Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Cientos de personalidades de todo el mundo procedentes de la ciencia, la investigación, el periodismo o la cultura han firmado un manifiesto bajo el nombre «¡Acabemos con el sistema de patentes privadas! Por una industria farmacéutica bajo control social y un plan global de vacunación público, universal y gratuito», en el que reivindican acabar con el sistema de patentes privadas relacionadas con las vacunas de la covid-19.

El texto subraya que la «codicia» de las grandes compañías encargadas de la fabricación de las dosis está suponiendo un riesgo para el acceso igualitario en todos los países del mundo. Consideran que las iniciativas público-privadas no son suficientes, por lo que defienden un «control social y un plan global de vacunación público, universal y gratuito», que debe ir acompañado de la nacionalización de farmacéuticas en todos los países y de planes de inversión que mejoren el sistema sanitario público.

Recalcan que el capitalismo y las políticas neoliberales han contribuido a generar «más desigualdad, más sufrimiento y más muertes en nombre de los intereses de una minoría privilegiada». En ese contexto advierten que la crisis sanitaria está estrechamente relacionada con la crisis ecológica. Afirman que el actual modelo económico no es capaz de plantear soluciones que resuelvan ambos riesgos.

Del mismo modo, recuerdan que esta crisis ha afectado a las clases populares, especialmente a las mujeres y las personas racializadas. En el caso de las mujeres, manifiestan que han sido las que han tenido que cargar con el mayor peso de la pandemia al ser mayoritarias entre el personal sanitario y al sostener la vida «frente a los recortes de los servicios públicos y derechos sociales».

Otras demandas añadidas son la implementación de impuestos sobre la riqueza cuyo objetivo sea financiar la lucha contra la pandemia y suspender el pago de «deudas soberanas» hasta que finalice la crisis sanitaria.

La suspensión de las patentes, en el aire

Esta nueva propuesta se suma a la planteada por otras asociaciones internacionales y países, que reivindican que se facilite el acceso a las vacunas liberalizando las patentes. Hace unas semanas, la Unión Europea abrió la puerta a debatir sobre esta posible medida después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyara suspender las patentes de las vacunas. España se sumó a la iniciativa y vio favorable la propuesta que ya fue señalada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, a pesar de las reivindicaciones emitidas desde ámbitos como el de la política o el activismo social, el impulso real de liberalizar las patentes no llega y se está encontrando con algunos escollos por el camino. Países ricos como Japón, Reino Unido o Noruega se muestran en contra de esta idea porque aseguran que no contribuirá a que las vacunas sean un bien de acceso global.

El Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio
ADPIC En inglés, TRIPs, Trade Related Intellectual Porperty Rights.
Este acuerdo ha entrado en vigor en 1995 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se refiere a terrenos tan diversos como la programación informática y la concepción de circuitos impresos, los productos farmacéuticos y los cultivos transgénicos. Define normas mínimas sobre patentes, derechos de autor, marcas comerciales y secretos de fabricación. Estas normas emanan de la legislación de los países industrializados e imponen por tanto a todos los miembros de la OMC el tipo y nivel de protección de esos países. Son claramente más estrictas que la legislación en vigor en la mayor parte de los países en desarrollo y entran a menudo en conflicto con los intereses y necesidades propias de esos países. Es posible obligar a un país a aplicar el acuerdo ADPIC de la OMC por medio del sistema integrado de regulación de los diferendos. En la práctica, esto significa que si un país no respeta sus obligaciones en términos de derechos de propiedad intelectual puede ser objeto de sanciones comerciales, lo que constituye una amenaza seria (PNUD 1999, p. 67). ) se reúne este martes y miércoles para debatir la propuesta. No obstante, debido a la oposición de algunas potencias es probable que la iniciativa no salga adelante y se alargue en el tiempo la discusión sobre este asunto.