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Las hipotecas que deja el fracaso del proyecto
por Jordi Marsal
13 de julio de 2017

Más de mil terremotos generados; un agujero de cerca de 3 300 millones de euros, que pagarán los consumidores, más de 13 000 páginas de sumario judicial… Todo lo que rodea al proyecto Castor magnifica su volumen de forma exponencial, hasta la exageración, y acaba midiéndose como mínimo con números de cuatro dígitos: sean miles, millones o miles de millones. No hay término medio. Después de 20 años de historia, la mitad de ella oculta al escrutinio público de la ciudadanía, el “faraónico” –en palabras del gobierno del PP– almacén submarino de gas se ha convertido finalmente, en la misma medida, en el paradigma de las infraestructuras energéticas que difícilmente tendrán jamás utilidad. Sentenciado, aparentemente, de forma definitiva por el gobierno del PP, la suya ha sido la historia de un fiasco anunciado y advertido. La crisis sísmica de otoño de 2013 y la indemnización de 1 350 millones de euros a la empresa concesionaria, Escal UGS, controlada por Florentino Pérez, han sido sus principales momentos de fulgor mediático y de indignación social ante el que se considera uno de los mayores escándalos técnicos, económicos y políticos recientes.

No se trata, únicamente, de sus desmesuradas dimensiones. El fracaso del proyecto ha inaugurado la era de los almacenes que nunca podrán albergar ni dispensar gas. Además de inviable técnica y económicamente, el negocio capitaneado entre bambalinas por el omnipotente empresario madrileño, bien arropado administrativamente por el tándem gubernamental PSOE-PP y nutrido por la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), introduce una variante inquietante: el intento de ponerlo en marcha, en periodo de pruebas, generó una oleada sísmica que puso a temblar literalmente el entorno vital de decenas de miles de personas de las Terres del Sénia.

Una vez aireada a los cuatro vientos, la decisión del gobierno español de no hacer absolutamente nada al respecto y dejar pasar el tiempo esperando un giro favorable de los acontecimientos, las hipotecas que deja el fiasco del Castor siguen lastrando a la sociedad y presumiblemente lo seguirán haciendo durante décadas, tanto en los ámbitos energético y medioambiental como en el social o político. Evitar que la revisión en profundidad y la exigencia de responsabilidades por todas las cargas que lega este oneroso proyecto acaben engullidas por la efímera vorágine mediática es lo que pretende el juicio popular que el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) organiza el sábado 17 de junio en Barcelona.


La socialización de una deuda “ilegítima”

La gran sombra alargada que proyecta Castor sobre el futuro es, sin duda, la deuda milmillonaria que habrán de afrontar las ylos consumidores durante las próximas tres décadas para financiar, a través de la factura del gas, el coste de una infraestructura que nunca se pondrá en funcionamiento. Una losa pesadísima: 3 280 millones de euros en total. “Es una deuda ilegítima, que va en contra de los intereses de la población, por una infraestructura que cabe preguntarse si era necesaria”, apunta Alfons Pérez, del Observatori del Deute en la Globalització (ODG).

Pese a que, en el año 2013, el Tribunal Supremo reconoció el derecho de la concesionaria a recibir una indemnización, aunque hubiera actuado de forma negligente o dolosa, el hecho de que la planta no llegara jamás a ser operativa, según el decreto de concesión de 2008, ofrecía argumentos legales, al menos, para rebajarla. Sin embargo, ante la disyuntiva de exigir responsabilidades a la empresa y arriesgarse a recibir un tirón de orejas de Bruselas –la indemnización había de servir para devolver los 1 440 millones de los bonos del BEI– o desangrar todavía más a los consumidores, el gobierno del PP optó por socializar la deuda. Escal UGS, la empresa a la que se había otorgado la concesión del Castor, recibió ipso facto los 1 350 millones –ya había cobrado 110 hasta finales de 2012– gracias a un crédito del Banco Santander, CaixaBank y Bankia.

“No querían que afectara al déficit del Estado y es la población quien paga”, insiste Pérez. Principalmente, la ciudadanía y las empresas de las zonas en que más gas se consume, con Catalunya –el 21 % del Estado– a la cabeza. Esto hizo que la Generalitat recurriera contra la indemnización al Tribunal Constitucional –también lo hizo el PSOE– y que sometiera al Supremo las tres órdenes anuales que desde 2015 incorporan los costes de Castor en la factura del gas: más de 96 millones de euros anuales, incluida la devolución del crédito y el mantenimiento de las instalaciones. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la patronal CECOT han denunciado el caso a las autoridades comunitarias. La indemnización por Castor supone el 53,7 % de la deuda total del sistema gasista, que por esta causa se disparó un 66,75 % en 2016. El gobierno español, no obstante, sigue aferrándose al argumento capcioso de que mantener hibernadas las instalaciones permite “ahorrar” 110 millones de euros al año en caso de funcionar.

Las cuentas pendientes siguen abiertas. Una obra que, según los cálculos en una fase muy inicial por parte de los socios canadienses Dundee Energy, solo debía suponer una inversión de 250 millones (2003), mucho más barata, teóricamente, que 14 esferas de gas licuado y una planta regasificadora: 1 650 millones. Sin embargo, todo se disparó precipitadamente con la entrada en el negocio de la constructora de Florentino Pérez. Con la bendición del gobierno del PSOE, el grupo ACS no solo ganó el concurso de las obras del proyecto Castor en un procedimiento no competitivo, sino que consiguió el control de la sociedad concesionaria Escal UGS, asumiendo todas las funciones operativas: documentos internos del Ministerio Industria de 2012 ponen de manifiesto que la constructora subcontrataba a sus propias empresas –Cobra o Dragados Offshore– y actuaba de comisionista inflando el margen de beneficio industrial, en muchos casos, del 5 % estipulado en el contrato al 17 %, sin ninguna justificación. De hecho, la Comisión Nacional de la Energía ya advirtió sobre adjudicaciones irregulares a dedo con importantes sobrecostes para el sistema gasista. A pesar de conocer estos extremos y de haber sentenciado públicamente a muerte el proyecto, el ministro José Manuel Soria acabó claudicando: incluso alargó de 5 a 25 años el plazo para que la empresa renunciara a la concesión y recuperara la inversión.

En el fondo despunta además el debate sobre la soberanía energética. ODG cuestiona abiertamente un modelo basado en la proliferación de infraestructuras gasistas, muchas de las cuales ya no se pondrán en marcha, a partir de “retribuciones y negocio asegurado”. Especialmente, en un contexto de claro desplome del consumo de gas en el Estado español a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. “Las terminales de importación de gas solo operan al 30 % de su rendimiento y somos el cuarto Estado con mayor capacidad de importación”, critica Alfons Pérez. Sin embargo, a pesar de ello, las autoridades estatales y comunitarias siguen apostando por “financiarizar” infraestructuras asociadas al consumo de combustibles fósiles con el concurso de “grandes empresas”. El proyecto Castor, sin ir más lejos, fue el primer premiado con un project bond del Banco Europeo de Inversiones en 2013 –con la exministra socialista Magdalena Álvarez de vicepresidenta–, una emisión de bonos para infraestructuras estratégicas que, gracias a la garantía comunitaria, permitía a los promotores acceder a la financiación de los mercados de capitales con unos intereses mucho más ventajosos. La institución puso incluso 300 millones de euros directamente en la operación, además de habilitar una línea de 200 millones para garantizar su liquidez.

La amenaza sísmica

A comienzos de septiembre de 2013, las dimensiones del problema del proyecto Castor se ponen de manifiesto más que nunca. Es cuando, de un día para otro, y ante la imperiosa necesidad de obtener el permiso de operación definitivo, los responsables del proyecto Castor incrementaron un 147 % el caudal de inyección de gas colchón en el almacén subterráneo para efectuar una prueba de carga durante 48 horas consecutivas. La prueba acabó convirtiéndose en la sacudida que desencadenó una oleada sísmica de más de un millar de terremotos, que alcanzaron una magnitud máxima de 4,3 grados en la escala de Richter. Inusualmente intensos y excesivamente frecuentes para atribuirlos únicamente al fenómeno de sismicidad inducida por inyecciones, descrito profusamente en los manuales académicos y ampliamente conocido por la industria –habitualmente entre 1 y 2 grados en la escala de Richter–, los informes que solicitó el gobierno del PP al Instituto Geológico y Minero (IGME) y al Instituto Geográfico Nacional (IGN) no solamente corroboraron la relación causal de las operaciones en el almacén con los terremotos, sino que también sugerían una falta de previsión y mala praxis, al hacerse caso omiso de las buenas prácticas de la industria en la ejecución de una actuación que acabó afectando a fallas activas, que son las que han registrado algún tipo de actividad a lo largo de los últimos 10 000 años. La empresa concesionaria, Escal UGS, que nunca hizo caso de las advertencias de organismos oficiales como el Observatori de l’Ebre o el Institut Geològic de Catalunya, que le reclamaron un estudio de riesgo sísmico para una actividad mundialmente reconocida como inductora de terremotos, declinó toda responsabilidad, atribuyendo los seísmos a una coincidencia de origen natural e intentó desacreditar los informes.

A pesar de estas evidencias, el gobierno español acabó confiando la decisión sobre el futuro del proyecto Castor a un dictamen externo del otro lado del Atlántico. Un informe “post mortem” por el que se han pagado 600 000 euros a una institución de gran prestigio académico, pero poco reconocida en el estudio de temas sísmicos y de almacenes subterráneos de gas: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (el MIT, en sus siglas en inglés). Las principales conclusiones del documento, que se basa únicamente en los datos de los estudios existentes y los aportados por Escal UGS, no añaden grandes novedades a lo que ya dijeron el IGME y el IGN. La relación entre inyecciones de gas y terremotos quedó nuevamente constatada, si bien la falla causante no sería la misma que la identificada por los expertos estatales: se trataría de uno de los sellos laterales del mismo almacén, la denominada Falla Oriental de Amposta, algunos de cuyos segmentos por lo visto se habían reactivado. La estructura del subsuelo ha quedado “desestabilizada” por las operaciones, concluye. Es decir: volver a inyectar o extraer gas sería una temeridad absoluta desde el punto de vista de la seguridad.

Después de cargar a la factura de las y los consumidores 1 350 millones de euros para indemnizar a la empresa de Florentino Pérez, el gobierno del PP preparó así el terreno para anunciar solemnemente que el proyecto Castor ya era historia y que nunca se pondrá en marcha. En el informe del MIT, los estadounidenses advierten de que, en caso de hacerlo, podría llegar a provocar terremotos de 6,8 en la escala de Richter. Una cifra que expertos como González de Vallejo consideran altamente improbable, una exageración carente de concreción científica. Sin embargo, no es un indicador desconocido y sin fundamento: la movilización de todos los segmentos de la Falla Oriental de Amposta y en toda su longitud –51 km– podría llegar a generar seísmos de 7,1 de magnitud, como ya habían avanzado geólogas como la profesora de la UB Eulàlia Masana. ¿Posibles consecuencias? Licuefacción del suelo en el delta del Ebro –el terreno pasa a estado líquido o semilíquido–, posibilidad de tsunamis y de daños catastróficos en la zona litoral, donde justamente también se hallan las centrales nucleares de Vandellòs o la petroquímica de Tarragona.

Pese a que en el momento de planificar y autorizar el almacén era perfectamente conocida y estaba documentada la existencia de fallas activas en la zona, la redacción de un estudio de riesgo sísmico no constituía un requisito para este tipo de proyectos y, finalmente, lo obviaron de forma explícita y consciente. El trámite solo devino legalmente obligatorio en las evaluaciones de impacto ambiental a partir de 2013, a raíz, precisamente, de la oleada sísmica. A pesar de ello, el informe del MIT ha sido utilizado como gran coartada para intentar exonerar de toda responsabilidad a la empresa de Florentino Pérez y los técnicos estatales. Los estadounidenses, que se jactan de haber inventado un modelo computacional único en el mundo para estudiar estos fenómenos, sostienen que los responsables del proyecto jamás podían haber previsto estas consecuencias con los estándares del sector. “Es una enorme imprudencia el argumento de que no se podía saber qué pasaría; es absolutamente falso”, responde González de Vallejo. “Un insulto a la ciencia y a la técnica”, añade. Para este experto, resulta “inconcebible” que la evaluación de impacto ambiental de este tipo de instalaciones no incluya un estudio de riesgos de sismicidad inducida. Máxime cuando los organismos catalanes ya habían avisado previamente.


El fiasco técnico

Algo había fallado estrepitosamente en la planificación del Castor, y los terremotos que sacudían las Terres del Sénia eran el principal síntoma de ello. No obstante, mientras buena parte de los expertos y de la opinión pública habían centrado su atención, alarmada, en las consecuencias sísmicas, el geólogo y profesor del Departamento de Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica de la UB, Josep Giner, sigue estudiando y revisando los pocos datos disponibles públicamente para dar una explicación global, coherente y argumentada sobre el fiasco. “El proyecto podría haber fracasado sin los terremotos y no nos habríamos dado cuenta. Los terremotos han servido para ocultar las razones técnicas del fracaso del proyecto Castor”, sentencia, ante el silencio sepulcral de la empresa y del gobierno español a este respecto.

El gran error, previsible, que había condenado de entrada el proyecto Castor se halla, según este experto, precisamente en la modelización geológica que lo fundamentó, como el diseño de los cimientos de una casa. Si el punto de partida es erróneo, todo el desarrollo posterior del edificio se resentirá. Giner plantea como ejemplo que intentar meter dos litros de agua en una botella en que solo cabe uno tiene consecuencias. Sin aportar ningún tipo de prueba científica que la sustente, Escal UGS vendió la idea de que la estructura subterránea del antiguo yacimiento de petróleo de Amposta contaba con una red de cuevas y cavidades espaciosas que permitirían al gas circular libremente por su interior, funcionando como un gran tanque. Hablaba de porosidades –es decir, el volumen de gas que admitirían las rocas del almacén– de entre el 18 % y el 25 % y de una elevada permeabilidad –la capacidad de los fluidos para circular a través de la estructura–. Unas suposiciones que la llevaron a rechazar, con una suficiencia en absoluto disimulada, el estudio esencial de todos los escenarios de riesgo asociados a la actividad y a la presencia de fallas activas en la zona.

Así es cómo la inyección en fase de pruebas de tan solo 100 millones de metros cúbicos, de los 1 900 previstos en total, acabó desencadenando la oleada sísmica a comienzos de septiembre de 2013 y puso de manifiesto que algo no se había hecho bien. Si, en realidad, las cavernas no existían y la porosidad era mucho más baja, la viabilidad quedaba totalmente comprometida. “Un almacén no puede soportar tanto volumen con tanta presión”, subraya Giner. Hasta el propio estudio del MIT corrobora esta tesis, aunque sea de forma involuntaria y sin entrar en el fondo de la cuestión. Para conseguir que sus modelos computacionales fueran capaces de simular el comportamiento del almacén, admiten que tuvieron que modificar los datos primarios aportados por Escal UGS. La porosidad se reduce a un máximo del 5 % (véase el gráfico a continuación). Con un volumen cinco veces inferior con respecto a las previsiones iniciales, un error en el cálculo de las presiones a la hora de inyectar –el IGME ya había advertido de que los márgenes de seguridad eran nulos– tendría consecuencias nefastas. Si la sobrepresión generada en el interior del almacén superaba la que podía soportar la roca, esta podía acabar fracturándose y el gas habría encontrado una vía de salida, empujando los restos de petróleo denso y el agua hacia la falla, provocando su deslizamiento y los posteriores terremotos. Giner y González de Vallejo lograron incluso correlacionar los picos de caudal de gas inyectado a comienzos de septiembre con la magnitud de los principales temblores de tierra que se produjeron de forma diferida unas tres semanas después (véase el gráfico de inyecciones más abajo). La localización de muchos seísmos cerca de los propios pozos de inyección, que relata el MIT, ratificaría que ni la porosidad ni la permeabilidad eran, ni de lejos, las esperadas: todas las previsiones se vinieron abajo con tan solo el 5 % del gas introducido.

El pretexto de la imprevisibilidad no se sostiene. “¿Era por incompetencia, por negligencia o por falta de datos? Otra cosa es la industria: son proyectos corrientes en el mundo”, afirma Giner. Únicamente una auditoría técnica detallada, que arroje luz sobre todos los procesos y decisiones durante la planificación y ejecución del proyecto, ayudaría a determinar la magnitud del desastre y a sus responsables, sostiene el experto. Sin embargo, los indicios previos de descoordinación en la gestión de la información ya eran suficientemente reveladores: en el momento en que el proyecto se concretó técnicamente, en 2007, Escal UGS solo contaba con seis trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y con el tiempo acabaron participando en la construcción de la plataforma Castor más de 100 subcontratistas de todo el mundo. ¿Estaba por tanto suficientemente capacitada la empresa concesionaria, con unos socios –el grupo constructor ACS, con un 66 %, y el fondo canadiense Dundee Energy, con el tercio restante– carentes de experiencia previa relevante en el sector de explotación directa de hidrocarburos, para planificar, coordinar y afrontar un proyecto de esta envergadura técnica y económica? ¿Disponía la administración estatal de personal suficientemente cualificado para supervisar y controlar en detalle este tipo de infraestructuras y su ejecución? La respuesta negativa a estas preguntas proporciona pistas suficientes sobre el inquietante desarrollo de los acontecimientos y se convierte en un aviso en toda regla ante posibles nuevos intentos futuros.

El desmantelamiento aplazado

Incapaz técnicamente de cumplir su misión “estratégica” de prolongar la capacidad de almacenamiento de gas por parte del Estado español hasta 50 días y de operar de forma segura con los caudales diarios de inyección y extracción previstos –8 millones y 25 millones de metros cúbicos, respectivamente–, el proyecto queda condenado a no funcionar por ineficiente. A pesar de todo, el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ya ha admitido el desmantelamiento de las instalaciones como la única salida posible, continúa dando largas a su ejecución. “Y está claro que el objetivo es desmantelar, pero con sumo cuidado, con garantías de que no se repitan los movimientos sísmicos y cuando tengamos claras las condiciones bajo la cuales podamos hacerlo”, ha afirmado en el Senado. Ante la perplejidad de los expertos del mundo del petróleo, el ministro ha justificado la negativa a abordar de forma inmediata la retirada de las instalaciones intentando describir el proyecto Castor como un “globo hinchado” con las “paredes” desestabilizadas, hecho que desaconseja cualquier nueva operación de inyección o extracción de gas.

Lo que el ministro no explica es que la decisión de desmantelar es más política que nada. “¿Dónde está el peligro?”, se pregunta Giner. Recuerda que el abandono de yacimientos con el proceso de sellado con cemento de los pozos para incomunicar las instalaciones de superficie y el subsuelo es una de las operaciones más habituales del sector. En ningún caso, añade, la ejecución de este procedimiento requeriría la extracción del gas colchón (o gas cojín) que se introdujo en la primera fase de operación para acomodar el gas de operación en las condiciones de presión adecuadas y que queda atrapado entre las rocas, resultando irrecuperable en la práctica. Por consiguiente, parece que nada impide que el gobierno español inicie el proceso para desmontar el montón de hierro en medio del mar, el gasoducto y la planta terrestre. El coste, cifrado en 143 millones de euros en 2008, ya podría superar en estos momentos los 200 millones.

La reiteración de afirmaciones de dudosa veracidad o el silencio inextricable por parte del gobierno del PP continúan abonando el terreno para la incertidumbre y la especulación. Máxime cuando, paradójicamente, el informe del MIT plantea, aunque de forma muy genérica, recomendaciones para el caso de que el gobierno español decidiera poner en marcha de nuevo las instalaciones. Hibernadas desde comienzos de 2016, el gestor técnico del sistema, Enagás, percibe 15,72 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, una cantidad tan solo 2 millones de euros inferior al coste que supone mantener abierto y en pleno funcionamiento el único almacén de gas submarino operativo en el Estado español: el de Gaviota, en la costa de Bizkaia. ¿Qué sentido tiene seguir manteniendo esto a lo largo de los años?, se preguntan desde la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, temiendo una futura reanudación de las inyecciones o sumando una compensación encubierta a Enagás, que, pese al compromiso inicial de comprar un tercio de Castor una vez se pusiera en marcha, siempre ha recelado del proyecto.


El laberinto de las responsabilidades

Las posibles responsabilidades penales derivadas de los seísmos causados por un proyecto ejecutado con un alto grado de descontrol en la gestión del riesgo y sin fiscalización administrativa real, se hallan todavía bajo la lupa del juzgado nº 4 de Vinaròs. Las diligencias abiertas desde enero de 2015, a raíz de la denuncia de la fiscalía, tienen, formalmente, la calificación de causa compleja y el plazo para cerrarlas se ha prorrogado –en dos ocasiones– hasta diciembre de 2018. Según la última interlocutoria, es preciso traducir y estudiar en detalle el contenido del informe del MIT y de Harvard. A lo largo de este periodo, el sumario ha pasado ya por las manos de cuatro jueces diferentes, que investigan a una veintena de personas, entre funcionarios y cargos de los ministerios de Industria, Agricultura y Medio Ambiente o del IGME, así como el consejo de administración de Escal UGS y sus principales directivos, con el presidente, Recaredo del Potro, al frente, por supuestos delitos ambientales y de prevaricación ambiental. Dilucidar quién, cómo y por qué autorizó un almacén subterráneo de gas que generó más de mil terremotos operando nada más en pruebas. O por qué razón los responsables de la empresa mantuvieron las inyecciones durante 12 días más sin que la noticia de los seísmos le hiciera cambiar de planes. La trama económica y empresarial subyacente queda fuera del alcance de estas diligencias.

Sin embargo, la larga lista de despropósitos en el marco de una tramitación benévola por parte de los gobiernos del PP y del PSOE no ha bastado para incluir a ningún ministro ni cargo político relevante en la lista de investigados. Ni Josep Piqué, ni Rodrigo Rato, ni José Montilla, ni Joan Clos, ni Miguel Sebastián, ni José Manuel Soria. Y, a pesar de todo, el proyecto Castor no solo era económicamente estratégico justo cuando se inflaba la burbuja inmobiliaria hasta límites insospechados; también lo era desde el punto de vista de la “seguridad nacional”, según el Ministerio de Defensa. Declarado urgente en el año 2005 para superar con agilidad los controles administrativos, estaba llamado a ser uno de los pilares en los que el gobierno del PSOE fundamentaba su política energética aparentemente más sostenible: abastecer las centrales térmicas de ciclo combinado que habían de apoyar la expansión especulativa de las renovables. El camino triunfal del Castor hacia su ejecución supuso un total de 42 trámites superados y permisos obtenidos. Pese a que le evaluación de impacto ambiental tuvo que redactarse en dos ocasiones, en ningún caso nadie creyó oportuno reclamar un informe de riesgo sísmico. Ni siquiera cuando el informe del IGME previo a la concesión en 2008 reconocía no saber qué podía pasar cuando se inyectara el gas.

Sin embargo, la lista de maquinaciones administrativas fue mucho más allá y abarcó todos los niveles. El ejecutivo español hizo lo indecible para que el gobierno catalán, cuyas competencias en materia marítima son testimoniales, no interfiriera en el proyecto, hasta el punto de desplazar las fronteras marítimas para que la superficie de la concesión quedara exclusivamente en aguas administrativas valencianas. La infatigable perseverancia en los juzgados de uno de los propietarios afectados por las expropiaciones, Mariano Suñer, acabó destapando escándalos urbanísticos y ambientales en la tramitación. Desde una planta terrestre construida gracias a una licencia urbanística nula de pleno derecho en suelo rústico –con un permiso de obras aprobado por el ayuntamiento de Vinaròs en tiempo récord: tan solo cinco días, incluidos los días festivos de la Nochebuena y el día de Navidad del año 2009– hasta la ilegalidad del gasoducto que la conecta con la red general, que se construyó sin el preceptivo estudio de impacto ambiental. Unos procesos, pendientes todavía de los recursos judiciales, que, además de situar buena parte de las instalaciones fuera de la legalidad, proyectan la sombra de la arbitrariedad administrativa sobre un proyecto que debía resultar modélico.


La herida territorial

“Los terremotos nos ayudaron. Si no hubiera sido por los terremotos…”, afirma, contrariado, el empresario agrícola Mariano Suñer, quien emprendió una cruzada legal desde que el proyecto salió a la luz pública en el BOE en agosto de 2007. También la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia reconoce que los seísmos fueron un “punto de inflexión”. Pese a sus limitaciones, el movimiento social fue de los primeros en advertir del peligro sísmico. “Contribuimos a retrasar el proyecto con nuestras alegaciones”, recuerda la portavoz, Cristina Reverter. Una década después, el objetivo sigue siendo que se haga “justicia”, que se depuren responsabilidades y que la ciudadanía no pague los platos rotos. Trabajan en esta línea con el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) y defienden asimismo sus denunciar y quejas presentadas tanto al Parlamento Europeo como a la Comisión Europea.

“Es una perversión de la democracia: la administración ha se servirnos a nosotros, no nosotros a la administración”, razona Reverter. Ahora, con el anuncio de que ya no se pondrá en funcionamiento –una noticia que han recibido con satisfacción y también con prudencia–, la prioridad más inmediata, aparte del desmantelamiento, es que los propietarios afectados por las expropiaciones de la planta terrestre y del gasoducto recuperen, en la medida de lo posible, sus tierras de cultivo. Exigen poder volver a plantar árboles y recuperar las cosechas después de la hipoteca de las servidumbres impuestas por un proyecto declarado de utilidad pública. En un pueblo todavía profundamente sensibilizado por la explosión de un camión cisterna con gas que causó 243 muertos en 1978, la Plataforma tuvo que hacer frente durante años a la incomprensión y animadversión de muchos habitantes del pueblo vecino de Vinaròs, el municipio que debía llevarse todos los beneficios fiscales y económicos de la instalación. Desde la Asociación de Afectados por el Proyecto Castor (APLACA, entidad con 250 socios personada como acusación popular en los juzgados de Vinaròs), su presidente, Joan Ferrando, recuerda el “deterioro social”, el “esfuerzo” y el “enfrentamiento entre pueblos y comunidades autónomas”.

“Vinaroz no se movilizó contra el Castor. ¡Todos ricos! Creía que sería una fuente de puestos de trabajo, y la oposición la hicieron los pueblos vecinos”, reconoce el actual alcalde de la población del Bajo Maestrazgo, Enric Pla (Podemos). El gobierno municipal socialista en el poder durante la tramitación del proyecto lo recibió como una especie de “Bienvenido, míster Marshall”, como la solución mágica de todos los males económicos del municipio. Aparte de las promesas de empleo y de compensaciones a diestro y siniestro, Pla cifra en un millón de euros los ingresos previstos para las arcas municipales.

Nada de esto se cumplió. Después de reclamar infructuosamente el cobro del IBI pendiente de la planta terrestre tanto a Escal UGS como a Enagás, finalmente es el Estado, como nuevo propietario, quien se hace cargo del pago de este tributo: 6 000 euros anuales. Ningún otro ingreso por actividad industrial o económica. “Hemos evitado un mal mayor, pero no la deuda, que pagamos entre todos”, reflexiona el alcalde sobre la paralización definitiva del proyecto. Cree que el “rescate” de la empresa promotora es la gran hipoteca del Castor y reitera la “obligación” del gobierno español de desmantelar las instalaciones. “Tenemos una huella física que no se borra: el monumento a la avaricia se encuentra allí delante”, concluye.


Fuente: Viento Sur


Jordi Marsal