Las Socimi y la lucha por la desigualdad en España

1ro de diciembre por Manuel Gabarre

Vista posterior del Edificio España. David Fernández - El Salto

Las élites españolas, improductivas por tradición y por vocación, han logrado inexplicables privilegios como las exenciones con que cuentan las Sicav y las Socimi mediante el control efectivo del Estado.

Parece que el sino de España es que su población se concentre en unos pocos focos mientras la mayor parte del país se vacía progresivamente. La sobrepoblación de estos focos provoca que en ellos se dispare el precio de la vivienda, por lo que la manera más sencilla de enriquecimiento consiste en apropiarse del espacio urbano.

Actualmente vemos cómo desde el poder se promueve que la propiedad de los inmuebles urbanos vaya recayendo en menos manos. Esto se debe a la labor de las élites económicas, que han logrado que la inversión inmobiliaria reciba privilegios inexplicables en un contexto de crisis como es el actual.

El más destacable que han conseguido es evitar el pago de impuestos por los beneficios que obtengan del alquiler y de la venta de sus propiedades inmobiliarias, ya sean estas viviendas, hospitales o gasolineras. Este privilegio, que se enmarca en la lucha por un mundo más desigual a nivel global, fue logrado por la European Property Real Estate Association (EPRA).

Se trata de un lobby Lobby
Lobbies
Los lobbies son grupos de presión de interés privado, que defienden la mayor parte del tiempo los intereses de grupos industriales o financieros. Se cuentan unos 40.000 lobbistas en Washington
financiero que presiona a los diferentes estados para beneficiar a los grandes propietarios inmobiliarios, principalmente bancos, grandes patrimonios y fondos de inversión, también conocidos como buitres. Según describe Juan Hernández Vigueras en su libro El casino que nos gobierna, en 2009 el PSOE, presionado por la crisis de 2007, accedió a regular la gran inversión inmobiliaria en condiciones ventajosas.

En junio de 2012 dos representantes de la EPRA se reunieron con el recién formado gobierno del PP y lograron su objetivo: que las Socimi no pagasen el impuesto de sociedades

Esta regulación tuvo como fruto la creación de un nuevo vehículo de inversión inmobiliaria como son las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario o Socimi. Pero al no contemplar la exención del pago de impuestos, esta regulación fue considerada insuficiente por la EPRA.

Sin embargo, en junio de 2012 dos representantes de la EPRA se reunieron con el recién formado gobierno del Partido Popular y lograron su objetivo. Es decir, que las Socimi no pagasen el impuesto de sociedades. Esta regulación fue el pistoletazo de salida de multitud de fondos e inmobiliarias que adoptaron esta forma legal. Este es el caso de Colonial que se transformó este año en Socimi o de Merlin Properties, ambas cotizadas en el IBEX 35.

El proyecto político que está detrás de las Socimi determina que el peso del Estado descanse sobre los hombros del trabajo y del consumo, es decir, del pueblo, mientras que por el contrario, las élites, particularmente los grandes propietarios inmobiliarios, no pagan impuestos escudándose en regulaciones como la de las Socimi o la de las Sicav. Las Sicav son sociedades de inversión de los grandes patrimonios, que solo pagan el 1% por el impuesto de sociedades.

Pero, en realidad, su verdadera ventaja consiste en que no son controladas por los funcionarios de Hacienda, sino por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ante el fraude masivo que se estaba produciendo en las Sicav, los inspectores de Hacienda abrieron centenares de expedientes en 2004. Debido a esto, en 2005 CIU presentó una enmienda para que estos funcionarios dejasen de meter las narices en los patrimonios de quienes verdaderamente mandan. La enmienda fue aprobada con el apoyo del PP, PNV y PSOE, entonces en el gobierno.

En este sentido, los expedientados fueron amnistiados y se le dio esta competencia a la CNMV, cuyo presidente es nombrado directamente por el gobierno. Desde ese momento se han zanjado las injerencias en el patrimonio de sus señorías. Y es que la política laboral, fiscal y económica ha sido la misma gobierne quien gobierne. El resultado es una sociedad cada vez más desigual e improductiva en la que el consumo se ve resentido por el IVA y por los bajos salarios, que además se deben destinar en una proporción creciente a la vivienda.

La Comisión Europea ha alertado sobre el incremento de la desigualad en España durante la última década, manifestando en un informe reciente que nuestra sociedad está en una situación crítica. Este es el fruto de una política promotora del rentismo, donde las élites españolas, improductivas por tradición y por vocación, han logrado inexplicables privilegios mediante el control de un Estado cada vez más autoritario e irracional.

Si no es así, ¿cómo se explica que una empresa dedicada a la fabricación de productos pague un 25% de impuestos por sus beneficios y que los dueños rentistas de una empresa dedicada a cobrar alquileres paguen nada?

En su ensayo La lucha por la desigualdad, Gonzalo Pontón nos da la justa medida del siglo XVIII. Describe como las élites de entonces se apropiaron del campo mediante privilegios legales, entre ellos, no pagar impuestos e impartir su propia justicia. Atribuye a la nobleza y al clero la defensa de la desigualdad que con sus palabras, era la razón misma de la anquilosada pero sólida estructura económica de España. El resultado del siglo XVIII en España fue su declive casi definitivo. Si la sociedad de hoy en día no logra revertir estas políticas que fomentan la desigualdad, estamos abocados a vivir otra época decadente, donde el proyecto social consiste en que una minoría privilegiada se enriquezca a costa de los demás mientras que como país iremos perdiendo el paso de los tiempos.


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Autor

Manuel Gabarre

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