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La deuda odiosa argentina
por Mario Hernández
22 de octubre de 2019

El gobierno de Macri fracasó abiertamente en su gestión económico-financiera arrastrando a la Argentina a una nueva cesación de pagos; default que evitó formalizar sólo merced al salvataje financiero extraordinario del Fondo Monetario Internacional (FMI) con un préstamo Stand-By de U$S 57.000 millones, récord para la Argentina y el mundo, a los fines que la administración macrista pudiera completar su mandato.

El FMI desembolsó hasta la fecha U$S 45.000 millones, de los cuales unos U$S 34.000 millones se usaron para financiar la fuga de capitales, esto es, dólares del Fondo que entraron prestados por una ventanilla del Banco Central (BCRA) y se vendieron por otra para sostener el tipo de cambio y cubrir así la salida de divisas de grandes fondos especulativos que operan y siguen operando en la Argentina.

Con el agravante que de esta manera el FMI está contraviniendo el artículo VI de su propio Convenio Constitutivo que le prohíbe prestar a los países miembros para atender corridas cambiarias.

Pese al monitoreo permanente del FMI, el desmanejo de las cuentas fiscales y cuasi-fiscales (BCRA) por parte del gobierno de Macri no evitó el agravamiento de la situación económico-financiera interna del país ni la verdadera mejora de las finanzas del Estado, afectadas por un déficit fiscal creciente provocado por el aumento desproporcionado de los Intereses a pagar. Este doble fracaso macrista se traslada como herencia al próximo gobierno.

A fines de agosto, la información oficial mostraba que la deuda era de U$S 310.000 millones. De ese total el Tesoro le debía al BCRA alrededor de U$S 75.000 millones y al Anses y otros organismos estatales unos U$S 27.000 millones.

El resto de los acreedores se compone de organismos multilaterales (FMI y otros) por U$S 73.000 millones y privados por U$S 132.000 millones. Los intereses anuales, en el caso de los multilaterales, son del orden de U$S 3.000 millones; para los privados son de aproximadamente U$S 8.000 millones. La deuda con privados es 25% en moneda nacional y el resto en moneda extranjera.

Una opción que ha planteado el Gobierno actual es acordar con los acreedores una prórroga en los vencimientos de capital y parte de los intereses, que son los que realmente se abonan dado que el capital no se paga sino que se refinancia íntegramente.

Mientras tanto, el candidato Alberto Fernández y sus principales asesores en materia económica, se están pronunciando a favor de la llamada “solución a la uruguaya”, la operación de Canje de Deuda de Uruguay en 2003.

La esencia de este tipo de reestructuración de Deuda es simple:
1) Alargamiento o extensión de las fechas de vencimiento (en principio a 4-5 años, es decir, pateándolos a la administración siguiente); 2) No quita de Capital; y 3) No rebaja de los Intereses.

Al respecto señala el Lic. Héctor Giuliano: “Dicho con otras palabras, es la fórmula que más conviene a los acreedores del Estado dado que siendo la Deuda Argentina hoy la más cara del Mundo, lo que así se propone -Oficialismo y Oposición- es que tales condiciones se prolonguen en el tiempo, de modo que los grandes fondos especulativos de inversión mantengan sus niveles récord de rentabilidad financiera gracias al alto costo de la Deuda de nuestro país.

Paradójica o sintomáticamente, de esta manera tanto el gobierno de Mauricio Macri como el que sería su más posible sucesor, Alberto Fernández, coinciden en esta misma tesitura perversa acerca del re-endeudamiento del Estado”.


¿Hay otra salida?

En Sistema deuda (Editorial Metrópolis, 2018), el presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint, apela a la llamada doctrina de la deuda odiosa de Alexandre Sack, quien sostiene que un gobierno legítimo y democrático, puede suscribir deudas odiosas.

Como antecedente podríamos citar al padre de la escuela histórica en derecho, Gustav von Hugo (1764-1844) que escribió: “Una quiebra nacional no tiene nada de ilegal, y saber si es inmoral o poco prudente depende enteramente de las circunstancias. No es decentemente posible demandar a la generación actual que cargue sola con las consecuencias de la locura o la falta de previsión de las que le han precedido, pues si no, finalmente, un país no tendría ya habitantes a causa del peso de sus deudas públicas”.

En Argentina más de la mitad de la población infantil es pobre (52,6%), al tiempo que los adolescentes y jóvenes tienen una tasa del 42,3%. Nada menos que 5,7 millones de chicos y chicas son pobres y 1,4 millones indigentes, dando lugar a la reproducción inter generacional de la pobreza que compromete las capacidades de las generaciones futuras para alcanzar mejores condiciones de vida acentuando así las desigualdades existentes.

Para la misma época Karl Salomo Zachariä von Lingenthal (1769-1843) sostenía: “El Estado tiene el derecho de reducir sus deudas, incluso de repudiarlas por entero, en la medida en que no es ya capaz de conseguir los fondos, además de los gastos corrientes, necesarios para pagar los intereses y el capital de la deuda pública”.

Este es precisamente el caso de nuestro país, como derivado lógico e inexorable de la política institucional de toma sistemática de deuda sin capacidad de pago.

Esta situación está probada con números ya que se mantiene y agrava indefinidamente porque es sostenida merced a un mecanismo de refinanciamiento constante de los vencimientos de capital y toma de nuevas deudas.

Según el profesor de Derecho internacional de la Yale Law School, Edwin Borchard (1884-1951), Zachariä sostiene que un gobierno tiene un deber superior al pago de sus deudas, que es preservar la vida de sus ciudadanos, y que tiene que olvidar a los acreedores si no hay otra opción.

Nos exime de cualquier comentario las cifras de la pobreza en Argentina: 15,9 millones de personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza y 3,5 millones de personas que pasan hambre, según el informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

Contemporáneo de Borchard, Alexandre Sack (1890-1955), considera que en casos excepcionales hay deudas que pueden ser anuladas:
“Por consiguiente, para que una deuda, regularmente contraída por un gobierno regular, pueda ser indudablemente considerada como odiosa, […], convendría que fueran establecidas las siguientes condiciones:

1. El nuevo gobierno debería probar y un tribunal internacional reconocer como establecido:
* que las necesidades, para cuya atención el antiguo gobierno había contratado la deuda en cuestión, eran “odiosas” y francamente contrarias a los intereses de la población […]y,
* que los acreedores, en el momento de la emisión del préstamo, habían estado al corriente de su destino odioso.

2. Establecidos estos dos puntos, correspondería a los acreedores la tarea de probar que los fondos producidos por los citados préstamos habían sido de hecho utilizados no para necesidades odiosas, dañinas para la población de todo o parte del Estado, sino para necesidades generales o especiales de ese Estado, que no ofrecen un carácter odioso”.

En una publicación de la revista del FMI “Finance et développement”, Michael Kremer y Seema Jayachandran definían en 2002 la doctrina de la deuda odiosa: “La doctrina de la deuda “odiosa” enuncia que la deuda soberana contraída sin el consentimiento de las poblaciones y sin beneficio para ellas no debe ser transferida al Estado sucesor, en particular si los acreedores tenían conocimiento de ese estado de cosas”.

Este último aspecto es fundamental, la responsabilidad de los acreedores, porque están regularmente en el origen de las violaciones de los tratados y de los demás instrumentos internacionales de protección de derechos. La responsabilidad del FMI en la rebelión haitiana que supera un mes y los recientes hechos de Ecuador me eximen de mayores comentarios.
Fue precisamente este último país el que realizó una auditoría con participación ciudadana, sin incluir representantes de los acreedores, en 2007-9, suspendiendo previamente el pago de la deuda. Y realizando una quita del 70%.
Los ejemplos abundan. Solo nos limitaremos a los últimos 40 años:

– Deudas contraídas por el sha de Persia para armamento por Irán en 1979.

– El repudio de las tres repúblicas bálticas de las deudas con la URSS en 1991.

– La anulación de la deuda de Namibia contraída por la República Sudafricana por el gobierno de Nelson Mandela en 1994.

– La anulación de la deuda de Timor Oriental en 1999-2000.

– La anulación del 80% de la deuda de Irak en 2004.

– El repudio por parte de Paraguay de deudas contraídas con los Bancos suizos en 2005.

– La anulación por parte de Noruega de las acreencias de cinco países (Ecuador, Perú, Egipto, Sierra Leona y Jamaica) correspondiente a un contrato de venta de barcos de pesca en 2006.

– La anulación en 2009 de parte de la deuda ecuatoriana identificada como ilegítima por la comisión de auditoría en 2007-8.


Mario Hernández