Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

En el Estado español, desde el nacimiento de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. (PACD), existe una experiencia para poner fin a la hemorragia de capitales que constituye el pago de una deuda que no nos benefició y que, si analizamos bien, ya hemos pagado varias veces. Esa plataforma ha jugado un papel central a medida que el tema de la deuda se ha ido colocando en el foco de la actualidad. Así, la necesidad de auditar la deuda y no pagar la parte declarada ilegítima se encuentra ya en numerosos manifiestos y programas políticos, es ahora una reivindicación ampliamente reconocida como imprescindible y sumamente importante. Es una de las preocupaciones de Podemos aunque este partido haya suavizado su discurso al respecto. Figura también en programas de partidos políticos como CUP, Izquierda Unida o Compromís. Pero conviene no olvidar que esa reivindicación ha sido protagonizada desde sus orígenes por movimientos sociales en distintos países del Sur de otros continentes desde la crisis de la deuda de los 80’. Siguiendo las luchas sociales, el movimiento del 15M popularizó en multitudes de asambleas el no pago de deudas ilegítimas; Strike Debt hizo suyo el eslogan ’Don’t owe, won’t pay’ en EE.UU, mientras el movimiento social griego clamaba: “no debemos, no pagamos, no vendemos nada”. El lema del impago ha sido central durante las Marchas de la Dignidad. En muchos manifiestos, como el de Procés Constituent, la “auditoría de la deuda y el impago de la deuda ilegítima” figuran también como reivindicación número uno. A nivel europeo, en abril de 2012, se constituyó la red ICAN (International Citizen debt Audit Network), que bajo el lema “No Debemos. No Pagamos”, aglutina a movimientos y redes en doce países europeos (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Polonia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Eslovenia, Escocia y Chipre) para luchar contra las medidas de austeridad a través de la realización de Auditorías Ciudadanas de la Deuda. Así pues, el lema ¡No debemos, no pagamos! de la PACD forma parte de un largo recorrido de lucha social contra la deudocracia.

 Mociones presentadas en los Ayuntamientos, un antecedente que marca la voluntad ciudadana de auditar las cuentas

La asociación vecinal de afectados por la deuda municipal de Moià ha sido pionera en el ámbito de la lucha contra la deuda a nivel municipal. Inició su actividad en el 2012 para llevar a los juzgados de Manresa información relativa a varios expedientes de obras y de una empresa pública, los cuales, aparte de estar estrechamente ligados con una parte importante de la deuda, podían haberse hecho de forma irregular y con intereses particulares. Esa experiencia anterior a la PACD - en la cual se integró durante el 2013 - nos enseña el potencial de empoderamiento que tienen los municipios para que los habitantes sepan cómo los poderes públicos gestionan sus impuestos y cómo los reparten en el presupuesto. Al final, se trata de saber si la deuda generada, entre otras causas por incumplimiento de recaudación suficiente, se justifica por haber beneficiado a la ciudadanía. A nivel local mucha gente sabe lo que se desvió en despilfarro o corrupción, y hasta conoce los nombres de los responsables, y por eso tiene sentido iniciar la auditoría a nivel municipal.

La PACD del País Valencià (PACD-PV) se planteó en noviembre de 2012 iniciar una campaña que permitiera visualizar el rechazo a las políticas dictadas por el gobierno central y el ahogamiento que padecen las Administraciones Locales. La idea surgió a partir de la aprobación el 27 de noviembre de 2012 de una moción municipal en El Pinós (Vinalopó Mitjà) contra la privatización de la sanidad, exigiendo la derogación de los RD 15/97 y 16/2012, la solicitud de la auditoría ciudadana del gasto sanitario en las cuentas de la Conselleria de Sanitat y la apertura de los libros de cuentas. [1]

En todo el Estado, la PACD ayudó a presentar mociones en distintos ayuntamientos para el no pago de deudas ilegítimas y la implementación de auditorías ciudadanas. La PACD del País Valencià elaboró mociones municipales por la paralización del pago y auditoría ciudadana de la deuda de las administraciones, contra el pago de la parte ilegítima de la misma, por unos impuestos justos y por la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Esta moción fue presentada el mes de marzo de 2013 en Alicante, [2] Alcoi y Muro. Fue aprobada en estos 2 últimos, y allí votaron a favor grupos municipales de Compromís, PSOE, PP y EU. No suele ocurrir que PP y PSOE aprueben mociones apoyando la auditoría a nivel local. Aunque ocasionalmente lo hagan, eso no quiere decir necesariamente que las apliquen correctamente y vayan a ir hasta el final, ni que luego las vayan a aplicar a nivel estatal.

En junio de 2013, se debatió y votó en el pleno del Ayuntamiento de Valencia la moción elaborada e impulsada por la PACD en la cual se exigía la moratoria del pago de la deuda pública y la realización de una auditoría ciudadana de la misma. En este caso, la moción fue rechazada con el voto en contra del PP, la abstención del PSOE y contó con el voto favorable de Esquerra Unida, quien presentaba la moción, y Compromís. También se realizaron procesos similares en Petrer, Dénia, Picassent, Alcúdia, Sagunt, Godella i Foios, Aspe, Sant Vicent del Raspeig y Santa Pola...

En Catalunya, Cerdanyola del Vallès y Molins de Rei han aprobado mociones que declaran ilegítima parte de su deuda y denuncian que los bancos han cobrado intereses superiores al 5% a los ayuntamientos mientras se financiaban a menos del 1%. Los textos se refieren a los préstamos otorgados a los ayuntamientos en el marco del Plan de Pago de Proveedores 2012, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. [3]

En 2013, Badalona fue uno de los primeros municipios del Estado que declaró mediante una moción parte de la deuda ilegítima, concretamente aquella parte que procede del mecanismo de pago a proveedores basado en los créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. ICO, ya que el Ayuntamiento paga unos intereses del 5,5% a los bancos que se financian a un interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. inferior al 1%. Aprovechamos para recordar que este mecanismo sigue igual a nivel estatal: “El Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo tiene prohibido prestar a los Estados, por lo que le presta dinero a los bancos con un tipo de interés del 0,25%. Los bancos a su vez se lo prestan al Estado con un tipo del 6%. La deuda generada por esa diferencia entre el 0,25% y el 6% es ilegítima”, explica muy bien Yago Álvarez en un artículo publicado por Diagonal. [4]

Siguiendo los pasos de Badalona, en noviembre de 2013, Sabadell también declaró ilegítima esa parte de la deuda. En Granada, en diciembre de 2014, los concejales del grupo municipal de IU presentaron una moción para auditar lo que calificaron como “deuda ilegítima” del Ayuntamiento de Granada, calculando en casi 10 millones de euros lo que se ha pagado en “intereses abusivos” de los bancos. [5] Por el momento decenas de municipios han presentado mociones similares en Catalunya, País Valencià y Andalucía.

 Los Observatorios Ciudadanos Municipales, un ejemplo a generalizar

Un Observatorio Ciudadano Municipal (OCM) es un espacio ciudadano (con movimientos sociales, asociaciones de vecinos y ONG’s pero sin ningún partido político) para fiscalizar los ayuntamientos de manera colectiva, abierta y permanente. Son espacios para promover procesos de auditoría ciudadana municipal integrales que permiten potenciar la presión a las Administraciones Públicas para que sean realmente transparentes. Pero, más allá de eso, animan a la participación ciudadana colectiva generando toma de consciencia al respecto de los bienes comunes Bienes comunes En economía los bienes comunes se caracterizan por un modo de propiedad colectiva, que se diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública. En filosofía hacen referencia a aquello que comparten los miembros de una misma comunidad, ciudad o la propia humanidad, desde un punto de vista jurídico, político o moral. .

Aparte de los de Catalunya y País Valencià donde arrancaron los OCM, el observatorio de Málaga funciona desde julio de 2014 y es pionero en Andalucía.

]] En el verano de 2015, contamos ya 32 OCM en el todo Estado español, lo que supone más de 5 millones de habitantes preparados para realizar auditorías ciudadanas municipales. Ya se han conseguido mejoras en el nivel de transparencia ofrecida por los ayuntamientos y la anulación de dos contratos improcedentes de recogida de basuras (Alcantarilla y Torre Pacheco). [6]

En octubre de 2015, la Associació Josep Vidal Llecha otorgó el Premio «Memorial por la Pau 2015», que incluye 8.000 euros, a la red de Observatorios Ciudadanos Municipales, «Una iniciativa de la sociedad civil para promover la apertura de los ayuntamientos a la participación ciudadana». Han recibido este mismo premio personas muy reconocidas en el campo del activismo por la paz, el desarme, la ecología y todo tipo de iniciativas que defienden los derechos de las personas y de los pueblos como Arcadi Oliveres, Vicenç Ferrer, Vicenç Fisas, Aminatou Haidar o Itziar González, y también movimientos sociales como: Poble de Lakabe, Ruta Pacífica de las Mujeres- Colombia, Xarxa pel decreixement o el Semanario Directa.