Pérdidas colosales

Según el informe, “Los flujos financieros ilícitos (FFI) son el movimiento transfronterizo de dinero y activos cuya fuente, transferencia o uso es ilegal” [1] . Se distinguen 4 categorías principales. Primero, las “prácticas fiscales y comerciales” que consisten fundamentalmente en falsas facturaciones de productos destinados a la importación o exportación, alrededor de 40 mil millones de dólares anuales (en el texto siempre se refiere a dólares estadounidenses ndt). Luego, los “mercados ilegales” , relacionados en particular con la trata de seres humanos o residuos tóxicos. Asimismo, “actividades relacionadas con el robo y la financiación del delito y el terrorismo”. Finalmente, los FFI vinculados a la “corrupción”.

Para África las pérdidas registradas son colosales. 89.000 millones de dólares al año según la estimación más baja, es decir, el 3,7% del PIB del continente, o el 25% del PIB de Egipto, una de las tres principales economías africanas junto con Sudáfrica y Nigeria . También es “casi tan importante como las entradas totales de ayuda pública para el desarrollo, estimadas en 48 mil millones de dólares, combinadas con las inversiones extranjeras directas, estimadas en 54 mil millones de dólares, recibidas por los países africanos” .

Contrariamente a la narrativa dominante, ¿los 54 estados africanos financian a los llamados países desarrollados y no al revés? Igual que el CADTM, esto es lo que dice el informe. Con FFI estimados en 836 mil millones de dólares estadounidenses entre 2010 y 2015, y una deuda externa de 770 mil millones de dólares en 2018, “África es un acreedor neto del resto del mundo” .

Gráfico 1: Comparación entre el saldo de la deuda externa (pública y total – escala izquierda), el servicio de la deuda externa (pública y total) y los FFI (escala derecha) – en miles de millones de dólares [2]

Mientras que 13 países africanos están incluidos en la lista del FMI de países con sobreendeudamiento y una docena están en suspensión de pagos [3] , la comparación resulta chocante. Durante el período de 2011 a 2018 (ver gráfico 1), los FFI siguen siendo significativamente más altos que el servicio de la deuda externa pública o total. En resumen, si los países africanos recuperaran los FFI, podrían liberarse por completo de la deuda externa. Además, sin FFI, las poblaciones africanas no habrían sufrido los diversos mecanismos de dominación inherentes al sistema de deuda. Pero entonces, ¿quiénes son los responsables?

¿Responsabilidades compartidas?

Cuando se trata de África y las razones por las que los países enfrentan dificultades de desarrollo, rápidamente se señala la corrupción interna como el principal culpable. Es innegable: alrededor de 148 mil millones de dólares al año según el Banco Africano de Desarrollo. No obstante, debemos distinguir la corrupción “pequeña” de la “grande”.

En un entorno en el que se percibe a las clases capitalistas y dominantes como corruptas, la corrupción menor crece aún más. Dado que en las más altas esferas del Estado y organizaciones (públicas y privadas) las obligaciones fundamentales son transgredidas por sus máximos representantes, sería normal, racional o incluso necesario actuar de esta manera en los niveles subordinados, en particular entre funcionarias y funcionarios mal pagados o sin cobrar su sueldo durante meses. La “pequeña” se presenta luego como una consecuencia de la corrupción “grande”. Obtención forzada o acelerada de documentos administrativos, de desgravaciones fiscales, de suelo edificable, etc. se comercia entonces entre individuos y agentes pertenecientes ambos a la clase media. De hecho, el “pequeño corruptor” obtiene mediante el pago de un soborno lo que debería haber obtenido normalmente si el servicio público y sus empleados estuvieran suficientemente financiados por el Estado. En cuanto al “pequeño corrupto”, obtiene un ingreso adicional de subsistencia que muchas veces se hace necesario debido a salarios bajos o incluso impagos, todo en una estructura disfuncional y que él sabe parasitada en su cúspide. Al final de la cadena, estos actos delictivos pero comprensibles lamentablemente tienen doble repercusión a expensas de la gente más pobre. En proporción a sus ingresos, deben pagar más para esperar gozar de los servicios públicos o privados, sabiendo que tal como están, estos mismos servicios, supuestamente accesibles para todos, seguirán desintegrándose. Sin embargo, si hay que luchar sin duda alguna contra la “pequeña corrupción”, ante todo hay que considerar que es el producto de aparatos estatales debilitados por decenios de injerencias exteriores neocoloniales con las que las clases capitalistas autóctonas y dirigentes cómplices están muy a gusto.

Así, “en muchos países africanos, del 20% al 30% de la riqueza privada se coloca en paraísos fiscales” y “5.000 personas de 41 países africanos tienen un total acumulado de aproximadamente 6.500 millones de dólares americanos en “activos” en cuentas bancarias offshores en 2015. En ambos casos, se hace posible esta forma de corrupción a gran escala por la (in)acción de las mencionadas grandes potencias. Si se supone que la OCDE(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), con sede en París, lucha contra los paraísos fiscales, ninguno de los 38 países miembros es africano [4]. Respecto a las cuentas bancarias offshore, la red Tax Justice Network nos dice que los 10 países más opacos financieramente y que luchan por mantener el secreto bancario, son todos grandes potencias. Incluye las Islas Caimán, los Estados Unidos, Suiza, Hong-Kong, Luxemburgo, Japón y los Países Bajos [5]. Como lo demuestran los numerosos escándalos de los últimos años, incluidos los Offshore Leaks , Luxembourg Leaks , Swiss Leaks , Mauritius Leaks [6] o Luanda Leaks , (que involucran a Isabel dos Santos, hija del ex presidente de Angola de 1979 a 2017) [7] , los FFI y la “gran” corrupción se organizan “desde arriba” y sus sedes se encuentran en los países más ricos, en Nueva York, Londres, París, Berlín, Tokio.

Las instituciones financieras internacionales (IFI) y las potencias imperialistas también alimentan la gran corrupción para sus propósitos. A pesar de las revelaciones del informe Blumenthal (publicado en 1982 ndt) sobre el destino real de los fondos prestados al dictador Mobutu en Zaire en su momento, el Banco Mundial y el FMI perpetuaron su financiamiento con fines geopolíticos. El reciente asunto de los #Papergate en febrero de 2020 [8] en el Banco Mundial solo confirma estas prácticas casi generalizadas [9]. Del lado de las injerencias bilaterales, por solo citar un ejemplo que involucra a Francia, Loïk Le Floch-Prigent, ex-PDF de Elf (una empresa semipública antes de ser absorbida por Total), indicaba recientemente que “el dinero del petróleo ha permitido financiar personalmente a presidentes africanos, particularmente en Gabón y Congo-Brazzaville” , y aseguró “que el sistema continúa hoy, en otras formas” [10]. Como agradecimiento por su apoyo infalible, varios partidos políticos franceses, ya sea el PS o los partidos de derecha, se han aprovechado de la financiación oculta para sus campañas presidenciales [11]. Este tipo de operaciones en detrimento de las poblaciones no se limitan ni a la Françafrique, ni siquiera a solo África.

Las grandes corporaciones y multinacionales también son un engranaje esencial en los FFI y mantienen voluntariamente al continente como proveedor de materias primas para obtener el máximo beneficio. Como dice el informe, “hasta el 50% de los flujos ilícitos de África se originan en la facturación falsa en el comercio internacional y más de la mitad de los FFI relacionados se originan en el sector extractivo”. Así, 40 mil millones de los FFI provienen de la actividad destructiva de la industria extractiva (oro 77%, diamantes 12% y platino 6%). Antes de continuar, “las empresas multinacionales activas en la minería centralizan cada vez más sus actividades comerciales, lo que aumenta el riesgo de facturación falsa […] Singapur y Suiza se encuentran entre los países más atractivos para la centralización de estas actividades comerciales gracias a la ventajas fiscales que otorgan a las empresas comerciales multinacionales ”. Pero, ¿quiénes son los principales beneficiarios? Canadienses, estadounidenses, francesas, suizas, etc., todas las principales multinacionales extractivas (Anglo American, De Beers, Glencore, BHP, Rio Tinto, Umicore -antesUnion minière du Haut Katanga-, Vieille-Montagne) están principalmente en manos de grandes accionistas occidentales.

Más adelante, el informe especifica que “los principales mecanismos de evasión y fraude fiscal son la facturación falsa en el comercio internacional, la manipulación de precios de transferencia, la transferencia de beneficios y el arbitraje fiscal”. Para completar el cuadro, también debemos tener en cuenta la acción de las “Big Four” (Cuatro Grandes) (KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PwC), firmas de auditoría – a las que debemos muchos de los planes de despido llamados “planes sociales” en la jerga neoliberal – que están especializadas en asesorar a las empresas para facilitar su “elusión” fiscal [12]. En esta arquitectura porosa, entendemos mejor que “a nivel mundial, del 30% al 50% de las inversiones extranjeras directas pasan a través de sociedades pantalla offshore” , con las consecuencias directas de una mayor volatilidad del capital invertido, una participación cada vez mayor de los beneficios declarados en los paraísos fiscales y una inestabilidad crónica para el desarrollo de los Estados.

Una cuestión de justicia social

Con este informe de la UNCTAD , la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estaría interesada en reconsiderar la promoción sistemática de la financiación privada para el logro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [13] y, por ejemplo, abordar por ejemplo las “prácticas fiscales y comerciales” de los FFI . Esto permitiría a África recuperar la mitad de la financiación necesaria para alcanzar los ODS, que deberían alcanzarse en 2030. Sería un considerable soplo de aire fresco para las finanzas públicas de los países africanos. Más aún en un período de crisis de la deuda combinada con el aumento de las necesidades de financiación por las consecuencias sanitarias y económicas del Covid-19.

También se deben realizar otros progresos, incluida una mejor recaudación de los impuestos. Si los “ingresos fiscales” están progresando y “representan [hoy] el 16% del PIB africano” , se mantienen claramente por debajo de su potencial y no aguantan la comparación con otros países del Norte y del Sur juntos. No obstante, cabe destacar que “todavía no han recuperado los niveles anteriores a los años ochenta y noventa, durante los cuales las políticas de ajuste estructural provocaron una caída de los ingresos producidos por el comercio internacional”. En otras palabras, al enfatizar la liberalización de la economía, la introducción del IVA, la eliminación de las barreras aduaneras, los controles de cambio y los movimientos de capital, el Banco Mundial y el FMI participaron y siguen participando en el mantenimiento de una situación de gran precariedad para la mayoría de las poblaciones, de la cual las clases dominantes y capitalistas se benefician alegremente dentro y fuera del continente.

Para frenar los FFI, la UNCTAD presenta al final de su informe una serie de conclusiones y recomendaciones moderadas. Ciertamente podemos compartir la afirmación de que “los países desarrollados y los países en desarrollo comparten la responsabilidad de los FFI” , pero luego es lamentable que la afirmación no vaya seguida de un matiz en los grados de implicación. Si las poblaciones del Norte son tan víctimas como las del Sur de la austeridad resultante en parte de las FFI, no podemos hacer una comparación similar a escala estatal. Los intereses del gran capital se localizan mayoritariamente en los países del Norte. Son ellos quienes influyen directamente en la arquitectura internacional y los marcos regulatorios internacionales, multilaterales o nacionales que se han adoptado o que se adoptarán. Las bolsas de valores, los bancos y las multinacionales dominantes se encuentran en los países que dominan los principales órganos de toma de decisiones (G7 , G20 , OCDE, Banco Mundial, FMI, IIF, Club de París , BEI, BID, OMC , etc.) y en China, que comienza a conquistar un trozo del pastel imperialista neocolonial. Sin negar que los intereses de Aliko Dangote, nigeriano y el empresario más rico del continente sean los mismos que los de estos colegas extracontinentales, la correlación de fuerzas es incomparable. Con activos estimados en 8.300 millones de dólares estadounidenses, es sólo el 162º en un ranking en el que los primeros 20 lugares están en manos de 14 estadounidenses, 2 chinos, 2 franceses, 1 español y 1 mexicano [14]. A nivel nacional, Nigeria es el líder africano en términos de PIB y ocupa “solo” el lugar 29 en el mundo. Por encima de todo, es el 133 º si el PIB se relaciona con el número de habitantes [15]. Si tenemos en cuenta el peso institucional, político, económico o incluso militar de los países africanos frente a las grandes potencias, constatamos que no están en condiciones de oponerse a sus dictados (aparte de Sudáfrica Sur que tiene cierta autonomía y que juega un papel de subimperialismo en el África austral). En este contexto, por más que la UNCTAD haga un llamamiento a “fortalecer la participación de África en la reforma de la fiscalidad internacional” , o a “intensificar la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”, es dudoso que pueda obtener algún beneficio real, tanto más cuanto que una posible colaboración multilateral sería “fruto de la colaboración entre el FMI, el Banco Mundial y la OCDE” . Es tanto más dudoso cuanto que la UNCTAD acoge positivamente el establecimiento de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA siglas en inglés ndt) para lograrlo. Los acuerdos de libre comercio conducen a un debilitamiento mayor de los Estados frente a los intereses multinacionales y contribuyen en gran medida a una nivelación en sus niveles más bajos de las reglamentaciones nacionales. Ciertamente podemos esperar una unión fuerte de líderes africanos para construir un espacio económico de solidaridad entre los pueblos africanos, pero como se indicó anteriormente, estos líderes no parecen tener la fuerza ni la voluntad necesarias.

Finalmente, para lograr luchar contra los FFI, solo una recomendación parece ser capaz de conseguirlo. Tiene como objetivo “proteger y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, las y los denunciantes de abusos y periodistas de investigación”. Como han demostrado organizaciones como Open Ownership, Financial Transparency Coalition, Tax Justice Network y Action Aid, solo las acciones sobre el terreno y campañas internacionales lideradas por poblaciones locales con apoyo y solidaridad internacional han permitido avanzar en materia de transparencia, fiscalidad, etc. ejerciendo una presión constante sobre los dirigentes. Si bien, lamentablemente, difícilmente podemos esperar un “progreso natural” de las instituciones y las clases dominantes, las poblaciones africanas continúan actuando colectivamente por sus derechos y libertades. Desde Balai Citoyen en Burkina Faso (derrocamiento de Blaise Compaoré) hasta La Lucha en RDC (defensa de los derechos humanos y politización de las poblaciones), pasando por el Frente Anti-FCA (cambio del nombre del F-CFA) y tantos otros, todos estos movimientos han sabido mediante la movilización popular lograr avances, aunque sean débiles, en la esperanza de construir una auténtica lucha panafricana.

Para avanzar hacia soluciones que se enfrenten al mal en la raíz, se deben tomar toda una serie de medidas, particularmente en los países del Norte donde se encuentran los principales corruptores y facilitadores de los flujos ilícitos.

Los gobiernos de los países del Norte deberían, sin ningún tipo de injerencia, comprometerse a:

• Cancelar las deudas ilegítimas y odiosas reclamadas a terceros países por los países del Norte para promover formas de desarrollo soberano, solidario y autocentrado en los países del Sur,
• Sancionar duramente a las empresas culpables de cualquier forma de corrupción de funcionarias y funcionarios públicos en los países del Sur.
• Sancionar al alto funcionariado y personal político que en los países del Norte hayan favorecido o favorezcan el expolio en diversas formas de los pueblos del Sur.
• Sancionar duramente a los bancos (incluso llegando a retirar la licencia bancaria) que se presten al lavado de dinero sucio, la evasión fiscal, la fuga de capitales y el saqueo de poblaciones en el Sur.
• Lanzar un amplio programa de auditoría con participación ciudadana para sacar a la luz todas las formas de expoliación y explotación de los pueblos del Sur.
• Someter a fuertes multas a las empresas que han saqueado en diversas formas a los pueblos del Sur para contribuir financieramente a un fondo especial de ayuda y compensación;
• Expropiar los “bienes mal adquiridos” por las y los gobernantes y las clases dominantes del Sur y devolverlos a las poblaciones concernidas y bajo su control.
• Financiar a los países del Sur, excluida la asistencia oficial para el desarrollo, mediante préstamos a interés cero, reembolsables total o parcialmente en la moneda deseada por el deudor.
• Poner a disposición de las poblaciones de los países del Sur a través de sus asociaciones / organismos autónomos, todos los documentos, incluidos los clasificados como “secretos de defensa”, que puedan arrojar luz sobre el origen de las deudas reclamadas por las distintas categorías de acreedores.
• Hacer públicos periódicamente, de forma fácilmente accesible y comprensible, todos los créditos reclamados a terceros.
• Respetar estrictamente la primacía de los derechos humanos sobre todos los demás derechos.
• Oponerse a la promoción sistemática del sector privado para financiar el desarrollo de los países del Sur y, en particular, oponerse a la promoción de Asociaciones Público/Privadas (APP).
• Poner fin a las políticas neoliberales y de privatización de los servicios públicos.
• Derogar una serie de tratados internacionales, multilaterales y/o bilaterales (económicos, comerciales, políticos, militares, etc.) contrarios al ejercicio de la plena soberanía de los Estados del Sur y a los intereses de los pueblos del Sur y en general al interés general de la humanidad.
• Con los países del Sur, llamar a y participar en la creación de instituciones internacionales multilaterales alternativas que sean democráticas (sobre el principio de un país = un voto), justas y bajo el control del pueblo. Se trata, por tanto, de contribuir a la creación de nuevas instituciones internacionales que respeten los derechos humanos y la naturaleza y a una reforma profunda de las Naciones Unidas, en particular poniendo fin al derecho de veto en el Consejo de Seguridad. La reforma profunda debe afectar también a ciertos organismos especializados de la ONU que se han convertido en cautivos de la “asociación” con fundaciones privadas que promueven las APP, el microcrédito, el predominio del mercado, el libre comercio, etc.
• Brindar apoyo para el establecimiento de auditorías ciudadanas en su territorio con el fin de proceder a la anulación de las deudas reclamadas a terceros países y que hayan sido identificadas como ilegales, insostenibles, ilegítimas y / u odiosas.
• Poner fin a la ayuda oficial para el desarrollo en su forma actual porque es esencialmente un instrumento de dominación en beneficio casi exclusivo de los países del Norte y reemplazarlo por una incondicional “Contribución de reparación y solidaridad” en forma de donaciones, excluyendo en su cálculo cancelaciones de deuda y montos que no sirvan a los intereses de las poblaciones del Sur. Esta contribución debe corresponder al menos al 1% de la renta nacional bruta de los países más industrializados.
• Ofrecer excusas públicas oficiales por todos los estragos cometidos por los poderes del Norte contra las poblaciones del Sur, abriendo el derecho a reparaciones.
• Afirmar el derecho a reparaciones y/o compensaciones a los pueblos víctimas del pillaje colonial y el saqueo por el mecanismo de la deuda.
• Reconocer su deuda ecológica con los países del Sur y proceder a las reparaciones y/o compensaciones recuperando el costo de estos gastos mediante un impuesto o multas que graven a las grandes empresas responsables de la contaminación.
• Prohibir a las empresas de su país especular con los recursos y producciones de los países del sur.
• Someter a una auditoría de participación ciudadana todos los tratados bilaterales y multilaterales de inversión y comercio y suspender su aplicación mientras dure la auditoría. Derogar todos los tratados que se consideren ilegítimos y / o abusivos.
• Desobedecer las disposiciones de la OMC y rescindir todos los acuerdos de libre comercio, asociación e inversión con los países del Sur.
• Fomentar el ejercicio de la soberanía popular en los países del Sur para desarrollar con ellos un comercio justo, respetuoso de la justicia social y ambiental y establecer mecanismos reales de cooperación que pongan fin al saqueo y favorezcan el surgimiento de sus economías.
• Apoyar las medidas para la soberanía alimentaria y la producción ecológica y socialmente justa en los países del Sur.
• Salir de la OMC y llamar a una campaña internacional contra esta institución y contra sus dos congéneres, el BM y el FMI, para su sustitución por instituciones democráticas de solidaridad.
• Poner fin a los mecanismos de resolución de diferencias que permiten a las grandes empresas reclamar sumas colosales a los Estados si toman medidas de interés general que reduzcan las ganancias de los intereses capitalistas privados. El gobierno entonces instituirá un procedimiento para abandonar el CIRDI (= organismo del Banco Mundial) y el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC abandonando, además, esta última.
• Establecer un procedimiento de arbitraje aceptado y legítimo que consista en enjuiciar a las empresas transnacionales en su jurisdicción nacional y aumentar sus sanciones económicas según la gravedad de su violación a la soberanía de los pueblos, los estándares sociales y ambientales.
• Sancionar enérgicamente a las empresas que no respeten los derechos humanos y las normas ambientales.
• Apoyar la iniciativa de un tratado jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos en todos sus aspectos: civil, político, económico, social y cultural.
• Levantar el secreto en torno a los acuerdos comerciales y de inversión que permiten a las empresas tomar cada vez más el lugar de los pueblos y los Estados para proteger su libertad de acción y sus inversiones.
• Denunciar y cortar lazos con los regímenes despóticos y los gobiernos de los países del sur que firman estos acuerdos porque se aprovechan de ellos a todos los niveles para enriquecerse y desviar fortunas al exterior.