La discusión acerca de las características de la deuda pública y de las dinámicas de endeudamiento de los países de América Latina, ha dejado de ser un tema cuyo interés está limitado a los espacios oficiales de discusión de la política macroeconómica, convirtiéndose en un asunto de vital importancia para las organizaciones sociales, académicas y políticas que trabajan por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el respeto a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

La situación de la Deuda Pública en Colombia, se enmarca en el desarrollo del modelo neoliberal, que determina la necesidad de control de la deuda por parte de un Estado, a través de ajustes estructurales y de la implantación de políticas macroeconómicas monetaristas, las cuales exigen el control de la inflación, la tasa de cambio y el déficit fiscal de la nación. En Colombia específicamente el debate sobre la deuda pública se ha formado a partir del análisis del comportamiento de la deuda pública interna, de las reformas estructurales realizadas en los años 90’s, de la globalización financiera o la liberalización de los capitales, y de la sobreposición de la lógica financiera sobre la productiva dentro del proceso económico del país.

El comportamiento de la deuda pública en Colombia durante los últimos años se puede analizar teniendo en cuenta su relación respecto al PIB. Entre 1912 y 1992 la deuda pública no representó más de un 12% del PIB, lo que se puede calificar como un “endeudamiento sostenible”, sin embargo esta relación se ha tornado critica como bien lo presenta la Contraloría General de la República (CGR) en su informe sobre Situación la Deuda Pública en el año 2003:

Las cifras hablan por sí solas. En 2003, la deuda pública colombiana ascendió a $160 billones, equivalentes a 70,7% del PIB. Si bien, como porcentaje del Producto Interno, este resultado representa una reducción igual a 1,4%, respecto a la participación en el año inmediatamente anterior, el saldo evidenció un incremento de $13,5 billones respecto al registrado en 2002. El esfuerzo adelantado por las entidades descentralizadas del nivel nacional, reflejado en una reducción del saldo de su deuda en 1,5% del PIB, así como la del nivel territorial, con una disminución de 0,7%, contrastó con el mayor endeudamiento del Gobierno Nacional Central, cuyo saldo alcanzó $121 billones, con un incremento de $14 billones frente a 2002. Este comportamiento, implicó una mayor participación de esta deuda en el Producto, que pasó de 52,7% en 2002 a 53,6% en 2003 (CGR 2004, 9).

De estos 160 billones de deuda pública, el 57,5% corresponde a deuda interna, o sea, a la contraída con prestamistas nacionales, en su mayoría privados (77%), que han comprado bonos emitidos por el Estado. Llama la atención la presencia de los fondos privados de pensiones como tenedores principales de estos papeles. El 42,5% restante es deuda externa, contraída principalmente con la banca comercial extranjera o con organismos multilaterales de financiamiento.

Se concluye que se transforma la naturaleza de la deuda pública en Colombia. Para la última década mantuvo un carácter externo ligado a deuda contratada con los organismos multilaterales (créditos a proyectos de desarrollo), con los que existía algún margen de renegociación de la deuda; hoy la deuda es esencialmente interna, por ser contraída con agentes privados nacionales (bancos, fondos de pensiones, sociedades, etc), a través de la puesta en el mercado de capitales de títulos valores y bonos que emite el Estado para captar recursos financieros, a intereses favorables para los tenedores. Así, el país sostiene un endeudamiento al que se imponen las condiciones que dicta el capital especulativo. Un capital con el que es difícil negociar o reestructurar las obligaciones. Es también un endeudamiento en el que los préstamos ya no respaldan ningún tipo de inversión estatal para el desarrollo. Su destino fundamental es pagar los intereses de la deuda: “caímos en el roll over permanente de la deuda, esto es, prestar para servir la deuda ya contraída, tornándose cada vez más explosiva” (Acosta 2004, 3).

Es por esto que la deuda pública es el problema más decisivo que debe enfrentar el movimiento social que lucha por la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La comprensión de las causas de la pobreza y la exclusión social como efectos directos de la deuda y de las políticas de ajuste estructural ha sido un tema al que se le ha dedicado poco tiempo y pocos esfuerzos por parte del movimiento social colombiano, cuyas preocupaciones se han centrado prioritariamente en las violaciones de los derechos humanos derivadas del conflicto armado.

A través de las actividades de la Campaña se pretende generar un proceso de sensibilización y de comprensión del fenómeno de la deuda y de sus impactos por parte del movimiento social, discutiendo alternativas para la resistencia frente al pago de la deuda y a las políticas de ajuste estructural.

Objetivos:

· Llevar a cabo una reflexión académico-política acerca de la situación de la deuda pública en Colombia y en América Latina, valorando sus repercusiones sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

· Presentar públicamente ante las distintas organizaciones sociales nacionales e internacionales la Campaña Nacional “En Deuda con los Derechos”.

· Vincular a la opinión pública en general a la discusión acerca de la deuda pública y a la formulación de alternativas frente a esta problemática.