El Ayuntamiento de Cádiz ha calculado que la deuda de 90 millones de euros adquirida a través del Plan de Pago a Proveedores (FFPP) ha generado un sobrecoste de 14 millones de euros en concepto de intereses abusivos. Así lo puso de manifiesto el equipo de gobierno formado por Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común en una moción, que no fue aprobada, presentada el pasado 20 de noviembre de 2015. [1]

El equipo de gobierno considera que la ilegitimidad de parte de la deuda radica principalmente en los intereses sobre los cuales se han establecido los préstamos, en clara diferencia sobre aquellos a los que el Banco Central Europeo (BCE) presta dinero [2]. Hasta 13 veces más han cobrado en intereses los bancos a los ayuntamientos (al 3,34%) en relación al dinero recibido del BCE (al 0,25%).

Dicha moción, muy bien fundamentada, estima ilegítima la mayor parte de la deuda financiera que actualmente soporta el Consistorio, originada fundamentalmente por el Plan de Pago a Proveedores y las obras faraónicas y cree necesaria la creación de un observatorio ciudadano municipal para implementar una auditoría ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cádiz.

“Cádiz tendría todo el derecho para exigir que los bancos acreedores devuelvan al municipio lo que ha sido cobrado de manera abusiva. Pero es que además, Cádiz puede también cuestionar el monto total de los 90 millones de euros [del Plan de Pago a Proveedores], porque no ha servido al interés general, sino a los bancos”, opina el portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Eric Toussaint, quien se reunió con el Ayuntamiento de Cádiz el pasado 9 de diciembre de 2015 [3] y valora esta moción gaditana como “un modelo a seguir”.

Ver la moción del 20 de noviembre de 2015: