Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

Uno de los mitos difundidos por el gobierno griego y sus partidarios en el extranjero es que, a diferencia de sus antecesores, éste no ejerce represión contra la oposición y la resistencia a sus políticas. Es cierto que el gobierno de Syriza nunca tuvo que enfrentar movilizaciones masivas comparables en tamaño y duración a las que marcaron el período «caliente» de 2010 a 2012. Sin embargo, la resistencia a las políticas de austeridad no ha desaparecido, a pesar de que se ha debilitado considerablemente por el desaliento que siguió a la rendición de Tsipras frente a la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo de acreedores en el verano de 2015. La resistencia a las ejecuciones y las subastas de viviendas es, en este sentido, particularmente importante. Estas subastas son un tema muy sensible para la sociedad, pero también son un requisito crucial de los bancos que han logrado imponer sus prioridades a los sucesivos gobiernos griegos durante ocho años.

La resistencia a esta política se ha enfrentado a una actitud cada vez más represiva por parte del estado y el gobierno. En la actualidad, docenas de personas en todo el país están siendo demandadas por su participación en las acciones contra las subastas. Su número ha aumentado considerablemente desde diciembre de 2017, cuando el gobierno adoptó un dispositivo legislativo que sancionaba específicamente estas acciones.

La escalada represiva se hizo evidente en septiembre de 2018, cuando cinco conocidos activistas del movimiento en contra de la subasta fueron convocados por una sección especial de los servicios de seguridad, el «Departamento de Protección del Estado y el Regimen Democrático». Los activistas citados incluyen a Panagiotis Lafazanis, secretario del partido de la de izquierda radical Unidad Popular y ex ministro de energía en el primer gobierno de Syriza, así como Leonidas y Elias Papadopoulos, portavoces de la red «No pagaré». A pesar de las declaraciones hipócritas del gobierno y de algunos funcionarios de Syriza, que expresan preocupación por la demanda de Lafazanis, ésta es una clara demostración de autoritarismo. Además, está lejos de ser un caso aislado. A principios de diciembre, otros tres miembros del movimiento, incluidos los militantes Thanasis Gounaris, el presidente del Partido Pirata, y Avgi Voutsina, de la red ‘Alanya’, recibieron una citación del mismo departamento de servicios de seguridad.

Esta espiral represiva despierta gran preocupación sobre el destino de los derechos democráticos y las libertades civiles en Grecia dentro de amplios círculos de la izquierda europea e internacional, así como de los movimientos sociales e intelectuales de izquierda. Esta preocupación se refleja en la siguiente carta abierta, que ha sido publicada a los medios internacionales. Entre los firmantes se encuentran Jean-Luc Mélenchon y todo el grupo parlamentario del partido France Insoumise, así como eurodiputados y diputados de Podemos, la izquierda alemana y el bloque de izquierda de Portugal. La lista de firmantes también incluye personalidades emblemáticas de la izquierda internacional, como Noam Chomsky, Tarik Ali, Alain Badiou y Frédéric Lordon.

Su llamado ayuda a que la izquierda europea e internacional entienda la verdadera cara del gobierno de Alexis Tsipras.

El texto del llamamiento

La crisis griega ya no está en los titulares de los noticiarios, pero el pueblo griego sigue sufriendo la implacable austeridad impuesta durante más de ocho años. Actualmente, aquellos que se oponen a las políticas del programa de la Troika se enfrentan a una escalada de represión. Las acciones que se oponen a las ejecuciones hipotecarias y a los desahucios son objetivo principal de tal represión. Durante los últimos dos años, el gobierno de SYRIZA, cumpliendo con los dictados de los prestamistas de Grecia, ha intensificado enormemente la presión sobre los propietarios de viviendas para que salden sus deudas con los bancos privados. En diciembre de 2017 se adoptó una legislación especial que impone penas de hasta seis meses de prisión para aquellos que se oponen a las ejecuciones hipotecarias y a los desahucios. Además, el gobierno ha trasladado los procedimientos de subasta de viviendas de las salas de los tribunales a una plataforma electrónica activada por los bufetes privados a puerta cerrada.

Desde el comienzo del año, docenas de activistas en todo el país se han enfrentado a cargos judiciales por estos motivos, y varios juicios contra ellos ya están en marcha. Entre ellos, Panagiotis Lafazanis, ex ministro de Energía en el primer gobierno de SYRIZA y ahora secretario del partido político Unidad Popular, así como Elias y Leonidas Papadopoulos, figuras fundadoras de la campaña «Yo no pagaré» y Elias Smilios, concejal municipal en la región de Tesalónica. Es la primera vez desde la caída de la dictadura que el líder de un partido político democrático se enfrenta a una persecución por actividades políticas. Además, los cargos contra estos activistas han sido iniciados por una sección especial de los servicios de seguridad, el «Departamento de Protección del Estado y de la Política Democrática», que en toda su existencia no ha realizado ninguna acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. contra el partido fascista Amanecer Dorado u otros activistas de extrema derecha. Estos activistas enfrentan posibles condenas de prisión de hasta ocho años y medio.

Este es un momento crítico para la democracia y las libertades civiles en Grecia. Exigimos que se retiren los cargos contra todos los activistas del movimiento contra las subastas y los desahucios. Expresamos nuestra solidaridad con todos aquellos que en Grecia se enfrentan a la represión por sus acciones en defensa de los derechos sociales.