Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El pasado viernes 17 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aceptó imponer medidas cautelares a solicitud de Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y ordenó paralizar inversiones del Ayuntamiento de Madrid por valor de 275 millones de euros. Contra esta medida el gobierno municipal va a presentar un recurso de reposición y medidas alternativas para no tener que detener ninguna de las inversiones previstas. Es una muy mala noticia que el TSJM haya aceptado la solicitud de la Delegación del Gobierno. Porque nadie, ni en Madrid ni en el Estado español puede salir ganando con la paralización de obras de mejora en la vía pública, de reformas en cementerios, de compras de nuevos autobuses, de reparaciones en mobiliario urbano, de ampliaciones en polideportivos, de plantación de árboles, de reformas en mercados municipales, de instalación de calefacción para colegios públicos, de rehabilitación de patrimonio verde, de desarrollo de servicios para centros de mayores, de habilitación de nuevas áreas infantiles y de nuevos carriles-bici y bicicletas, etc, especialmente teniendo en cuenta que el Ayuntamiento que las realiza tiene dinero de sobra para ello. Sencillamente, nadie puede entenderlo. La actuación de Delegación de Gobierno, dirigida por Concepción Dancausa parece anteponer la disputa política a los intereses de la ciudadanía madrileña.

Y es que la argumentación que ha utilizado Delegación de Gobierno para pedir estas paralizaciones tiene una base jurídica poco firme ya que se basa en repetir que las inversiones que intenta paralizar ponen el riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto en 2017 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero eso no responde a la realidad: esas inversiones fueron aprobadas mediante una fórmula administrativa denominada “inversiones financieramente sostenibles” que viene recogida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el apartado cuarto de la citada ley se deja bien claro que dichas inversiones no computan para la Regla de Gasto al estar financiadas con superávit del ejercicio anterior. “El importe del gasto realizado (…) no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto”, puede leerse bien claro. Por lo tanto, ni un solo euro de esos 275 millones de euros para inversiones pone en riesgo el cumplimiento de la Regla de Gasto. La argumentación se aleja de la realidad y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no ha entrado a valorar el fondo del asunto objeto de controversia, requiere medidas cautelares. Esto obliga al Ayuntamiento a adoptar medidas alternativas que permitirán el cumplimiento del auto sin que ello suponga otra cosa que dificultar el avance de dichas inversiones.

El otro argumento que utiliza Delegación de Gobierno es que la ejecución de esas inversiones reduciría el superávit del Ayuntamiento y deterioraría el saldo fiscal del conjunto de las administraciones públicas españolas, lo cual dificultaría que Rajoy pudiera cumplir el –absurdo- objetivo de déficit público que ha impuesto Bruselas. En su recurso lo dicen tal cual: “El incumplimiento por el Ayuntamiento de Madrid tiene trascendencia a nivel europeo al comprometer el cumplimiento por el Reino de España de sus compromisos de estabilidad presupuestaria. Unida esta circunstancia al hecho de que el déficit de España se calcula atendiendo a las cuentas consolidadas de todas sus administraciones territoriales, resultaría la existencia de un riesgo real y efectivo de que España no pueda cumplir sus compromisos internacionales de estabilidad presupuestaria.”

Aunque en este caso, haya cierta verdad en el argumento, el mismo no puede tomarse en serio: con la ejecución de todas las inversiones citadas, la reducción del superávit sería de 275 millones de euros, lo cual supone únicamente el 0,02% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. español, que al ser una proporción minúscula apenas afectaría al compromiso de estabilidad el gobierno estatal. De hecho, si el Ayuntamiento de Madrid hubiese realizado estas inversiones en el año 2016, el gobierno de Rajoy también habría cumplido el objetivo de déficit público, ya que el tope era del 4,6% sobre el PIB y el déficit real (a efectos del cumplimiento de estabilidad) se situó en 4,29%. Si a ese déficit le hubiésemos añadido un 0,02% nada hubiese cambiado. Por lo tanto, a la vista está que las citadas inversiones del Ayuntamiento de Madrid en absoluto ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos presupuestarios comprometidos con la Comisión Europea.

Lamentamos que los intereses de cumplimiento de estabilidad presupuestaria imputables a otras administraciones sean más importantes que los intereses de las personas beneficiarias de las inversiones citadas, y así lo reconoce explícitamente en el auto el TSJM: “frente a los intereses públicos del Ayuntamiento o los particulares de los beneficiarios del importe de las partidas afectadas (…) debemos dar prevalencia a los intereses generales del conjunto del Estado en materia de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de los compromisos acordados con la Unión Europea.” ¿Qué país es este que le da más importancia a cumplir unas normas fiscales que a la mejora de las infraestructuras de una ciudad? Pues desgraciadamente el que nos dejó el PP y el PSOE cuando reformularon el artículo 135 de la Constitución Española.

En cualquier caso y aún con las medidas cautelares impuestas por la decisión del TSJM a instancias de una Delegación de Gobierno que no ejerce su función de salvaguarda de los intereses generales, este Ayuntamiento seguirá siendo un excelente ejemplo de la alternativa económica al Partido Popular. Las políticas de inversión para mejorar Madrid y las cláusulas de contratación pública puestas en marcha por este equipo de gobierno son la mejor herramienta para crear empleo y que éste sea de calidad. Los que intentan que no se realicen, se oponen al progreso y a la lucha contra el paro. No pueden permitir que el ejemplo de Madrid y otros ayuntamientos triunfe, porque de hacerlo, todo el mundo se daría cuenta de que, al contrario de lo que dicen los fanáticos de la austeridad, se puede poner la economía al servicio de la mayoría social y no al revés.