2 de enero de 2024 por Eduardo Lucita

Foto: Créditos a quien corresponda
Los tiempos políticos se han acelerado. Las medidas para ajustar la economía, un mega decreto y una ley ómnibus son las disposiciones e iniciativas que el gobierno lanzó en solo 20 días. En ese mismo lapso ha tenido respuestas sociales inéditas para un gobierno que recién asume. El conflicto está planteado y se viene un tiempo de definiciones.
En una nota anterior en esta misma columna afirmé que se abría una nueva fase cuyo rasgo central seria la excepcionalidad de un gobierno cuya concepción central es el reemplazo del Estado por el mercado, entendido como medida de valor de todos los valores, que priorizaría el derecho a la propiedad privada sobre el resto de los derechos. Agrego ahora: formateando al país con ideas de siglos pasados cuando promediamos el XXI.
También señalé que para alcanzar esos objetivos de largo plazo, que constituirían un cambio epocal, el gobierno de Javier Milei tendría que atravesar el rubicón de la crisis actual, especialmente domar la inflación. En este punto reconozco mi error de apreciación.
El gobierno no se plantea avanzar por etapas, sino que ha hecho suya la conclusión del peronismo de 1973: “En Argentina lo que no se hace en los primeros meses, no se hace”. Y lanzó la anunciada política de shock: devaluación, liberalización de precios, ajuste del gasto público -mayor al exigido por el FMI
FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.
A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.
Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).
Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).
Sitio web :
- para cerrar 2024 con déficit primario cero. Una nueva transferencia de ingresos a los más poderosos y un ataque feroz al pueblo trabajador.
Cuando todavía se estaban procesando los términos de ese ajuste un mega decreto y el anuncio de que se prorrogaría el presupuesto 2023 sacudieron el escenario político. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) modifica y deroga cientos de leyes, desregula totalmente la actividad económica, avanza en la reforma del Estado y en la privatización de las empresas estatales, mientras que la prórroga presupuestaria licua los gastos estatales y aumenta los ingresos vía inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). .
Si a esto le agregamos el pedido a que el Parlamento Nacional le ceda por dos años las funciones legislativas, que podrían prorrogarse por dos años más, sumado al protocolo antipiquetes, queda en evidencia que el ejecutivo y particularmente el Presidente de la Nación -aprovechando el desprestigio del Congreso y de los políticos y la balcanización de la cámara de diputados- están dispuestos a dejar de lado al Parlamento y concentrar la suma del poder público ejerciendo la represión y la violencia cuando lo consideren necesario.
Un capítulo aparte merece la reforma laboral, que ataca tanto a los trabajadores como a los dirigentes. Condiciona el derecho de huelga, rebaja las indemnizaciones y alarga los períodos de prueba. Ataca a los sindicatos al anular la cuota solidaria y deja librada a la competencia las obras sociales gremiales y cuestiona el principio de ultraactividad. En síntesis prácticamente anula la Ley de Contratos de Trabajo, que rige desde la época del primer peronismo. Busca así imponer una relación de fuerzas duradera en favor del capital.
Cuando todavía no se había completado el análisis de los 366 artículos que contiene el DNU, un conjunto de leyes agrupadas en la llamada Ley Ómnibus fue enviado al parlamento. Esos proyectos revierten la exención en ganancias, sancionan un nuevo blanqueo de capitales, impulsan una reforma electoral de amplio alcance con eje en las elecciones distritales. Si se aprueba desfinanciaría la actividad electoral de los partidos y abriría las puertas a la privatización de la política, haciendo casi nula la participación de los pequeños partidos. Contiene además una trampa, en su art. 654 ratifica el mega decreto. Por lo que el gobierno se aseguraría la aprobación del mismo por otra vía, si se hace lugar a alguno de los amparos judiciales presentados. La arremetida del gobierno tiene desconcertada a la oposición sistémica, particularmente al peronismo que parece estar en estado catatónico.
Si se tiene en cuenta la permanente amenaza del Presidente de recurrir a la consulta popular, o al plebiscito, si el parlamento o la justicia rechazan sus iniciativas, queda clara la deriva autoritaria del gobierno. Ante una situación de crisis excepcional, según la descripción del presidente, se justificaría un régimen de excepción. En el horizonte se dibuja un bonapartismo “sui géneris”.
Más allá de la anomia que muestra la dirigencia política tradicional la ciudadanía ha comenzado a moverse con autonomía. Se ha despertado un estado deliberativo y una politización creciente que recorre transversalmente a la sociedad.
Todo comenzó con la convocatoria de la izquierda y movimientos sociales afines a concentrarse en la histórica Plaza de Mayo, se logró rebasar el protocolo antipiquetes y realizar el acto superando el miedo y las intimidaciones impuestas por la ministra de Seguridad. En paralelo el gobierno dio a conocer el mega decreto, la reacción no se hizo esperar los cacerolazos inundaron toda la ciudad y se replicaron en el interior del país. La convocatoria de la CGT el pasado 27 frente a los tribunales para presentar un recurso de amparo por la reforma laboral incluida en el DNU, de la que participó también toda la izquierda anticapitalista, fue más masiva de lo esperado. Otra vez ese mismo día el ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus, casi una provocación. Todo presionó sobre los dirigentes sindicales para decretar un paro con concentración ante el Congreso de la Nación el próximo 24 de enero (a solo 44 días de asumir, todo un récord!!!)
No cabe duda que es un punto de partida tan necesario como efectivo para dar inicio a un plan de lucha nacional para revertir el ajuste, bajar el DNU e impedir toda reforma regresiva, que de pasar abrirán un horizonte de dimensiones desconocidas.
Los trabajadores, los sectores populares, la clase media empobrecida, los pequeños empresarios se han dado a la tares de impulsar convocatorias abiertas de discusión y deliberación en busca de la más amplia unidad de acción para impulsar el paro y un plan de lucha de largo alcance.
Es que hay una convicción que recorre a todos los sectores: el futuro está en peligro y los próximos meses son decisivos. Transformar el 2024 en un año de lucha y esperanza seguramente será el contenido del brindis de esta noche.
¡Feliz Año!!!
Buenos aires, diciembre 31 (antes del brindis de fin de año).
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