Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

El encuentro ha tenido diferentes espacios que han ido desde la sostenibilidad financiera con justicia social hasta las exigencias al Gobierno por un nuevo marco normativo para la autonomía local, pasando por talleres de desarrollo, contratación pública, experiencias con la banca, feminismo en el diseño de evaluación de políticas públicas y cómo hacer de las auditorías de deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. un tema comprensible.

Desde la reforma de la Constitución en 2011 (art. 135), con la excusa de la estafa que llaman crisis, se han realizado modificaciones legislativas que han cercenado la autonomía local que debía garantizar el artículo 140 de la Constitución, justificándose en la necesidad imprescindible de la reducción del déficit público mediante la austeridad, el nuevo ídolo con pies de barro de nuestros días. De esta forma, se ha disminuido el gasto público asumiendo las terribles consecuencias que eso conlleva en la desigualdad y los derechos sociales conquistados o por conquistar, y se ha dejado
de analizar o simplemente se ha obviado su impacto social y económico.

La lucha contra el déficit público no puede servir de excusa para transformar el Estado del bienestar como gestor de riesgos colectivos, en un Estado asistencial, como gestor de riesgos individuales. Vivimos un momento en el que mientras se rescatan grandes empresas privadas como son los bancos, se abandona a las familias a su suerte reduciendo servicios públicos.

Esto se ha hecho, en primer lugar, disminuyendo el empleo público. Vemos como desde 2012 se recrudece a través de los Presupuestos Generales del Estado y se visibiliza con total claridad en una tasa de reposición de efectivos mínima o cero en muchos sectores.

Y en segundo lugar, a través de la famosa Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (L.O 2/2012), que viene a desarrollar el famoso artículo 135 de la Constitución, proclamando el principio de que antes que las personas van los bancos. Estableciendo la regla del gasto (que prohíbe gastar a los ayuntamientos más que el año anterior, aunque puedan), que no es otra cosa que una limitación del gasto no financiero porque para el financiero hay barra libre, no hay límite para el pago de intereses a los bancos ni para quitar amortización.

El otro esperpento de esta Ley Orgánica es el remanente de tesorería, pues sólo se puede destinar a reducir deuda y, como favor, se permite, siempre que el ayuntamiento cumpla con todo lo demás, invertir en Inversiones Financieramente Sostenibles, donde el Estado nos dice en cuáles y de qué manera.

Por lo que entendemos fundamental establecer un nuevo marco más democrático y que garantice la autonomía municipal consagrada en la Constitución. Éste necesita de:

1. Una fiscalidad justa en manos de los Ayuntamientos y una autonomía real para la aplicación progresiva de los impuestos locales.
2. Redefinir las competencias que prestan los Ayuntamientos y dotarlos de una financiación acorde. Modificar la ley de fundaciones en lo que respecta a las exenciones del IBI y que las Comunidades Autónomas asuman sus competencias. En caso contrario, que ambas administraciones compensen a los ayuntamientos.
3. Derogación de la tasa de reposición de funcionarios, son los municipios, y no el Estado, quienes deben definir qué sectores son importantes, ya que son los que mejor conocen las necesidades de su ciudadanía.
4. Derogación de la L.O. 2/2012 para recuperar la autonomía local que garantiza la Constitución, eliminando la regla del gasto y el uso que actualmente se ven obligados a realizar del remanente de tesorería para el pago anticipado de deuda.
5. Aplicación de las normas de estabilidad y sostenibilidad por ciclos económicos y no por anualidades.
6. Devolver las competencias a los municipios y acometer de una vez la financiación del sector local desde los principios de subsidiariedad, es decir, solventar una causa pendiente de la democracia desde sus inicios que es la financiación municipal de modo estable con un porcentaje mínimo anual dedicado a los municipios.
7. Crear una banca pública que permita otro tipo de condiciones en los préstamos, y eliminar los intereses en los préstamos entre administraciones.
8. Finalmente, desde esta Red, vemos imprescindible un modelo sostenible que ponga a las personas en el centro del desarrollo de nuestras ciudades, sin olvidar a la mitad femenina de la población. Para ello es de vital importancia que, desde las administraciones públicas, se integre la perspectiva feminista en la realización de los presupuestos, el diseño y evaluación de las políticas públicas. Generando datos segregados por sexo, creando los instrumentos necesarios para la efectiva transversalización de la perspectiva de género y dotando adecuadamente las políticas e iniciativas que promuevan la equidad.

Con todo ello, desde la Red Municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes seguimos aunando fuerzas para lograr estos objetivos y construir un nuevo municipalismo más autónomo y soberano, que informe, conciencie, empodere y fomente la participación ciudadana en la política municipal, así como la realización de auditorías ciudadanas, y la denuncia tanto las deudas ilegítimas como las
ilegales.