Acceso a la propiedad, pobreza y obstáculos legislativos en Rumanía

2 de febrero por Ioana Florea , Enikő Vincze


Hay un mito de que los rumanos son propietarios por naturaleza. Lo propagó la ideología anti-comunista de derechas, después de 1990, para legitimar el mercado inmobiliario privado como única solución a la vivienda y para deslegitimar la implicación del Estado a la hora de promover el derecho a la vivienda para todos y todas. La legislación de los años 90 facilitó el derecho de compra de apartamentos que antes alquilaba el Estado. Aparte de un proceso de restitución, se trataba de un mecanismo de privatización de la vivienda y de mercantilización. Por otra parte, siguiendo la tendencia marcada por el Banco Mundial [1] , el Estado decidió contribuir a la creación del mercado de la vivienda. Todo esto chocaba con la antigua legislación socialista, en cuyo escenario el parque de vivienda (que seguía siendo en un 70% bienes personales) estaba controlado para no caer en la esfera de la especulación inmobiliaria.

Desde entonces, la idealización del acceso a la propiedad es una subjetividad construida en el plano político, y no una característica étnico-nacional. El propietario ha sido creado materialmente por una economía política que hace imposible el acceso a la vivienda sin pasar por el mercado. Este aspecto es particularmente importante, en la medida en que el Estado se ha desentendido de su papel de proveedor de viviendas sociales y se ha convertido en facilitador de la producción de viviendas a través de las inversiones privadas y la promoción inmobiliaria.

Hoy día, incluso en las grandes ciudades de Rumanía como Bucarest y Cluj-Napoca, donde el ingreso medio (unos 700 euros al mes) es mucho más elevada que el ingreso medio nacional, los residentes no pueden permitirse pagar el alquiler de mercado (unos 420 euros al mes) con un único salario, teniéndose que hacerse cargo además de las otras necesidades domésticas. Por consiguiente, muchos rumanos deben encontrar un segundo trabajo, contar con ayudas familiares o endeudarse. Los gitanos están desproporcionadamente afectados por la exclusión de la vivienda, pero la ausencia de un marco jurídico y económico adecuado que garantice el derecho a la vivienda afecta a una franja de población mucho más amplia. La mayoría de trabajadores ganan mucho menos del salario medio y no pueden permitirse pagar el alquiler de mercado, ni siquiera con dos salarios; se ven por ello obligados a buscar viviendas menos costosas, muchas veces en condiciones de hacinamiento.

Basándonos en datos estadísticos, podemos concluir que los altos niveles de propietarios y de viviendas ocupadas por sus propietarios en Rumanía no garantizan el acceso a vivienda adecuada para todos. Para muchos hogares, el acceso a la propiedad no es garantía de una buena calidad de vida sino sólo el único recurso precario en una economía de mercado desregulada. Consideramos que medidas legislativas y presupuestarias para un mayor parque de viviendas sociales, controlado y gestionado por instituciones públicas, sería la principal solución a la penuria de viviendas adecuadas y seguras a precios accesibles según los ingresos de los hogares.

Según el Instituto Nacional rumano de Estadística (INE), en 2018 el 98,77 % del parque existente de viviendas consistía en bienes privados; el porcentaje de viviendas sociales ha caído del 30 % en los años 90 hasta situarse por debajo del 2 %. Los datos Eurostat del mismo año muestran que el 96,4 % de la población vivía en viviendas ocupadas por sus propietarios, la gran mayoría (95,3 %) en viviendas sin hipoteca. En 2018 había 22.208.803 personas domiciliadas en Rumanía, lo que significa que 21.409.286 de ellas vivían en viviendas ocupadas por sus propietarios. Al contrario de lo que informaron los medios de comunicación, eso no significa que todos sean propietarios de sus viviendas, sino sólo que la vivienda pertenece a un miembro del hogar que vive con varias personas no-propietarias de la vivienda. A su vez, las viviendas no gravadas por una hipoteca no implican necesariamente una seguridad en materia de endeudamiento en la medida en que retrasos en el pago de créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
al consumo o de las facturas energéticas pueden también ocasionar la pérdida de la vivienda. La legislación rumana no protege a los hogares de estas situaciones, lo que pone a muchos residentes de viviendas ocupadas por sus propietarios en situaciones de vulnerabilidad.

Proponemos una interpretación más completa de dichos datos relacionándolos con otro conjunto de datos que reflejan la gravedad de la pobreza y de la privación de vivienda en el país. Eurostat muestra que alrededor del 24 % de la población rumana vive bajo el umbral relativo de pobreza; según el INE, en 2018 este umbral se situaba en unos ingresos de 750 lei, unos 155 euros al mes. Dado que el número de residentes ese mismo año era de 19.476.713, eso significa que 4.674.411 personas se encontraban en situación de pobreza. La tasa de pobreza y de exclusión social, basada en los indicadores de los ingresos y de la privación material, es mucho más elevada, el 32 %. De las personas que residen en Rumanía, 6.232.548 se ven afectadas por este fenómeno societal.

Por su parte, la Quinta mirada sobre la infra-vivienda en Europa [2] , publicada por FEANTSA y la Fundación Abbé Pierre, indica que en 2018, un 37,4 % de las personas en situación de pobreza sufrían privación de vivienda y un 56,4 % vivían en viviendas hacinadas. El pago de las facturas energéticas es otro problema para las personas por debajo del umbral relativo de pobreza: un 20,3 % tenían retrasos en el pago de estas facturas. El fenómeno es aún más inquietante por la liberalización de los precios de electricidad y gas, mientras que no todos tienen acceso al derecho fundamental al agua: el 14,4% de la población rumana tenía deudas energéticas [3] .

Durante estos últimos 30 años, distintas leyes sobre privatización han desmantelado el Estado social. La legislación que regula el sector inmobiliario es ambigua e incompleta y permite la evasión fiscal. Los alquileres están desregulados, y la legislación que protege a los arrendatarios se debilitó durante la ola de austeridad post-2008. En este contexto, las personas que no viven en viviendas ocupadas por sus propietarios son en general más vulnerables. Considerando como hipótesis que todas las personas que no viven en viviendas ocupadas por sus propietarios son víctimas de pobreza y exclusión social, descubriríamos que al menos otras 5.430.000 personas que viven en viviendas ocupadas por sus propietarios se enfrentaban en 2018 a la pobreza y la exclusión social medida por distintas formas de privación material. Según ese mismo cálculo hipotético, descubriríamos que entre las 10.282.675 personas que viven en viviendas hacinadas (el 46,3 % de la población total), al menos 9.483.000 son propietarias. Este escenario demuestra que incluso las estimaciones más bajas de “propietarios” vulnerables son en realidad bastante elevadas.

Analizando la situación de los inquilinos (alrededor del 3,6 % de la población rumana en 2018) se constata que, a causa de las carencias legislativas y de los elevados alquileres, el registro oficial de los contratos privados no es práctica corriente. En realidad, el número de arrendatarios podría ser más elevado, sobre todo en las grandes ciudades de Rumanía con economías en plena recuperación tras la crisis de los años 1990 y 2000. Por otra parte, en 2018, un 46,3 % de los inquilinos estaban abrumados por los costes de la vivienda, y este porcentaje es también relativamente elevado (20,5 %) entre “inquilinos que se benefician de un alquiler reducido" [4]. El mayor problema de los inquilinos es el número mínimo de viviendas sociales en Rumanía. Esto no sólo afecta a las personas que, por sus condiciones materiales, no pueden alquilar o comprar una vivienda en el mercado inmobiliario, también impacta en la manera como el mercado de la vivienda está influído por los promotores privados y los especuladores inmobiliarios y dominado por la lógica lucrativa.

Aparecen otros problemas relacionados con la vivienda cuando se analiza la situación de los trabajadores que cobran el ingreso mínimo nacional. A comienzos de 2020, alrededor del 32 % de los empleados cobraban el ingreso mínimo; para la mayoría de los sectores económicos representaba 1346 lei, unos 280 euros; en la construcción, 1770 lei, 368 euros [5]. El coste de la cesta de la compra mensual para llevar una vida decente, para una sola persona, estaba calculado, a finales de 2019, en 2.684 lei [6]. Eso quiere decir que de un total de 5,6 millones, 1.792.000 empleados cobraban la mitad de lo que cuesta una vida decente. Ni siquiera en el caso de los propietarios, el salario no llega para pagar las facturas de energía, alimentos y otros bienes básicos.

Para todas estas categorías sociales vulnerables, el ideal del acceso a la propiedad está muy lejos de resolver las incertidumbres; para algunos, sigue siendo la única red de seguridad y el único recurso en una sociedad dominada por el mercado. Un parque adecuado de viviendas sociales podría ofrecer una verdadera respuesta a sus necesidades de vivienda y resolvería los problemas de hacinamiento, endeudamiento y vida en condiciones precarias. Reflejaría en la práctica y en las políticas la legislación que reconoce en la teoría el derecho a la vivienda para todos.

En el contexto de la pandemia de la covid-19, en abril de 2020, la organización Block for Housing envió un memorándum a varias instituciones públicas a nivel nacional, indicando que la actual crisis epidemiológica era también una crisis social y una crisis de la vivienda. Hemos exigido cambios legislativos con el fin de garantizar un ingreso mínimo decente para todos, así como ayudas presupuestarias para viviendas sociales adecuadas, de cara a prevenir el deterioro de la situación económica de la población rumana. Hoy ya no estamos en un Estado de urgencia. Sin embargo, dado que la pandemia se prolonga y que la recesión económica se agrava, los problemas siguen.

Se deberían priorizar varias categorías sociales por estas medidas :

  • quienes cobraban el ingreso mínimo y ahora han perdido su empleo, quienes han perdido su trabajo informal que les garantizaba la supervivencia,
  • quienes han retornado recientemente a Rumanía desde el extranjero [7] y no tienen ninguna posibilidad de encontrar trabajo, quienes no pueden pagar sus facturas energéticas y/o su alquiler, arriesgándose a ser expulsadas de su vivienda y a encontrarse sin domicilio,
  • quienes no tienen medios para comprar o alquilar una vivienda en el mercado.
  • quienes se encuentran en albergue temporal en centros de alojamiento o en centros de acogida para migrantes.
  • quienes en ausencia de alternativas de vivienda se ven obligadas a vivir en lugares precarios, en condiciones de hacinamiento o en entornos tóxicos, sin acceso a equipamientos básicos o arriesgándose a la expulsión.

Las demandas de nuestro memorándum incluían, entre otras:
a) la subida del valor del ingreso mínimo garantizado [8] para poder cubrir el coste de la cesta de consumo mensual mínimo para una vida decente; b) la modificación de los criterios de elegibilidad para el ingreso mínimo garantizado, para permitir a todas las personas que cobrar menos que el salario mínimo poder acceder al mismo. Hemos dicho que sólo si se respetan estas condiciones podrá el ingreso mínimo garantizado en Rumanía convertirse en el ingreso mínimo decente propuesto hace un año a la Comisión Europea por el Comité Económico y Social Europeo [9].

También hemos exigido medidas legislativas y presupuestarias sobre el acceso a la vivienda y a los servicios básicos, tales como: a) el aumento del parque de viviendas sociales; b) la adopción del modelo de Vivienda ante todo para el suministro de viviendas sociales y el acompañamiento de los beneficiarios, por medio de un paquete integrado de medidas sociales y médicas, tanto tiempo como sea necesario; c) la suspensión y prevención de las expulsiones, que dejan a las personas excluidas sin alternativas adecuadas de vivienda, más allá del período de urgencia epidemiológico [10]; d) la adopción y aplicación de tarifas sociales para los servicios básicos (agua, electricidad y gas) para permitir a todos los hogares en situación vulnerable acceder a estos servicios.

Nos comprometemos a promover estas demandas durante los próximos meses porque podrían mejorar la vida de millones de personas en Rumanía.




Notas

[1World Bank: Housing. Enabling Markets to Work, 1993, http://documents1.worldbank.org/curated/en/387041468345854972/pdf/multi0page.pdf

[3Muchos hogares ya no tienen acceso a los servicios energéticos por no tener medios para pagarlos.

[6Según un estudio Syndex (www.syndex.ro/situatia-salariatilor-din-romania-studiu-anual), una familia con dos adultos y dos niños necesitaría 6.954 lei al mes, y una familia con dos adultos y un niño 5.918 lei (www.bursa.ro/valoarea-cosului-minim-pentru-consum-a-crescut-43193837_).

[7Unos 5 millones de personas salieron a trabajar al extranjero durante estas últimas décadas.

[8Actualmente, esta ayuda social básica no garantiza más que la supervivencia en condiciones de pobreza para el beneficiario.

[9Ver la propuesta Por una directiva-marco europea sobre un ingreso mínimo, que constituiría una primera respuesta europea importante al persistente problema de la pobreza: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-información-reports/opinions/european-framework-directive-minimum-income-own-initiative-opinion

[10En un esfuerzo sin precedentes, nuestro estudio nacional ha calculado que centenares de miles de personas han resultado afectadas por expulsiones durante estos últimos veinte años, https://bloculpentrulocuire.ro/2019/04/19/raport-asupra-evacuarilor-fortate-2008-2017/ – pronto disponible en inglés.

Ioana Florea

Investigadora postdoctoral en la universidad de Göteborg y militante en el Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire/ Frente común por el derecho a la vivienda, de Bucarest. Ambos forman parte de la red nacional Block For Housing en Rumanía

Enikő Vincze

Profesora en Babeș-Bolyai University y militante por la justicia de la vivienda dentro del movimiento Căși Sociale ACUM!/ Vivienda social ahora! de Cluj-Napoca.

Traduccion(es)

CADTM

COMITE PARA LA ABOLICION DE LA DEUDAS ILEGITIMAS

35 rue Fabry
4000 - Liège- Belgique

00324 226 62 85
info@cadtm.org

cadtm.org