25 de febrero de 2016 por Sol Trumbo Vila , Matthijs Peters
La ciudadanía europea ha sido testigo de cómo una oleada de privatizaciones barría sus países en los últimos años. El informe del Transnational Institute (TNI) Privatizando Europa,1 publicado en 2013, demostraba cómo la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional estaban utilizando la crisis económica como una forma de impulsar programas de privatización en países endeudados de la UE, a pesar de la gran oposición popular que estos suscitaban.
Tres años después, este informe repasa las consecuencias de esas privatizaciones. Sus páginas se centran en el proceso y en los actores empresariales que se han beneficiado, y analiza si la venta de patrimonio estatal ha cumplido con las promesas que se utilizaron para justificar su privatización.
La industria de la privatización en Europa pone al descubierto que:
La lógica que esgrimen los defensores de la privatización no se corresponde con las pruebas. La privatización se ha justificado con el argumento de que genera ingresos para los países endeudados, y que garantiza una mayor eficiencia. Sin embargo, en casi todos los casos, solo se están vendiendo empresas rentables, y a unos precios sistemáticamente infravalorados. Mientras tanto, estudios del FMI
FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.
A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.
Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).
Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).
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y de universidades europeas demuestran que no existen pruebas de que las empresas privatizadas sean más eficientes. Más bien, han reducido los salarios, menoscabado las condiciones laborales y generado una creciente brecha salarial.
Un pequeño círculo de firmas jurídicas y financieras está obteniendo enormes beneficios con la nueva oleada de privatizaciones propiciadas por la crisis. Entre estas, se cuentan asesorías financieras y jurídicas, así como empresas auditoras. Estos actores son promotores activos de las privatizaciones en toda Europa y se han beneficiado de este negocio tan lucrativo, haciéndose con contratos valorados en millones de euros.
Algunos de los actores empresariales clave, como Lazard, se han dedicado a asesorar sobre el proceso de privatización y, después, a beneficiarse de su propio asesoramiento. Por ejemplo, la división de Lazard especializada en asesoría actuó como principal asesora financiera de la privatización de Royal Mail, por lo que influyó directamente en la fijación de los precios de las acciones, y al mismo tiempo, la división dedicada a la gestión de activos fue una de las 16 empresas a las que se les otorgó la condición de inversor preferente. Esto permitió a la empresa embolsarse unos beneficios de ocho millones de libras, comprando y después revendiendo las acciones.
A pesar de la retórica a favor de la gestión privada, muchas de las empresas que obtienen concesiones y compran activos privatizados son empresas de propiedad estatal. Empresas estatales chinas, por ejemplo, se han convertido en actores dominantes que están comprando empresas energéticas europeas, adquiriendo acciones en empresas públicas de servicios portuguesas, griegas e italianas. Empresas estatales de Alemania y Azerbaiyán también han participado en la compra de activos privatizados en otros países europeos.
La privatización en Europa ha impulsado un aumento de la corrupción, con demasiada frecuencia de casos de nepotismo y conflictos de interés. En Grecia, este hecho ha dado lugar a constantes escándalos en el HRADF, la principal agencia encargada de las privatizaciones en el país, y tres de los miembros de su junta están acusados actualmente por la fiscalía anticorrupción griega. En Italia, España, Portugal y el Reino Unido se han producido casos parecidos.
Fuente : TNI
Investigador en el Transnational Institute (TNI) y activista en varias redes internacionales como la “Campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”
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