9 de marzo de 2015

En realidad, el electorado parece haber entendido la situación que enfrenta a Syriza mejor que lo que Schäuble pensaba. Sujeto al chantaje constante, los que ahora gobiernan Grecia intentaron hacer algo que ninguno de sus predecesores había siquiera imaginado seriamente: negociar tan duramente como sea posible, dentro de la eurozona, para liberar al país de las medidas de austeridad que han conducido a una depresión aparentemente interminable.

De acuerdo con una encuesta reciente, Syriza ahora tiene un sólido apoyo popular. Si las elecciones se realizaran mañana, conseguiría un 41,3% de los votos –20 puntos arriba de Nueva Democracia, la oposición de derecha.

Pero la misma encuesta resalta una paradoja aparente: 70% de los entrevistados consideran el acuerdo del 20 de febrero con el Eurogrupo mejor que el anterior, pero una pluralidad (39%) piensa que es «definitivamente» o «de alguna manera» una continuación de los memorándums, en oposición a un 31% que están en desacuerdo, y un número similar que no tienen «ninguna opinión» sobre el tema.

Entonces parece que la opinión pública griega reconoce que el gobierno hizo lo que pudo, dadas las circunstancias y el tipo de enfoque que se comprometió a seguir; pero esto no significa que acepta la retórica triunfante que intenta presentar el resultado de las negociaciones como un «éxito».

Y, en verdad, el apoyo a medidas que endurecerían la actitud del gobierno en negociaciones futuras es mayor que nunca. 44% de los entrevistados ahora están a favor de los controles de capital (con un 52% en contra) y 38% a favor de abandonar la eurozona, con un 60% todavía en contra.

Un «golpe suave»

Pese a ello, el acuerdo en cuestión representa una seria retirada para el gobierno de Syriza, que ha sido forzado a hacer concesiones tan importantes como reconocer la totalidad de la deuda; prometer no tomar ninguna «medida unilateral» que pueda tener impacto presupuestario o amenazar la «estabilidad financiera»; y aceptar la supervisión de la troika (aunque ahora haya sido rebautizada «las instituciones»).

La lista de «reformas» que el ministro de finanzas Yanis Varoufakis envió a sus contrapartes el 25 de febrero completa los detalles: el gobierno griego se comprometió a aceptar las privatizaciones planificadas, a introducir la «flexiguridad» a un mercado laboral ya desregulado, y a mejorar la calidad de los servicios públicos sin gastar ningún dinero más. Las promesas de Syriza antes de la elección ahora parecen cosas del pasado.

Por supuesto, el primer ministro griego Alexis Tsipras obtuvo cuatro meses de respiro, que deberían, teóricamente, garantizar las necesidades de financiamiento del país así como asegurar su sistema bancario. Pero las afirmaciones que hizo en su discurso luego del acuerdo, buscando presentarlo como un «éxito» y una «demostración de la posibilidad de negociación dentro del marco europeo», difícilmente suenen sinceras.

El gobierno tiene sus manos atadas, imposibilitado de cumplir muchas de sus promesas electorales o de liberar al país de los odiosos memorándums.

El resultado ha sido una parálisis que parece casi surrealista para un gobierno de la izquierda radical, con una agenda legislativa en punto muerto. Ha frenado o realizado pronunciamientos contradictorios en torno a casi todas las medidas emblemáticas que había anunciado en sus primeros días a cargo del gobierno, en particular el aumento del salario mínimo, la abolición de los pesados impuestos a la propiedad sobre las clases media y trabajadora, y el incremento del mínimo no imponible del impuesto a los ingresos. En suma, todas la cosas que podrían haber brindado algún alivio a una sociedad que ha sido desangrada.

Syriza de hecho ha sido confrontada con lo que Costas Douzinas ha denominado con aptitud «el golpe suave de Europa». Esto es un «golpe suave» pues usa armas monetarias y manipulación mediática más que los tanques (por el momento, de todas formas) para evitar que un partido gobernante implemente el programa por el cual recibió un mandato popular.

Peor aún: si este estado de cosas sigue, el «tiempo que ha sido ganado» –los cuatro meses provistos por el acuerdo del 20 de febrero– bien podría jugar en contra del gobierno, conduciendo a la erosión de su apoyo popular y permitiendo al enemigo reagruparse y contraatacar.

Más importante todavía, no hay ninguna razón para creer que continuar con el mismo enfoque que la delegación griega adoptó en Bruselas el último mes producirá algún resultado diferente cuando llegue la nueva ronda de conversaciones que comenzará en junio. En particular puesto que lo que estará en la mesa entonces no será una cuestión de arreglos temporarios que duren unos pocos meses, sino compromisos de largo plazo.

¿Hacia una «desobediencia controlada»?

Entonces no faltó mucho para que emerja la crítica, incluso en los niveles superiores de Syriza. Luego de una reunión de doce horas del grupo parlamentario del partido el 27 de febrero, en una votación indicativa cerca de un tercio de los miembros del parlamento de Syriza dijeron que se oponían al acuerdo.

No menos de seis ministros registraron su desaprobación votando «en blanco»: los cuatro ministros de la Plataforma de Izquierda (Panagiotis Lafazanis, Dimitris Stratoulis, Nikos Chountis y Costas Isychos), así como Nadia Valavani (viceministra de finanzas) y Thodoris Dritsas (viceministro de desarrollo). La presidenta de la asamblea nacional, Zoe Konstantopoulou, llegó hasta a votar en contra del acuerdo.

La oposición interna forzó a Tsipras a posponer indefinidamente cualquier idea de someter el acuerdo del 20 de febrero a una votación parlamentaria, lo cual sólo habría demostrado las divisiones dentro de su propia mayoría gobernante.

La resistencia alcanzó un nuevo nivel durante la reunión del comité central de Syriza realizada el último fin de semana. El ala izquierda del partido, conducida por el ministro de reconstrucción productiva Panagiotis Lafazanis, mostró su fuerza al conseguir un 41% de apoyo a una enmienda que rechaza tanto el acuerdo con el Eurogrupo como la «lista de Varoufakis».

Desde el punto de vista de la Plataforma de Izquierda, el gobierno tiene que salirse de los confines de los acuerdos que ha firmado e implementar algunas de sus políticas claves sin pedir permiso primero a las instituciones. Y con un ojo en las negociaciones de junio, ha propuesto un «plan alternativo» que no teme tomar medidas «unilaterales», incluyendo –si hay más chantaje al financiamiento del país– romper con el marco del euro.

La izquierda de Syriza sugiere que para «proceder de esta manera» debemos «basarnos en las luchas obreras y populares, contribuyendo a su revitalización así como al continuo ensanchamiento de nuestro apoyo popular».

Los debates no han pasado desapercibidos, incluso el mainstream ha notado que es un partido dividido en sus elecciones estratégicas y que tiene poca inclinación a soportar las cadenas impuestas sobre él por la conducción de la Unión Europea.

Sin embargo, parece que tanto la intervención de Tsipras en el comité central como los anuncios ministeriales que le siguieron han buscado imponer un nuevo balance. El gobierno actualmente está virando hacia una suerte de «desobediencia controlada» con respecto a sus supervisores europeos.

Tsipras anunció la presentación inminente de cinco nuevos proyectos: medidas de emergencia para lidiar con la crisis humanitaria; reorganización de los pagos de impuestos atrasados, para beneficiar a los contribuyentes de bajos ingresos; restablecimiento del canal público; y la constitución de una comisión investigadora de los responsables de la suscripción de Grecia a los memorándums.

La legislación que busca resolver la crisis humanitaria ha sido presentada ahora al parlamento, aunque debemos enfatizar que no es más que una versión fuertemente revisada (en verdad, degradada) del «primer pilar» del Programa de Tesalónica, particularmente en lo que respecta a las condiciones restrictivas para acceder a la ayuda que será ofrecida. Por ejemplo, los griegos bajo el umbral de la «extrema pobreza» tendrán derecho a ser reconectados al suministro eléctrico. Esta marca ha sido establecida en €4.800 por año para una familia de cuatro personas, permitiendo que 150.000 hogares se beneficien de esta medida –la mitad de lo planeado originalmente en el programa.

El costo de este paquete de políticas en su conjunto ha sido estimado en €200 millones, en oposición a los €1.800 millones de los compromisos preelectorales de Syriza. Incluso si quitamos el costo de €500 millones por la reintroducción del «decimotercer mes» adicional para la pensión mínima, el costo del «paquete de Tesalónica» para resolver la crisis humanitaria todavía consistiría de un total de €1.300 millones –más de seis veces el nivel de gasto del actual programa.

Sin embargo, también deberíamos tomar en consideración las medidas anunciadas por el ministro de asuntos sociales Dimitris Stratoulis: cancelar los recortes a los beneficios jubilatorios que el gobierno anterior planeaba para 2015. Una figura dirigente de la Plataforma de Izquierda, Stratoulis también ha afirmado que no tiene intención de pedir ningún permiso a las instituciones para llevar adelante sus planes –sólo el ministro de finanzas tiene que hablar con la troika rebautizada.

En cuanto al salario mínimo, el proyecto para regresarlo a su nivel de 2009 de €751 bruto por mes (en dos etapas, una este año y la segunda en 2016) así como para restablecer la negociación colectiva, se espera que se presente en dos semanas.

Para completar este retrato de la «desobediencia selectiva» de Syriza, deberíamos mencionar las iniciativas adoptadas por Lafazanis, quien ha bloqueado el progreso de lo que sin duda son tres de los ejemplos más emblemáticos de austeridad llevados adelante por el gobierno anterior.

A saber, ha frenado la liquidación de activos de la compañía de electricidad, que buscaba privatizar su parte «rentable»; revocado la aprobación de la mina de oro a cielo abierto en Skouries, Chalkidiki, antes concedida al coloso minero Eldorado Gold con condiciones escandalosas; y bloqueado que el terreno del anterior aeropuerto de Atenas sea entregado a un holding (conformado por el magnate griego Spiros Latsis, y apoyado por capital Qatarí) por una suma irrisoria.

Afortunadamente, la audacia de Lafazanis no quedó aislada. En el marco de sus atribuciones como presidenta de la asamblea nacional, Kostantopoulou anunció el 4 de marzo la constitución de una comisión internacional para la auditoría de la deuda pública griega luego de una reunión con Eric Toussaint, un conocido campañista por la abolición de la deuda soberana y vocero del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, que jugó un rol central en la comisión equivalente conformada en 2008 por el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Esta iniciativa podría resultar ser una virtual bomba en el proceso de renegociación de la deuda griega, categóricamente rechazado hasta ahora por la Unión Europea, ya que pone en cuestión su misma legitimidad y apunta a abrir archivos sensibles como los contratos armamentísticos aprobados por los gobiernos anteriores o casos de corrupción como el que involucra a Siemens, una de las principales corporaciones alemanas.

Una nueva ronda de confrontación

Esta orientación sólo puede complicar más las relaciones de Grecia con las instituciones, y esto en un momento en el que la situación económica está empeorando considerablemente. Enfrentado a un colapso en la recaudación de impuestos –que podría conducir a un default desordenado de sus pagos de deuda–, el gobierno ha anunciado su intención de demorar el pago de sus obligaciones al Banco Central Europeo (que ahora se aproxima al fin de su plazo) favoreciendo honrar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional.

Pero Wolfgang Schäuble no ve las cosas de la misma manera. En una entrevista que dio a la edición del domingo de Bild Zeitung, advirtió a los líderes griegos que cualquier retraso en el pago de la deuda sería considerado automáticamente un default. También los conminó a implementar inmediatamente las «reformas» con las que se han comprometido, amenazando que si no lo hacen, no obtendrán ningún financiamiento en absoluto.

Esta amenaza debería ser tomada con total seriedad, porque el Banco Central Europeo todavía no ha levantado sus restricciones a la provisión de liquidez a los bancos griegos, que ahora están más que nunca en una situación crítica. El presidente del BCE Mario Draghi incluso dejó claro que estas restricciones sólo serían levantadas si el consejo del BCE «decidiera que las condiciones para una conclusión exitosa del programa se cumplen», a la vez que expresó sus fuertes «reservas» sobre las reformas planeadas por Atenas.

En sus recientes declaraciones desde Chipre, descartó arrojar un salvavidas a Atenas permitiendo a los bancos griegos comprar más deuda a corto plazo del país, argumentando que tal movimiento significaría un incumplimiento de las reglas del BCE.

En resumen, parece que el resultado de esta primera y duramente peleada ronda de negociaciones está lejos de ser una resolución de la crisis griega. En cambio, estas negociaciones fueron sólo la etapa inicial en una confrontación prolongada entre el único gobierno de izquierda radical de Europa y una Unión Europea que se ha clavado en la defensa de la «jaula de hierro» de las políticas neoliberales más que nunca antes.

Está por verse si el gobierno de Syriza –pero también el partido mismo, y los movimientos sociales– se demostrará capaz de usar estos cuatro meses para desarrollar una estrategia alternativa que pueda salirse de este collar de fuerza y evitar una repetición de los reveses de febrero.

Fuente : LaPluma.net