printer printer Haga clic en el icono verde de la derecha
Relaciones en conflicto
Deuda – FMI: El estado de la cuestión en Argentina
por Eduardo Lucita
27 de abril de 2021

El escenario coyuntural es más que preocupante: la curva de contagios ha pegado un salto alarmante mientras que la carestía de la vida no le va en zaga, impulsada por la suba de los alimentos profundiza la pobreza y la indigencia. Para aumentar la complejidad del momento las relaciones con el FMI están en suspenso.

En lo que sigue trataremos de trazar un cuadro de situación de las negociaciones con el FMI teniendo como marco una economía que está rebotando respecto de la fuerte caída del 2020 y un avance de la pandemia que amenaza con paralizarla nuevamente.

Declaraciones

Mientras el gobierno ratificaba que “…negocia un nuevo programa de financiamiento responsable y respetuoso de los compromisos contraídos” y el Ministro Guzmán, luego de una poco productiva visita a EEUU, recorrió Europa y ahora está en Moscú, buscando apoyos para conseguir mayores plazos, menor tasa de interés y una nueva negociación con el Club de París. Por otro lado, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, decía sin ambigüedades que “Los tiempos del acuerdo dependen de Argentina” y, que “…hay diferencias significativas dentro del gobierno” que lo demorarían . Si el Presidente Fernández busca un acuerdo que no ponga en riesgo “…la reactivación económica y un sendero de desarrollo sustentable”, Werner sostiene se trata de hacer que “… la deuda sea sostenible y ahí tenemos, mucha incertidumbre”. En tanto, que el asesor presidencial Juan Gonzales afirmo: “…la discusión entre Argentina y el FMI es entre ellos”, adoptando así una actitud prescindente.

Werner ha sido desplazado de las relaciones con Argentina, pero esto no quita que las relaciones no pasan por su mejor momento.

Cambios en el posicionamiento político del gobierno

La querella criminal anunciada por el presidente Fernández en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación está dirigida contra el gobierno Macri “… por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. Esto es caracteriza de fraudulenta la deuda con el FMI cuando desde el inicio de su mandato la había legitimado y convalidado, es importante porque pone nuevamente a la deuda en el escenario político.

Imposibilidad de pago

En el acto por el 45 aniversario del golpe militar del 24 de marzo, un acto no oficial pero que contó con la primera plana del kirchnerismo, la vicepresidenta, única oradora, sinceró lo que era un secreto a voces: que tal como está la deuda es impagable, incluso con un Plan de Facilidades Extendidas a 10 años y pidió al Fondo extensión de los plazos, 20 años, y rebaja de tasas. En nota anterior señalábamos que el repago a 10 años de la deuda con el FMI más el de los bonos de la deuda privada reestructurada solo de capital daba un promedio de 12.000 millones por año. Otras proyecciones incluyendo intereses, deuda de las provincias y con otros organismos internacionales elevan ese monto de pagos promedios de 15.000 millones al año. Por nuestra parte hemos hecho un rápido ejercicio a 20 años, nos arroja un promedio de pagos no inferior a 7.000 millones anuales durante 16 años (contemplados cuatro de gracia).

Impacto de la querella:

La iniciativa presidencial fue rápidamente girada a la Oficina Anticorrupción, también a la SIGEN para que “…determine si el préstamo en cuestión implicó un perjuicio para el Estado y en ese caso estime el monto de ese perjuicio”. Recordemos que la Sindicatura ya se había expedido acerca que el préstamo se había firmado sin cumplirse con los requisitos y normativas institucionales preestablecidas. Sin perder tiempo y por Decreto el presidente instruyó al Procurador General de la Nación para que “Inicie acciones conducentes al recupero de eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados”. Tal como está planteada la querella va contra los funcionarios del gobierno anterior comprometidos con la operatoria de la deuda pero no alcanza a los funcionarios del FMI (tienen impunidad por Decreto de 1963) y mucho menos a las personas jurídicas y físicas que fugaron las divisas, la lista de nombres está contenida en el informe de BCRA, Formación de Activos Externos 2015-2019, que para hacerla pública es necesario levantar el secreto bancario bajo el cual se escudan. También de inmediato fue convocada la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda (de deslucido sino nulo papel hasta ahora).

Gestiones al por mayor

Mientras tanto y luego del pobre resultado obtenido en EEUU el ministro Guzmán, tratando que el G20 apure la capitalización al Fondo por la que los países miembros recibirán un monto definido por el porcentual de participación en el organismo, a nuestro país le corresponderían unos 4.400 millones de dólares. Es claro que por un lado el G-20 y el Fondo se suman a la política de expansión monetaria comandada por EEUU y Europa, pero al mismo tiempo salen al paso de las iniciativas que piden suspender o condonar las deudas, incluso las que exigen una reconfiguración de la arquitectura financiera internacional. Adicionalmente, como los grandes países no necesitarían estos fondos adicionales Argentina y México han presentado en el G20 una propuesta de crear con esos excedentes un fondo específico para aportar a los países en problemas, consistiría en préstamos a muy baja tasa de interés, (se plantea la discusión si estos fondos adicionales, que serían un nuevo mecanismo de endeduamiento, son solo para la emergencia sanitaria o podrían usarse para cancelar intereses y capital). Busca también apoyo para que en la emergencia se reformulen las normas del organismo para poder estirar los plazos de repago más allá de los 10 años y coyunturalmente se reduzcan o eliminen las sobretasas que incluyen los préstamos del Fondo (tasas de cargos básica, de compromiso y de servicios).

En síntesis

El estado de la relación con el FMI respecto de la deuda con el organismo puede sintetizarse en: a) negociaciones en suspenso (todo indica se postergarían hasta fines de año, b) avances importantes, aunque condicionados, en la investigación de la deuda, c) reconocimiento de que no se puede pagar ni aun en 10 años, d) búsqueda de apoyos para reformular normativas del Fondo.

Mi conclusión general es que este cambio en el posicionamiento político del gobierno en relación a la deuda con el FMI no es por convicción sino por necesidad, no necesariamente, o no solo, electoral, sino por una necesidad del Estado cuando en el horizonte se vislumbra una nueva crisis de deuda.

Todo será pateado para más adelante, pero la necesidad de profundizar la investigación a partir del citado informe del Banco Central y mientras tanto suspender los pagos sigue tan vigente como antes.


Eduardo Lucita

Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).