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Los bancos de la zona euro se benefician de un gran privilegio: gozan del monopolio del crédito al sector público. Efectivamente, al BCE y a los bancos centrales nacionales que forman parte del Eurosistema les está prohibido conceder créditos a las administraciones públicas (véase el recuadro sobre el BCE). No obstante, los gobiernos de la zona euro tienen la posibilidad de eludir parcialmente esta prohibición pidiendo préstamos a los bancos públicos de sus respectivos países (si todavía existieran), pero hasta ahora se han negado a poner en práctica esa posibilidad.
Sin embargo, desde 2008 los bancos privados son financiados principalmente por los poderes públicos (el BCE y los bancos centrales del Eurosistema) a un tipo de interés extremadamente ventajoso. Desde junio de 2014, el BCE les concede préstamos al 0,15 % y del 0,05% desde el 4 de septiembre (como la tasa de inflación en 2013 fue del orden del 0,8 % en la zona euro, eso significa que los bancos pagan un interés menor que la inflación, o sea, un interés real negativo). Posteriormente prestan ese dinero a los países europeos de la Periferia (España, Italia, Portugal, Grecia, Chipre y los países del Este europeo miembros de la zona euro) exigiéndoles un interés mucho más alto, incluso exorbitante— los tipos aplicados en junio de 2014 eran entre el 3 % y el 7 %—. Aunque, en el mismo mes, a Francia, Bélgica y los Países Bajos les aplican un poco menos del 2 %, y a Alemania el 1,6 %.
| El Banco Central Europeo Creado en 1998 sobre el modelo del Bundesbank alemán e instalado en Fráncfort del Meno (Alemania), el Banco Central Europeo (BCE) es la institución responsable de la aplicación de la política monetaria en los países que han adoptado el euro como moneda común. [1] Los bancos centrales nacionales de los países de la zona euro le han transferido sus competencias en materia monetaria. Previsto en el Tratado de Maastricht de 1992, el BCE tiene como misiones fundamentales, en virtud del artículo 105, párrafo 2 del Tratado que instituye la Comunidad Europea, las siguientes: .- definir y aplicar la política monetaria de la zona euro; .- dirigir las operaciones de cambio; .- poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países de la zona euro; .- promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Su objetivo principal, así como el de los bancos centrales nacionales de los países de la zona euro, es «mantener la estabilidad de los precios», [2] con una tasa de inflación anual promedio del 2 %. Proclamado independiente, el BCE está dirigido por banqueros que siguen la lógica pura de su profesión. Si las poblaciones europeas pudieran pedir democráticamente otras opciones monetarias, el BCE podría negarse y continuar con sus dogmas al servicio de los individuos más ricos y de las mayores empresas. Sin embargo, esta independencia no es más que una hábil puesta en escena para hacer creer que no es posible cuestionar lo que dice y hace el BCE. En realidad, el BCE es totalmente permeable a las exigencias de los grandes bancos y del conjunto de las instituciones financieras, así como a las de los dirigentes europeos que organizan la sumisión de los pueblos gracias a las políticas neoliberales. Aunque las políticas concernientes al mercado de trabajo estén ausentes de las competencias del BCE, éste interviene sistemáticamente en ese ámbito a favor de un aumento de la precarización de los trabajadores y de los intereses particulares de la patronal. Se debe tener presente que el BCE no compra directamente a los Estados los títulos de deuda pública que emiten para su financiación. [3] Los gobiernos que crearon el BCE querían reservar al sector privado el monopolio del crédito destinado a los poderes públicos. Desde 2010, el BCE compra títulos de la deuda pública en el mercado secundario: no los compra directamente a los Estados sino a los bancos que, a su vez, los compraron en el mercado primario, y que no saben cómo desembarazarse de ellos. Éste es el segundo medio utilizado por el BCE para financiar a los bancos. Si el BCE comprase títulos públicos en el mercado primario, se aportaría una financiación directa a los Estados. También conviene precisar que el BCE sólo compra en el mercado secundario títulos de la deuda pública de los países sometidos a brutales políticas de austeridad. Los estatutos del BCE, así como el Tratado de Lisboa le prohíben, igual que a los bancos centrales de la Unión Europea, prestar directamente a los Estados. Por lo tanto, presta a los bancos privados que a su vez prestan a los Estados a un tipo de interés más alto. El artículo 101 del Tratado de Maastricht retomado íntegramente por el Tratado de Lisboa en su artículo 123, agrega: « Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo «bancos centrales nacionales», en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales ». Es una de las razones por las que es necesario abrogar este Tratado para poder refundar democráticamente la UE. |
Traducción: Griselda Pinero
Éric Toussaint, profesor en la Universidad de Lieja, preside el CADTM Bélgica y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Es autor de libros como Bancocratie, Aden, Bruselas, 2014; Procès d’un homme exemplaire, Editions Al Dante, Marsella, 2013; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria Editorial, Barcelona, 2010.
[1] Once países crearon la zona euro en 1999 (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, y Portugal), a los que se unió Grecia en 2001, Eslovenia en 2007, Chipre y Malta en 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011 y Letonia en 2014. Véase: http://www.touteleurope.eu/actualite/carte-des-pays-membres-de-la-zone-euro.html
[2] Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, artículo 282.
[3] Desde el comienzo de la crisis, la FED compró por más de 2,4 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos (en octubre de 2014, el volumen de bonos del Tesoro que poseerá la FED llegará a 2,450 billones de dólares), lo que representa el 18% del volumen total de los bonos del Tesoro en circulación. Fuente: Natixis, EcoHebdo, 25 de julio de 2014, N°29, http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=78192
Atención: contrariamente a una idea ampliamente difundida de que la FED compra los bonos directamente al Tesoro, en realidad los compra por medio de operaciones de open market a los bancos privados que los habían adquirido con anterioridad. Véase la legislación de Estados Unidos en esa materia: http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/section14.htm (Pasa lo mismo con el Banco de Inglaterra).
doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.
Es autor de diversos libros, entre ellos: Banco Mundial. Una historia crítica, El Viejo Topo, 2022 Capitulación entre adultos. Grecia 2015: Una alternativa era posible, El Viejo Topo, Barcelona, 2020; Sistema Deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio, Icaria Editorial, Barcelona 2018; Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Ha sido miembro de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito (CAIC) del Ecuador en 2007-2011.
Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisión funcionó, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015.