¡Rescatemos a Venezuela del arbitraje entreguista!

20 de julio de 2009 por Luis Britto García


La irrenunciable inmunidad de Venezuela

Por si me leen jueces que los ignoren, recapitulo los fundamentos jurídicos
de Venezuela. La soberanía comprende el derecho ilimitado y perpetuo de una
República de darse sus leyes, ejecutarlas con sus autoridades y resolver
las controversias sobre su aplicación con sus propias normas y tribunales.
El artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
que por formar parte de sus Principios Fundamentales prevalece sobre los
restantes, determina que “Son derechos irrenunciables de la Nación
la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad
territorial y la autodeterminación nacional.” Ni otro artículo
constitucional, ni la Ley, ni manifestación de voluntad de funcionario o
ciudadano pueden renunciar entonces a la inmunidad, que es el derecho de
resolver las controversias en las que sea parte la Nación mediante las
propias leyes y los propios tribunales, sin someterse a jueces extranjeros.

La planta insolente del arbitraje

La soberanía es condición de existencia de nuestros países: grandes
potencias y transnacionales sostienen la inexistencia de nuestras
soberanías. En 1868, el internacionalista argentino Carlos Calvo, indignado
por la invasión de Francia e Inglaterra contra México, sostuvo que empresas
y ciudadanos extranjeros deben solucionar sus controversias con el Estado
territorial donde están establecidos ante los tribunales internos de éste.
Países como Bolivia y Honduras acogieron en sus Leyes fundamentales
artículos en tal sentido; Venezuela los incluye en sus constituciones desde
1893. Ante el bloqueo, cañoneo e invasión de Inglaterra, Alemania e Italia
contra nuestro país en 1902, sostuvo Cipriano Castro que las reclamaciones
extranjeras se consideraban un asunto interno de Venezuela, competencia de
los tribunales locales. Estados Unidos obligó a nuestro indefenso país a
aceptar el arreglo de los llamados Protocolos de Washington. La planta
insolente del arbitraje había hollado la sagrada inmunidad jurisdiccional de
la Patria.

La amenaza contra las reservas internacionales

Más destructivos que cañones de acorazados extranjeros, funcionarios
vendepatria siguieron incluyendo en nuestros contratos de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. público
cláusulas inconstitucionales de sometimiento de la República a tribunales o
árbitros extranjeros, y algunos jueces intentaron inconstitucionalmente
legitimarlas. La empresa Maxipistas fracasó en la administración de la
autopista Caracas-La Guaira, arrastró a Venezuela ante árbitros extranjeros,
y nuestro país debió pagar una indemnización injusta. La Exxon-Móbil intentó
en 2008 aniquilar Venezuela demandándola ante el Centro Internacional de
Arbitraje sobre Inversiones (CIADI CIADI Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.

Más
) para embargarle bienes y reservas
internacionales ante tribunales extranjeros. Fermín Toro Jiménez y yo
demandamos del TSJ que declarara la inconstitucionalidad de la violación de
la inmunidad jurisdiccional de nuestro país. El tribunal declaró que se
podría someter a Venezuela a jueces y árbitros extranjeros previa
“manifestación”. La planta insolente de la Exxon podría aplastar nuestras
reservas internacionales.

Transnacionales al abordaje

Ante esta luz verde para atropellar la inmunidad de jurisdicción, más
transnacionales se aprestan a arrastrar a Venezuela ante tribunales
extranjeros: la Gold Reserve, predadora de nuestros recursos de oro, e
Intesa, la firma que saboteó el corazón informático de PDVSA en 2002, cuyo
contrato también incluye una “manifestación” para someter a nuestro país a
jueces foráneos. No es como para celebrar. De 232 casos sometidos al CIADI,
230 fueron decididos a favor de las transnacionales. Someterse al CIADI es
como jugar ruleta rusa con todas las balas en el cilindro del revólver.
Brasil, país siempre consciente del interés nacional, jamás se sometió a
dicha organización.

Defensa de la soberanía de jurisdicción

¿Serán Venezuela y el Proyecto Bolivariano aniquilados por un golpe
judicial que los arrastre para ser descuartizados por jueces y árbitros
extranjeros y enemigos? La soberanía se defiende con conciencia, con normas
y con actos. En cuanto a la conciencia, el ministro de Energía y Petróleo
Rafael Ramírez afirmó el 9 de julio que el arbitraje internacional es
“estrategia transnacional aplaudida por la oligarquía venezolana, parásita y
beneficiaria de las migajas de la renta petrolera”. Todos los ministros (y
ojalá todos los jueces) deberían compartir esta afirmación de soberanía.

Normas por la soberanía de jurisdicción

La Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las
actividades primarias de hidrocarburos de 7 de mayo de 2007 pauta en su artículo 11 que “Los hechos, actividades y contratos objeto de la
presente Ley se regirán por las Leyes de la República Bolivariana
de Venezuela y las controversias serán dilucidadas en forma
exclusiva y excluyente por sus tribunales”. En desarrollo de los artículos 1 y 151 de la Constitución, otras normas deben extender explícitamente dicha exclusión a todas las controversias relativas a contratos de interés
público.

Retiro del CIADI

Pero el definitivo rescate de la soberanía de jurisdicción de Venezuela
sería su retiro del nefasto CIADI. Bolivia anunció el 29 de abril de 2007 su
salida de ese ente arbitral que síempre favorece a las transnacionales:
alegó que los fallos del CIADI son definitivos e inapelables; que su
injerencia viola el artículo 135 de la Constitución boliviana, que el
Tribunal constitucional lo declaró incompetente; que sus metodologías son
arbitrarias y poco claras; que no acepta audiencias con peticionarios
externos, se reune a puerta cerrada y que la defensa de los Estados en esa
instancia es muy costosa, pues deben contratar abogados en Estados Unidos.
Ecuador también acaba de anunciar su retiro (Decio
http://www.rebelion.org/mostrar.php...
Machado: “Un nuevo acto de soberanía: Ecuador denuncia al CIADI”; Kaos en la
Red, 7-7-2009) ¿Hasta cuándo seguirá siendo Venezuela el único fundador del
ALBA que deja que destrocen su inmunidad de jurisdicción jueces y árbitros
extranjeros?




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