En el contexto de la crisis global del capitalismo y con las negociaciones multilaterales dentro de la OMC en punto muerto, los gobiernos de la Unión Europea (UE) están apostando cada vez más por la dinámica de acuerdos comerciales regionales en sus relaciones con casi todos los continentes: Asia (Corea, India, países de la ASEAN), América del Norte (Canadá), América del Sur (Mercosur, Perú / Colombia / Ecuador), América Central, Oriente Medio (Consejo de Cooperación del Golfo). Por un lado, la Unión Europea ha emprendido la negociación de Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con las diferentes regiones de África. Por el otro, con respecto a los países vecinos del sur (países de la costa sur del Mediterráneo) y el este (Ucrania, Moldavia y los Estados del Cáucaso) de Europa, la Unión Europea ha comenzado un proceso de negociación de los llamados acuerdos de libre comercio ya firmados y comenzado a negociar acuerdos de “segunda generación”. Se trata de acuerdos de libre comercio exhaustivos y profundizados que incluyen la armonización de las legislaciones y reglamentos (bajo el «acervo» jurídico europeo) en beneficio de las grandes empresas y bancos, en particular los de los países dominantes dentro de la UE, a expensas de los derechos de los pueblos. Por lo tanto, la UE se encuentra en una cruzada comercial neocolonial para subordinar a los pueblos de la Periferia a las fracciones dominantes del Gran Capital Europeo e imponer condiciones de un carácter liberal mayor que las obtenidas dentro de la OMC, en beneficio de sus capitales.

El trío formado por el Banco Mundial, el FMI y la OMC trabajan conjuntamente para apoyar esta guerra comercial en beneficio de las multinacionales a través de políticas neoliberales aplicadas celosamente por la mayoría de los gobiernos de la UE, las clases dominantes en el sur y sus respectivos gobiernos. Estos acuerdos están interconectados con tratados y acuerdos bilaterales de inversión y todos incluyen mecanismos vinculantes como el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a Inversiones, CIADI, -ICSID- dependiente del Banco Mundial) o entre Estados (mecanismo de solución de diferencias de la OMC) a fin de fortalecer la subordinación de los Estados a las multinacionales para garantizar la rentabilidad de las empresas y proteger sus inversiones en detrimento de las personas y el medio ambiente. Así, estos acuerdos neocoloniales de comercio e inversión son amplios y engloban prácticamente todas las áreas económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales.

Los objetivos de dichos acuerdos se pueden agrupar en tres categorías:

Primero, se trata de garantizar al capital el acceso a nuevas áreas de ganancias y explotación a nivel internacional mediante, la desaparición o reducción sustancial de los derechos de aduana y las llamadas barreras no arancelarias en los sectores industriales y agrícolas; la privatización de los sectores sociales públicos (salud, educación, transporte urbano, etc.) y las empresas públicas de los sectores estratégicos (telecomunicaciones, banca, energía, etc.), de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS de la OMC sobre la liberalización del comercio de bienes y servicios; el fomento de las inversiones extranjeras directas.

En segundo lugar, se trata de proteger la posición privilegiada del capital procedente de las economías europeas dominantes en particular y de la UE en general, así como el control de la división del trabajo y las correlaciones de poder, propias de la jerarquía de las cadenas globales de producción por la imposición del respeto a la ley y a la política de la competencia, así como de las regulaciones sobre contratación pública en beneficio del gran capital; el cumplimiento de las normas sobre patentes (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC); el cumplimiento de normas de protección ambiental ligeras y no vinculantes; el fortalecimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias para las exportaciones del Sur, etc.

Por último, se trata de poner a disposición del capital mano de obra barata mediante la desregulación de los derechos de las y los trabajadores con la introducción de la máxima flexibilidad, es decir, de precariedad. Esta desregulación y esta precariedad afecta tanto a las y los trabajadores en el sur como en el norte al alentar la competencia entre trabajadoras y trabajadores de estas distintas regiones.

Así, por un lado, a través de estos acuerdos de comercio e inversión expansionistas, la UE obliga a los países del Sur a abrir sus fronteras, sus mercados y sus servicios públicos a las empresas del centro de la UE para exportar productos subsidiados sin encontrar barreras aduaneras a fin de saquear sus riquezas, explotar una mano de obra mal pagada y repatriar las ganancias. Y mientras, por otro lado, refuerza los mecanismos de protección de sus grandes capitalistas con normas sanitarias y alimentarias muy severas y exigiendo cláusulas sociales, fiscales y ambientales vinculantes para las importaciones del Sur. Estas disposiciones vinculantes se introducen, por ejemplo, en la Política Agrícola Común (PAC) para limitar el volumen de exportaciones hacia el mercado europeo, especialmente de productos agrícolas que compiten directamente con los de los países europeos.

Los efectos destructivos de los llamados acuerdos de libre comercio.

Los efectos destructivos de estos acuerdos de libre comercio firmados con la UE ya son claramente visibles en la mayoría de los países del Sur y más particularmente en términos de acuerdos de asociación económica (AAE) en África subsahariana. Estos ya han merecido la designación de «acuerdos de asfixia económica» o "acuerdos de empobrecimiento económico” por parte varias organizaciones que luchan en África. Los principales impactos pueden citarse de la siguiente manera:

 Profundización del déficit comercial y dependencia estructural.

 Pérdida de ingresos aduaneros y aumento del déficit de la balanza de pagos.

 El endeudamiento masivo reembolsado principalmente por las clases populares a través del aumento de sus impuestos y recortes en el gasto social por parte de los Estados.

 Acentuación del deterioro de las condiciones ambientales por el extractivismo y el acaparamiento de recursos.

 Destrucción de semillas locales y restricción de la producción local de medicamentos (genéricos) por los derechos de propiedad intelectual (comercialización del conocimiento).

 Aumento del empobrecimiento de los pequeños agricultores y de la dependencia alimentaria.

 Aumento del desempleo masivo por la destrucción de pequeños productores en la industria estructuralmente débil y en la agricultura que produce para el mercado nacional o local, y por la generalización de la flexibilidad y la precariedad de los empleos y la subcontratación.

 Deterioro de las condiciones de vida de las mujeres por la privatización de los servicios públicos (educación y salud), destrucción del campesinado, desempleo, etc.

 Multiplicación de barreras y dispositivos para limitar el cruce de las fronteras de la Europa fortaleza por parte de las personas migrantes y refugiadas del sur.

Las principales consecuencias de los AAE: el debilitamiento de las economías a nivel macroeconómico, haciéndolas más dependientes del mercado global, la transferencia de los costos de la liberalización externa a las clases trabajadoras, un deterioro de la producción y el medio ambiente locales, así como un fortalecimiento de desigualdades de género. Al mismo tiempo, haciendo que el cruce de fronteras sea más difíciles, si no imposible, los AAE protegen a las potencias europeas de los costos sociales que producen sus políticas neocoloniales.

También se debe subrayar que estos acuerdos tienen un impacto autoritario en el sentido de que fortalecen las estructuras y prácticas de decisiones antidemocráticas en los países del Sur. Las negociaciones sobre acuerdos de libre comercio se caracterizan por una opacidad que no permite ningún debate democrático real. Las clases dominantes de los países del Sur aceptan la mayoría de las disposiciones de estos acuerdos porque coinciden con los intereses de los grandes capitalistas locales que tejen lazos fructíferos de asociación con los capitalistas europeos para fortalecer su posición en las relaciones de poder locales, así como acumular ventajas y beneficios en detrimento de los pueblos de Europa y del Sur. Estos acuerdos son ratificados por parlamentos no democráticos que no representan las aspiraciones de la gente.

Tareas de la izquierda radical

La izquierda radical en Europa debe trabajar muy de cerca con los movimientos sociales y políticos radicales en el Sur para luchar contra esta cruzada comercial de los países imperialistas y sus instituciones internacionales (especialmente el trío BM, FMI y OMC) que aumenta la concentración de riqueza en manos de una minoría capitalista a escala mundial. También deben combinar sus esfuerzos para luchar contra las clases dominantes del Sur, que actúan como agentes de esta nueva colonización que exacerba el subdesarrollo y la miseria de los habitantes. Su objetivo común es contribuir activamente a la llegada al poder de gobiernos revolucionarios y populares basados en instituciones democráticas reales en la base y en una movilización popular permanente.

Tareas de un gobierno popular

Una fuerza popular radical que llegue al gobierno en un país europeo debe emprender un proceso de ruptura con la lógica del intercambio desigual, injusto y antidemocrático del comercio mundial que implica la no equivalencia de los valores producidos e intercambiados y la acentuación del subdesarrollo de las fuerzas productivas en el sur mantenido por el capitalismo en su actual fase neoliberal. Este intercambio tiene como corolario el sistema de división internacional del trabajo que condena a las economías del Sur a especializarse en la exportación de algunas materias primas, productos agrícolas y pesqueros y a permanecer dependientes a nivel industrial, tecnológico, financiero, alimentario y otros. Encontramos aquí una lógica muy antigua que limitaba a los pueblos del Sur al estatus de neocolonias y al de aprovisionamiento de las potencias mundiales. Los países imperialistas, por otro lado, están reforzando su proteccionismo para controlar los volúmenes de importación con el fin de garantizar y maximizar las ganancias de sus empresas capitalistas, y para asegurar la posición dominante de «sus» capitales dentro de las cadenas de producción globales. Imponen la apertura de mercados en el sur para que las exportaciones europeas, que a menudo están subvencionadas, puedan penetrar un poco más.

Una fuerza de izquierda radical que pretenda acceder al gobierno debe comprometerse a poner el comercio al servicio de las aspiraciones populares y priorizar la solidaridad sobre la competitividad. Debe comprometerse a tomar medidas para erradicar la pobreza y la desnutrición y promover la estabilidad laboral en lugar de la libre movilidad del capital. El objetivo es unir a los pueblos y no vincularlos a los intereses de cada clase dominante mediante el desarrollo de una alianza de trabajadores, pequeños productores, campesinos y desempleados en el sur con los oprimidos en Europa.

El gobierno popular establecerá programas de ayuda para la industrialización de las economías del sur y la construcción de economías locales independientes, autónomas y solidarias que promuevan un desarrollo humano y democrático endógeno basado en particular en la soberanía alimentaria.

Un gobierno popular deberá otorgar acceso preferencial a sus mercados para productos que respeten las nociones de equidad y que provengan de pequeños productores y aumentar los impuestos sobre los productos del agrobusiness y aquellos que violen las normas sociales y ambientales. Reactivará redes cortas de comercialización y políticas de apoyo a pequeños productores locales tanto en el Norte como en el Sur y establecerá vínculos directos y de confianza entre productores y consumidores. Reconocerá y apoyará el derecho de las poblaciones a vivir con dignidad en sus territorios sin ninguna agresión comercial extranjera y sin verse obligadas a ningún tipo de desplazamiento forzado.

El gobierno popular trabajará para desarrollar proyectos alternativos de cooperación comercial que respondan a las aspiraciones populares, basándose en los argumentos y experiencias de lucha contra los llamados acuerdos de libre comercio desarrollados por movimientos sociales y políticos radicales en los países del Sur. A título de ejemplo podemos citar la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América - Tratado de Comercio entre los Pueblos) construida sobre los principios de solidaridad, complementariedad, justicia y cooperación, y colocando al ser humano en el centro de sus principios y prácticas.

Tomará medidas drásticas para romper este mecanismo comercial internacional de sometimiento y despojo de los pueblos en el marco de un proceso global de ruptura con el modo de producción capitalista para una alternativa ecológica, feminista, socialista e internacionalista.

Los primeros pasos de un gobierno popular

• Someter a una auditoría con participación ciudadana todos los tratados bilaterales y multilaterales de inversión y comercio y suspender su aplicación durante la duración de la auditoría. Derogar todos los tratados que se consideren ilegítimos y / o abusivos.

• Desobedecer las disposiciones de la OMC y rescindir todos los acuerdos de libre comercio, asociación e inversión con los países del Sur.

• Fomentar el ejercicio de la soberanía popular en los países del Sur para desarrollar con ellos un comercio justo que respete la justicia social y ambiental y establecer mecanismos reales de cooperación que pongan fin al saqueo y favorezcan el surgimiento de sus economías.

• Apoyar las medidas para la soberanía alimentaria y la producción ecológica y socialmente justa en los países del Sur.

• Abandonar la OMC y promover una campaña internacional contra esta institución y contra sus dos congéneres, BM y FMI, para su reemplazo por instituciones democráticas de solidaridad.

• Poner fin a los sistemas de arbitraje que permiten a las grandes compañías reclamar sumas colosales de los Estados si toman medidas de interés general que disminuyen las ganancias de los intereses capitalistas privados. Luego, el gobierno instituirá un procedimiento para abandonar el CIADI (órgano del Banco Mundial) y el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC saliendo de él.

• Establecer un procedimiento de arbitraje aceptado y legítimo que consista en enjuiciar a las empresas transnacionales en su jurisdicción nacional y aumentar sus sanciones financieras en función de la gravedad de su violación de la soberanía de los pueblos, de las normas sociales y ambientales.

• Sancionar fuertemente a las empresas que no respetan los Derechos Humanos y las normas ambientales.

• Apoyar la iniciativa a favor de un tratado jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos en todos sus aspectos: civil, político, económico, social y cultural.

• Levantar el secreto sobre los acuerdos comerciales y de inversión que permiten a las empresas cada vez más ocupar el lugar de los pueblos y los Estados para proteger su libertad de acción y sus inversiones.

• Denunciar y cortar los lazos con los regímenes y gobiernos despóticos de los países del Sur que firman estos acuerdos porque se aprovechan de ellos a todos los niveles para enriquecerse y desviar fortunas al extranjero.

Texto traducido desde el francés por Alberto Nadal y Mats Lucia Bayer