la prueba resplandeciente del neoliberalismo criminal

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar su salud, su bienestar y los de su familia, especialmente para la alimentación, el vestido, el alojamiento, la sanidad y los servicios sociales básicos».

En el momento en que el valor de las materias primas estalla en los mercados mundiales, este derecho a la alimentación es escarnecido por el modelo económico neoliberal impuesto por la fuerza por el trío infernal formado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Después de una reducción muy importante de los valores durante más de veinte años, la tendencia dio un vuelco en el segundo semestre de 2001. En primer lugar en el sector energético y el de los metales, y a continuación se dirigió a los productos alimentarios. Las subidas son enormes. En un año, los precios del arroz y el trigo se han duplicado. El barril de petróleo llegó a 115 dólares, la onza de oro a 1.000 dólares, el celemín de maíz a 6 dólares. Las existencias de cereales son las más bajas desde hace un cuarto de siglo. El coste de la comida subió de manera tan desorbitada, que en más de treinta países las poblaciones han salido a las calles para gritar su rebeldía.

Las explicaciones propuestas a menudo se presentan como hechos inevitables: los desarreglos climáticos que reducen la producción de cereales en Australia y Ucrania; la subida del precio del petróleo que repercute en los transportes y por lo tanto sobre las mercancías; la demanda creciente de China y la India o el desarrollo de los biocombustibles, que ha excluido 100 millones de toneladas de cereales del sector alimentario en 2007. Muchos implicados se niegan a cuestionar el contexto económico en el que estos fenómenos se producen. Así, Louis Michael, comisario europeo responsable del desarrollo y la ayuda humanitaria, teme «un verdadero maremoto económico y humanitario» en África. La expresión es ambigua, ya que la imagen del maremoto hace referencia a una catástrofe natural que nos sobrepasa y, demasiado fácilmente, exime de su culpa a una serie de responsables.

Recientemente, el FMI y el Banco Mundial dieron la voz de alarma. Se han liberado algunos fondos de urgencia. Pero, ¿quién recuerda que la ayuda pública al desarrollo entregada en 2007 por los países ricos bajó un 8,4%? Desde 1970 prometieron elevarla al 0,7% del producto interior bruto, pero actualmente no sobrepasa el 0,28% como promedio, a pesar de las manipulaciones estadísticas (inclusión de las condonaciones de deudas, los gastos de reconstrucción de Iraq y Afganistán, etcétera). Por añadidura esta ayuda se adjudica mayoritariamente sobre criterios geopolíticos, independientemente de las necesidades reales.

Y, ¿quién cuestionará la omnipotencia de los mercados financieros? Los organismos de crédito hipotecario estadounidenses, en los últimos años concedieron préstamos a un sector de la población ya muy endeudado, a un tipo de interés moderado durante dos años antes de encarecerlos vertiginosamente. Los prestamistas aseguraban a los prestatarios que sus inmuebles se revalorizarían rápidamente. En 2007 la burbuja inmobiliaria estalló. Entonces la crisis se propagó a múltiples protagonistas financieros que habían establecido confusos montajes de deudas y ejecutado enormes operaciones de «contabilidad invisible». Entonces la especulación se desplazó a otro sector que se ha vuelto más lucrativo: el de las materias primas, empujando sus valores al alza.

Finalmente, ¿quién señalará que el Banco Mundial aparece preocupado sobre todo porque las revueltas sociales amenazan la globalización neoliberal, cuya estructura genera pobreza, desigualdades y corrupción al prohibir cualquier forma de soberanía? Durante los años 80 y 90 se obligó a los países del Sur a seguir los dictados neoliberales en forma de políticas de ajuste estructural: reducción de las superficies destinadas a cultivos alimentarios y especialización en producción para la exportación, fin de los sistemas de estabilización de los precios, abandono del autoabastecimiento de cereales, debilitamiento de las economías por una extrema dependencia de la evolución de los mercados mundiales, fuerte reducción de los presupuestos sociales, supresión de las subvenciones para los productos básicos, apertura de los mercados y establecimiento de la competencia, injusta para los pequeños productores locales frente a las empresas transnacionales…

Actualmente las poblaciones del Sur lo están pagando muy caro y las instituciones implicadas deben rendir cuentas. Un tímido mea culpa en un informe semiconfidencial no es suficiente, ya que cometieron el crimen de imponer un modelo económico que ha despojado deliberadamente a las poblaciones pobres de la protección indispensable y ha demostrado su fracaso en términos de desarrollo humano.

Por lo tanto, se imponen tres caminos: la anulación de la deuda pública externa de los países del Sur, el abandono definitivo de las políticas neoliberales y la sustitución del FMI, el Banco Mundial y la OMC por instituciones democráticas que se preocupen, por fin, de garantizar los derechos fundamentales y el principio innegociable de la soberanía alimentaria.