“Si los gobiernos no quieren auditorías ciudadanas de deuda es porque esconden algo”

Toussaint defiende que los países se declaren en suspensión de pagos para renegociar con los acreedores su deuda y reducirla radicalmente

25 de marzo por Eric Toussaint , Maialen Mariscal Ruben Plaza

CC - Wikimedia

DONOSTIA - La tesis del politólogo Eric Toussaint se caracteriza por una decidida defensa de la condonación de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
de los países siempre y cuando ésta sea ilegal, ilegítima o insostenible. Son ideas que ha planteado en todos los foros donde ha participado, como la comisión internacional que el año pasado constituyó con 30 expertos la presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstantopoulou, para analizar la factura generada por el endeudamiento griego. Hace unos días ofreció una conferencia en Donostia en la que disertó sobre las auditorías ciudadanas de la deuda. Eric Toussaint es el portavoz de CADTM, una red internacional presente en más de 30 países y es autor del libro Bancocracia.

¿Qué porcentaje de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
pública del Estado español es legítima?

- No se puede concluir los resultados de una auditoría sin realizarla, y de ahí que me parezca fundamental que la ciudadanía con la ayuda de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y de gobernantes dispuestos al cambio tanto a nivel municipal, como de comunidad autónoma o del Estado analicen el proceso de acumulación de deuda que atravesó España para determinar qué parte es ilegítima, ilegal o insostenible.


¿Cuál es la diferencia entre estos términos?

- La deuda ilegítima es la contraída contra el interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. general en favor del interés particular de una minoría privilegiada. Un ejemplo es la que procede de rescatar a bancos privados responsables de esta crisis porque no se ha contraído para rescatar al pueblo. Antes de la crisis bancaria la deuda pública de España era del 60% y ahora alcanza el 100%.


¿Cuándo una deuda es ilegal?

- Es la adquirida sin respetar las leyes, como la de un municipio cuando construye una infraestructura por la vía de la corrupción, sobrefacturación de constructoras o comisiones exageradas.


Un tercer término es la deuda insostenible.

- Es el caso de municipios muy endeudados a través de acumulación de deuda ilegítima e ilegal, que incapacita al municipio a garantizar de manera adecuada a la ciudadanía servicios públicos de calidad. No sé si hay localidades con deuda insostenible en la CAV, pero en otros municipios como Puerto Real cerca de Cádiz se produce esta situación.


Se nos ha transmitido la idea de que la deuda pública es obligatorio pagarla. ¿Es de esa opinión?

- No hay ninguna obligación de pago de deuda pública si no es legal, legítima y sostenible. Los acreedores y los gobiernos tradicionales pretenden que una deuda siempre se pague. Pero hay que extrañarse cuando quienes lo defienden son los que se aprovecharon de un proceso de endeudamiento como Mariano Rajoy, Rodrigo Rato o Mario Draghi, director del Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco.
Europeo, él que dirigió Goldman Sachs Europa, que falsificó las cuentas de Grecia para recibir un pago de este país.


¿Qué consecuencias acarrearía el no pago de la deuda pública?

- Una deuda ilegal es nula, no pagarla es un derecho. Hay ejemplos recientes, como el de Islandia, que en 2008 se encontró con una quiebra de su sector bancario privado y el Reino Unido y Países Bajos le exigieron una compensación por su rescate de bancos islandeses. Islandia, bajo la presión ciudadana movilizada, se negó a pagar diciendo que era una deuda provocada por la crisis de bancos privados, y que el Gobierno no era responsable. Desembocó en un conflicto. Reino Unido puso a Islandia en la lista de organizaciones terroristas como Al Qaeda. Pero Islandia no aceptó el chantaje. Finalmente, Reino Unido y Países Bajos enjuiciaron a Islandia frente a un tribunal de arbitraje y, después de tres años, el tribunal dio la razón a Islandia. Es un ejemplo poco conocido porque los grandes medios de comunicación y los acreedores no quieren que se conozca este tipo de información. Pero es posible.


¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía para articularse y que su opinión tenga un peso real?

- Depende de la capacidad que tenga un movimiento de aglutinar a un sector significativo de la ciudadanía llamando a organizarse y a lanzarse en un proceso de análisis de la deuda que pasa por pedir a los gobernantes toda la información sobre cómo se acumuló la deuda, optar a tener copias de los contratos y de las transferencias hacia los acreedores, y adoptar criterios rigurosos para identificar la deuda ilegítima, ilegal o insostenible. Se puede hacer a todos los niveles. Por ejemplo, tras el 15M se creó la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda con núcleos en varias partes de España. También tras los cambios electorales en mayo de 2015 se conformaron gobiernos municipales que quieren organizar procesos de auditoría con participación ciudadana, como el de Madrid, con el que he tenido contactos porque ahora estudia mecanismos de participación ciudadana con el objetivo de transparentar las políticas públicas y de contratación de deuda, además de analizar las deudas pasadas acumuladas.


¿Es necesaria la colaboración de los gobiernos?

- Ayuda, pero no hace falta. No hay que quedarse de brazos cruzados si los gobiernos no quieren auditar, es una razón más para hacerlo porque es que quieren esconder algo. De todos modos, si hay una voluntad en los gobiernos de ayudar a la auditoría, mejor.


¿Cuál es la pretensión última que persigue el movimiento que defiende las auditorías ciudadanas?

- Convencer a la mayoría de la población de que hay que tomar medidas fuertes de suspensión de pago y de renegociación de la deuda con los acreedores.


¿Y los resultados deseados?

- Uno de ellos es provocar que, si se identifica una deuda ilegítima o ilegal o insostenible, o en el caso de que se cumplan los tres criterios, se produzcan decisiones y no queden impunes. De este modo, se podría llegar a una reducción radical de la deuda porque esas medidas tenderían a lograr declarar una suspensión de pago y así obligar a los acreedores a entrar en una negociación y hacer concesiones. Otro de los objetivos es lanzar a través de los mecanismos que existen juicios a los responsables del endeudamiento ilegal o ilegítimo en caso de corrupción, sobornos, etc. Estos procesos judiciales irían dirigidos bien a los gobiernos o bien a los funcionarios que recibieron sobornos. También se incoarían contra constructoras o bancos que se aprovecharon del endeudamiento corrompiendo a funcionarios o aceptando pagar sobornos para ganar contratos.


¿Es posible asistir a un enjuiciamiento lanzado desde instancias ciudadanas?

- Es el poder oficial el que tiene que actuar, pero la gestión ciudadana y la presión del gobierno local que diga a la justicia que hay que imputar a los responsables es también muy importante. Por otro lado, y gracias a esa experiencia adquirida, se pueden adoptar mecanismos para transparentar de manera permanente los procesos de contratación de deuda y evitar así que se reproduzcan casos de corrupción, acumulación de deuda por razones que no se justifican o en condiciones inaceptables, entre otros.

las claves

Eric Toussaint - POLITÓLOGO
- “Hay que juzgar a gobiernos, funcionarios, constructoras y bancos por corrupción y sobornos”
- “Ningún gobierno tiene la obligación de pago de deuda pública si ésta no es legal, legítima y sostenible”
- “Es un caso poco conocido, pero Islandia se negó al chantaje de Reino Unido y Países Bajos y ganó”


Fuente: Deia

Autor

Eric Toussaint

es maître de conférence en la Universidad de Lieja, es el portavoz de CADTM Internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015,, Procès d’un homme exemplaire, Ediciones Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Es coautor junto con Damien Millet del libro AAA, Audit, Annulation, Autre politique, Le Seuil, París, 2012. Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015. A pesar de ello, la comisión prosiguió sus trabajos y se constituyó legalmente como una asociación sin afán de lucro.


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