¿Quién está pagando por este proyecto fracasado?

Volt III: Juicio popular al Proyecto Castor

3 de noviembre por Blanca Bayas

Fabra junto a los ministros Soria y García-Margallo en las instalaciones de CASTOR

La iniciativa, impulsada por la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), plantea visitar grandes infraestructuras energéticas e industrias de Tarragona de grave impacto social, ambiental y financiero. Este año el Volt se centra en la crítica a las empresas transnacionales, actores fundamentales en la responsabilidad por los grandes proyectos inútiles e impuestos a la ciudadanía.

Por tercer año consecutivo, el Volt recorrerá lugares con industrias que suponen una amenaza para los recursos naturales y el medio ambiente, pero que también suman luchas locales por la defensa de la soberanía, el territorio y contra la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
ilegítima. En esta ocasión, el Volt se realizará del 29 al 31 de octubre y contará con la participación de más de 70 personas, que recorrerán en autocar la provincia de Tarragona, conociendo proyectos de industrias contaminantes y peligrosas, como son la Plataforma de almacenamiento geológico de gas Castor en Vinaròs, el complejo petroquímico de Repsol en Tarragona o la fábrica de Ercros en Flix.

En la parada de la Plataforma Terrestre Castor se llevará a cabo una acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. de denuncia y se presentará el Juicio popular -previsto para junio de 2017- como espacio de memoria de la población organizada contra el proyecto, así como de exigencia de responsabilidades a los actores que permitieron y promovieron su realización. Esta megainfraestructura, que provocó más de mil seísmos en las localidades vecinas -como son Alcanar y Vinaròs, entre otras-, es uno de los grandes proyectos del Estado español que, además del grave impacto social y medioambiental que generó y sigue generando, ha dejado una enorme deuda ilegítima a pagar por la ciudadanía.

El proyecto Castor fue otorgado en 2008 a la empresa Escal UGS, participada en un 66,7% por ACS y cuyo presidencia está a manos de Florentino Pérez. La infraestructura se presupuestó inicialmente por 500 millones de euros y finalmente se disparó a casi 1.700 millones de euros, financiados a partir de una emisión de deuda (bonos) de 1.434 millones respaldada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). A finales de 2014 -un año después de los mediáticos terremotos-, la promotora renunció a la concesión de explotación y el Gobierno español aprobó en pocos días un RDL con una indemnización a la empresa por valor de 1.350 millones de euros. De esta manera, en plena etapa de recortes sociales el pago a Escal UGS fue una prioridad para el Gobierno español, el cual se ejecutó con extrema rapidez -al cabo de tan sólo un mes-, a través del crédito solicitado por Enagás, empresa transportista de gas y nueva encargada de las instalaciones, a tres bancos: Bankia, Santander y Caixa Banc.


¿Quién está ahora pagando por este proyecto fracasado y por esta deuda ilegítima?

Nada nuevo bajo el sol: una vez más recae sobre los hombros de la ciudadanía; así, el pago del Castor se está realizando, actualmente, a través de un recargo en las facturas de las personas consumidoras de gas. Éste se empezó a imputar en enero del presente año y está previsto que se mantenga como una hipoteca a 30 años vista, lo que implicaría -según la OCU- un monto que asciende a 4.730 millones por el 4,3% de intereses aplicado. Lo que es más, a esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, que están ahora en hibernación bajo la gestión de la mencionada Enagás, y que también se están aplicando en la factura del gas.

El Gobierno aprobó en pocos días una indemnización a ACS por 1.350 millones de euros

En definitiva, un monto total exorbitante a pagar por una megainfraestructura que se construyó con negligencia, innecesaria -pero que, aún y así, no ha estado ni un solo día operativa-, y que generó el temor entre la población local durante los meses de temblores. Un monto que supera todo el presupuesto en educación de Catalunya por un año y que tiene una relación directa con el 17% de población que sufre pobreza energética en el Estado español por no poder pagar esas mismas facturas infladas con recargos asociados a deudas ilegítimas.


¿Existen responsabilidades por el proyecto Castor desde la justicia ordinaria?

De momento, a pesar de que actualmente hay 20 personas que están siendo investigadas en los juzgados de Vinaròs por prevaricación ambiental, y por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, no existen responsables condenados hasta la fecha. El Juicio popular al Castor, por su parte, pretende sentar en el banquillo de los acusados a ACS, al Gobierno español y al Banco Europeo de Inversiones (BEI), como responsables del desastre social y ambiental, así como de la deuda ilegítima generada. También quiere hacer un llamamiento a la solidaridad internacional denunciando los impactos que la misma ACS está provocando en países como Guatemala, con proyectos que reproducen la misma lógica del Castor, y que únicamente resultan en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. del poder corporativo y de algunas instituciones, nunca en el de sus poblaciones.

Desde la ciudadanía vamos a apelar para no pagar esta gran tajada del pastel que representa el capital financiero-extractivo. Y este fin de semana, en el Volt3, haremos entrega de una citación a juicio a los que creemos responsables, poniendo en común estrategias para desarmar la deuda ilegítima, y exigir no pagar lo que no debemos.


Autor

Blanca Bayas

Observatori del Deute en la Globalització (ODG) , http://www.odg.cat


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