino también sobre las causas estructurales de la pobreza y fueron el precedente de las movilizaciones sociales entorno al 2000. En paralelo se forjó a nivel internacional la campaña Jubileo 2000, que tuvo su expresión en el Estado en la campaña “Deuda Externa ¿Deuda Eterna?”. De la “Plataforma 0,7” surgió además la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) que en marzo del año 2000 llevo a cabo una consulta social por la cancelación de la deuda externa. Sus objetivos se centraban en la abolición de la deuda externa, en las posibles soluciones al problema y en fomentar la democracia participativa. Con esta acción se movilizó a 3.000 personas durante meses, unas 20.000 durante la consulta y 1.100.000 que expresaron su opinión, a pesar que la consulta fue ilegalizada por la Junta electoral y fuertemente reprimida. En 2004 la RCADE se refundó en la plataforma “¿Quién Debe a Quién?”, que hasta 2012 organizó diversas campañas de denuncia contra la ilegitimidad de la deuda y por el reconocimiento de la deuda histórica social y ecolócia, además de ser uno de los puntales de la lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales españolas por sus actuaciones de violación de derechos humanos en el mundo.

A partir de la crisis financiera de 2008 y de la irrupción del 15M en 2011 vuelve a la escena en los movimientos sociales el interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. por la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
, aunque en esta ocasión, ya no mirando a España como acreedora, sino como deudora; y como parte de una periferia europea con una misma “crisis de deuda”, que a la vez tenía en el Sur Global historias similares de las que aprender. Es a raíz del encuentro “Viviendo en Deudocracia” organizado por “¿Quién Debe a Quién?” en octubre de 2011 en Madrid cuando surge la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). Desde entonces la PACD ha trabajado en analizar las causas del endeudamiento actual, en definir qué entendemos por deuda ilegítima –no sólo económica, sino también ecológica, de género y social- y en proponer procesos de auditoría ciudadana que necesariamente pasan por la transparencia y la participación.

Puesto que cuando la PACD habla de Auditoría Ciudadana se refiere a procesos en los cuales el protagonismo lo tome la ciudadanía, una de las apuestas es que arranquen procesos diversos en los que la gente tenga especial interés. De ahí el potencial de las auditorías sectoriales (sanidad, educación, etc.) y, en especial, de las de ámbito municipal ya que es desde donde más podemos aprender sobre el proceso de auditoría: nuestro municipio es nuestra administración más cercana y la que conocemos más; es en la que podemos tejer redes para generar inteligencia colectiva; y trabajando en la transparencia y la participación local aprendemos y ejercemos presión para poder replicarlo en administraciones más amplias. Hay una ventana de oportunidad abierta también desde el momento en que en muchos municipios se han producido cambios de gobierno o la entrada de candidaturas ciudadanas en la oposición, que se han encontrado con niveles preocupantes de endeudamiento y que se han puesto o se quieren poner manos a la obra para analizar cómo se ha llegado a esa situación; si hay que depurar responsabilidades; y, lo más importante, como construir otras maneras de hacer política (de gestionar los recursos públicos) que nos eviten caer en la misma espiral de deuda.

Un tabú recorre Europa desde el 2008: el impago de las deudas. No se puede hablar de impagos, no se puede ni debatir, no es una opción. Como si pagarlas sin cuestionarlas no fuera optar por una opción. Pagar las deudas sin cuestionar su origen y la política que está detrás de esa decisión ha llevado a duplicar la deuda pública absorbiendo la deuda del sector privado y financiero, que no el de las familias. Aplicar austeridad y más austeridad en favor del pago incuestionable nos ha llevado a que la deuda pública española supere el billón euros y se sitúe por encima del 100% del PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
, que nos aboca a una espiral de refinanciación constante, cada vez con intereses más altos y condiciones más estranguladoras que atentan contra los derechos humanos básicos de la población. Este es uno de los grandes retos con los que nos encontramos: el de afrontar el debate sobre qué hacemos con la deuda y afrontarlo desde la ciudadanía. Y no es un debate secundario, ya que muestra como el gobierno estatal claudica en la defensa de los derechos de su ciudadanía y en ejercer la soberanía frente a los poderes financieros. Todo por la deuda: hasta reformar la irreformable constitución española.

Pero el tabú se rompe con mirar atrás, a lo largo de la historia ha habido múltiples experiencias de impagos parciales o totales. Entre 1946 y 2008 se han dado 169 casos de impago o suspensión de pagos de la deuda pública en el mundo. No son experiencias directamente aplicables a nuestra situación en España o en otros países de la UE, pero son experiencias de las que nos es obligado aprender sobre cómo poner los derechos y la vida por delante de la deuda; y como sí que es posible cuestionar su pago. El impago llegará, porque se sabe que la situación financiera no es sostenible: aquí de lo que se trata es de decidir si esperamos a impagos impuestos por los acreedores imponiendo sus condiciones o si la negociación la lideramos los deudores.

Y mientras conseguimos ese reto de posicionar el debate del cuestionamiento de la deuda estatal, los municipios deben ser nuestra punta de lanza. Es desde ahí des de donde la ciudadanía puede auditar para, por un lado decidir que políticas económicas se quieren llevar a cabo en adelante para no seguir en la espiral de endeudamiento que sólo nos conduce a la polarización de la riqueza y para, entre todas, hacer pedagogía y empoderarnos para reclamar al estado, que es donde reside la soberanía, que actué y cuestione a quién limita su soberanía.


Autor

Sònia Farré Fidalgo

Se inició en el activismo a raíz del 15M en Sant Joan Despí. Poco después pasó a formar parte de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda para desmontar el discurso de los recortes, depurar responsabilidades, trabajar por la transparencia y el empoderamiento ciudadano. Es parte del equipo impulsor del proyecto de los Observatorios Ciudadanos Municipales, que ha recibido el premio del Memorial por la Pau, de la asociación Vidal y Llecha. Ha participado en la elaboración de ¿Porqué no debemos pagar la deuda? Razones y alternativas, y Educaciones, y ha escrito varios artículos sobre auditorías ciudadanas. Es miembro del Proceso Constituyente porque considera que derechos sociales y derechos nacionales tienen que ir de la mano. Es diputada de En Comú Podem en el parlamento en Madrid.


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