Túnez ha ido afrontando protestas a lo largo y ancho del país a causa del alza de precios e impuestos desde el 3 de enero, aniversario de las “revueltas del pan” que tuvieron lugar en 1984 bajo el régimen de Habib Burguiba. Como en el caso de la presente agitación, ese alzamiento lo desencadenó la intervención en los asuntos del país por parte de las instituciones financieras, así como la conmoción posterior que supuso para el sustento vital de los tunecinos, concretamente, el aumento de los precios del pan y el trigo tras la adopción del plan del FMI.

Es imposible entender estas últimas protestas sin comprender el papel de las instituciones financieras internacionales, sobre todo del FMI, a la hora de imponer la austeridad en Túnez desde el levantamiento popular de enero de 2011. En los meses posteriores a la revolución, los gobiernos e instituciones occidentales buscaban una manera de impedir que hubiera países que cuestionaran el modelo neoliberal. En mayo de 2011 encontraron una solución en la cumbre del G-8 de Deauville, en Francia.

Con el Partenariado de Deauville con los Países Árabes en Transición, una coalición que comprendía a los países del G-8, Turquía, los países del Golfo, el FMI y el Banco Mundial establecieron un acuerdo para encarar los procesos revolucionarios que estaban desarrollándose en los países árabes en aquel momento. Se ofrecieron ingentes préstamos a Túnez, Marruecos, Jordania, Yemen, Egipto – “países árabes en transición” – a cambio de impulsar una panoplia de reformas institucionales neoliberales. El FMI y los demás se aprovecharon de la situación de inestabilidad y de las debilidades de estos países para obligar a introducir las medidas.

Túnez tenía poca capacidad de renegociar las condiciones que se le ofrecían. El Partenariado de Deauville Partnership ha sido la piedra angular de las reformas económicas adoptadas en mi país durante el periodo de transición, pero también en otros países árabes como Marruecos, Egipto y Jordania, con el FMI en el papel de conductor principal.

Los resultados de Deauville dicen mucho a la hora de explicar las protestas que hoy se suceden. Desde 2011, la deuda pública externa de Túnez se ha incrementado de modo substancial: el 41% del PIB se ha convertido en 71% en 2018. Desde 2017, los pagos de la deuda tunecina se han disparado, y ahora se exige la devolución de todos los préstamos de acreedores extranjeros que habían otorgado periodos de gracia tras la revolución. En 2018, los pagos del servicio de la deuda llegarán a la inédita cifra del 22% del presupuesto del país.

Túnez ha precisado dos préstamos más del FMI en el periodo intermedio, en 2012 y 2016, que no se concedieron sin condiciones, entre ellas las de reducir el déficit presupuestario y aplicar las medidas de austeridad que hicieron aumentar todavía más los precios.

Con el segundo préstamo el FMI ejerció una presión sostenida sobre Túnez, y más concretamente sobre el Banco Central de Túnez, para dejar de intervenir en los mercados de divisas a fin de defender el valor del dinar tunecino. El resultado de la depreciación (impuesta) del dinar ha consistido en aumentar las importaciones en un momento en el que las principales exportaciones (fosfatos y turismo) están en crisis y no pueden compensar estos nuevos costes. Túnez es un país netamente importador , de modo que esta medida contribuye enormemente al aumento de los precios, elevando la proporción de deuda pública y de servicio del a deuda externa.

Todo esto culminó en una nueva ley que entró en vigor a principios de enero y que fue la que desató las protestas. Para reducir el déficit presupuestario, se le pidió al gobierno que redujera el gasto congelando las contrataciones, las jubilaciones anticipadas y los salarios del sector público, y aumentando los ingresos del Estado a través de la recaudación fiscal indirecta. El aumento de precios se ha reforzado con el alza del IVA y los impuestos al consumo, las formas menos progresivas de fiscalidad, que paga todo el mundo independientemente de lo que gane.

Esto ha venido a suponer menos dinero en los bolsillos de los más pobres, así como de las clases medias que soportan el gravamen fiscal. Sufren los más vulnerables de nuestra sociedad, se empobrecen las clases medias, y la fuga de cerebros se ha acelerado a causa de la depreciación del dinar. Va aumentando la sensacíón de injusticia, alimentada por la desigual distribución del gravamen fiscal, la ausencia de esfuerzos reales a la hora de abordar el fraude y la evasión fiscales, el elevado desempleo y la desigualdad de la riqueza en el país.

El actual contexto de cambio es menos favorable que en 2011, pero las crecientes protestas constituyen claramente una señal de que la situación económica ya no es sostenible. Léanse las palabras de Warda Atig, una de las organizadoras de las protestas en Túnez: “Mientras Túnez mantenga los acuerdos con el FMI, mantendremos nuestra lucha. Creemos que el FMI y los intereses de la gente son conradictorios”. Escapar de la sumisión al FMI, que ha puesto de rodillas a Túnez y estrangulado la economía, constituye un requisito previo para procurar cualquier cambio de verdad.