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Haití precisa liberarse de la deuda AHORA
por Beverly Keene
23 de mayo de 2005

Ocupada militarmente desde hace más de un año por una misión de “estabilización” aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, clasificada por la
misma ONU como un país “en rápida regresión económica” con un “Estado casi fallido”, con aproximadamente un 80% de desempleo y niveles similares de analfabetismo, el agua y la electricidad racionadas a unas pocas horas del día en las mejores circunstancias, más de la mitad de la población viviendo con menos de un dólar por día, y un mero remanente del 2% de cobertura forestal, Haití es hoy la crónica de una muerte anunciada.

Sin embargo, en medio de esa realidad, importantes sectores del pueblo haitiano continúan su histórica e inmensamente digna resistencia a un destino que otros desearían que acepte con resignación. Es con ellos que estamos llamados a actuar en solidaridad, luchando juntos para desarrollar nuevas formas de cooperación internacional respetuosa de sus derechos y necesidades y capaz de revertir la ola de saqueo, exclusión, violencia y sojuzgamiento resultante del choque complejo de intereses múltiples, tanto internos como externos.

El embargo económico impuesto por la comunidad internacional como consecuencia del golpe de 1991 contra el primer gobierno democráticamente elegido a casi doscientos años de la independencia de Haití, llevó al colapso de una economía ya precaria, a la desarticulación social generalizada y a una devastación ecológica que tiene como centro la continuada concentración y saqueo de los recursos disponibles y el empobrecimiento de la vasta mayoría de la población.

Los ajustes estructurales y las medidas de liberación comercial enviadas con Aristide cuando volvió de Washington en 1994, han profundizado aún más el proceso de declinación, aniquilando la producción de la caña de azúcar, fruta y arroz y convirtiendo a Haití en importador de alimentos. El empleo estatal se redujo a la mitad en la década siguiente, afectando directamente a miles de familias e invalidando cualquier perspectiva real de respuesta institucional, no solamente a cuidados de salud, educación, reforma agraria u otros apremiantes problemas de derechos humanos, sino también temas de seguridad y administración de justicia. Con el cambio de milenio, los cargos de fraude electoral y una situación de creciente
polarización socio-política, la cooperación fue una vez más suspendida en gran medida y el gobierno haitiano dió el único paso posible: suspender el pago de los servicios al Banco Mundial y al BID, entre otros, sobre la deuda reclamada.

En marzo de 2004, menos de un mes después que los militares de Estados Unidos intervinieran ilegalmente para llevar al severamente desacreditado Aristide a un nuevo exilio, y Francia, Canadá y Chile siguieran sus pasos con la llegada de sus propias tropas, a escasas horas en algunos casos, el Banco Mundial, el BID y otros así llamados donantes, anunciaron sus propios planes para reorganizar el país y pusieron en marcha un equipo de especialistas predominantemente internacionales para diseñar un “Cuadro Interino de Cooperación”. Las promesas oficiales de fondos frescos hasta ahora no se han materializado mayormente, y aquellos recursos que están entrando al país están destinados prioritariamente para apoyar la ocupación militar en sí, organizar las elecciones, o preparar las condiciones para una mayor
privatización y desnacionalización de la economía y para la transformación del país en una zona franca masiva, por lo cual los trabajadores vuelven al status de esclavos.
Aún así, a principios de enero de 2005 el gobierno interino de Haití libró U$S 52,6 millones al Banco Mundial en pago de intereses atrasados, en una movida
largamente esperada por la así llamada comunidad internacional de donantes como condición para recibir nueva “asistencia”. El servicio de la deuda externa se había más que duplicado entre 1996 y 2003, y del presupuesto gubernamental para 2004-2005, el 22% de los gastos públicos se dedican al pago de los servicios de la deuda. Esto significa en efecto, que el servicio de la deuda se constituye actualmente en la política prioritaria del virtualmente quebrado gobierno interino.

Cuatro días después de la transferencia del pago de Haití, el Banco Mundial anunció que se dispensarían U$S 73 millones al país. De esta suma, U$S 61 millones
estarían dedicados a medidas de apoyo a la “gobernabilidad económica”, orientadas a implementar procedimientos de mercado diseñados para privatizar lo que resta del
sector público del país (telecomunicaciones y energía) y para acelerar la transferencia de capital a las corporaciones transnacionales.

Hoy, la deuda de Haití es de unos U$S 1,4 billones y los servicios de la misma se calculan aproximadamente U$S 70 millones anuales.

¿No es justo preguntar exactamente qué ha cambiado, doscientos años después
que Francia le impuso un bloqueo económico a Haití luego de que su población
esclava se emancipara; un bloqueo que sólo se levantó diez años después cuando
los líderes del primer estado negro independiente acordó pagar a sus anteriores patrones coloniales y esclavistas 150 millones de francos oro en compensación, una suma valuada actualmente en casi U$S 22 mil millones?

Una vez saldada la deuda por la “independencia”, hiriendo de muerte la economía y determinando así su integración a la economía mundial como un proveedor marginado y periférico de recursos y mano de obra barata al centro, la nueva deuda fue acumulada mayormente durante el reino de terror de los Duvalier, padre e hijo, quienes protegidos por las bendiciones de la guerra fría, no fueron cuestionados cuando incurrían en deudas manifiestamente odiosas.

La deuda externa que la comunidad de los así llamados donantes continúa cobrando
al pueblo de Haití, es sin lugar a dudas, ilegítima. Un 40% de la deuda es prima facie
odiosa, al haber sido acumulada bajo la dictadura de los Duvalier y utilizada
sistemáticamente para oprimir y reprimir al pueblo de Haití. Además, bajo las
circunstancias de muerte y destrucción atribuibles en gran medida a la herencia histórica de la deuda por la independencia y su más reciente contrapartida de
estabilización y ajustes estructurales, no hay justificación posible para que la comunidad internacional de “donantes” continúe cobrando su libra de carne.

Debemos unirnos no solamente para presionar por la cancelación incondicional de todas las deudas externas reclamadas aún a Haití, sino también para exigir que se adopten políticas de restitución y reparación en reconocimiento de la deuda histórica, ecológica y social adeudada al pueblo de Haití en particular por Francia y
los Estados Unidos. El nuevo financiamiento externo disponible para Haití debe ser realizado sobre una base no reembolsable y destinado para el apoyo de aquellas
prioridades, proyectos y programas desarrollados y decididos por grupos locales, de comunidades y organizaciones de base antes que por aquellos diseñados por la comunidad internacional y reflejados hoy en el Cuadro de Cooperación Interino (CCI).

Beverly Keene
Jubileo Sur / Américas
Buenos Aires, 14 de abril de 2005
Escrito sobre la base de documentación y análisis rovistos por la organización PAPDA de Haití, e información adicional recogida durante el curso de la reciente visita a Haití de la “Misión Internacional de Investigación y Solidaridad”, del 3 al 9 de abril de 2005.

Para mayor información:
jubileosur chez wamani.apc.org // papda chez papda.org
Artículo de presentación de la “Misión Internacional de Investigación y Solidaridad
www.jubileesouth.org/sp/index.php?c...


Beverly Keene