Las potencias industriales del Norte y las instituciones internacionales están más preocupadas por la estabilidad financiera, la sostenibilidad fiscal y las cadenas de suministro que por los medios de vida de la mayoría de la población mundial

No es de extrañar que el resultado sea que las potencias industriales del Norte y las instituciones internacionales estén más preocupadas por la estabilidad financiera, la sostenibilidad fiscal y las cadenas de suministro que por las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial. El G20, la OMC, el Banco Mundial y el FMI siguen rechazando las demandas de suspensión de patentes, de vacunación universal gratuita y de inversiones masivas en los sistemas de salud pública. Sin embargo, hasta la fecha, la situación social y sanitaria de las clases populares más afectadas por la crisis derivada de la pandemia se deteriora a un ritmo aterrador. La crisis de la deuda en los países del Sur, sobre todo en los de ingresos bajos y medios, agrava aún más su dependencia política, alimentaria y económica. Los asalariados y los pequeños productores son los que deben pagar la deuda.

El Banco Mundial, el FMI, el G20 y los países del Club de París han lanzado iniciativas para responder a la crisis de la deuda. Todos esos intentos son de lo más insatisfactorios: la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (ISPD) y el Marco Común (MC) se limitan a aplazar la cuestión. Más de un tercio de los 73 países invitados a participar en la DSSI rechazaron la oferta para no ser desacreditados por las agencias de calificación y los mercados financieros internacionales, y ser sometidos a una nueva serie de medidas de austeridad por parte del FMI. El Marco Común es un fracaso aún mayor; se suponía que esta iniciativa iba a ampliar la DSSI a los actores privados, que son los principales acreedores de esos países (hasta el 60%). Sólo se suspendió el 0,2% del servicio de la deuda con los acreedores privados y sólo Etiopía, Chad y Zambia recurrieron al FC para renegociar su deuda, hasta ahora en vano. En resumen, para los 46 países afectados por el DSSI y el FC, se suspendió menos de una cuarta parte del servicio de la deuda (10.900 millones de dólares) [1]
. Más de un tercio de los países del Sur han suspendido el reembolso o están a punto de hacerlo. El 15 de septiembre, la UNCTAD indicó que «la sostenibilidad de la deuda externa de los países en desarrollo se ha deteriorado aún más» y pidió «un alivio concertado de la deuda e incluso su cancelación en algunos casos», para reducir el sobreendeudamiento de los países en desarrollo y evitar otra década perdida [2]. El 11 de octubre, el BM señaló el nivel récord de deuda en los países de bajos ingresos y el aumento de más del 5% de la deuda en los países en desarrollo [3].

«El CADTM pide una vez más la sustitución de estas instituciones y la formación de un frente unido de países del Sur para decretar la suspensión inmediata del servicio de la deuda invocando el estado de necesidad y el cambio fundamental de las circunstancias»

El resultado de la cumbre del G20, que reúne a los países que gobiernan el mundo en interés del Capital, deja claro que no se tomará ninguna iniciativa a favor de los países deudores del Sur para que puedan hacer frente a la emergencia y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, por modestos que sean. Por el contrario, las únicas medidas adoptadas están destinadas a garantizar el pago de la deuda a los bancos del Norte y a los acreedores privados.

El CADTM pide una vez más la sustitución de esas instituciones y la creación de un frente común de los países del Sur para decidir una suspensión inmediata del servicio de la deuda basada en el estado de necesidad y en un cambio fundamental de las circunstancias. Además, es necesaria una auditoría de la deuda con participación ciudadana para identificar las deudas ilegítimas, ilegales, odiosas e insostenibles con vistas a su anulación.