La fiscalidad electoral

21 de diciembre de 2015 por Antonio Sanabria

La crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias estructurales del modelo tributario en vigor, surgido de los Pactos de la Moncloa en 1977. Podría decirse de hecho que la elevada deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
pública, pese a que el nivel de gasto público español es sensiblemente inferior al europeo, o la creciente desigualdad derivada del subdesarrollo social son la expresión fiscal de la crisis del régimen político surgido en la Transición. Por tanto, tras las elecciones habrá seguramente una reforma tributaria. La cuestión es quiénes la harán y cómo.

Una evidencia ilustrativa de las deficiencias que presenta el actual modelo fiscal lo muestra la paradoja de que éste combina unos tipos impositivos sobre la renta entre los más elevados de la eurozona, junto con una de las recaudaciones fiscales más bajas (solo por encima de Irlanda y las repúblicas bálticas). De hecho, el fuerte incremento de deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
pública durante la crisis es más resultado de un desplome en los ingresos que por un gasto desenfrenado.

Cualquier propuesta electoral con aspiraciones de sensatez habría por tanto de plantear medidas para incrementar la recaudación. Pero hacerlo en un contexto recesivo como el actual presenta también sus complicaciones, ya que ha de lograrse sin ahogar una frágil demanda interna. Al respecto consideramos tres posibles vías de actuación, que habrían de combinarse a nuestro juicio con medidas de alivio de deuda para hogares y pequeñas empresas. Estas tres vías serían: Una, minimizar las deducciones fiscales a personas físicas y empresas para reducir la elusión fiscal (pagar menos impuestos de manera legal). Dos, aumentar la tributación sobre beneficios de grandes empresas y equiparar el trato fiscal de las rentas del capital con las del trabajo. Y tres, lucha contra el fraude. Sobre esto último, un ejemplo para ilustrar la magnitud del problema se detecta al observar el comportamiento de la base imponible (lo que se declara a Hacienda). Así por ejemplo, la base imponible del impuesto de sociedades se redujo en 2007, es decir un año antes de la crisis. Y en 2008 fue menor aún, pese a que los beneficios del año anterior, y por tanto a declarar en 2008, alcanzaron niveles récord.

Las alzas de ingresos tributarios han de permitir financiar un mayor volumen de gasto. Seguir con las políticas de ajuste resulta suicida. El gasto público no sólo permite reanimar la economía, sino que tiene un efecto redistributivo mayor que el de la recaudación. Ahora bien, ello tiene también sus límites. Éstos no son solo la elevada deuda pública acumulada o las exigencias de Bruselas con respecto al déficit público, el cual habría que negociar. También está la restricción que impone depender del exterior para financiarse. Pensemos que actualmente más de la mitad de la deuda pública que emite el Estado español es comprada por inversores foráneos. Un fuerte incremento del déficit aumentaría las dudas sobre la capacidad de pago de esos títulos y podría complicar mucho la financiación posterior.

Las diferentes propuestas electorales parecen sensibles a este hecho y suelen explicar las partidas de ingreso que permitirían sus programas de gasto. Obviamente, tales estimaciones de ingresos son hipotéticas. El problema al respecto está en que no siempre se estimen bien al dar por hecho que todos los ingresos, de realizarse, serían inmediatos. No resultaría pues muy adecuado decir, por poner un caso, que tal o cuál gasto se financiará con lo recaudado en la lucha contra el fraude fiscal porque, aparte de ser incierto el resultado, en el mejor de los casos obtenerlo llevará años. Obviamente tampoco es cierta la fantasía fiscal, defendida por PP y Ciudadanos, de rebajar los impuestos para activar la economía y con ello recaudar más. Según
datos de la Agencia Tributaria, la caída en la recaudación debida a cambios normativos por la reciente rebaja impositiva de Rajoy se calcula hasta octubre en 5.551 millones de euros. Mientras, el crecimiento sigue frágil y con visos de desaceleración.


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