Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Esas preguntas no apuntan a dilemas no resueltos, sino a un reordenamiento más profundo de las prioridades. El presupuesto no se limita a responder a las restricciones fiscales, sino que codifica una lógica de gobierno preparada de antemano por el Estudio Económico. Leídos conjuntamente, los dos documentos no revelan una tensión entre el crecimiento y el bienestar, sino una resolución bastante clara de esa tensión a favor de la acumulación de capital, la credibilidad de los inversores y la apariencia de disciplina fiscal. La redistribución, la generación de empleo y la provisión universal no se rechazan de plano, pero se aplazan, se reducen o se desplazan sistemáticamente. Este es el resultado de una formulación deliberada de lo que significa la prudencia fiscal en la India contemporánea. La prudencia ya no se entiende, al menos en estos documentos, como el equilibrio entre el crecimiento y la reparación social en una economía altamente desigual. En cambio, se define como la capacidad del Estado para consolidar sus finanzas manteniendo la confianza de los mercados, incluso cuando ello implique comprimir las funciones igualadoras del gasto público.

Por lo tanto, para entender el presupuesto de 2026-2027, no basta con leer las asignaciones de forma aislada o catalogar las ganancias y pérdidas sectoriales. El presupuesto debe leerse a través del Estudio Económico, que proporciona la gramática justificativa que hace que estas elecciones sean coherentes y legítimas. Leído de esta manera, el presupuesto parece menos un ejercicio técnico de contabilidad y más una declaración sobre el tipo de Estado que el Gobierno indio está preparando para los próximos años.

 Cuando la prudencia significa capital

En el centro del prefacio del Estudio Económico hay una afirmación que parece simple: la credibilidad fiscal de la India se basa en un «cambio deliberado hacia la formación de capital», apoyado por reformas en la calidad del gasto y la consolidación. Esta formulación es crucial. No se limita a abogar por una mayor inversión pública, sino que redefine la propia virtud fiscal. La credibilidad ya no se basa en la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades sociales o contrarrestar la desigualdad, sino en su capacidad para demostrar moderación, disciplina y alineación con los requisitos del capital.

El presupuesto de 2026-2027 pone en práctica esta redefinición con notable coherencia. Se prevé que el déficit fiscal nominal siga disminuyendo hasta alcanzar aproximadamente el 4,3 % del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. . Este logro se presenta como prueba de una gobernanza responsable y de la madurez de las políticas. Pero, bajo esta mejora aparente se esconde una realidad más obstinada: el déficit de ingresos corrientes [2] se mantiene prácticamente sin cambios en porcentaje del PIB. En otras palabras, el Estado sigue gastando más en sus obligaciones rutinarias de lo que ingresa, incluso mientras celebra la consolidación. [3]

Esta asimetría es importante. La reducción del déficit fiscal y un déficit de ingresos que sigue presente muestran que no se está logrando la consolidación a través de mejorar la capacidad de redistribución del Estado. En cambio, mediante la contención del gasto, se continúan pidiendo préstamos para invertir. La creciente carga de los pagos de intereses, que ahora es una de las partidas más importantes del presupuesto, limita aún más el margen fiscal. El servicio de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. absorbe recursos que de otro modo podrían haberse destinado a la salud, la educación, la nutrición o el apoyo al empleo, pero se trata como una obligación fija en lugar de una variable política.

La credibilidad ya no se basa en la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades sociales o contrarrestar la desigualdad, sino en su capacidad para demostrar moderación, disciplina y alineación con los requisitos del capital.

El tratamiento que da la encuesta al gasto social aclara por qué se acepta esta compensación. Las transferencias sociales, especialmente a nivel estatal, se caracterizan por ser gastos «incondicionales» que corren el riesgo de desplazar las inversiones que favorecen el crecimiento. Este lenguaje no es casual. Al presentar el gasto social como fiscalmente sospechoso y el gasto de capital como intrínsecamente virtuoso, el estudio establece una jerarquía moral del gasto público. Una vez establecida esta jerarquía, la compresión del gasto social ya no parece una elección política, sino que se presenta cada vez más como una necesidad técnica. Como dice el estudio: «El aumento del déficit de ingresos y las transferencias incondicionales de efectivo en varios Estados plantean riesgos emergentes al desplazar el gasto que fomenta el crecimiento».
El presupuesto sigue fielmente esta lógica. Se persigue la consolidación sin abordar la estructura tributaria ni ampliar las fuentes de ingresos progresivas. No hay ningún intento serio de movilizar recursos mediante impuestos sobre el patrimonio, impuestos de sucesiones o gravámenes sobre los beneficios extraordinarios. En cambio, el equilibrio fiscal se mantiene conteniendo el gasto que aborda directamente la desigualdad y la vulnerabilidad —salud, educación, nutrición y garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). de empleo— y preservando simultáneamente un entorno estable y predecible para el capital. Al mismo tiempo, el Gobierno evita medidas que puedan desestabilizar el capital, como el aumento de los impuestos de sociedades, los impuestos sobre el patrimonio, los gravámenes sobre ganancias extraordinarias o los cambios normativos impredecibles. Esto subraya su compromiso con la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado.

El significado es claro: se ha invocado la prudencia fiscal para dar prioridad al capital. De hecho, la prudencia pasa de ser una herramienta para mantener el equilibrio social a convertirse en un medio de disciplina específica, que calma a los mercados a pesar de no solucionar los problemas sociales básicos. Así pues, el presupuesto no solo significa restricción, sino también un cambio en los criterios fundamentales por los que se evalúa ahora la responsabilidad del Estado.

 Préstamos sin resultados

Una de las características más llamativas del presupuesto de 2026-2027 es la paradoja que subyace a los resultados del gasto social. El endeudamiento público sigue aumentando, pero el gasto público es cada vez menos eficaz a la hora de generar beneficios sociales. Solo los pagos de intereses absorben ahora más de 155 000 millones de dólares [4], lo que limita el margen fiscal disponible para la seguridad social y la creación de empleo. En el discurso oficial y común, la creciente diferencia entre el aumento del gasto público y los pocos beneficios en bienestar se presenta como un problema de eficiencia. Este problema se atribuye a filtraciones en el gasto, errores en la ejecución o limitaciones en la capacidad del Estado. Pero, una lectura más detallada del Estudio Económico sugiere que esta paradoja no es accidental ni principalmente administrativa. Es estructural.
El endeudamiento que elude los canales de consumo masivo y empleo genera un crecimiento sin base social
El estudio afirma repetidamente que el endeudamiento está justificado cuando financia gastos que «favorecen el crecimiento», en particular la formación de capital. Esta distinción entre gasto productivo e improductivo sustenta el marcado énfasis del presupuesto en el gasto de capital efectivo, que aumenta sustancialmente en 2026-2027. Las carreteras, los ferrocarriles, la defensa, las infraestructuras digitales y la energía siguen siendo prioritarios, mientras que el gasto corriente crece más lentamente y disminuye como porcentaje del gasto total.

Lo que importa aquí no es simplemente la magnitud del gasto de capital, sino su composición y su perfil distributivo. Gran parte del aumento se concentra en sectores intensivos en capital con multiplicadores de empleo relativamente débiles. Aunque invertir en infraestructura puede aumentar la producción a largo plazo, no ayuda mucho a resolver la falta de demanda inmediata en una economía con salarios estancados, una gran cantidad de empleo informal y alta desigualdad. En tales condiciones, el endeudamiento que elude los canales de consumo masivo y empleo genera un crecimiento sin base social.

El tratamiento que da el presupuesto al gasto vinculado al empleo ilustra claramente esta lógica. El gasto en planes que apoyan directamente los ingresos y los medios de vida —sobre todo los programas de empleo impulsados por la demanda, como las obras públicas rurales— se incluye cada vez más en la creación de activos de capital. Esto se debe al argumento de que dichos planes generan infraestructura. En la práctica, esta medida contable deja mostrar los programas de apoyo al empleo y a los ingresos como gastos de inversión. Esto permite al Gobierno resaltar el aumento del gasto de capital mientras mantiene las garantías de empleo en un nivel limitado y condicionado. Así, el endeudamiento se vincula formalmente a la formación de capital, incluso cuando la función principal de ese gasto sigue siendo la protección social.

El resultado es una creciente desconexión entre el endeudamiento y la prestación de servicios sociales. La deuda pública está aumentando [5], pero su impacto distributivo disminuye constantemente. Esto ayuda a explicar por qué el aumento del gasto público no se ha traducido en mejoras proporcionales en la nutrición, el acceso a la atención sanitaria, los resultados educativos o la seguridad del empleo. En otras palabras, la preocupación no es que el endeudamiento sea excesivo, sino que se canaliza a través de una filosofía fiscal que favorece sistemáticamente el capital frente al consumo y el empleo.

En una economía más igualitaria, una sólida demanda privada podría compensar parcialmente este sesgo. Pero, en el contexto de la India, donde la desigualdad reprime el consumo en los niveles bajos y medios de la distribución de ingresos, los efectos son mucho más graves. El endeudamiento que no circula entre los más propensos a gastar pierde rápidamente su función estabilizadora. Lo que queda es un crecimiento medible en términos agregados, pero frágil en sus fundamentos sociales, una fragilidad que en gran medida no se refleja en los indicadores principales.
Lo que queda es un crecimiento medible en términos agregados, pero frágil en sus fundamentos sociales, una fragilidad que en gran medida no se refleja en los indicadores principales

En este sentido, el presupuesto no abandona por completo el bienestar social, aunque aumenten los préstamos. Más bien, la escala y la eficacia de la prestación de servicios sociales se ven mermadas por cómo y dónde se utilizan esos préstamos. Esta dinámica revela la economía política que opera bajo la aritmética.
En ningún ámbito es más visible este desplazamiento de la responsabilidad fiscal que en el tratamiento del empleo.

 Empleo sin presupuesto

Pocos temas atraen tanta atención retórica —y tan poco compromiso fiscal directo— como el empleo. El Estudio Económico 2025-2026 identifica la creación de empleo como un reto fundamental, especialmente para una población activa joven y en expansión. Pero, el enfoque del empleo lo separa efectivamente de las responsabilidades fundamentales de la política macroeconómica.

El estudio sobre el empleo muestra un enfoque de reforma principalmente basado en el mercado. Se espera que la creación de empleo dependa más de las habilidades, los incentivos y la flexibilidad del mercado laboral, en lugar de la intervención directa del gobierno. Así, se dice que los resultados en el empleo dependen de la empleabilidad y de la productividad. Además, las reformas estructurales, sobre todo la implementación de códigos laborales [6], son vistas como las principales herramientas para generar empleo. La hipótesis subyacente es que, una vez que se flexibilicen las rigideces normativas y mejore la productividad, el empleo seguirá naturalmente al crecimiento económico. Pero, la experiencia reciente de la India no respalda esta proposición. A pesar de los períodos sostenidos de crecimiento del PIB, con un promedio de alrededor del 7 % en los años posteriores a la pandemia, el crecimiento del empleo se ha mantenido débil y múltiples estimaciones indican que la elasticidad del empleo [7]ha caído muy por debajo de 0,3, lo que sugiere que la expansión de la producción se ha traducido en una creación de expansión sin empleo. [8] En la práctica, esto se refleja en los datos sobre la demanda de empleo en distrito, donde la demanda insatisfecha persiste incluso en años de crecimiento generalizado. Las ganancias de productividad se han concentrado en sectores intensivos en capital con una absorción de empleo limitada, mientras que el crecimiento de los salarios ha quedado rezagado con respecto al aumento de la producción. En este contexto, el crecimiento no se traduce automáticamente en un empleo generalizado; sin una intervención fiscal deliberada, puede coexistir con una expansión sin empleo y una creciente inseguridad.

A pesar de los períodos sostenidos de crecimiento del PIB, con un promedio de alrededor del 7 % en los años posteriores a la pandemia, el crecimiento del empleo se ha mantenido débil y múltiples estimaciones indican que la elasticidad del empleo ha caído muy por debajo de 0,3, lo que sugiere que la expansión de la producción se ha traducido en una creación de expansión sin empleo
El presupuesto de refleja esta hipótesis en sus asignaciones. El Ministerio de Trabajo y Empleo cuenta con una parte modesta del gasto total, especialmente si se compara con los ministerios que se ocupan de infraestructuras. No existe un impulso fiscal o político a gran escala dirigido explícitamente a la generación de trabajo, ni una expansión anticíclica de las garantías de empleo en respuesta a la crisis generalizada del mercado laboral. En cambio, los programas de empleo funcionan cada vez más a través de programas organizados bajo el enfoque de “misiones” en el marco de las misiones Viksit Bharat – Rozgar y Ajeevika, alejándose de un derecho impulsado por la demanda hacia una provisión mediada administrativamente y con límites fiscales, alineada con los objetivos de creación de activos y medios de vida [9].

Esta elección de diseño es reveladora: el empleo se reconoce retóricamente, pero se margina fiscalmente y se trata como un resultado derivado del crecimiento, no como un objetivo político en sí mismo. El presupuesto, aunque reconoce el problema del desempleo y la precariedad, se niega a asumir la responsabilidad directa de resolverlo mediante el gasto público. La estrategia fiscal más amplia amplifica las consecuencias de esta postura. En conjunto, la inversión intensiva en capital, la flexibilización del mercado laboral y la restricción del gasto público producen una senda de crecimiento poco intensiva en empleo. Los puestos de trabajo que surgen suelen ser informales, inseguros o mal remunerados, lo que refuerza las desigualdades que reprimen la demanda.

En efecto, el Estado se reposiciona como un simple facilitador en lugar de un empleador, uno reacio en vez de un garante. Este cambio puede reflejar una visión particular del desarrollo basado en el mercado, pero también muestra un retroceso en la función que han tenido históricamente las finanzas públicas en la inclusión de trabajadores durante períodos de cambio estructural. En un país en el que el sector privado ha fracasado sistemáticamente a la hora de generar suficiente empleo de calidad, este retroceso conlleva un riesgo social significativo.

Por lo tanto, el empleo sin presupuesto no es un descuido, sino una posición política. Esta posición traslada la creación de empleo del ámbito fiscal al terreno de las reformas y la adaptación individual. Esto completa el replanteamiento de la encuesta sobre el empleo como un problema que debe gestionarse indirectamente en lugar de resolverse colectivamente. Si bien el Gobierno puede señalar la existencia de planes de empleo, la ausencia de un compromiso fiscal claro con la creación de empleo como objetivo macroeconómico sigue siendo una limitación fundamental. El gasto relacionado con el empleo sigue estando limitado, mediado administrativamente y protegido fiscalmente, en lugar de aumentarse en respuesta a las tensiones del mercado laboral. Esta asimetría es evidente en la escala relativa de las asignaciones. En 2026-27, el Ministerio de Trabajo y Empleo recibe algo más de 32 000 millones de rupias (entre 3500 y 4000 millones de dólares). Esto es frente a los casi 17 billones de rupias (aproximadamente 190 000 millones de dólares) comprometidos para gastos de capital y más de 14 billones de rupias dedicados solo al pago de intereses. [10]

Las consecuencias de esta estrategia de empleo no se limitan al mercado laboral, sino que son fundamentales para la reproducción y normalización de la desigualdad dentro del propio marco fiscal.

 La desigualdad como un hecho

La desigualdad de ingresos, riqueza, acceso y oportunidades no se trata como un problema político central que requiera una corrección fiscal. Se trata como una condición de fondo que debe gestionarse mediante el acceso, la participación y la capacidad individual. Esto la despolitiza así y la separa del marco fiscal que la configura activamente. La opinión del Estudio Económico sobre el progreso social es reveladora a este respecto. Si bien reconoce que «la pobreza y la desigualdad son cuestiones importantes para cualquier país en desarrollo», su marco de evaluación se basa principalmente en parámetros de referencia de reducción de la pobreza, privación y acceso a los servicios básicos. [11] La desigualdad se conceptualiza en gran medida en términos de «igualdad de oportunidades» más que de resultados, y la movilidad social se enmarca como un imperativo económico porque «maximiza la utilización de las habilidades individuales». [12] Cuando surgen preocupaciones distributivas, se canalizan a través del lenguaje de la participación, la productividad y la capacidad del Estado, en lugar de la redistribución fiscal o la concentración de la riqueza.
En una sociedad desigual, la restricción del gasto social redefine las oportunidades vitales al desplazar el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda y el empleo cada vez más hacia el poder adquisitivo privado
El presupuesto refleja este marco con precisión. En cuanto a los ingresos, no se ha realizado ningún esfuerzo serio por ampliar la fiscalidad progresiva. La estructura tributaria sigue siendo claramente regresiva, sin intentar movilizar la riqueza o los beneficios excesivos. Los particulares siguen soportando una parte desproporcionada de la carga fiscal, en particular a través de los impuestos indirectos, que gravan más a los hogares con ingresos bajos y medios. [13]

En cuanto a los gastos, el Estado restringe deliberadamente su función igualadora. El gasto en salud y educación aumenta en términos nominales, pero no se adapta a las necesidades de la población, al aumento de los costos o a la creciente privatización del acceso. Los planes de protección social siguen siendo específicos, limitados y, con frecuencia, insuficientemente financiados en las estimaciones revisadas. En resumen, la redistribución no está ausente, pero es residual.

Esto es relevante porque la desigualdad no es un telón de fondo neutro. En una sociedad desigual, la restricción del gasto social redefine las oportunidades vitales al desplazar el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda y el empleo cada vez más hacia el poder adquisitivo privado. La provisión pública deja de funcionar como un suelo universal y, en su lugar, opera como una red de seguridad limitada, dejando a amplios sectores de la población expuestos a la volatilidad del mercado.

El presupuesto, al tomar la desigualdad como un hecho, cumple un papel activo Activo En general, el término “activo” hace referencia a un bien que posee un valor realizable o que puede generar ingresos. Por el contrario, hablamos de “pasivo”, es decir la parte del balance compuesta por los recursos de los que dispone una empresa (capital propio aportado por los socios, provisiones por riesgos y gastos, así como las deudas). en su reproducción. La prudencia fiscal se vuelve compatible con una profunda divergencia social precisamente porque la redistribución ya no se considera una función fundamental del Estado. Se preserva la estabilidad, pero a costa de ampliar las divisiones estructurales.

 El federalismo como transferencia de riesgos

Las propias decisiones de gasto del Gobierno central no agotan la reconfiguración de la redistribución. Esta también está integrada en la relación cambiante entre la Unión y los estados. El Estudio Económico muestra una clara preocupación por cómo se manejan las finanzas en los estados, especialmente por lo que llama gasto populista y transferencias sin condiciones. Lo presenta como un riesgo no solo para las finanzas estatales, sino también para el costo de la deuda del gobierno y la confianza en la economía.
El presupuesto de 2026-2027 traduce esta preocupación en un patrón distintivo de transferencias federales. Si bien las transferencias agregadas a los estados aumentan, su composición cambia de manera decisiva. Los préstamos para inversiones de capital, las subvenciones condicionales y la ayuda vinculada a planes se amplían, mientras que las transferencias incondicionales y el margen de maniobra para el gasto social flexible siguen estando limitados. Las fluctuaciones en las subvenciones de la Comisión de Finanzas debilitan su función estabilizadora.

Esta estructura tiene claras implicaciones. Se anima a los estados, e incluso se les presiona, para que den prioridad al gasto de capital alineado con los objetivos nacionales, incluso aunque sigan siendo los principales responsables de la salud, la educación, la nutrición y la protección social. La prestación de servicios sociales se descentraliza sin una expansión proporcional de la autonomía o la capacidad fiscal. El gobierno de la Unión consolida su balance Balance “Fotografía” a final de año de los activos (lo que la empresa posee) y pasivos (lo que la empresa debe) de una sociedad. Dicho de otra forma, los activos el balance aportan información acerca de la utilización de los fondos recabados por la sociedad. Los pasivos del balance informan sobre el origen de los fondos captados. mientras que los estados absorben las presiones sociales generadas por la desigualdad, el desempleo y el aumento del coste de la vida.

Como resultado, se acentúa la geografía de la desigualdad. Los estados con bases impositivas más sólidas están en mejores condiciones de complementar los planes centrales y mantener los servicios públicos. Mientras que los estados más pobres, más dependientes de las transferencias y con mayores necesidades sociales, se ven limitados por condiciones más estrictas y una menor autonomía fiscal. Las disparidades regionales se intensifican, por lo tanto, no como un resultado accidental, sino como una consecuencia previsible del diseño fiscal.

En esta configuración, el federalismo pasa a funcionar menos como un sistema de responsabilidad compartida y más como un mecanismo de traslado del riesgo. Las obligaciones sociales se transfieren, pero no así la discrecionalidad fiscal. El presupuesto reasigna la carga de la redistribución hacia abajo, al tiempo que mantiene el control sobre la narrativa fiscal general. Esta reconfiguración de las relaciones entre el centro y los estados no es solo una cuestión de federalismo fiscal, sino que es fundamental para el tipo de Estado que el actual marco presupuestario está construyendo activamente.

 El Estado disciplinado por el capital

En conjunto, el Estudio Económico y el Presupuesto de 2026-27 hacen algo más que esbozar la estrategia económica de un año; consolidan una forma particular del Estado indio que se está normalizando a largo plazo. El resultado es un Estado que da prioridad a la acumulación de capital sobre el equilibrio social, trata el empleo como un resultado indirecto en vez de una responsabilidad fiscal, asume la desigualdad en lugar de corregirla activamente y gestiona la redistribución mediante el desplazamiento en lugar de la expansión. Por desplazamiento se entiende mover la redistribución en lugar de detenerla: de la financiación del gobierno central a programas específicos, de las prestaciones garantizadas a la asistencia selectiva y de los servicios públicos directos a las responsabilidades que maneja el Estado y que son impulsadas por el crecimiento.
Lo que surge es un Estado disciplinado por el capital y con un bienestar reducido, que gobierna la desigualdad en lugar de enfrentarla y gestiona el estrés social mediante la contención en lugar de la reparación

Es un Estado que busca credibilidad principalmente ante los mercados, los inversores y las agencias de calificación Agencias de calificación AGENCIAS DE CALIFICACIÓN : Empresa privada que evalúa el riesgo de solvencia financiera de una empresa, de un Estado, de una administración territorial (un ayuntamiento, una provincia, una región) o de una operación financiera, como el caso de un préstamo. Cada agencia posee su propio sistema de calificación. De forma esquemática las calificaciones se fijan de A hasta D con grados intermedios. La calificación obtenida por una empresa o por una administración pública tiene un impacto inmediato sobre su coste de endeudamiento: una nota alta permitirá pedir prestado a bajos tipos de interés*, mientras que una mala nota llevará a subir los tipos de interés*, o incluso a la imposibilidad de acceder a préstamos. Las principales agencias de calificación son Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. crediticia, reduciendo sus propias funciones igualadoras. La inversión pública se incrementa, pero la provisión pública se restringe. Se celebra la consolidación fiscal, mientras que la movilización de ingresos sigue siendo políticamente cautelosa. Se reconoce el bienestar, pero se aplaza de forma persistente.

Es fundamental señalar que esta transformación no se presenta como austeridad. No hay recortes drásticos, ni reducciones evidentes, ni discursos retóricos a favor de la reducción. En cambio, el cambio se produce de forma gradual y técnica, a través de clasificaciones, límites máximos, condiciones y silencios. El presupuesto no anuncia un retroceso en la redistribución, sino que la convierte en algo cada vez más periférico. Lo que surge es un Estado disciplinado por el capital y con un bienestar reducido, que gobierna la desigualdad en lugar de enfrentarla y gestiona el estrés social mediante la contención en lugar de la reparación.

 La larga sombra de la consolidación

Los presupuestos suelen juzgarse por lo que prometen cumplir en el año siguiente. Pero, la cuestión más crucial es lo que normalizan con el tiempo. El presupuesto de 2026-2027 establece una visión de la responsabilidad fiscal donde la redistribución de recursos es menos importante para la gestión económica, el empleo es visto como una responsabilidad pública indirecta, y la desigualdad deja de tratarse como una emergencia fiscal.

Este cambio tiene implicaciones a largo plazo. Una estrategia de crecimiento que sigue siendo poco intensiva en empleo en una sociedad altamente desigual corre el riesgo de erosionar la cohesión social y la legitimidad democrática. Un Estado fiscal que da prioridad a la consolidación sin redistribución puede estabilizar los agregados, pero desestabiliza las condiciones de vida cotidianas. Con el tiempo, es probable que se amplíe la distancia entre el éxito macroeconómico y la seguridad económica.
El presupuesto de 2026-2027 establece una visión de la responsabilidad fiscal donde la redistribución de recursos es menos importante para la gestión económica, el empleo es visto como una responsabilidad pública indirecta, y la desigualdad deja de tratarse como una emergencia fiscal

El presupuesto no descarta vías alternativas, sino que señala aquellas que el Estado no está dispuesto a seguir en la actualidad. Con el Estudio Económico, lo que se ve no es confusión o contradicción, sino coherencia, basada en un cambio intencional de las prioridades.

Los presupuestos no solo asignan recursos; también asignan responsabilidades, a menudo de formas menos visibles pero más duraderas. El Presupuesto de 2026-27 deja claro qué responsabilidades está dispuesto a mantener el Estado indio y cuáles está liberando gradualmente.

* Equivalentes en USD a 90 INR/USD.