Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Esas retenciones que beneficiaban a los acreedores eran abusivas y no tenían ningún fundamento legal. Los bajos salarios habían empujado a los mineros a contraer deudas con empresas rapaces que aprovecharon para enriquecerse a costa de los trabajadores llegando incluso a quedarse con la mayor parte del salario de los mineros endeudados. En la investigación de las circunstancias de la masacre los miembros de la comisión investigadora estudiaron la situación en la que se encontraban los 34 mineros asesinados. Pudieron ver las nóminas de 28 de ellos, lo que les permitió comprobar que todos sufrían retenciones de sus salarios. El mes anterior a la masacre la mayoría de los mineros sufrió retenciones enormes, algunas superiores a la mitad de su salario normal. En un caso las retenciones habían sido tan elevadas que no recibió su paga, lo que se ve claramente en su nómica de saldo negativo. [1]

Foto de la nómina de uno de los mineros asesinados por la represión en la mina Marikana en 2012. El total de las diversas deducciones deja un salario neto de 2.399 rands, es decir, alrededor de 145 euros. (Fuente: Bench Marks Foundation and the photographer Chris Molebatsi)

La situación de los mineros de Marikana era extrema, pero no se trata de un caso aislado. En Sudáfrica muchos trabajadores sufren importantes retenciones de sus salarios porque sus patronos son cómplices de acreedores rapaces. En el caso de la mina Marikana los propios patronos eran dueños de una sociedad que concedía préstamos a los mineros y después se beneficiaba de las retenciones de los salarios. Como reza el dicho popular, «la caridad bien entendida empieza por uno mismo», y el comportamiento de los patronos lo confirma.

Se han emprendido acciones para que se haga justicia a los mineros de Marikana, véase en particular Dick Forslund, «The Bermuda Connection: Profit shifting, inequality and unaffordability at Lonmin 1999-2012», AIDC.

Sudáfrica: el asunto de las ayudas sociales rapiñadas por acreedores rapaces

En Sudáfrica muchos trabajadores sufren grandes retenciones de sus salarios porque sus patronos son cómplices de acreedores rapaces.

El Gobierno sudafricano, como buen discípulo neoliberal, contrató a una sociedad privada llamada CPS (Cash Payment Services) para garantizar la distribución de las ayudas sociales procedentes de la Agencia Pública de la Seguridad Social (the South African Social Security Agency –SASSA-). 17 millones de personas reciben ayudas sociales de diversos tipos. CPS aprovecha la situación para utilizar información confidencial sobre los beneficiarios con el fin de convencerlos para que se endeuden con ellos por medio de microcréditos. Para ir más lejos en su beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. , posteriormente CPS recaudaba el reembolso de los microcréditos de las ayudas sociales que recibían las personas a las que engañó.

Corruption watch

La ONG Black Sash se hizo cargo de las acciones jurídicas de este asunto de conflicto de intereses, de abuso de poder y de enriquecimiento ilícito (afirmo). El Tribunal fijó un límite de las retenciones pero no condenó a la CPS por haber propuesto créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. cuyos reembolsos podían deducirse de las ayudas sociales.

A CPS se le ha renovado su contrato para gestionar las ayudas sociales. La ONG Black Sash prosigue su lucha en defensa de los beneficiarios sociales víctimas de los métodos de endeudamiento ilegítimo.

Denuncia contra la sociedad privada Lifestyle Direct Group International

Las víctimas de una estafa de deudas ilegítimas e ilegales se han agrupado para presentar un denuncia colectiva contra la sociedad privada Lifestyle Direct Group International y sus webs. Las víctimas tienen están apoyadas por la Stellenbosch University Law Clinic. La denuncia colectiva está dirigida a defender los intereses de miles de personas que han sido estafadas con propuestas de créditos engañosas.

Los denunciantes acusan a Lifestyle Direct Group International de haberlos engañado y exigen que las actuaciones de la empresa se condenen por ilegales ya que los convencieron para firmar los contratos valiéndose de mentiras. En resumen, las sumas que tenían que reembolsar eran tan exorbitantes que las víctimas eran incapaces de efectuar los pagos exigidos. En consecuencia Lifestyle Direct Group International utilizó una de las cláusulas del contrato para sacar automáticamente las sumas que exigía de las cuentas bancarias de las víctimas.

Los denunciantes exigen que el comportamiento de Lifestyle Direct Group International se condene por ilegal y que se cierren las 19 webs controladas por la empresa.

Los abogados de los denunciantes se basan en los artículos 40, 41 y 48 de la Ley de Protección de los Consumidores (Consumer Protection Act –CPA-) promulgada en 2008.

La demanda será tratada por el Tribunal Supremo de Cape Town el 27 de noviembre de 2019. El juicio podría sentar jurisprudencia y permitir que se denuncie a numerosas empresas privadas que abusan sistemáticamente de la buena fe de los clientes a quienes convencen de que se endeuden para después arruinarlos.

Traducido del francés por J.M