El poder político señala al fondo de inversión las mejores presas donde intervenir.
7 de diciembre de 2016 por Fátima Martín
Azora y Goldman Sachs se hicieron con 2.935 pisos sociales de la Comunidad de Madrid. / ÁLVARO MINGUITO
“In Goldman Sachs we trust”. Es uno de los capítulos del libro de John Kenneth Galbraith El crash de 1929, en el que certifica el rol del banco de inversión en aquella debacle financiera. Más recientemente, éste tuvo su responsabilidad en la crisis de las subprime . Hoy, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se pone las botas en la finca España: viviendas sociales, bancos rescatados con dinero público y privatizaciones son sus objetivos, para lo que cuenta con la ayuda de la familia popular, que le señala las presas.
Goldman Sachs opera a menudo con la connivencia de un poder político que le abre todas las puertas, también las giratorias. El fondo está presente en España, mercado que considera clave en el continente y donde ha participado en los procesos de privatización de empresas como Repsol o Telefónica desde 1984.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, organismo dependiente del Ministerio de Economía de De Guindos que favorece a los fondos buitre Fondos buitre Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos. extranjeros, designó en 2014 a Goldman Sachs para diseñar la estrategia de desinversión de una Bankia que fue la más beneficiada del rescate a la banca de 2012, hipoteca que pagaron los contribuyentes en forma de recortes. Por ese servicio, el banco de inversión presuntamente no cobra. Se lo lleva por otro lado, garantizándose que no se considere conflicto de interés actuar como banco colocador y pujar por hipotéticos contratos de venta de paquetes accionariales. En febrero de 2014 se vendió el primero de la Bankia rescatada: un 7,5%, por 1.300 millones de euros. Entre los compradores figuran fondos británicos y estadounidenses, incluso el especulador George Soros.
Viviendas y buitres
El magnate también está relacionado con el escándalo de las viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid. Soros invirtió, junto con John Paulson, en Hispania Activos Inmobiliarios, sociedad gestionada por Azora, vieja conocida del sector fundada por los ex-Santander Concha Osácar y Fernando Gumucio. Ésta se hizo, junto a Goldman Sachs, con los 2.935 pisos sociales del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) por 201 millones. A través de la filial Encasa Cibeles, Goldman Sachs y Azora son responsables de una oleada de desahucios.
Por esa operación, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid investiga al gobierno de Ignacio González por malversación de fondos y prevaricación. Por su parte, la Cámara de Cuentas de Madrid alertó de que la enajenación de las cerca de 3.000 viviendas se hizo por debajo del precio de mercado con una “pérdida patrimonial de 98 millones” para la Comunidad. Por el banquillo han ido desfilando los responsables políticos del escándalo: Ana Gomendio, exdirectora general de Vivienda; el entonces gerente del Ivima, Juan Van-Halen; y el consejero Pablo Cavero, hombre de confianza de Esperanza Aguirre que ésta se llevó después al Ayuntamiento, espacio que abandonó recientemente para entrar en la firma de cazatalentos que fichó a la propia condesa de Bornos, Seeliger y Conde.
Cavero, máximo responsable en el momento de la operación, tenía una vinculación estrecha con Goldman Sachs: era el banco de inversión que gestionaba la sicav de la que fue consejero, Bussola 99, lo que ha llevado al juez a pedir la investigación por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). La delegada de Hacienda, Raquel Catalá, hermana del ministro Rafael Catalá, se ha negado a que la ONIF investigue el caso.
Fuente: Diagonal
es periodista, miembro del CADTM del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.
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