El 14 de enero de 2011, hace apenas diez años, el antiguo presidente de la República de Túnez, Zine el-Abidine Ben Ali, huyó a Arabia Saudita, después de 4 semanas de protestas masivas provocadas por la inmolación en Sidi Bouzid el 17 de diciembre de 2010 de Mohamed Bouazizi que provocó un levantamiento popular en todo el país. Túnez abrió el camino e inspiró varios movimientos revolucionarios en la región de habla árabe y más allá.

Hoy las y los tunecinos siguen tomando las calles, en una prolongación lógica de la Revolución de 2011 y sus ideales, porque la mayoría de los elementos presentes en el origen de los levantamientos de 2010-2011 siguen de actualidad. Se trata de la aplicación de medidas impuestas por el FMI sobre la reducción del gasto público, la eliminación de los subsidios a los productos básicos, una tasa de desempleo masiva y estructural (la tasa de desempleo entre las y los jóvenes de 15 a 24 años es del 35,7%) y una clase política que no ha logrado traducir las aspiraciones del pueblo tunecino en reformas profundas o romper definitivamente con los vestigios del antiguo régimen.

Estos son los síntomas obvios de un malestar profundo, que empeora constantemente con la actual crisis pandémica de Covid-19. A nivel mundial, más de 500 millones de personas podrían caer en la pobreza como resultado de la crisis del Coronavirus. Las Instituciones Financieras Internacionales plantean un apoyo presupuestario para «mitigar el impacto de la pandemia», ralanzando aún más la espiral de deuda.

Una deuda antigua e ilegítima

Esta situación insostenible es incompatible con el pago de la deuda. En Túnez la deuda externa asciende al 75% del producto interno bruto y podría aumentar al 90% en 2021, mientras que la parte del presupuesto asignada en 2021 al pago de la deuda alcanzará el 30%. Según la Instancia de la Verdad y la Dignidad, entre 2011 y 2016, más del 80% de los préstamos contratados por Túnez se utilizaron para pagar la deuda odiosa e ilegítima contraída por el antiguo régimen.

Ciertamente, la situación actual solo experimentará una renovación real con la adopción de políticas socioeconómicas radicalmente diferentes. Hay que reconocer que el proceso iniciado en Túnez es un proceso revolucionario a largo plazo que debe hacer frente a nuevos sobresaltos mundiales que ponen a prueba la solidaridad.

Por esa razón abogamos por la cancelación de la deuda de Túnez sin condicionar esta cancelación a la implementación de políticas de austeridad, privatizaciones, liberalización del comercio o control de las migraciones. Dada la urgencia de la situación, los países acreedores de Túnez (entre ellos Bélgica, pero también Francia, Japón, Argelia, Arabia Saudita, Alemania, España, etc.) deben renunciar al reembolso de sus créditos previsto para 2020-2021 y comprometerse a cancelar todos los créditos ilegítimos. Por último, debemos apoyar el establecimiento en Túnez en 2021 de una auditoría transparente de sus deudas, que involucre a la sociedad civil, para arrojar luz sobre el origen de estas deudas y cancelar la parte ilegal e ilegítima.

Varias medidas necesarias

Para salir de la espiral infernal de la deuda, es necesario suspender el pago de la deuda, también es necesario tomar otras medidas: establecer un impuesto de crisis a las grandes fortunas y a los ingresos muy altos, imponer multas a las empresas responsables del gran fraude fiscal, congelar los gastos del aparato de seguridad...

Es legítimo afirmar un derecho a la suspensión del pago de la deuda para satisfacer las necesidades de la población

Hay sólidos argumentos jurídicos que pueden apoyar una decisión unilateral de suspender el pago. Aquí presentamos dos de ellos.

1. El estado de necesidad. Un Estado puede renunciar a proseguir el pago de la deuda porque la situación objetiva amenaza seriamente a la población y porque la prosecución del pago de la deuda le impide satisfacer las necesidades más urgentes de la población. Este es exactamente el caso que enfrentan muchos Estados del planeta ahora: las vidas de las y los habitantes de su país están directamente amenazadas si no consiguen financiar toda una serie de gastos urgentes para salvar tantas vidas humanas como sea posible.

2. El cambio fundamental de circunstancias. La ejecución de un contrato de deuda puede suspenderse si las circunstancias cambian fundamentalmente independientemente de la voluntad del deudor. La jurisprudencia en esta materia reconoce que un cambio fundamental en las circunstancias puede impedir la ejecución de un contrato internacional. Cuando un Estado invoca el estado de necesidad o un cambio fundamental de circunstancias, el carácter legítimo o no de esa deuda no tiene ninguna importancia. Incluso en el caso de que la deuda reclamada al país fuera legítima, esto de ninguna manera impide que ese país suspenda el pago.

¡Damos todo nuestro apoyo al pueblo tunecino, para que tome en sus manos el control de su agricultura, de sus recursos naturales y de la actividad económica de su país, por un cambio radical en Túnez!

14-01-2021

https://plus.lesoir.be/348643/article/2021-01-14/carte-blanche-pour-un-tournant-radical-de-la-tunisie