Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El portavoz de Hacienda del Partido Laborista, John McDonnell (un marxista autodeclarado) presentó las ideas centrales del informe, que había sido elaborado por una serie de expertos académicos, entre ellos Andrew Cumbers, de la Universidad de Glasgow, que ha escrito mucho sobre la cuestión de la propiedad pública. Y Cat Hobbs, de Weownit, presentó un resumen convincente de los fracasos y destrozos de las privatizaciones del pasado.

Desde muchos puntos de vista, el discurso de McDonnell resultó estimulante en el sentido de que el próximo gobierno laborista, encabezado por Jeremy Corbyn y con él mismo de ministro, están realmente decididos a restablecer unos servicios públicos debidamente financiados y dotados de recursos y a revertir las privatizaciones de sectores económicos clave, llevadas a cabo por los anteriores gobiernos conservadores y laboristas durante el periodo neoliberal de las tres décadas que precedieron a la Gran Recesión. McDonnell y el informe destacan una serie de modelos para los futuros Futuros
Contrato a término Un contrato a término o futuros (futures en inglés) es un compromiso firme de entrega normalizado, donde las características son conocidas de antemano, por una cantidad determinada de un activo subyacente definido con precisión, en una determinada fecha, denominada vencimiento, en lugar prefijado, y negociado en un mercado a término organizado. Los contratos a término son los instrumentos financieros que más se negocian del mundo. bienes y servicios de propiedad pública: desde cooperativas, servicios municipales y nacionalización de sectores clave como la sanidad, la educación y las compañías suministradoras de agua, energía y transporte, es decir, los llamados monopolios naturales.

Como deja muy claro el informe, las privatizaciones de los últimos 30 años han fracasado incluso con respecto a sus propios objetivos declarados: mayor eficiencia y mayor productividad, más competencia y mayor igualdad. El resultado ha sido todo lo contrario: la productividad en el Reino Unido ha descendido, y como han demostrado muchos estudios, los sectores privatizados no han sido en absoluto más eficientes. Simplemente se crearon entidades destinadas a obtener rápidos beneficios para los accionistas a expensas de la inversión, de la calidad del servicio y de las condiciones de trabajo (pensiones, salarios y carga de trabajo). En efecto, el concepto que ha regido en las compañías de suministro de agua, energía, transporte ferroviario y correos ha sido el cortoplacismo, es decir, el incremento rápido del precio de las acciones, el pago de cuantiosas bonificaciones a los directivos y el reparto de enormes dividendos en vez de invertir, con la vista puesta en el largo plazo, en un plan social para todos y todas.

Los sectores de propiedad estatal constituyen realmente un modelo económico exitoso incluso en economías predominantemente capitalistas. El informe laborista menciona el hecho de que la proporción de empresas públicas entre las 500 compañías más grandes del mundo ha aumentado del 9 % en 2005 al 23 % en 2015 (si bien esto se debe sobre todo al crecimiento de empresas estatales chinas). El éxito de las economías de Asia Oriental tiene mucho que ver con que los sectores en manos de los Estados y dirigidos por ellos se modernizaron, invirtieron y se protegieron frente a las multinacionales estadounidenses (aunque también influyó la disponibilidad de mano de obra barata, la ausencia de derechos de los trabajadores y la adopción de tecnología extranjera).

Como han demostrado muchas autoras, por ejemplo, Mariana Mazzacuto, la financiación y la investigación públicas han sido cruciales para el desarrollo de grandes empresas capitalistas. El sector público y el crecimiento económico van a menudo de la mano, y en este sentido el informe laborista menciona “la historia de éxito europea de la que rara vez se habla es Austria, que alcanzó la segunda tasa de crecimiento económico más elevada (después de Japón) entre 1945 y 1987 con la proporción más alta de propiedad estatal de la economía de toda la OCDE Organización de Cooperacion y Desarrollo Economicos
OCDE Creada en 1.960 y con sede en el Château de la Muette en París, la OCDE agrupaba en el 2.002 los quince miembros de la Unión Europea más Suiza, Noruega, Islandia; en América del Norte, Estados Unidos y Canadá; en Asia-Pacífico, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Entre 1.994 y 1.996, ingresaron tres países del Tercer Mundo: Turquía, candidata a entrar también a la Unión Europea; México, que con sus dos vecinos del Norte forma el ALCNA o NAFTA; Corea del Sur. Desde 1995 se han sumado tres países del ex bloque soviético: la República Checa, Polonia y Hungría. En el año 2.000, la República Eslovaca constituyó el miembro número treinta.
Lista de los países miembros de la OCDE por orden alfabético: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.
Sitio web : ” (Hu Chang).

El informe también deja claro que no es cuestión de volver a los viejos modelos de nacionalización que se adoptaron tras la segunda guerra mundial. Eran industrias estatales destinadas principalmente a modernizar la economía y garantizar unos sectores básicos para subvencionar al sector capitalista. No había democracia ni participación de los trabajadores o siquiera del gobierno en las empresas del Estado y tampoco ninguna integración en un plan de inversión o de servicios sociales más amplio. Era el llamado modelo morrisoniano, así llamado por el dirigente laborista de derechas Herbert Morrison, quien supervisó las nacionalizaciones en el Reino Unido durante la posguerra.

El informe menciona ejemplos alternativos de sistemas de empresas públicas con control democrático. Está el modelo de la Statoil noruega, en la que un tercio de los miembros del consejo de administración los elige el personal; o todavía más, el sector del gas y la electricidad en la Francia de posguerra, donde los consejos de administración de las empresas públicas los formaban “cuatro miembros nombrados por el Estado, cuatro representantes de grupos técnicos y de expertos (incluidos dos que representaban los intereses de los consumidores) y cuatro representantes de los sindicatos” (B. Bliss).

Esto todo fue muy positivo y estaba claro que la audiencia de activistas del Partido Laborista estaba entusiasmada y dispuesta a implementar “un cambio de rumbo irreversible hacia unos servicios públicos gestionados por trabajadores” (McDonnell). El propósito de los dirigentes laboristas es revertir las anteriores privatizaciones; poner fin a la iniquidad de la llamada financiación público-privada; revertir la subcontratación de servicios públicos al sector privado y expulsar el mercado del Servicio Nacional de Salud, etc. Esto está muy bien, del mismo modo que su voluntad de plantear, no solo la idea imperfecta de una Renta Básica Universal (RBU) como alternativa social a la destrucción de empleo debida a la futura automatización, sino también la idea mucho más progresista de asegurar unos Servicios Básicos Universales, en que servicios públicos como la sanidad, la asistencia social, la educación, el transporte y las comunicaciones se presten gratuitamente en el lugar de utilización, eso que los economistas llamábamos bienes públicos.

Sin embargo, lo más importante para mí sigue siendo lo que planteé al principio al hablar del programa económico de Jeremy Corbyn cuando este asumió el liderazgo del Partido Laborista en 2015. Si la propiedad pública se limita a los llamados monopolios naturales o compañías de suministros básicos y no se extiende a los bancos y al sector financiero y sectores estratégicos clave (las cumbres dominantes de la economía), el capitalismo seguirá llevando la batuta en la inversión, y la ley del valor y los mercados continuarán al mando. El plan laborista de un banco de inversión estatal y de un plan de inversiones inducido o gestionado por el Estado añadiría alrededor del 1 o 2 % al PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. del Reino Unidos. El sector capitalista invierte cerca del 12 al 15 % y seguiría dominando la economía a través de sus bancos, empresas farmacéuticas, aeroespaciales y tecnológicas y sus conglomerados de servicios empresariales.

En la conferencia no se habló de someter estos sectores al control estatal. Tampoco se habló de la apropiación pública de los cinco grandes bancos, como he planteado en anteriores ocasiones y he incluido en un estudio en cuya elaboración he participado, en nombre del sindicato de bomberos (y que formalmente es una posición política de la confederación sindical británica, el Trade Union Congress). Sin el control de las finanzas y sectores estratégicos de la economía británica, un gobierno laborista o bien fracasará en su intento de mejorar la suerte de “los muchos y no los pocos” (lema laborista), o peor, sufrirá la repercusión de otra recesión mundial sin ninguna protección frente a las vicisitudes del mercado y de la ley del valor.