Los reclamos de la Carta de Lima apenas apuntan a una reforma contable

Mas de siete mil personas participaron de la 45a reunión anual de los gobernadores del BID en Lima, la capital de Perú. Allí estuvieron presentes los ministros de las naciones Latinoamericanas, junto a los demás socios del BID, expresando un cierto optimismo con los informes que auguran una nueva racha de crecimiento económico que rondará el 4%.

En esas asambleas se suceden una serie de talleres y reuniones entre gobiernos, empresarios y otros agentes económicos, mientras se discuten las grandes líneas estratégicas de acción del BID. Pero en este caso tuvo lugar un hecho inusual ya que varios países empujaron una negociación que no estaba directamente vinculada con el banco, sino que apuntaba al FMI. Las tratativas impulsadas por Brasil y Argentina tuvieron éxito, y el 29 de marzo se presentó la “Carta de Lima”, con el apoyo de otros nueve países, donde se reclamaban cambios contables para permitir que las inversiones sean diferenciadas de los demás gastos corrientes.

Los gobiernos Latinoamericanos además firmaron otras dos cartas (en esos casos se sumaron otros ocho países) para apoyar la candidatura del español Rodrigo Rato a la jefatura del FMI.

La “Carta de Lima” fue firmada por los ministros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El documento recibió una acogida muy calurosa desde varios sectores. Varios delegados gubernamentales subrayaron su importancia, y no pocos representantes de organizaciones ciudadanas y movimientos políticos también se alegraron, creyendo ver en ella un nuevo paso hacia la autonomía regional.

Una vez más es conveniente no encandilarse con análisis apresurados, e ir directamente a la fuente, leyendo detenidamente el texto de la “Carta de Lima”. La declaración apunta aspectos positivos en la racionalización de los gastos, la implementación de las reformas, los cambios institucionales, el “mantenimiento de una trayectoria sustentable de la deuda pública”, etc. A partir de esas declaraciones se advierte que las actuales condiciones obligan a considerar a las inversiones como gastos, y que por lo tanto para cumplir con las exigencias de restringir el gasto no se llevan a la práctica muchas inversiones.

Por ejemplo, la Carta sostiene que “la caída en las inversiones públicas” compromete el crecimiento del PBI, y en especial se señala que los emprendimientos en infraestructura están afectados por este problema. Los ministros agregan que “inversiones y gastos corrientes constituyen hechos económicos con un impacto fiscal distinto, pero en la actualidad son tratados como si tuvieran un impacto fiscal idéntico”.

Este ha sido un cuestionamiento reciente de varios países, pero en especial Brasil. El gobierno del PT insiste en desglosar los fondos destinados a inversiones sociales y en infraestructura de manera que no se contabilicen como parte del gasto estatal, y así poder alcanzar más fácilmente sus metas de superávit fiscal sin dejar de invertir en proyectos locales. Otro tanto ha sucedido con Argentina, aunque ese país mantiene una posición mucho más dura ante el FMI. En las últimas semanas también se han quejado por los mismos problemas tanto Bolivia como Ecuador.
La “Carta de Lima” entonces apunta en ese sentido, pero no más que eso - allí no se cuestionan otros aspectos, como los flujos de las inversiones, los destinos de muchos de esos fondos, las vinculaciones con el endeudamiento, y otros temas relacionados.

Los ministros enfocan sus reclamos en el “perfeccionamiento de los criterios de contabilidad utilizados como parámetro de las metas de política fiscal”, donde las “inversiones tengan un tratamiento diferenciado en el cálculo de los parámetros a los que están sometidos los gastos corrientes”. Justamente en ese punto se centra la “Carta de Lima”; es un reclamo de reformulación contable y nada más. Tan es así que el ministro brasileño Guido Mantega, al presentar el documento, volvió a advertir que no es la antesala de un frente de países deudores. Eso explica que el documento recibiera la adhesión de ministros que son conocidos ortodoxos en el manejo de los temas económicos, como los de México, Ecuador o Colombia.

La carta fue elevada al BID, pero en realidad el destinatario principal es el FMI, y en especial a su asamblea anual que tendrá lugar dentro de algunas semanas. Algunos dirán que esta carta no es un hecho menor al provenir de gobiernos que por años han permanecido callados frente a las decisiones del FMI. Pero debemos reconocer que es un reclamo modesto frente a los problemas de los flujos financieros internacionales, donde los hechos sustantivos no han sido encarados, por lo que antes que una carta, el mensaje es apenas un susurro.