Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

 Capítulo 1 LA DEUDA Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. ILEGÍTIMA DE ECUADOR

 A. Criminalidad financiera y económica ante el desarrollo humano
 B. El gobierno de Rafael Correa: hacia una política soberana ante la deuda
 C. La doctrina de la deuda ilegitima

• 1.La deuda odiosa Deuda odiosa Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa, teorizada por Alexander Sack en 1927, una deuda es «odiosa» cuando reúne dos condiciones esenciales:
  
  1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino en contra de esos intereses, y/o a favor del interés personal de los dirigentes y de las personas próximas al poder.
  
  2.- La complicidad de los prestamistas: Los acreedores sabían (o tenían la capacidad de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población.
  
  Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debía tenerse en cuenta. Una deuda contraída por un régimen autoritario debe, según Sack, ser reembolsada si ésta sirve a los intereses de la población. Un cambio de régimen no autoriza el cuestionamiento de la obligación que tiene el nuevo régimen de pagar las deudas del gobierno precedente, salvo si éstas fueran odiosas.
  
  [Extractos] del Tratado jurídico y financiero por Alexander Nahum Sack, ex profesor agregado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Petrogrado.
  
  A partir de esta definición «conservadora» de deuda odiosa, otros juristas y movimientos sociales, como el CADTM, ampliaron esta definición teniendo en cuenta, especialmente, la naturaleza del régimen que contrae la deuda y la consulta que se hace, o no se hace, a los parlamentos nacionales para la aprobación o la concesión del préstamo.
  
  De manera especial, citemos la definición de deuda odiosa utilizada por la Comisión para la verdad sobre la deuda griega, que se apoya, a la vez, en la doctrina de Sack, y también en los Tratados internacionales y los principios generales del derecho internacional.
  
  Así que una deuda odiosa responde a:
  
  1.- Una deuda contraída en violación a los principios democráticos, que comprende el asentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad, y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad de saber, lo precedente.
  
  O a lo siguiente:
  
  2.- Una deuda que tiene por consecuencia negar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población, mientras el acreedor sabía, o tenía capacidad para saber, lo precedente.
• 2.La deuda ilegítima

 D. Origen de la deuda de Ecuador

• 1.El proceso de endeudamiento de Ecuador
• 2.La ilegitimidad de las deudas y los pagos en Ecuador

Regreso al indice / Capitulo siguiente

En el conjunto de países en desarrollo, la situación actual de endeudamiento presenta una particularidad que debe ocupar un lugar preferente en el debate público, a saber, que este endeudamiento es fruto de una estrategia permanente de expolio y subordinación de esos países a los países mas industrializados, las grandes corporaciones transnacionales y las instituciones financieras internacionales, con la complicidad servil de las élites del Sur.
Al igual que los demás países endeudados del Tercer Mundo, Ecuador es víctima de un sobreendeudamiento criminal, y a pesar de que sus riquezas naturales lo convierten en uno de los países con mayores recursos de América Latina, los recursos del país, fundamentalmente el petróleo y la producción de bananas, han sido sistemáticamente expoliados por las grandes transnacionales, los acreedores y los grandes propietarios. El endeudamiento masivo y fraudulento ha sido el principal mecanismo de saqueo de recursos.
Como resultado de ello, Ecuador es el país de América del Sur que debe consagrar una más alta proporción de su presupuesto al reembolso de la deuda, con lo que el gasto público adquiere un carácter marginal, en particular el dedicado a la salud y la educación. En 1980, el 40% del presupuesto estaba destinado a la salud y a la educación y el 15% al pago del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. . En 2005, la situación se había invertido: el Gobierno dedicaba el 40% del presupuesto al pago del servicio de la deuda, mientras que los gastos sociales antes citados no alcanzaban mas que el 15% del presupuesto. [1] Esas cifras muestran claramente cuales eran las prioridades de los gobiernos que se sucedieron hasta entonces, en lo relativo a la distribución de los recursos: se cumplía en primer lugar con los acreedores, en detrimento de las necesidades más fundamentales de la población. Ante esa situación inaceptable, era imperativo reaccionar.

 A.Criminalidad financiera y económica ante el desarrollo humano

La hemorragia financiera comenzó bajo las dictaduras militares de Guillermo Lara (1972-1976) y Alfredo Poveda (1976-1979), a partir del auge petrolero de los años 70, que supuso el inicio del proceso de endeudamiento del país. Durante las dictaduras militares de Guillermo Lara y de Alfredo Poveda, la deuda publica externa se multiplico por 9 pasando de 289 millones de dolares a 2603 millones de dolares. [2] El fenómeno se agravó aun más con el aumento de los tipos de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. , decidido de manera unilateral por Estados Unidos en 1979, y por el proceso de sucretización (ver cápitulo 2). Durante cerca de 20 años, los distintos gobiernos continuaron con las mismas política y aplicaron todas las medidas de austeridad presupuestaria dictadas por el Fondo Monetario Internacional FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : y el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas... , de las que dependía la obtención de nuevos créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. para reembolsar los anteriores, alimentando con ello el círculo vicioso de la deuda. La aplicación de dichas políticas neoliberales, que se tradujo en particular en la drástica reducción de los gastos sociales, la privatización de sectores estratégicos (hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, etc.), la supresión de los subsidios a los productos de primera necesidad, etc. tuvo consecuencias sociales y económicas desastrosas: el 80% de la población vive con menos de 2 dólares al día, la flexibilización del mercado laboral aumentó la vulnerabilidad de los trabajadores, y la apertura unilateral de los mercados y la dolarización Dolarización Substitución de la moneda nacional por el dólar, la cual, a diferencia de un régimen dede «arrimage», desaparece totalmente.  [3] llevaron a la quiebra a miles de pequeñas y medianas empresas industriales y agrícolas, incapaces de competir con la invasión de productos importados más baratos (por estar altamente subvencionados), provocando un alto nivel de desempleo que llevó a millones de ecuatorianos a tener que emigrar hacia Europa o Estados Unidos.
Ante esta evolución, se comprende el sentimiento de exasperación y la voluntad de cambio radical manifestados por sectores crecientes de la población, en particular a partir de principios de los años 90: sucesivas huelgas generales, crisis gubernamentales y crisis revolucionarias provocaron en algunos años la caída de tres jefes de Estado y reflejaron la amplia toma de conciencia con respecto a los daños provocados por el sistema capitalista. Las consignas sucesivas así lo mostraban: contra la injerencia de las instituciones financieras internacionales, contra el imperialismo norteamericano, contra el Tratado de libre comercio.
Esas políticas neoliberales condenaron a Ecuador al subdesarrollo y a una inaceptable pérdida de soberanía. El desarrollo, la erradicación de la pobreza, la lucha contra el analfabetismo, fueron alguna de las motivaciones oficiales que justificaron los créditos contraídos durante los últimos 30 años, y que servían para ocultar la realidad de la deuda: deterioro social, cultural, económico y político de la nación e, inversamente, aumento de las obligaciones relacionadas con el endeudamiento externo.
Este trabajo se propone arrojar luz sobre la deuda ilegitima de Ecuador, poniendo de relieve los distintos aspectos de su historia política y económica responsables de la situación actual. Citemos, entre otros, el endeudamiento, la dependencia económica y financiera, y el aumento de las desigualdades. Con todo, un factor nuevo apareció en noviembre del 2006, que le da a la situación un cariz muy particular: por vía electoral, los ecuatorianos eligieron como Presidente de la República a Rafael Correa.
Tras su acceso al poder, a mediados de enero del 2007, el nuevo Presidente asumió compromisos fundamentales, entre los cuales destacan el rechazo a aceptar la firma de un Tratado de Libre Comercio con EEUU, la no renovación de la base militar de Estados Unidos en Manta [4], el profundo compromiso a favor de la integración latinoamericana, en particular con su activa participación en la creación del Banco del Sur [5], la prioridad a las inversiones de tipo social y productivo, la protección del medio ambiente [6], la elección por sufragio universal de una asamblea constituyente cuya misión será democratizar profundamente al país. [7] De entre las grandes orientaciones del nuevo gobierno, destaca un eje fundamental: la reestructuración de la deuda pública, tanto externa como interna, y la continuación del proceso de auditoría de la deuda impulsado por su antecesor, el Presidente Alfredo Palacio. Para ello, el Presidente Correa firmó el 9 de julio del 2007 el decreto presidencial por el que se crea una Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CIAC). Dicha Comisión, que se reunió por primera vez los días 23 y 24 de julio del 2007, tendrá que presentar su informe dentro de un año. Si se considera oportuno, su mandato podría ser prolongado por un periodo más largo. En el texto del decreto fundacional, se establece que la CIAC “está autorizada para auditar y transparentar todos los procesos de endeudamiento de las instituciones del Estado”. Está compuesta por cuatro representantes del Estado y del gobierno al más alto nivel, seis representantes de organismos sociales y ciudadanos del país, y tres representantes internacionales de movimientos no gubernamentales especializados en el tema de la deuda [8].
Ecuador representa por lo tanto el ejemplo perfecto de un gobierno que adopta la decisión soberana de investigar el proceso de endeudamiento con el fin de lograr la anulación de las deudas que, tras ser analizadas, resulten ilegítimas.
La elección de Rafael Correa a la Presidencia modificó la correlación de fuerzas en Ecuador, e hizo converger sobre este país la atención tanto de los gobiernos de los países ricos, como de las instituciones multilaterales, los mercados financieros, los gobiernos latinoamericanos y los movimientos altermundialistas. Los acreedores acechan y se preguntan qué medidas adoptará el gobierno de Correa en materia de endeudamiento.

 B. El gobierno de Rafael Correa: hacia una política soberana ante la deuda

Rafael Correa se comprometió a poner fin al absurdo círculo vicioso del pago de la deuda, así como a los diversos acuerdos de refinanciación de la misma. Para ello, desea llevar adelante el proceso de auditoría previsto por el Presidente saliente Palacio, con la creación, en el 2006 de la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa Ecuatoriana (CEIDEX) [9].
Por disponer de un plazo muy breve (seis meses), los análisis de la CEIDEX se concentraron únicamente en algunos casos, los más emblemáticos, pero sus conclusiones son sin embargo inequívocas: se detectaron numerosas irregularidades tanto en lo relativo a la renegociación de la deuda, como a la obtención de nuevos créditos o al uso final de los fondos obtenidos, y buena parte de la deuda resulta ser ilegítima.
El gobierno de Correa desea llevar mas lejos sus investigaciones y continuar con la labor de detección de deudas ilegítimas, tanto en relación con los acreedores multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo) como ante los acreedores bilaterales. [10] Basándose en los resultados de la auditoría, Ecuador renegociará entonces el pago de la deuda externa, no reembolsará las deudas que no hayan beneficiado a la población, o que hayan sido contraídas de manera fraudulenta y que sean de hecho ilegítimas, e iniciará acciones judiciales ante los responsables de la situación de endeudamiento. La posición de Correa es clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no perjudique a las prioridades de desarrollo nacional. Dicha decisión no descarta declarar una moratoria si la situación económica así lo exigiese. El gobierno se coloca con ello en una posición de país acreedor, ante una deuda ya ampliamente reembolsada y de la que buena parte es ilegítima, lo cual justifica que no se pague.
En febrero del 2007, según las cifras del Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. de Ecuador, la deuda externa de Ecuador ascendió a 16.800 millones de dólares, de los que 10.483 millones estaban garantizados por los poderes públicos. En dichas condiciones, si el gobierno hubiera aceptado someterse y desangrarse por los cuatro costados para reembolsarla, hubiera debido realizar, en 2007, un esfuerzo insostenible: el servicio de la deuda previsto ronda los 2.800 millones de dólares (es decir, el 38% del presupuesto).
El gobierno de Correa, sin embargo, optó por otra vía. Con el fin de dedicar los recursos del país a gastos sociales y productivos, previó una reducción significativa de la parte del presupuesto dedicado al pago de la deuda externa. Esa parte pasará de ser del 38% en el 2006 a ser del 11,8% en el 2010. Durante el mismo período, las inversiones en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de la población (inversiones humanas) pasarán del 22% al 38,4% y las inversiones productivas del 6,4% al 11% [11]. La realización de dichos objetivos presupuestarios fundamentales dependerá en buena medida de los resultados de la auditoría y de la repudiación de las deudas consideradas ilegítimas. Se trata por lo tanto de determinar rápidamente qué parte de la deuda puede ser impugnada, para pasar luego a la fase de suspensión de pagos [12]. De lo contrario, el gobierno ecuatoriano deberá seguir pagando. Así, en febrero del 2007, el gobierno se vio obligado a desembolsar un importe significativo a sus acreedores (cerca de 1.000 millones de dólares).
Con respecto al FMI, Ecuador liquidó ya su deuda externa de 11,4 millones de dólares, y Correa no tiene ahora la intención de recurrir a dicha institución para obtener créditos. Con la misma voluntad de independencia, el Presidente apareció en los titulares de la prensa internacional en abril del 2007, tras haber expulsado al representante permanente del Banco Mundial en Ecuador. Hay que reconocer que a Correa no le falla la memoria: en el 2005, siendo él ministro de economía del gobierno Palacio, el Banco Mundial bloqueó un crédito prometido de 100 millones de dólares, como represalias por las reformas propuestas por el Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) ecuatoriano, que preveía utilizar los fondos procedentes del petróleo para fines sociales, antes que para el reembolso de la deuda.
Más recientemente, las autoridades invitaron también a los representantes del FMI a evacuar los locales que ocupaban en el Banco Central de Ecuador y a abandonar el país. El ministro Patiño fijó la fecha del 15 de julio como plazo límite para ello [13]. “No queremos oír hablar nunca más de burocracia internacional”, anunció Correa, poniendo con ello fin a mas de dos décadas de sometimiento a las perversas recetas del FMI y del Banco Mundial. Correa pone con ello término a la injerencia de las instituciones financieras internacionales, a las que considera, con razón, responsables de la desastrosa situación socioeconómica del país, en beneficio de la soberanía nacional y regional.
Si las medidas anunciadas por Correa y las reformas económicas y sociales presentadas por su gobierno [14] se llevan efectivamente a la práctica; si reduce la influencia de Estados Unidos sobre el país; si la auditoría conduce, como es de esperar, a anulaciones significativas de la deuda, no hay razón para no albergar esperanzas de que en Ecuador –país de escandalosas desigualdades- se logre un mejor reparto de la riqueza y una mejora de las condiciones de vida de la población. Efectivamente, el compromiso de Correa a favor de la anulación de las deudas ilegítimas a través del recurso a la auditoría es una etapa imprescindible para iniciar un proceso de transformación hacia otro modelo de desarrollo socialmente justo, y se enmarca en un proceso más global de cambio radical y de afirmación de una política nacional soberana.
Ecuador ha inaugurado un período de transición cuyo desenlace nadie puede predecir. Para lograr sus fines, Correa necesitará un amplio apoyo popular, puesto que deberá hacer frente con éxito a las campañas de desestabilización impulsadas por los partidos de derecha y la oligarquía ecuatoriana, muy decidida a no ceder ninguno de sus privilegios y claramente apoyada por los medios financieros internacionales y por Washington. Nada está garantizado de antemano, Rafael Correa y su gobierno pueden vacilar, como tantos otros gobiernos, y ser insuficientemente audaces. Un elemento decisivo será la capacidad que tenga la población de transformarse en agente directo del cambio. El apoyo de los movimientos sociales y los ciudadanos del mundo entero también constituirá un factor de éxito.

 C. La doctrina de la deuda ilegitima

En el marco de una definición de los conceptos significativos en relación con la deuda, comenzaremos por identificar lo que la doctrina jurídica y la jurisprudencia denominan deuda odiosa, antes de examinar una categoría más amplia de deuda, llamadas deudas ilegítimas, a saber la que no responde ni a las necesidades ni a los intereses de la población, que generan desastres humanos, sociales, ecológicos y políticos, entre otros.

1. La deuda odiosa

La deuda odiosa es una doctrina de Derecho formulada en 1927 por Alexander Nahum Sack, jurista ruso y ex ministro del zar Nicolás II. Escribía este autor:
“Si un poder despótico contrae una deuda que más que estar destinada a satisfacer las necesidades e intereses del Estado, está destinada a fortalecer su régimen despótico para reprimir a la población que lo combate, dicha deuda será odiosa para la población de todo el Estado.
Dicha deuda no debe ser asumida como obligatoria por la nación: es una deuda de régimen, una deuda personal del poder que la ha contraído, por consiguiente su vigencia se interrumpe con la caída de ese régimen. [15]”
Dicha doctrina introduce una excepción al principio de “continuidad del Estado” enunciada en el Convenio de Viena de 1983 sobre la sucesión de Estado en materia de bienes, archivos y deudas de Estado. Según esta norma, vigente en las relaciones internacionales, un Estado debe, independientemente de los cambios de régimen, cumplir las obligaciones internacionales que haya contraído. Sack considera que, en caso de deuda odiosa, el nuevo gobierno podrá sustraerse a los compromisos adquiridos por su predecesor, y que en principio debería asumir:
“Dichas deudas no responden a una de las condiciones que determinan la regularidad de las deudas de Estado, a saber que las deudas de Estado deben de haber sido contraídas para fines que vayan en interés del Estado, y los fondos gracias a ellas obtenidos utilizados con ese fin.”
Será por lo tanto considerada “deuda odiosa”, toda deuda contraída por un gobierno ilegítimo y/o cuyo producto sea utilizado con fines contrarios a las necesidades e intereses del pueblo.
Además, Sack presenta argumentos a favor de la responsabilización de los acreedores: si éstos conocen los designios del deudor, cometen “un acto hostil contra el pueblo” y se exponen al riesgo de que no les sea reembolsada la deuda si el régimen que la ha contraído cae. No podrán en ese caso reclamar lo que les es debido.
Para acuñar el concepto de deuda odiosa, Sack se basó en una serie de casos históricos concretos. Puede decirse, por lo tanto, que el Derecho no hizo sino confirmar una situación de hecho.
Algunos precedentes históricos [16]
México es el país precursor del repudio de la deuda odiosa. En 1861, Benito Juárez decretó la congelación por dos años del reembolso de la deuda externa contraída por el dictador Antonio López de Santa Anna. Dos decenios más tarde, México promulgó la Ley de 18 de junio de 1883 conocida como Ley para la consolidación y conversión de la deuda nacional, que denunciaba efectivamente la deuda contraída de 1857 a 1860 y de 1863 a 1867, y la declaraba nula y odiosa.
La doctrina de la deuda odiosa reaparece claramente tres décadas más tarde en relación con Cuba. En 1898, Cuba se liberó del yugo español con ocasión de la guerra hispano-americana y Estados Unidos toma el control del país. La vencida España reclamó a Estados Unidos el pago de las deudas que detentaba sobre el pueblo cubano. Estados Unidos negó entonces a pagar esta deuda y mantuvo que era odiosa ya que fue impuesta por España sin el consentimiento del pueblo cubano. El Tratado de París de 1898 validó esta interpretación de la deuda. El concepto de deuda odiosa se reconoce desde entonces, al menos implícitamente.
El Tratado de Versalles de 1919 anuló la deuda reclamada por Alemania a Polonia, utilizada para colonizar este país. Su artículo 255 estipula: «Por lo que se refiere a Polonia, la fracción de la deuda cuyo origen asigne la Comisión de Reparaciones a las medidas adoptadas por los Gobiernos alemanes y prusianos para la colonización alemana de Polonia se excluirá de la proporción a cargo de este último país». En este mismo sentido, después de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Paz entre Francia e Italia de 1947 declara «inconcebible que Etiopía se haga cargo de las deudas contraídas por Italia con el fin de garantizar su dominación del territorio etíope. [17]»
El asunto Costa Rica-Gran Bretaña, en 1923, es uno de los raros casos en que las instancias jurídicas tuvieron que pronunciarse. Ante la malversación realizada por el dictador Federico Tinoco de los fondos prestados por el Royal Bank of Canadá (banco británico), el Gobierno costarricense adoptó en 1922 la Law of Nullities por la que se cancelaban todos los contratos firmados por el gobierno Tinoco entre 1917 y 1919. Gran Bretaña impugnó esta ley y el litigio se llevó al Tribunal de Arbitraje Internacional, presidido por el juez Taft, Presidente del Tribunal Supremo estadounidense, que validó la Law of Nullities y declaró: "El caso del Royal Bank no depende simplemente de la forma de la transacción, sino de la buena fe del banco en el préstamo para el uso real del Gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco. El banco debía probar que el dinero se prestó al Gobierno para usos legítimos, pero no lo ha hecho.”
Más recientemente, la doctrina de la deuda odiosa ha venido a apoyar las pretensiones de anulación de las deudas de Ruanda, Irak y Nigeria.
En 1998, el British Internacional Development Committee del Parlamento británico señalaba el carácter odioso de la deuda ruandesa e instaba a conseguir su anulación: «Una gran parte de la deuda externa de Ruanda fue contraída por un régimen genocida (…) Hay quien afirma que estos préstamos se utilizaron para comprar armas y que el Gobierno actual, y en última instancia la población de Ruanda, no debería pagar esta deuda ‘odiosa’. Recomendamos al Gobierno que inste a todos los acreedores bilaterales, y en particular a Francia, a cancelar la deuda contraída por el anterior régimen. [18]»
En 2003, tras la invasión militar de Irak por Estados Unidos y sus aliados, y la caída del régimen de Saddam Hussein, Estados Unidos abogó por la anulación de la deuda de Irak –calificada de odiosa- con el fin de eximir al nuevo régimen que acaban de instaurar en el país del deber de reembolsarla. Ante el riesgo de crear un precedente, muy pronto EE UU dejó de esgrimir el argumento de la deuda odiosa y obtuvo del Club de París una anulación del 80% de las deudas iraquíes, en tres partes, sin hacer referencia a su carácter odioso [19]
A principios de 2005, mientras que el elevado precio del petróleo ponía a Nigeria en posición de fuerza ante sus acreedores, el Parlamento nigeriano pidió al Gobierno que repudiase la deuda, heredada en su mayor parte de los distintos períodos de dictadura militar, en particular, la de Sani Abacha (1993-1998). En este caso, el Presidente Olusegun Obasanjo prefirió también negociar con el Club de París, ante el que obtuvo una reducción del 60% de la deuda nigeriana como contrapartida de un reembolso anticipado del 40% restante, lo que representó un desembolso de más de 12.000 millones de dólares en una sola vez.
A partir de los trabajos de Sack, y al margen del Grupo de Trabajo del CADTM [20] consagrado a esta cuestión, numerosos autores han trabajado en este tema de la deuda odiosa, en particular Patricia Adams [21], Joseph Hanlon [22], o los de Jeff King, Ashfaq Khalfan y Bryan Thomas [23] del Centre for International Sustainable Development Law (CISDL). Según estos últimos, una deuda es odiosa si responde a la vez a los tres criterios expresados en la siguiente definición: «Las deudas odiosas son las que se contratan contra los intereses de la población de un Estado, sin su consentimiento y con pleno conocimiento de causa por parte de los acreedores.»
Si una deuda responde a estos criterios, se puede entonces hablar de deuda odiosa. Si una deuda es odiosa, es nula y no podría reclamarse en el Estado en cuestión tras la caída del gobierno que la contrató.

2. La deuda ilegítima

La deuda ilegítima no tiene, en realidad, definición jurídica, pero hay una definición que se repite en los distintos casos estudiados de la historia del endeudamiento. Resulta bien fundado calificar de ilegítima una deuda contraria a la Ley o a la política pública, injusta, inadecuada o abusiva; una deuda que el país endeudado no puede ser obligado a reembolsar puesto que el préstamo o las condiciones vinculadas a la obtención del préstamo violan la soberanía y los derechos humanos. Por lo tanto, las deudas de los países del Sur entran en muchos casos en esta definición. Los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, condicionados a la aplicación de políticas de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. que han tenido consecuencias dramáticas para la población, son por consiguiente ilegítimos.
Así pues, el concepto de ilegitimidad de la deuda deriva en primer lugar de una valoración moral. El concepto de deuda ilegítima aparece por primera vez en una frase oficial en 2000: el proceso Olmos [24] (nombre del periodista que se querelló en 1982 contra la dictadura del general Videla), fallado el 13 de julio de 2000 por el Tribunal Supremo de Argentina, permitió revelar el carácter ilegítimo de la deuda externa contraída durante la dictadura (1976-1983) y la responsabilidad de los acreedores y los deudores.
A finales de 2006, Noruega utilizó este concepto para permitir a algunos de sus países deudores (entre los que, por cierto, se hallaba Ecuador) no reembolsar algunos créditos. Este planteamiento innovador se desarrollará en el capítulo 5.
El concepto de deuda ilegítima evoluciona y se precisa gracias a las contribuciones de una serie de autores y movimientos sociales.
Joseph Hanlon plantea cuatro condiciones de préstamo ilegítimo. Se trataría de un préstamo otorgado para reforzar un régimen dictatorial (préstamo inaceptable), un préstamo contraído a tipos de interés usureros (condiciones inaceptables), un préstamo otorgado a un país del que se conoce la escasa capacidad de reembolso (préstamo inadecuado), y por último un préstamo plagado de condiciones impuestas que generen una situación económica que dificulte aún más el reembolso (condiciones inadecuadas).
En 2000, la Iniciativa ecuménica canadiense para el Jubileo [25] defendía la argumentación moral: “El reembolso de la deuda comporta graves privaciones que amenazan la cohesión de la comunidad. Así pues, en estas condiciones, el reembolso de la deuda es ilegítimo. La justicia de un contrato no puede garantizarse si la relación entre las partes es demasiado desigual. En este mismo orden de ideas, un contrato no es moralmente vinculante si pone en peligro la salud o la vida de una de las partes. La rescisión de un contrato o, como es el presente caso, la anulación o el repudio de una deuda, pueden constituir una respuesta moral a una situación que, en caso de persistir, sería inmoral o ilegítima.” Esta Iniciativa canadiense hace una definición de deuda ilegítima que no la sitúa únicamente en el ámbito moral, sino también en el marco de lo político, lo económico y en el de los problemas estructurales provocados por la actual arquitectura financiera, al afirmar que la deuda “constituye, no una aberración, sino un mecanismo clave de explotación. Si el sistema es en sí ilegítimo, la deuda que es su fruto lo es también, con lo que se hace del término ‘deuda ilegítima’ un instrumento de contestación del sistema mismo. En este contexto, la anulación de la deuda representa un paso necesario, pero insuficiente: es necesario conseguir un cambio de sistema.”
Por su parte, el Parlamento Latinoamericano ha establecido cuatro razones que permiten hablar de deuda ilegítima:

 el origen de la deuda, dado que ha sido contratada en muchos casos de manera fraudulenta y delictiva. (Por ejemplo en los casos de conversión de la deuda privada en deuda pública);

 el incremento unilateral de los tipos de interés, iniciado en 1979;

 los acuerdos del Plan Brady, que obligan a los gobiernos de los países endeudados a renegociar sus deudas, y que implican implícitamente el reconocimiento forzado de las deudas ilegítimas;

 la cooptación de los negociadores en el seno del Gobierno, cuando firman acuerdos y dimiten poco después de sus puestos para acceder a un empleo en la entidad financiera que se beneficia de estos acuerdos.
Más recientemente, los trabajos realizados por el Observatorio de la Deuda en la Globalización Globalización (ver también Mundialización)

Origen y sentido de este término anglosajón: en inglés, la palabra «global» se refiere tanto a fenómenos que interesan a la (o las) sociedad(es) humana(s) a nivel del globo como tal (es el caso de la expresión «global warming» que designa el efecto invernadero), como a procesos que poseen la característica de ser «globales» únicamente en la perspectiva estratégica de un «agente económico» o de un «actor social» preciso. En lo que estamos viendo, el término «globalización» nació en las bussiness schools norteamericanas y reviste el segundo sentido. Se refiere a los parámetros pertinentes de la acción estratégica del gran grupo industrial. Lo mismo sucede en la esfera financiera. A la capacidad estratégica del gran grupo de adoptar una aproximación y una conducta «globales». En un debate público, el patrón de uno de los mayores grupos europeos explicó, en sustancia, que la «globalización» representa «la libertad para su grupo de implantarse donde quiera, cuando quiera, para producir lo que quiera, aprovisionándose y vendiendo donde quiera, y en donde tenga que soportar las menores obligaciones posibles en materia de derechos laborales y convenciones sociales» (extraido de Chesnais, 1997[a]). (ODG) y el libro de Laura Ramos [26] aportan una argumentación original y nuevas justificaciones del concepto de deuda ilegítima en apoyo de su repudio. Distinguen, entre otros, las deudas de opresión, las deudas de guerra, de élite, de corrupción, de salvamento, etc.
Por último, distintos colectivos sobre la deuda establecidos en numerosos países organizan seminarios sobre el concepto de deuda ilegítima

 D. Origen de la deuda de Ecuador

1. El proceso de endeudamiento de Ecuador

Los trabajos realizados por la Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa Ecuatoriana describen el proceso perverso que condujo a la situación actual de endeudamiento del país, del que se incluye aquí un resumen general [27].
Origen y expansión de la deuda
Desde la década de 1970, con el aumento súbito de las rentas del petróleo, se asistió en Ecuador a un crecimiento importante del endeudamiento exterior. Pocos años más tarde, esta situación se hizo insostenible. En 1978, una modificación introducida en la Constitución ecuatoriana marcó un punto de inflexión definitivo. A partir de ese momento, se sustrajo al Parlamento el menor derecho de examen de la política de endeudamiento del país, dejando con ello vía libre a todo tipo de prácticas de corrupción y clientelismo.
A comienzos de la década de 1980, tras las sucesivas devaluaciones del sucre (moneda ecuatoriana), se produjo una importante crisis financiera en el sector privado. Para hacerle frente, se asistió al salvamento –conocido con el nombre de sucretización— por el Estado ecuatoriano del sector bancario que detentaba las deudas de las empresas nacionales. Este proceso consistió, en definitiva, en la transformación de la deuda privada en deuda pública y, además, generó una multiplicación de la deuda por seis, pasando de 1.650 millones de dólares a 7.500 millones de dólares, tras dicha sucretización. Una buena parte de las reformas legales se introdujeron bajo la influencia de las instituciones financieras internacionales, con el fin de garantizar el reembolso de la deuda. En particular, el decreto por el que se reconocía el carácter impagable de la deuda, o la emisión de bonos del Estado en divisas para cubrir una parte de la deuda privada.
De la refinanciación de la deuda Refinanciación de la deuda Modificación de los términos de la deuda, por ejemplo, alterando los vencimientos o aplazando los pagos del principal y/o de los intereses. La finalidad es, en general, dar un respiro a un país en dificultades alargando el período de los reembolsos para disminuir el monto puntual o acordando un período de gracia durante el cual se suspenden los pagos. pública externa…
Con la flexibilización del marco legal y constitucional, el endeudamiento de Ecuador siguió creciendo durante los años 90, con la emisión de nuevos bonos del Estado, entre otros los bonos Brady [28].
En 1993, el Estado emitió bonos por un valor nominal igual al saldo de la deuda pública externa, es decir, 909 millones de dólares. Se trató pues, efectivamente, de una financiación de la deuda externa que, a su vez, había servido para financiar una deuda de los años 1983 a 1985. En 1994, un nuevo decreto permitió la emisión de nuevas bonos y la celebración de acuerdos con los bancos extranjeros.
… a la reestructuración de la deuda externa
A raíz de la crisis financiera de 1999, se llevó a cabo una nueva operación de rescate consistente en el intercambio de bonos Brady por bonos global a tipos de interés del 10 y el 12%. Dos años más tarde, se emite una nueva ley de responsabilización y transparencia fiscal por la que se garantiza el reembolso de la deuda pública con los recursos del petróleo. Se perpetúa así la deuda contraída durante los años 80, una buena parte de la cual se había emitido con fines especulativos.
La multiplicación de unidades de gestión de proyectos de desarrollo
En este contexto de desregulación y flexibilización del marco legal, cuyo ritmo lo establecían las organizaciones multilaterales, Ecuador asistió a una proliferación de unidades encargadas de administrar los proyectos financiados con créditos exteriores, pero que actuaban sin ninguna articulación entre ellas y en insuficiente coordinación con el gobierno. Por una parte la mala gestión y las disfunciones del sistema (que, a falta de un órgano de planificación y control eficaz, supeditaba las normas nacionales a las de las Instituciones financieras internacionales) y por otra parte las onerosas condiciones de reembolso impuestas al país (que era calificado de suficientemente pobre para beneficiarse de condiciones más favorables) sobrecargaron aún más el peso de la deuda del país.

2. La ilegitimidad de las deudas y los pagos en Ecuador

En estas páginas, analizaremos la ilegitimidad de la deuda ecuatoriana, tanto en su dimensión política como económica.
Un gran número de argumentos legales permiten apoyar la ilegitimidad o el carácter odioso de la deuda de Ecuador. La violación flagrante de los derechos humanos, —tanto los económicos como los sociales, culturales o ecológicos—, causada por la deuda convierte a ésta en ilegítima, injusta, inmoral e impagable. Al ser la negativa a reembolsar la deuda el único medio para garantizar las necesidades fundamentales de la población, es preciso entonces alegar el estado de necesidad.
Otro argumento que justifica el repudio de la deuda es la violación de la soberanía nacional, dado que toda deuda externa debe ajustarse a las leyes del país y al interés nacional.
La deuda es odiosa a causa del endeudamiento agresivo organizado bajo las dictaduras militares que inauguraron este proceso perverso. Las deudas contraídas para pagar o reembolsar antiguas deudas odiosas deben también declararse nulas.
Los contratos vinculados a tipos de intereses usurarios caen también en la ilegitimidad. Se puede alegar aquí la fuerza mayor, dado que la subida dramática de los tipos de interés decidida unilateralmente por Estados Unidos modificó las circunstancias y los acuerdos firmados entre Ecuador y sus acreedores. La Comisión de Derecho Internacional de la ONU define la imposibilidad legal como una situación en la cual un acontecimiento imprevisto o exterior a la voluntad del que lo invoca pone a éste en situación de incapacidad absoluta de respetar su obligación, en virtud del principio según el cual nadie está obligado a lo imposible [29].
Las múltiples condiciones de reestructuración y renegociación de la deuda y las condiciones vinculadas a la obtención de préstamos (el proceso de renegociación de los bonos Brady en bonos global, los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el BM, etc.), que tienen por objeto no el reducir el nivel de endeudamiento sino, al contrario, perpetuar la dominación del país mediante la deuda, suponen la anulación de estas deudas.
Son también ilegítimos los reembolsos reclamados en Ecuador para proyectos que no se realizaron nunca o que lo fueron de manera completamente parcial sin respetar el pliego de condiciones. Con carácter general, la deuda de Ecuador ya ha sido reembolsada ampliamente, lo que coloca en realidad a Ecuador en la categoría de país acreedor respecto a los países del Norte. Los países del Sur son pues los verdaderos acreedores de la deuda social y ecológica que el Norte impone a los pueblos del Sur.

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